Ciudad de México, 22 de septiembre, 2025.- El reciente paquete presupuestal para 2026, entregado al Congreso de la Unión, ha generado un debate sobre la salud fiscal de México y existen varios puntos críticos que merecen una atención especial, dijeron Gabriela Gutiérrez Mora y Manuel Herrera Espinosa, presidenta del Insituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) y presidente del Comité Nacional de Estudios Económicos del Instituto.
Uno de los aspectos más sobresalientes es el déficit fiscal. El gobierno federal ha ajustado su estimación de déficit ampliado para 2025 del 3.9% al 4.3%. Si bien este ajuste no fue una sorpresa para el IMEF, que ya había proyectado un rango de entre 4.0% y 4.5%, la proyección para 2026 es lo que realmente llama la atención.
El análisis del IMEF subraya que, si bien el paquete presupuestal busca la estabilidad, algunas de las propuestas podrían tener efectos secundarios significativos, impactando desde la calificación crediticia del país hasta la inclusión financiera y la salud de la población.
El documento oficial estima que los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP) se situarán en 4.1% del PIB. Esto contrasta significativamente con la reciente calificación de S&P Global Ratings, que proyecta un déficit del 3.6% para 2026, con una estabilización en 3.5% en los años siguientes.
Los ejecutivos del IMEF indicaon que esta discrepancia podría ser un indicio de que se espera un déficit menor para mantener la estabilidad de la calificación soberana. Sin embargo, una desviación persistente del déficit podría comprometer dicha calificación, que ya se encuentra bajo presión debido a los apoyos extraordinarios a Pemex y la CFE, como lo señaló la propia calificadora.
En conferencia de prensa señalaron que las propuestas de modificaciones a la Ley de Ingresos para el próximo año han levantado preocupaciones en cuatro áreas clave:
Aumento en la Retención de Intereses: Se propone elevar la retención sobre los ingresos por intereses del 0.5% al 0.9%. Aunque se presenta como una medida temporal, millones de trabajadores en la economía informal (33 millones) y aquellos con ingresos bajos que no realizan declaración anual (15 millones) podrían verse afectados permanentemente al no poder acreditar este impuesto.
Deducibilidad de Aportaciones al IPAB: La propuesta de eliminar la deducibilidad de tres cuartas partes de las aportaciones que los bancos hacen al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) es otro punto de alarma. Al encarecer este “seguro de depósitos”, los bancos podrían optar por desincentivar cuentas pequeñas, empujando a los ahorradores a instituciones de mayor riesgo como Sofipos, Sofomes y Fintechs, o incluso a la economía informal. Este cambio también podría impactar entre el 1% y el 3.5% de la utilidad neta de los bancos, lo que podría traducirse en ajustes a comisiones y tasas de interés.
Deducción de Créditos Incobrables: La eliminación del tratamiento fiscal especial para la deducción de créditos incobrables es vista como una medida que podría frenar el otorgamiento de crédito, especialmente a individuos y pequeñas empresas. El IMEF sugiere que, en lugar de eliminar la deducibilidad, se debería reforzar la supervisión para evitar abusos. Esta medida podría ir en contra de los esfuerzos por aumentar la bancarización en el país, la cual ya es muy baja en comparación con otras economías.
Aumento del IEPS a Refrescos y Tabaco: El aumento del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a estos productos, justificado por el gobierno como una medida para desincentivar su consumo, fue cuestionado por el IMEF porque históricamente, este tipo de incrementos no ha logrado una reducción significativa en el consumo, ya que la demanda a mediano plazo es inelástica. Se argumenta que las campañas educativas en escuelas y familias serían mucho más efectivas para mejorar la salud pública que las medidas tributarias.
