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Opinión

¿Por qué el espectro radioeléctrico cobra relevancia en el T-MEC?

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Miguel Ángel Romero Ramírez**

La tensión comercial en América del Norte tiene grandes pendientes, entre ellos: energía, maíz transgénico y espectro radioeléctrico.

Los acuerdos comerciales de gran calado, como lo es el T-MEC, mantienen un diseño robusto a prueba de nubarrones políticos domésticos. En ese sentido, los analistas han puesto énfasis en que si bien Estados Unidos y México se acercan a una sucesión presidencial, el tratado no debería bajar la velocidad en lo que respecta a sus resoluciones y pendientes.

¿Importa si Biden se reelige o si AMLO logra imponer su proyecto transexenal con alguna de sus “corcholatas”? La respuesta de los especialistas y técnicos en la materia es un rotundo no, toda vez que la estabilidad regional medida en las poderosas cadenas de producción y de suministro, así como las pujantes industrias y la innovación se fincan en, justamente, un acuerdo trilateral que otorga certidumbre más allá del recambio o continuidad de la clase política gobernante.

Sin embargo, el fantasma de un impasse “estratégico” en el T-MEC comienza a rondar la región rumbo al recambio de Presidentes. La única forma de paliar dicho nerviosismo incipiente entre los distintos stakeholders, es avanzar y resolver las discrepancias, ya sea por la vía del acuerdo o incluso mediante el establecimiento de un panel de controversias, mecanismo que dispone de tiempos precisos para emitir un fallo.

Patear hacia adelante los pendientes, hasta una vez renovados los liderazgos tanto en México como en Estados Unidos, podría modificar de manera negativa la tendencia de crecimiento en la región. En ese sentido México, Canadá y Estados Unidos mantienen una agenda con miras hacia finales de este año en donde se espera dar continuidad a la reunión de la que recientemente fue anfitrión nuestro país en Cancún el pasado 6 y 7 de julio.

Si bien los comunicados conjuntos de los que derivaron de las mesas de alto nivel en el caribe mexicano fueron escuetos fue posible detectar los temas de principal interés entre las partes, entre ellos, los de carácter energético, la discrepancia por el maíz transgénico y el costo del espectro radioeléctrico en la región.

A pesar de no haberse revisado de forma exhaustiva los temas en dichas reuniones bajo el argumento de que son los distintos equipos especializados y acreditados quienes intentan encontrar soluciones, hubo reacciones al respecto.

Una de las más relevantes fue la de Ken Monahan, vicepresidente de asuntos internacionales de la National Association of Manufacturers de los Estados Unidos (presidida por Jay Timmons) y quien, en distintas participaciones en medios, destacó que tanto los fabricantes y el gobierno norteamericano identifican el alto costo del espectro como uno de los varios retos para la competitividad y la atracción de inversiones en el marco del T-MEC.

Para comprender la dimensión de la sinergia económica de los socios del T-MEC, Monahan estima que al día los fabricantes aportan a la región el movimiento de 3 trillones de dólares por día a través de 2 billones de bienes fabricados que atraviesan las fronteras de México, Estados Unidos y Canadá todos los días.

No es la primera vez que el costo del espectro en México está sobre la mesa de más alto nivel del T-MEC con Raquel Buenrostro como ahora titular de Economía, la representante Comercial de Estados Unidos, Katherine Tai y la ministra de Comercio Internacional, Promoción de Exportaciones, Pequeñas Empresas y Desarrollo Económico de Canadá, Mary Ng.

Si nuestro país busca estar en sintonía con el T-MEC y aprovechar el boom del nearshoring para el desarrollo de la región es fundamental que la Secretaría de Hacienda analice y ajuste el costo del espectro atendiendo las recomendaciones del Instituto Federal de Telecomunicaciones que, año con año, ha advertido las implicaciones negativas de mantener un precio del espectro radioeléctrico disfuncional en términos del mercado.

Un informe en la materia de Nokia señala cómo a más acceso de las industrias a 5G la economía de cualquier país latinomaericano puede crecer entre 1 y 2%, siendo la industria de servicios, el comercio minorista, así como las manufactureras como la automotriz, aeronáutica y aeroespacial, dispositivos médicos y equipo de transporte.

México, por ejemplo, se ubica como el mayor fabricante automotriz de América Latina y el cuarto mayor productor de automóviles en el mundo. Y es en este sector donde la red 5G podría hacer una diferencia en la reducción de costos y el aumento de la productividad y velocidad de respuestas a los movimientos de la demanda.

Para algunos especialistas, el espectro radioeléctrico es la nueva ‘gasolina’ invisible que ayudará a consolidar que estos sectores evolucionen a una mayor velocidad, aumentando su productividad y generación de riqueza.

Mientras que en América Latina las tasas anuales que pagan los operadores telefónicos por el espectro representan en promedio 20% del costo total de sus operaciones, en los países más desarrollados es el 11% mientras, circunstancia totalmente contraria en México, en donde la cifra alcanza hasta un 85%. Hoy el espectro radioeléctrico mexicano es 62% más caro que la media mundial.

Antes este panorama ¿Podrá el Gobierno de México ajustar el costo del espectro radioeléctrico para aprovechar el potencial del T-MECA y el fenómeno del nearshoring?

**Analista y consultor político. Por más de 10 años, creador de estrategias de comunicación para el sector público y privado. Licenciado en comunicación y periodismo por la UNAM con estudios de posgrado en gobierno. Observador del uso de las nuevas tecnologías y su impacto en la democracia.
Twitter @MRomero_z

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Opinión

Dos Bocas, barril sin fondo en uso de recursos públicos

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Después de dos años de haber sido inaugurada, la refinería Dos Bocas (oficialmente, Refinería Olmeca) empezó a producir gasolina y diésel. Sin más información que el presunto procesamiento de 73 mil barriles diarios de diésel y 40 mil barriles de gasolina, es un alivio que la refinería sí refine porque ha tenido tantos problemas para entrar en operación que hasta su capacidad de producir combustibles se había puesto en duda.

La planta ubicada en Tabasco fue diseñada para producir 170,000 barriles diarios de gasolina y 120,000 barriles de diésel; fue inaugurada en julio de 2022 sin producir un solo barril de combustibles, pero sí ha sido un barril sin fondo en el uso de recursos públicos.

Hasta el momento, la producción no alcanza ni siquiera la mitad de la capacidad prevista, pero debemos confiar en que los problemas técnicos y operativos que ha presentado la magna obra sean solventados en algún momento.

Esa obra insignia del presidente Andrés Manuel López Obrador costaría -en un inicio- 8 mil millones de dólares y terminará con una inversión de 16 mil millones de dólares, es decir lo doble de lo previsto Desde su planeación, la séptima refinería de México ha generado controversias porque hay quienes piensan que se trata de un gasto innecesario porque lo inn son los autos eléctricos, pero al menos hasta el 2050 persistirá la demanda de petrolíferos.

El proyecto buscaba reducir la dependencia energética y alcanzar la autosuficiencia en la producción de combustibles del país; sin embargo, el deterioro del resto de las refinerías y el aplazamiento de esta nueva han ocasionado que las compras de gasolinas y diésel representen casi el 60% y más del 50%, respectivamente.

En mayo de 2019, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que sería Petróleos Mexicanos la responsable de la construcción de la refinería, bajo la administración de la Secretaría de Energía al mando de Rocío Nahle. Su construcción llevaría tres años.

Con dos años de retraso, es de esperarse que la Refinería Olmeca ahora sí opere a toda su capacidad para demostrar que es un proyecto rentable, porque se han invertido recursos públicos derivados de impuestos.

Los petrolíferos que produzca contribuirían a reducir las compras en el extranjero para abastecer el mercado nacional y, al reducir las compras en el extranjero se generan ahorros significativos para el presupuesto público, mejorando y fortaleciendo la economía nacional.

Además, la operación de la refinería impulsa el desarrollo económico de la región sureste del país, generando empleos directos e indirectos y atrayendo inversiones en infraestructura y servicios.

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El Rincón del Giróvago

***Alejandro Gamboa C.

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Triunfo Jurídico contra el Glifosato

El glifosato, introducido por Monsanto en 1974, es el herbicida más utilizado en el mundo. Desde 1996, su uso ha crecido con la expansión de cultivos genéticamente modificados (GM) como maíz, algodón y soya, que toleran este químico. En México, se aplica en la agricultura industrial en cantidades que varían entre 1.5 y 4.3 kg/ha.

Preocupaciones sobre la seguridad alimentaria y el impacto del glifosato han aumentado debido a estudios que señalan sus posibles efectos adversos en la salud y el medio ambiente. En 2015, la Organización Mundial de la Salud (OMS) clasificó al glifosato como “probable carcinógeno para humanos” (Grupo 2A) tras revisar cerca de mil estudios científicos que evidencian su genotoxicidad y capacidad para inducir estrés oxidativo. Esta clasificación fue respaldada por el Departamento de Salud de Estados Unidos en 2019 y la quinta edición de la Antología toxicológica del glifosato en 2020.

En México, la exposición al glifosato es común tanto en zonas rurales como urbanas. Un caso notable es el de la comunidad El Mentidero en Autlán, Jalisco, donde un análisis de orina de niños mostró que 100% tenía rastros de glifosato. Además, estudios han detectado glifosato en fluidos humanos (leche materna, sangre y orina) de agricultores y sus familias, así como en productos alimenticios y de higiene.

El uso intensivo de glifosato y la expansión de los cultivos GM también plantean riesgos ecológicos, ya que el ácido aminometilfosfónico (AMPA) es persistente en el ambiente y tiene efectos negativos tanto en la salud humana como en la biodiversidad. Además, la actividad quelante del glifosato puede afectar la disponibilidad de nutrientes esenciales en las plantas y los organismos que dependen de ellas.

A pesar de estas preocupaciones, en México se otorgaron numerosas autorizaciones para el uso de organismos genéticamente modificados (OGM). Entre 1995 y 2018, se emitieron 181 autorizaciones, principalmente para cultivos de maíz, algodón y soya. Aunque desde 2013 están suspendidos los permisos para la liberación al ambiente de maíz GM, las autorizaciones para consumo y utilización confinada siguen vigentes, permitiendo la importación y procesamiento de maíz GM para alimentos de consumo humano y animal.

En un comunicado reciente, el Gobierno de México y el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt) celebraron el cierre de uno de los juicios más relevantes en la lucha contra el uso de glifosato y maíz transgénico en el país.

La transnacional Monsanto Company desistió de su demanda contra el decreto presidencial de 2020, que busca eliminar gradualmente el uso de glifosato y el maíz transgénico para consumo humano. Este logro, descrito por Conahcyt como una victoria a favor de la vida, la salud, la naturaleza, la riqueza biocultural y la soberanía alimentaria, desató una avalancha de demandas de amparo presentadas por diversas empresas del sector agropecuario, con más de 30 juicios intentando declarar la inconstitucionalidad del decreto.

Sin embargo, la mayoría de estos juicios concluyeron sin favorecer a las empresas, permitiendo que el decreto se mantuviera en vigor hasta su reemplazo por uno nuevo en 2023, que reafirma las restricciones establecidas previamente.

En respuesta a las acciones legales de las empresas, Conahcyt presentó numerosos recursos legales, acompañados por peritajes de expertos en la materia. Esta defensa jurídica culminó el 25 de abril de 2023, cuando Monsanto desistió del juicio, una decisión ratificada el 24 de junio del mismo año.

Aunque este caso específico se ha cerrado, persisten litigios tanto contra el decreto de 2020 como contra el decreto de 2023, actualmente en vigor. En este juicio, Conahcyt ha presentado cerca de 450 pruebas documentales que respaldan los argumentos científicos y jurídicos a favor de las medidas restrictivas sobre el glifosato y el maíz transgénico. En este contexto, la jueza Elizabeth Trejo Galán negó a Monsanto la suspensión provisional del decreto de 2023.

El comunicado publicado por Conahcyt subraya que Monsanto ha tenido que pagar cientos de miles de millones de dólares en daños punitivos y arreglos en más de 100 mil juicios en Estados Unidos, donde el glifosato ha sido vinculado con el desarrollo de cáncer. Además, destaca que durante el periodo neoliberal, Monsanto tuvo una fuerte influencia en la creación de la Ley de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados (LBOGM), conocida popularmente como la “Ley Monsanto”, lo que permitió a la empresa obtener la mayoría de los permisos para la liberación al ambiente y la comercialización de OGM.

El gobierno mexicano y Conahcyt empujan investigaciones para detectar la presencia de transgenes y glifosato en granos, semillas y harina de maíz. Estas investigaciones buscan para identificar posibles rutas de dispersión y tomar acciones concretas que garanticen el derecho del pueblo mexicano a una alimentación saludable.

Referencias: Conahcyt. Seguridad Alimentaria y el Uso de Glifosato en México: https://conahcyt.mx/wp-content/uploads/documentos/glifosato/Dossier_formato_glifosato.pdf

***Alejandro Gamboa C.
Licenciado en periodismo con estudios en Ciencia Política y Administración Pública (UNAM) Enfocado a las comunicaciones corporativas.
Colaboró como co editor Diario Reforma. En temas de ciencia y comunicación en Milenio y otros medios digitales. Cuenta con 15 años dedicado a las Relaciones Públicas. Ha colaborado en la fundación de la Agencia Umbrella RP. Ha realizado trabajos como corrector de estilo, creador de contenidos y algunas colaboraciones como profesor en escuelas locales.

https://www.linkedin.com/in/relacionesp%C3%BAblicasumbrella/

Foto: Internet

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Nuevo León y la estrategia para atender a damnificados

Puro cuento

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Las lluvias no terminan, ni terminarán. De hecho, apenas inician en toda la República mexicana. Si bien es cierto que las lluvias se convierten en una bendición para los agricultores, principalmente, para otros sectores de la sociedad representan un problema.

Las personas que tienen sus viviendas en laderas de ríos, barrancas, al pie de montañas son las que más resultan afectadas y en algunas ocasiones llegan hasta perder sus muebles e inmuebles.

En los estados de Tamaulipas, Veracruz, Nuevo León y San Luis Potosí y algunas zonas de la península de Yucatán, hubo afectaciones serias por la llegada de la tormenta tropical Alberto. El gobierno federal dispuso de la Guardia Nacional y del plan Plan GN-A para apoyar a quienes resultaron afectados por las torrenciales lluvias.

En el caso de Nuevo León, el gobierno de Samuel García, emitió una declaratoria de emergencia por los daños que causó la tormenta tropical Alberto en la entidad con el propósito de acceder a los fondos federales y destinarlos a realizar reparaciones en infraestructura de comunidades de 31 municipios.

El fenómeno meteorológico generó lluvias torrenciales e inundaciones que ocasionaron perjuicios en los sectores de vivienda, educación, de salud, hidráulico, urbano y carretero.

Por esa razón, los funcionarios de la administración del buen Sammy es que se tuvieron que poner chingones para atender a la población que lo requirió.

Una de estos funcionarios fue la secretaria de Igualdad e Inclusión Martha Herrera, quien en todo momento mostró gran capacidad de coordinación para articular esfuerzos desde el gobierno y el sector privado y dar respuestas eficientes a la demanda de atención de las personas que resultaron afectadas por la tormenta.

En todo momento, ha permanecido pendiente de las necesidades de la población y de ofrecer ayuda humanitaria, por tierra y aire, a los municipios golpeados por este meteoro.

Nos comentan que desde el inicio de las primeras lluvias que golpearon al estado, el equipo que coordina Herrera ha podido desplegar, pese a las condiciones adversas que se presentan en los municipios del sur y en decenas de colonias de la zona metropolitana de Monterrey, más 45 toneladas de ayuda, entre alimentos, agua, colchas y colchonetas, que han beneficiado a 23 mil personas de más de 17 municipios de esta entidad. 

Debemos reconocer a Martitha el esfuerzo que ha desplegado en coordinación con varias dependencias, como Protección Civil, para hacer posible un puente aéreo que desde Montemorelos ha podido trasladar ayuda a rancherías y comunidades incomunicadas de la zona sur, caracterizadas por sus altas zonas montañosas, así como la mano izquierda que ha mostrado al reunirse con alcaldes de diferente signo partidista, como en el Santiago, para coordinar esfuerzos en beneficio de la gente.

Eso aquí y allá, habla bien de la gestión de Herrera, que está trabajando sin distingo de signos partidistas, a diferencia de otros estados, como Guerrero o, recientemente, Quintana Roo en donde, ante la tragedia, las autoridades brillan por su ausencia y optan por aplicar la política del avestruz, escondiendo la cabeza, creyendo que así se solucionarán los problemas y la gente olvidará que está sumida en la desgracia.

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