Intentar vender una propiedad en México puede convertirse en un laberinto. Detrás de la aparente profesionalización de las agencias inmobiliarias, existe un entramado de contratos inflexibles, cláusulas unilaterales y un trato que deja al cliente —el propietario— en franca desventaja.
Desde mi experiencia al acompañar un proceso de venta, descubrí cómo las inmobiliarias suelen blindarse con documentos que contravienen el espíritu de la ley y dificultan cualquier negociación justa.
El contrato es como una jaula. Una de las primeras señales de alerta aparece en el momento de la firma. El contrato de intermediación, presentado como “formato estándar”, no admite cambios. Cualquier intento de ajuste —ya sea reducir la comisión, acortar el plazo o incluir un mecanismo de rescisión— recibe una respuesta tajante: “no se puede modificar”.
Este tipo de rigidez no es casual, pues muchas agencias muy reconocidas y de larga trayectoria, utilizan contratos elaborados por sus equipos legales, diseñados para asegurar su comisión incluso si no concretan la venta. Algunas cláusulas incluso penalizan al propietario por intentar vender por su cuenta, aunque la agencia no haya logrado resultados.
De acuerdo con análisis jurídicos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y organismos de defensa del consumidor, las cláusulas abusivas son aquellas que generan un desequilibrio evidente entre las partes o limitan derechos del consumidor sin causa justificada. Sin embargo, en la práctica, muchos contratos inmobiliarios siguen conteniendo este tipo de disposiciones.
Según un estudio publicado en el diario El Economista, entre las quejas más frecuentes ante la Profeco destacan la publicidad engañosa, la omisión de información y los contratos ambiguos. Solo en la Ciudad de México se reportaron más de 3,800 casos de fraude inmobiliario en 2024, un aumento de casi 60 % respecto al año anterior (Pads.mx, 2024)).
En Puebla, un reportaje de Ferabrajan documentó la proliferación de empresas inmobiliarias que mezclan funciones de agencia y desarrolladora, generando conflictos contractuales y, en ocasiones, juicios por incumplimiento o incluso despojo (Ferabrajan, 2025).
En algunos contratos revisados, la agencia se reserva derechos amplísimos: decidir la estrategia de venta, fijar el precio sugerido y mantener exclusividad total. El cliente, en cambio, asume obligaciones y penalidades. El propietario puede solicitar ver el contrato con anticipación para revisarlo con su abogado. La agencia puede negarse, argumentando que “solo se entrega el día de la firma”. Esa práctica impide al cliente analizar condiciones y demuestra cómo la asimetría de información es usada como mecanismo de control.
De acuerdo con el Observatorio DESC, los contratos inmobiliarios suelen contener cláusulas que restringen la libertad contractual y vulneran derechos básicos del consumidor, sobre todo cuando se trata de contratos de adhesión o formatos preelaborados (Observatoridesc.España)
Las personas afectadas suelen intentar tres caminos:
Acudir a la Profeco, aunque sus facultades en materia inmobiliaria son limitadas.
Demandar civilmente la nulidad de las cláusulas abusivas, un proceso costoso y lento.
Negociar en privado con la agencia, lo cual suele ser difícil sin apoyo legal o mediático
En la mayoría de los casos, la parte débil —el propietario— termina cediendo por cansancio o temor a perder más dinero. La falta de regulación específica para el sector de intermediación inmobiliaria deja amplios márgenes de abuso y escasa rendición de cuentas.
El sector necesita transparencia y equilibrio. Entre las medidas que podrían aplicarse se incluyen modelos de contrato revisados por instancias públicas o colegios de abogados; cláusulas de salida claras si la agencia no cumple con metas de promoción o plazos razonables; sanciones efectivas a agencias que nieguen entregar borradores de contrato antes de la firma; registro obligatorio de agentes y contratos ante instancias locales de vivienda o notarías. Vender una propiedad no debería implicar renunciar a los propios derechos.
El propietario no es un cliente menor, sino es quien pone en juego su patrimonio. Si las agencias desean recuperar credibilidad, deberán entender que la confianza se construye con transparencia, no con contratos blindados.
***J. Alejandro Gamboa Licenciado en periodismo con estudios en Ciencia Política y Administración Pública (UNAM) Enfocado a las comunicaciones corporativas. Colaboró como co editor Diario Reforma. En temas de Ciencia y Comunicación en Milenio y otros medios digitales. Cuenta con 15 años dedicado a las Relaciones Públicas. Ha colaborado en la fundación de la Agencia Umbrella RP. Ha realizado trabajos como corrector de estilo, creador de contenidos y algunas colaboraciones como profesor en escuelas locales.
México mantiene una contradicción en su política energética: mientras el discurso apuesta por la soberanía, la realidad profundiza la dependencia del extranjero. Importamos gas licuado de petróleo, combustibles automotrices y gas natural. El caso de este último energético es quizá el ejemplo más evidente. México vive atado a las importaciones, especialmente de Estados Unidos y esa dependencia se acentuó durante el sexenio del nacionalista Andrés Manuel López Obrador.
En 2025, México importó en promedio de 6 mil 600 millones de pies cúbicos diarios de gas natural, equivalentes, de acuerdo con cifras de la Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA) y el Sistema de Información Energética (SIE). Esto equivale a aproximadamente 68 mil millones de metros cúbicos anuales, un volumen histórico que confirma una tendencia creciente desde 2018.
El volumen del gas proviene del extranjero (principalmente de Texas) y que utiliza México, especialmente para la industria y para la generación de energía eléctrica equivale al 76% del consumo total nacional. Esto significa que tres de cada cuatro moléculas que consumimos no se extraen del subsuelo mexicano, aunque ahí está el gas natural: enterrado.
El balance del sexenio anterior es claro: las importaciones crecieron de manera sostenida, con un incremento promedio anual cercano al 5%, y un aumento acumulado de más de 30% respecto a 2018. Este fenómeno no fue casual. Respondió, por un lado, a la caída relativa de la producción nacional de gas y, por otro, a una política energética que, en los hechos, relegó el desarrollo de recursos no convencionales, particularmente el gas de lutitas.
La negativa al fracking durante el sexenio pasado -más ideológica que técnica- dejó sepultado uno de los mayores potenciales energéticos del país. México cuenta con recursos prospectivos de hasta 141.5 billones de pies cúbicos de gas natural en yacimientos no convencionales, ubicados principalmente en tres cuencas: Burgos, Sabinas-Burro Picachos y Tampico-Misantla que abarcan parte de los estados de Coahuila, Tamaulipas, Nuevo León, Veracruz, Puebla, Hidalgo y San Luis Potosí.
De estas, la Cuenca de Burgos, en el noreste del país, es considerada la más importante por su extensión, infraestructura existente y cercanía con los desarrollos shale de Estados Unidos. Es, en términos geológicos y económicos, la gran reserva estratégica de gas natural de México.
Por eso, el giro del actual gobierno encabezado por Claudia Sheinbaum para volver a permitir extraer el gas natural alojado en las rocas mediante el fracking o fracturamiento hidráulico bajo nuevos estándares técnicos y ambientales no sólo resulta relevante, sino necesario, ya que marca el abandono de una narrativa que durante años frenó el aprovechamiento del gas natural y provocó el aumento en las importaciones.
La decisión significa reconocer que el gas natural no es el enemigo de la transición energética, sino su aliado. En un sistema eléctrico donde más del 60% de la generación depende de este combustible, su disponibilidad es indispensable para garantizar estabilidad, respaldo a energías renovables y competitividad industrial.
El gas natural es el combustible de transición ya que genera menos emisiones contaminantes que el carbón o el combustóleo; es más económico que otras opciones energéticas y es esencial para sostener el crecimiento económico mientras se avanza hacia un sistema más limpio.
Apostar por su producción nacional no significa renunciar a la transición energética, sino hacerla viable porque seguir dependiendo del gas importado representa riesgos como la vulnerabilidad ante eventos climáticos, tensiones geopolíticas que derivan en la volatilidad y, casi siempre, en aumento de precios, como se evidenció durante la crisis energética de Texas, en 2021.
Reevaluar el fracking significa dejar atrás el oscurantismo ideológico para adoptar una política energética informada y orientada al bienestar nacional. Ahora el reto es atraer y garantizar inversiones público-privadas; una regulación estricta y una supervisión clara de las prácticas para disminuir el daño al medio ambiente.
La inversión privada se mantiene como el pilar más sólido para garantizar la estabilidad y el crecimiento de México. Más allá de los indicadores macroeconómicos, es el flujo de capitales, nacionales y extranjeros, lo que traduce las proyecciones en empleos reales, infraestructura y competitividad. Cuando una empresa destina sus recursos económicos en territorio mexicano, no solo apuesta por un mercado consumidor, sino por la capacidad técnica de su gente y la posición estratégica del país en las cadenas de valor globales.
Esta semana, tres anuncios de sectores tan diversos como el de consumo masivo, la belleza y la manufactura pesada, confirman que, pese a los retos, la brújula de los negocios sigue apuntando hacia la consolidación en suelo azteca.
Nestlé apuesta en el Edoméx
La firma suiza Nestlé destinará una inversión de 455 millones de dólares. Lo interesante de este movimiento es su dualidad: 275 millones se destinan a modernizar sus cinco plantas ya existentes (desde el alimento para mascotas en Cuautitlán hasta los snacks saludables en Tultitlán), mientras que 180 millones dan vida a un nuevo Centro de Distribución (CEDIS) en Zumpango.
Con una capacidad de 90 mil posiciones de pallets, este CEDIS no es solo un almacén; es una declaración de eficiencia. Según Fausto Costa, presidente ejecutivo de la compañía, la hoja de ruta incluye automatización y mejoras en eficiencia hídrica y energética. Para una entidad que alberga a casi 3,000 colaboradores directos de la firma, esta inyección de capital asegura que la manufactura mexiquense siga siendo el corazón operativo de Nestlé en la región.
Natura y la conquista del “retail”
Por otra parte, en el sector de venta directa, Natura está rompiendo el molde tradicional. La compañía anunció la apertura de 10 nuevas tiendas y 10 franquicias para este 2026, buscando alcanzar 34 puntos de venta físicos. El objetivo es claro: capitalizar un mercado de belleza que en México supera los 14,000 millones de dólares anuales.
Francisco Demesa, director general de Natura y Avon, ha sido enfático: México es el mercado de habla hispana con mejores oportunidades en Latinoamérica. El giro hacia las franquicias es estratégico, pues permite fomentar el emprendimiento local manteniendo los estándares de una marca global. Es, en esencia, la evolución de la venta por catálogo hacia una experiencia omnicanal donde el consumidor decide dónde y cómo interactuar con la marca.
Die Casting: El silencio estratégico de la manufactura
El sector industrial se prepara para una cita clave en el Bajío. Los próximos 15 y 16 de abril, la Die Casting Expo México 2026 aterrizará en el Centro de Congresos de Querétaro. La fundición a presión es, quizás, uno de los héroes anónimos de nuestra economía; sin ella, las industrias automotriz y aeroespacial simplemente se detendrían.
México se ha consolidado como un centro de manufactura avanzada, y la región del Bajío —Guanajuato, Querétaro, San Luis Potosí y Aguascalientes— es el epicentro de este ecosistema. El evento no solo será una vitrina de maquinaria y aleaciones, sino un termómetro para medir cómo la automatización y la ingeniería de precisión están respondiendo a la creciente demanda de componentes especializados en Norteamérica.
En el balance final…
Desde el café que consumimos hasta las piezas de alta precisión de un motor, la inversión privada está presente. Que estas empresas sigan expandiendo sus líneas de producción y abriendo puntos de venta es la mejor señal de que México, con su infraestructura y talento, sigue siendo un destino indispensable para el capital global.
El Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), como cualquier otro, se mueve al ritmo de la oferta y la demanda. En el sector energético, más allá de una simple ley de mercado, las fluctuaciones de los precios reflejan las condiciones de todo el sistema eléctrico.
A partir del 2023, los precios en el Mercado para el Balance de Potencia (MBP), que forma parte del MEM, captaron la atención del sector y las empresas debido a su aumento exponencial. En términos sencillos, la potencia puede entenderse como la disponibilidad de capacidad firme para atender la máxima demanda de electricidad que requieren los usuarios para cubrir sus necesidades.
Los costos de la Potencia para un año se calculan por el nivel de oferta y demanda durante las 100 horas críticas del año anterior. Durante la pandemia, los precios se mantuvieron por debajo de 1 millón de pesos (mdp) por MW/año. En 2022, bajo el cálculo de 2021, aún se mantenía un rezago, con precios que incluso llegaron a cero. Posteriormente, hubo incrementos: de 0 a 3 mdp y luego a 4.6 mdp. En febrero de 2025, con la operación de 2024, el precio por MW alcanzó un récord histórico con 4.9 MDP/MW-año.
En 2025, cuatro factores propiciaron un panorama más equilibrado: mayor generación hidroeléctrica, ausencia de salidas a mantenimiento en verano, mejor planeación del sistema y una mayor disponibilidad de generación de energía. Esto permitió que las condiciones fueran más favorables, con un precio neto de 4.3 MDP/ MW. De hecho, en 2025, las horas críticas se concentraron principalmente entre abril y junio, periodo en el cual la disponibilidad de generación fue mayor, logrando un factor de cruce de oferta y demanda de 1.37 (menor al factor de 2.00 de 2024)
Tecnología y planeación
En este 2026, bajo el cálculo de 2025, el Mercado para el Balance de Potencia (MBP) inició un nuevo ciclo tras la revisión de la Tecnología de Generación de Referencia (TGR) realizada en 2025, proceso que ocurre cada tres años, la cual sirve como base para calcular el precio de la potencia.
Si bien la actualización de los parámetros asociados a la TGR es favorable para reflejar la situación actual del sistema eléctrico y los costos actuales de las Centrales de Generación, así como para dar visibilidad a las empresas que ya operan en el MEM, en esta nueva etapa el verdadero ahorro no solo dependerá de un mercado más ordenado, sino de la integración estratégica de tecnologías “detrás del medidor”.
Al sumar soluciones de almacenamiento en baterías (BESS) para la gestión de picos de demanda y el traslado de consumo de horarios en dónde la red está más saturada a horarios con menor estrés, las organizaciones no solo estarían comprando energía más barata, también blindarían su operación contra futuras fluctuaciones en los precios del MBP.
El futuro que marca la regulación
La industria energética en México está en plena evolución. Los cambios regulatorios recientes, como la publicación de la Ley del Sector Eléctrico (LSE) y la incorporación de las Disposiciones Administrativas de Carácter General (DACG) para el autoconsumo, están sentando las bases para una mayor claridad y flexibilidad en la integración de soluciones energéticas.
El futuro del MEM y del Mercado de Potencia parece estar tomando un giro positivo. Aunque persisten varios retos, la planeación estratégica es una oportunidad para las empresas que deseen fortalecer su posición en el mercado a través de la implementación de soluciones integrales de energía.
*El autor es Director de Suministro Calificado de Energía Real.