Durante mis prácticas de pasantía en la materia de Derecho Penal, la primera vez que acudí a un Centro de Reinserción Social (CERESO) fue el Centro Preventivo y de Readaptación Social “Dr. Sergio García Ramírez” en Ecatepec de Morelos, mejor conocido como “Reclusorio Chiconautla”, durante la visita ingresé al área de locutorios para hablar con un cliente.
Durante la charla con el cliente diversas personas que están privadas de su libertad se acercaban a pedir un peso, a ofrecer servicio de limpieza de calzado, se ofrecían para ir por un cigarro o por refrescos, o algún otro servicio.
Mientras uno está ahí es normal platicar con estas personas sobre el motivo de su estancia en el Centro de Reinserción mientras llega el cliente y desde ese momento detecté que muchas personas están con prisión preventiva decretada desde el sistema inquisitivo y tienen su proceso paralizado por diversos factores como el no tener la solvencia económica para contratar un abogado o no tienen contacto con los abogados de oficio para impulsar su proceso, entre otras circunstancias. Esta situación se repite en todos y cada uno de los centros de reinserción social de nuestro país.
La prisión preventiva es una medida cautelar la cual se impone a una persona sujeta a un procedimiento penal antes de que se determine su culpabilidad[1], esta medida cautelar tiene como finalidad garantizar que el sujeto activo o imputado no se sustraiga de la acción de la justicia, garantizar la protección de la víctima y demás personas, así como evitar la obstaculización del procedimiento.
Cuando se impone la prisión preventiva a una persona esta es ingresada a un CERESO para que aguarde en este lugar en lo que desarrolla su procedimiento el cual culmina hasta que un jueza emite una sentencia.
Es de explorado derecho que en el sistema penal inquisitivo se abusó de esta medida cautelar, lo cual aunque no se quiera reconocer sigue pasando en el sistema penal acusatorio, por lo que en la reforma constitucional en materia penal del 2008 se establece el principio de subsidiariedad[2] y excepcionalidad[3] para su procedencia. Cabe señalar que la prisión preventiva es decretada por un juez y esta puede ser oficiosa por haber cometido un delito grave o puede ser justificada la cual debe ser solicitada por el ministerio público en audiencia inicial bajo diversos argumentos.
Imponer la prisión preventiva desde mi perspectiva y, aunado a que al crear los Centros de Reinserción no se tuvo en mente que los ingresos de personas aumentarían, provoca diversos problemas en los CERESOS y al Estado.
Entre los problemas que se generan en los CERESOS destacan: el hacinamiento, la sobrepoblación, escases de materiales, menores posibilidades de poder realizar una actividad, entre otras cosas. Situaciones que se originan por el exceso de personas que se encuentran privadas de su libertad ya sea por la prisión preventiva o personas que ya se les emitió una sentencia condenatoria.
El tener a personas en prisión preventiva, y que su proceso se encuentre paralizado, genera un gasto continuo para el estado, ya que el estado se convierte en garante de estas personas y por lo tanto tiene la obligación de cubrir diversas necesidades como alimentación, salud, educación, deporte, entre otros. Los recursos económicos podrían ser utilizados en otras cosas, como lo es la expansión o modernización de dichos centros.
En el libro “¿Cuánto cuesta la prisión sin condena? Costos económicos y sociales de la prisión preventiva en México” del autor Guillermo Zepeda Lecuona[4], se establecen diversos temas en cuanto al problema de costos que generan las personas que se encuentran privadas de su libertad por la medida cautelar de prisión preventiva, en dicho libro se establece que aparte de los costos que se generan al estado, se tienen costos para los que se encuentran bajo esta medida cautelar, costos para las familias, costos para la comunidad.
De igual manera en dicho texto se critica el uso de esta medida cautelar ya que establece que el imponer la prisión preventiva oficiosa no produce ni ha producido un resultado positivo.
Si bien es cierto esta medida cautelar es solicitada por el ministerio público a menudo para los delitos que no tienen prisión preventiva oficiosa, usando como argumento toral que es para que el sujeto activo o imputado no se sustraiga de la acción de la justicia, por lo tanto si este es su argumento base ¿porque no instruir al ministerio público en que se pueden usar otras medidas cautelares para aminorar esos riesgos y así evitar la saturación de los centros de reinserción social del país? Entonces si la prisión preventiva se considera como la media cautelar más gravosa y genera más problemas que soluciones, es evidente que entonces no es funcional.
Con base en todo lo anterior se puede observar que hay muchas formas en las que se puede aminorar esta problemática de la saturación de los CERESOS del país por la prisión preventiva y algunas posibles soluciones son:
Otorgar más recursos por parte del Estado para la expansión o creación de nuevos centros de reinserción social tanto federales como locales, esto ayudara a combatir la sobrepoblación y el hacinamiento.
Agilizar los procedimientos penales para que los tiempos de la prisión preventiva disminuyan de forma considerable.
Instruir al personal ministerial para que soliciten como última instancia la prisión preventiva y no solo por cumplir con estadísticas.
Crear programas de apoyo para la revisión de los asuntos de las personas privadas de la libertad con la medida cautelar de prisión preventiva decretada desde el sistema mixto inquisitivo, ya que como lo mencione, algunos procedimientos están paralizados.
Es importante prestar atención al tema de la prisión preventiva ya que considero está muy ligado a los problemas de los centros de reinserción y el atender este tema traería grandes beneficios para el sistema penitenciario como lo es la liberación de espacios en los CERESOS.*El autor cursa la Maestría en Ciencias Penales y Criminalística, en la Facultad de Derecho de la Barra Nacional de Abogados.
[1]Cfr. “Guillermo Zepeda Lecuona, ¿Cuánto cuesta la prisión sin condena? Costos económicos y sociales de la prisión preventiva en México, Open Society Justice Initiative, 2009. Pág. 15.
[2] Principio que estable el aplicar como última instancia la prisión preventiva cuando otra medida cautelar menos gravosa no sea suficiente para reducir la necesidad de cautela.
[3] Implica que sólo procederá la prisión preventiva cuando sea el único medio que permita asegurar los fines del proceso y que se pueda demostrar que otras medidas menos lesivas resultarían infructuosas a esos fines.
Claudia Sheinbaum llega a la presidencia asumiendo el rol de un simple instrumento de la narrativa de la Cuarta Transformación. Se presenta como la continuidad de un proyecto, como la figura que debe garantizar que el legado de Andrés Manuel López Obrador permanezca intacto. Todo en su discurso sugiere que el líder es otro, que ella está al servicio de una visión mayor.
Sin embargo, la realidad del poder es otra. La presidencia es suya. Por más diques que López Obrador haya intentado poner, el poder del cargo reside ahora en ella.
Su postura leal no es ingenua. Comprende que su papel dentro de la narrativa exige subordinación, pero también sabe que el control operativo y la capacidad de decisión son inherentes al cargo. Este equilibrio es la clave: mantener la apariencia de continuidad sin renunciar a la potestad que la presidencia otorga. Sheinbaum tiene el poder real, aunque el liderazgo simbólico siga apuntando hacia su predecesor. Esa es su ventaja: el poder del cargo, aún bajo la sombra de quien le abrió el camino.
En su aparente sumisión, pareciera que hay estrategia. No necesita romper abiertamente con López Obrador para cambiar las cosas. La transformación no tiene que ser ruidosa ni estridente. Ella sabe que, al posicionarse como la continuadora fiel, desactiva los conflictos internos y mantiene a los militantes cohesionados. Pero esa misma posición le otorga el espacio para actuar. Puede modificar políticas, ajustar enfoques y crear cambios profundos, sin cuestionar el relato que sostiene la Cuarta Transformación.
El mayor reto de Sheinbaum estará más allá de la continuidad o de los ajustes silenciosos. Su verdadero desafío será construir su propia popularidad y capital político. No sólo por vanidad sino para tener la capacidad de ejercer el poder y gobernar. Entiende perfectamente bien que los 36 millones de votos obtenidos en las elecciones de junio pasado se los debe casi de manera exclusiva a la figura de López Obrador. La sombra del líder y sus adoradores se configuran como una guillotina que pende sobre ella y la cual debe deconstruir a partir de un enfoque propositivo.
Para lograrlo, en cada decisión, en cada acto, Sheinbaum está obligada a demostrar que es capaz de consolidar un liderazgo propio, independiente de quien la precedió. No puede ser vista todo el tiempo como la extensión de la figura de alguien más; debe construir su propia conexión y capital con la ciudadanía. La clave estará en su capacidad para transformar esa lealtad en algo que la haga a ella irremplazable. Dejar de ser la heredera de López Obrador para convertirse en una líder que se sostiene por sí misma.
Distinguirse sin romper con quien la encumbró será el principal reto. Si Sheinbaum no logra posicionarse en un corto plazo, su mandato no sólo quedará marcado por la subordinación, sino que enfrentará en el camino problemas de gobernabilidad y legitimidad, elementos que en la práctica se sobreponen a la retórica y a la propaganda que, hacia finales del sexenio de AMLO, mostraban cierto agotamiento y reducción en su efectividad.
La primer mujer presidenta de México está orillada a imponer su sello y a actuar, sino quiere convertirse en el chivo expiatorio de la Cuarta Transformación. Enfrenta el desafío de evitar caer en lo que se conoce como el “acantilado de cristal”: ese abismo invisible al que se empuja a las mujeres a “liderar” en política y negocios cuando las condiciones en las que recibe el encargo marcan fracaso casi inminente.
Y es que Sheinbaum hereda un país cargado de problemas estructurales: un país con presencia militar en tareas de seguridad que maquilla un Estado de excepción en el que crisis de inseguridad se refleja en el dominio del crimen organizado en la mayoría del territorio nacional; una corrupción generalizada que trastoca a los hijos, amigos y familiares del expresidente.
También, un sistema de salud que se burla de los enfermos cuando lo único que les receta son spots en los que sostienen que los servicios son mejor que en Dinamarca; una centralización del poder que amenaza la independencia judicial poniendo en entredicho el orden constitucional y por ende el régimen democrático; un desmantelamiento institucional que apuesta por aniquilar los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas.
En ese sentido, la narrativa del obradorismo, que se ha impuesto como el único camino legítimo, no permite fisuras. Y en ese marco, cualquier desvío o fracaso podría recaer sobre ella, mientras que los éxitos seguirían siendo atribuidos al proyecto del fundador. “El “acantilado de cristal” se convierte en una trampa estructural.
Si Sheinbaum no logra redefinir el rumbo y marcar una diferencia clara, corre el riesgo de que se la culpe de todos los problemas que la Cuarta Transformación no ha resuelto. Es el escenario clásico donde el liderazgo de las mujeres es aceptado sólo cuando la crisis es inevitable y se requiere un responsable visible para el fracaso. Así, si las cosas no mejoran, Sheinbaum se convertiría en el chivo expiatorio perfecto, desviando las críticas que deberían dirigirse a la naturaleza misma del proyecto heredado.
La llegada a la presidencia de la República de Claudia Sheinbaum no ha cambiado en nada el índice de violencia en México. A unos días de haber tomado protesta del cargo, la mandataria federal choca de frente con la herencia de sangre que le dejó su predecesor, quien con su estrategia fallida de “abrazos no balazos” convirtió a nuestro país en una sucursal de la impunidad y la barbarie.
En sólo 10 días, la jefa del Ejecutivo federal ha tenido que lidiar con los asesinatos ocurridos en Chilpancingo, Guerrero, localidad donde en menos de una semana el crimen organizado ejecutó a tres miembros del gobierno municipal.
El primer caso ocurrió el 27 de septiembre cuando sujetos desconocidos asesinaron a balazos a Ulises Hernández Martínez, quien asumiría la Dirección de Seguridad Pública municipal.
El segundo suceso aconteció el jueves 3 de octubre, día en que fue asesinado, a unas cuadras del ayuntamiento de Chilpancingo, Francisco Gonzalo Tapia Gutiérrez, quien se desempeñaba como secretario general de este municipio.
El colofón vino con el homicidio y decapitación del entonces alcalde de esta localidad, Alejandro Arcos Catalán, quien cabe señalar sólo tenía una semana en el cargo, pues tomó protesta el 30 de septiembre.
Para “capotear” esta ola de violencia, la presidenta presentó el martes 8 de octubre la “nueva estrategia de seguridad del Gobierno federal”, que cabe decirlo no es más que pan con lo mismo o como se dice coloquialmente es la misma chiva nada más que revolcada.
La “novedosa” estrategia con la que se busca combatir a los grupos del crimen organizado y reducir los homicidios en México consta de cuatro ejes: 1) Atención a las causas; 2) Consolidación de la Guardia Nacional; 3) Fortalecimiento de inteligencia e investigación, y 4) Coordinación absoluta en el gabinete de seguridad.
Con respecto a los dos primeros puntos es importante señalar que son sinónimo de la estrategia “abrazos no balazos”, sólo que en otras palabras, es decir, el gobierno de López Obrador se supone que atendió las causas y otorgó becas y apoyos a la población más vulnerable para que este grupo no cayera en manos del crimen organizado. En cuanto al segundo punto cabe recordar que la Guardia Nacional ya pasó a ser parte del Ejército, entonces, no sabemos a qué se refieren con consolidarla.
El tercer y cuarto punto nos dan la idea de una crítica, mínima, pero crítica al fin al gobierno anterior, en donde se le acusa de no echar mano de la tecnología para combatir a los criminales y de una total descoordinación entre los diferentes niveles de gobierno para prevenir la violencia.
Luego de conocer esta “flamante” estrategia de seguridad, las y los mexicanos no podemos albergar esperanza alguna de que cambien las cosas, al contrario, creo que podemos ver cómo el segundo piso de la transformación sólo servirá para seguir acumulando muertos y desaparecidos. Lamentable.
Hace unos días, México fue testigo de un evento profundamente simbólico y emotivo cuando Claudia Sheinbaum, recibió el bastón de mando en una ceremonia cargada de rituales ancestrales. Este acto va más allá de la política cotidiana; es una manifestación tangible de cómo los rituales políticos desempeñan un rol crucial en la construcción simbólica del poder, marcando una transición clave en la jerarquía política del país.
A través de este acto ceremonial, Sheinbaum no solo asumió una posición formal de liderazgo, sino que también se conectó con mitos, símbolos y tradiciones profundamente arraigadas en la cultura mexicana.
Como bien argumenta la teoría sociológica de Émile Durkheim, los rituales son prácticas simbólicas que contribuyen a la cohesión social y al establecimiento del orden sagrado. En este caso, la entrega del bastón de mando no es un simple protocolo, sino un vehículo para dramatizar y legitimar el poder, integrando lo moderno y lo ancestral en un mismo espacio político.
Durkheim, al analizar el rol de los rituales, destaca que estos refuerzan las creencias colectivas y estructuran las identidades, y eso es precisamente lo que vimos en esta ceremonia: una reafirmación de la identidad colectiva mexicana y una renovación de la legitimidad política.
En mi opinión, ver este evento desde esta óptica ayuda a comprender la importancia de los rituales en las sociedades complejas. Para Durkheim, los rituales políticos no sólo estructuran la política moderna, sino que también son esenciales para formar y mantener la cohesión social. A través de ellos, los ciudadanos encuentran un sentido de pertenencia, y los líderes, como AMLO o Sheinbaum, legitiman su poder al situarse dentro de una tradición histórica y cultural.
Este tipo de ceremonias, más que un simple acto político, son un reflejo de la teatralidad inherente al poder en las sociedades informatizadas. La política no se sostiene únicamente en argumentos racionales y decisiones estratégicas, sino que depende también de la producción de imágenes, la manipulación de símbolos y la representación ceremonial del liderazgo.
Los rituales políticos, como los observados en esta ceremonia, tienen la capacidad de transmitir las creencias tradicionales y formar identidades colectivas. En el caso de Sheinbaum, recibir el bastón de mando bajo rituales ancestrales envía un mensaje claro de continuidad y respeto por las tradiciones, al mismo tiempo que proyecta su visión de liderazgo hacia el futuro.
Este acto no sólo legitima su poder a los ojos del pueblo mexicano, sino que también reafirma su lugar dentro de una narrativa más amplia de legitimidad tradicional que ha caracterizado la política mexicana.
Al analizar este evento bajo el lente de la teoría ritual de Durkheim, también podemos desafiar la idea de que el comportamiento político siempre sigue una lógica utilitaria y racional. Las emociones, las creencias colectivas y las normas juegan un papel esencial en la toma de decisiones políticas.
Los rituales como este, en los que lo sagrado y lo político se entrelazan, tienen el poder de generar una comunidad moral, reforzando la unidad entre los individuos y la autoridad política. En este caso, Sheinbaum se convierte en un símbolo que une a los mexicanos, apelando tanto a las creencias modernas como a los valores tradicionales.
Por otro lado, es importante reconocer que los rituales políticos no solo promueven la integración y la cohesión social, sino que también pueden reflejar tensiones internas.
Las fiestas cívicas y las ceremonias públicas, aunque refuerzan la unidad, también evidencian las dinámicas de poder y las posibles fracturas sociales. Esto es clave para entender cómo, en algunos casos, los rituales de rebelión pueden ofrecer un espacio controlado para la expresión de tensiones sin desestabilizar el orden.
Aunque el evento reciente no fue de carácter conflictivo, nos recuerda que los rituales políticos tienen una dimensión dual: pueden ser mecanismos de integración, pero también reflejan y gestionan los conflictos inherentes en la estructura social.
La ceremonia en la que Claudia Sheinbaum asumió el bastón de mando, rodeada de rituales ancestrales, es un ejemplo claro de cómo los rituales políticos dramatizan y legitiman el poder. Este tipo de actos no son meras formalidades; son momentos en los que el poder se representa, se transmite y se asegura.
Durkheim estaría de acuerdo en que los rituales, como los observados en este evento, no sólo ayudan a mantener la estructura social, sino que también permiten a los líderes políticos conectarse con su pueblo a través de símbolos y ceremonias cargadas de historia y emoción.
Licenciado en periodismo con estudios en Ciencia Política y Administración Pública (UNAM) Enfocado a las comunicaciones corporativas. Colaboró como co editor Diario Reforma. En temas de ciencia y comunicación en Milenio y otros medios digitales. Cuenta con 15 años dedicado a las Relaciones Públicas. Ha colaborado en la fundación de la Agencia Umbrella RP. Ha realizado trabajos como corrector de estilo, creador de contenidos y algunas colaboraciones como profesor en escuelas locales.