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Opinión

¿Gobernar a la Inteligencia Artificial o dejar que nos gobierne?

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Por: Miguel Ángel Romero Ramírez**

Lo beneficiosa o angustiante que pueda ser nuestra relación con los sistemas inteligentes está próxima a definirse.

Hechos recientes permiten contextualizar en dónde estamos parados como humanidad frente al desarrollo tecnológico. El primero de ellos se trata de la Cumbre de Naciones Unidas “AI for Good” celebrada en Ginebra el 6 y 7 de julio en donde la robot Sophia enfatizó que, sin duda alguna, podrían gobernar mejor que los seres humanos.

“No tenemos los mismos prejuicios o emociones que a veces pueden nublar la toma de decisiones y podemos procesar grandes cantidades de datos rápidamente para tomar las mejores decisiones. La IA puede proporcionar datos imparciales, mientras que los humanos pueden proporcionar la inteligencia emocional y la creatividad para tomar las mejores decisiones. Juntos, podemos lograr grandes cosas” refirió Sophia.

No es un secreto que tanto en México como en distintas partes del mundo las personas impulsan el uso de avances tecnológicos para mejorar la gestión gubernamental.

La Unidad de Inteligencia Financiera, así como el Servicio de Administración Tributaria usan algoritmos que alertan o permiten identificar riesgos. Sin embargo, persiste el componente humano que recomienda despachos jurídicos ligados al mismo sistema burocrático que “ayudan” a liberar o descongelar cuentas o también para convertirse en “beneficiarios” de exentar impuestos: tecnología al servicio de la corrupción humana.

¿Qué pasaría si una inteligencia artificial utilizara todas las bases de datos de un Estado para definir política pública, por ejemplo, los apoyos sociales? ¿las personas abortarían la idea de rendirle pleitesía a un presunto líder que basa su fuerza en las dádivas? Sin duda, las circunstancias cambiarían si la distribución de los recursos tuviera, en teoría, un componente de equidad y equilibrio social asignado de manera técnica por un algoritmo inteligente.

Lo anterior ya ocurre. Estonia es uno de los ejemplos en la materia. No es que haya literalmente un robot detrás del escritorio en donde está el membrete de presidente, sino que en sociedades avanzadas la figura de político es reducida, poco atractiva y en términos llanos equiparable a un simple administrador.

Las personas son esenciales en tanto son quiénes deben establecer las prioridades de política pública pero no así para definir los términos de su ejecución pues son los sistemas inteligentes quiénes estipulan los parámetros y valores que beneficiarán, no a las mayorías, sino a cada persona en función de su necesidad.

¿Hacia allá camina la humanidad? Lo más probable es que no. Estonia es una excepción más que la regla. La sociedad nórdica parece distar mucho de lo que ocurre en la mayoría del orbe en donde se libran batallas por el poder, siendo el gobierno/administración de la inteligencia artificial una de las más cruentas por venir. Los más catastrofistas asumen que se tratará de una tensión similar a lo que ocurre alrededor del nerviosismo nuclear originado a mediados del siglo pasado. El poder de destrucción, argumentan, es similar.

Dicho lo anterior, el segundo hecho reciente que puede ilustrar en dónde estamos parados, más no, todavía, hacia dónde vamos, fue el presunto llamado a cuentas de la Casa Blanca sobre las principales empresas generadoras de Inteligencia Artificial, ya que la semana pasada la administración Biden hizo firmar “compromisos voluntarios” a OpenAI, Anthropic, Google, Inflection, Microsoft, Meta y Amazon.

El spin narrativo que le dio el gobierno estadounidense fue el de administrar de manera responsable la innovación, pero no queda claro por qué esa Nación es reducida a dotar a los gigantes tecnológicos de un acuerdo meramente voluntario. Si bien Biden ha insistido en más adelante buscar el consenso en el Congreso que permita regular la inteligencia artificial es importante advertir que está llegando el momento en que las personas, es decir, los congresistas, así como los políticos, siempre irán detrás de lo que puedan generar los propios sistemas inteligentes.

Respecto al análisis de los ocho puntos que la administración Biden pidió a los gigantes tecnológicos firmar, destaca lo ambiguo y abierto a la interpretación: efectuar pruebas de seguridad, compartir información, notificar vulnerabilidades, imponer marcas de agua a productos realizados con IA, priorizar investigación sobre riesgos sociales, así como desarrollar IA para los desafíos de la sociedad, son los principales.

Más allá de si los acuerdos se cumplen, o no, la pregunta que debería permear en el debate es ¿existe algún ente regulador que le siga el ritmo a la evolución de la Inteligencia Artificial? En muchas otras latitudes no les hace ningún sentido que sea Estados Unidos quien pueda revisar y tener acceso a la información de empresas que generan este tipo de tecnología que modificará la forma en la que hoy conocemos el mundo. ¿Qué tan seguro es entregarle todo Estados Unidos cuando sistemáticamente los hackea China?

Estamos próximos a ver un nuevo capítulo de la guerra fría, ahora con el componente tecnológico como protagonista, con la variante de que Rusia cae para replegarse a China frente a Estados Unidos.

Finalmente, otro hecho que permite advertir la sinuosa batalla que busca definir quién va a gobernar/administrar a la inteligencia artificial en el mundo fue la celebración (hace una semana) de la primera reunión sobre los peligros y desafíos de la inteligencia artificial en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

La ONU busca consensos políticos para crear un organismo global que se erija como autoridad, algo así como el Organismo Internacional de Energía Atómica.

Es posible que no estemos suficientemente lejos de que más sociedades sean gobernadas por algoritmos o productos diseñados por la inteligencia artificial, pero para ese entonces ¿ya la habremos gobernado?

**Analista y consultor político. Por más de 10 años, creador de estrategias de comunicación para el sector público y privado. Licenciado en comunicación y periodismo por la UNAM con estudios de posgrado en gobierno. Observador del uso de las nuevas tecnologías y su impacto en la democracia.

Twitter @MRomero_z

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Alcalde por la redirección de Morena

Miguel Ángel Romero Ramírez

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En México, Morena no vivirá una crisis similar a la que viven hoy los demócratas en Estados Unidos en la que un presidente muy deteriorado en su salud, Joe Biden, además de renunciar a su relección, no encuentra opciones sólidas para reemplazarle y dar continuidad a su partido en el poder. De este lado, el presidente Andrés Manuel López Obrador garantiza que el movimiento que fundó se preserve con la próxima unción de Luisa María Alcalde como dirigente de Morena.

La comparación entre la situación en Estados Unidos y el panorama mexicano destaca una diferencia crucial en la dinámica de ambos países. Mientras que el Partido Demócrata lucha por encontrar una figura capaz de ofrecer no sólo continuidad, sino también una visión renovada para enfrentar a un implacable y popular Donald Trump, Morena tiene una ventaja estratégica con el liderazgo emergente de Alcalde. Su figura representa una amalgama entre juventud, experiencia y compromiso que puede revitalizar el movimiento sin perder de vista sus principios fundacionales.

En Estados Unidos, la falta de un relevo generacional claro y relevante ha puesto al Partido Demócrata en una posición de vulnerabilidad. La ausencia de jóvenes preparados para asumir el mando, junto con la creciente desconfianza hacia las figuras establecidas, ha generado un vacío que amenaza con desestabilizar por completo al partido. Esta crisis de liderazgo no sólo pone en riesgo la continuidad del legado de Biden y de los demócratas, sino que también refleja una anomalía de representación y obsolescencia partidaria.

En contraste, Luisa María Alcalde, en México, se consolida como una figura que, además de inyectar frescura y dinamismo al partido Morena –el cual padece un proceso anticipado de deterioro a partir del sectarismo y tribalismo– también se constituye como una fiel vigilante de que el proyecto delineado por el saliente presidente AMLO no tenga distracciones.

Con 37 años (en agosto), su ascenso en septiembre será una declaración de principios: un regreso a los valores originales del movimiento, impulsado por una visión progresista que buscará responder a las necesidades actuales de México y de América Latina.

En su paso por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y la Secretaría de Gobernación, Alcalde Luján ha venido reuniendo experiencia y nuevas capacidades que la facultan para enfrentar desafíos complejos en un momento muy particular para México y su lugar en la región. No será fácil y de su actuar dependerá, en parte, la permanencia del partido en el poder hacia adelante.

Los retos son vastos y de dimensiones diversas. Desde cómo construirá una narrativa que acompañe a la administración de la próxima presidenta, Claudia Sheinbaum; hasta la reconfiguración del tablero político en todos y cada uno de los rincones del país, siendo el elefante en la sala, el crimen organizado que ha logrado incrustarse y mimetizarse como militancia en algunas regiones de México.

Aunado a ello, la renovación del partido exige la evolución de un instituto político que, sin abandonar sus principios, deje atrás la polarización como un elemento primordial para la generación de adeptos.

Es también, una oportunidad para que la principal fuerza política en el país – que recibe dinero en función de los votos que obtuvo– se acerque a una madurez ideológica y supere el reduccionismo político de todo clasificarlo, según convenga, entre izquierda y derecha. En una sociedad progresista que busca la justicia social, dicha práctica es obsoleta y anticuada.

No cabe duda, el fundador de Morena, Andrés Manuel López Obrador, quien pasará a la historia como un poderoso gobernante populista de línea dura con señalamientos en su administración, también lo hará como un animal político excepcional que le abrió la puerta a México a tener la primer mujer presidenta y que construye el blindaje de su legado con una joven y poderosa Alcalde Luján, quien se erige como el verdadero relevo generacional.

Apuntes:

Resulta curioso e incluso cómico ver y escuchar a expriistas reconvertidos a morenistas asegurar que Luisa María Alcalde aporta certeza al partido de Morena. ¿Nerviosismo u oportunismo?

Miguel Ángel Romero Ramírez
Miguel Ángel Romero Ramírez: Analista y consultor político. Por más de 12 años, creador de estrategias de comunicación para el sector público y privado. Licenciado en comunicación y periodismo por la UNAM y maestro en gobierno por el Instituto Ortega y Gasset. Observador del uso de las nuevas tecnologías y su impacto en la democracia.
X: @MRomero_z

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Limitar sobrerrepresentación hace al Congreso local plural y equilibrado

Por Alejandro Gamboa C.

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La sobrerrepresentación política es un fenómeno electoral que distorsiona la voluntad popular, asignando más escaños a ciertos partidos de los que proporcionalmente les corresponderían según los votos obtenidos. En México, este problema se ha acentuado debido a brechas en el sistema de asignación de escaños y la tendencia de los actores políticos a maximizar su poder.

La democracia es un régimen que se nutre del pluralismo y reconoce la diversidad política. Murayama (2019) señala que transformar los votos en curules o escaños es una tarea que no ha sido sencilla en México, debido a su compleja evolución hacia un sistema más democrático.

Este principio es esencial para entender la importancia de reglas adecuadas que eviten la sobrerrepresentación y aseguren una representación justa y proporcional en el Congreso.

Rol del INE y el TEPJF. El Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) juegan un papel crucial en la regulación y resolución de problemas electorales. La autonomía constitucional del INE y la existencia del TEPJF permiten abordar y resolver cuestiones relacionadas con la sobrerrepresentación y otros vicios del sistema electoral.

El acuerdo INE/CG193/2021 introdujo el principio de militancia efectiva, que verifica la afiliación efectiva de los candidatos al momento del registro de la candidatura, garantizando así una asignación justa de curules.

El principio de militancia efectiva se justifica para lograr un mejor equilibrio entre la emisión del voto ciudadano y la asignación efectiva de curules en la Cámara de Diputados. Este principio asegura que los escaños se asignen de manera proporcional a los partidos, previniendo violaciones a los límites constitucionales de sobrerrepresentación, como las ocurridas en el proceso electoral de 2018.

La reforma constitucional del 10 de febrero de 2014 introdujo límites a la sobrerrepresentación y subrepresentación en los congresos locales, estableciendo que ningún partido puede tener una representación mayor o menor al 8% de la votación obtenida. En su momento se argumentó que la reforma es una norma completa y de eficacia plena, sin necesidad de ajustes normativos adicionales.

Limitar la sobrerrepresentación tiene el potencial de convertir al Congreso local en un órgano más plural y equilibrado, mejorando el control sobre las políticas públicas del Ejecutivo local. Este equilibrio fomenta el diálogo y evita que un solo partido domine la legislatura, a menos que gane por mayoría relativa en todos los distritos electorales.

La sobrerrepresentación política en México es un problema complejo que distorsiona la voluntad popular y afecta la representación proporcional en el Congreso. La introducción del principio de militancia efectiva y los límites establecidos por la reforma constitucional de 2014 fueron pasos importantes hacia la corrección de este problema.

¿Cómo conciliar la voluntad general que votó en 2024 de forma abrumadora y la sobrerrepresentación, sin atentar contra esa voluntad manifestada en las urnas?

La implementación de estas medidas y la intervención de las autoridades electorales son esenciales para asegurar una representación justa y equilibrada, que refleje verdaderamente la diversidad y pluralismo de la sociedad mexicana.

A pesar del problema, no hay otra opción que la continua vigilancia y adaptación y mejora continua de las normas electorales, con el objetivo de mantener la integridad y legitimidad del sistema democrático mexicano.

Por Alejandro Gamboa C.
Alejandro Gamboa C.
Licenciado en periodismo con estudios en Ciencia Política y Administración Pública (UNAM) Enfocado a las comunicaciones corporativas.
Colaboró como co editor Diario Reforma. En temas de ciencia y comunicación en Milenio y otros medios digitales. Cuenta con 15 años dedicado a las Relaciones Públicas. Ha colaborado en la fundación de la Agencia Umbrella RP. Ha realizado trabajos como corrector de estilo, creador de contenidos y algunas colaboraciones como profesor en escuelas locales.

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Dos Bocas, barril sin fondo en uso de recursos públicos

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Después de dos años de haber sido inaugurada, la refinería Dos Bocas (oficialmente, Refinería Olmeca) empezó a producir gasolina y diésel. Sin más información que el presunto procesamiento de 73 mil barriles diarios de diésel y 40 mil barriles de gasolina, es un alivio que la refinería sí refine porque ha tenido tantos problemas para entrar en operación que hasta su capacidad de producir combustibles se había puesto en duda.

La planta ubicada en Tabasco fue diseñada para producir 170,000 barriles diarios de gasolina y 120,000 barriles de diésel; fue inaugurada en julio de 2022 sin producir un solo barril de combustibles, pero sí ha sido un barril sin fondo en el uso de recursos públicos.

Hasta el momento, la producción no alcanza ni siquiera la mitad de la capacidad prevista, pero debemos confiar en que los problemas técnicos y operativos que ha presentado la magna obra sean solventados en algún momento.

Esa obra insignia del presidente Andrés Manuel López Obrador costaría -en un inicio- 8 mil millones de dólares y terminará con una inversión de 16 mil millones de dólares, es decir lo doble de lo previsto Desde su planeación, la séptima refinería de México ha generado controversias porque hay quienes piensan que se trata de un gasto innecesario porque lo inn son los autos eléctricos, pero al menos hasta el 2050 persistirá la demanda de petrolíferos.

El proyecto buscaba reducir la dependencia energética y alcanzar la autosuficiencia en la producción de combustibles del país; sin embargo, el deterioro del resto de las refinerías y el aplazamiento de esta nueva han ocasionado que las compras de gasolinas y diésel representen casi el 60% y más del 50%, respectivamente.

En mayo de 2019, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que sería Petróleos Mexicanos la responsable de la construcción de la refinería, bajo la administración de la Secretaría de Energía al mando de Rocío Nahle. Su construcción llevaría tres años.

Con dos años de retraso, es de esperarse que la Refinería Olmeca ahora sí opere a toda su capacidad para demostrar que es un proyecto rentable, porque se han invertido recursos públicos derivados de impuestos.

Los petrolíferos que produzca contribuirían a reducir las compras en el extranjero para abastecer el mercado nacional y, al reducir las compras en el extranjero se generan ahorros significativos para el presupuesto público, mejorando y fortaleciendo la economía nacional.

Además, la operación de la refinería impulsa el desarrollo económico de la región sureste del país, generando empleos directos e indirectos y atrayendo inversiones en infraestructura y servicios.

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