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Penales saturados por aplicación excesiva de prisión preventiva

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Por Michael Nazareth Márquez Enríquez*

Durante mis prácticas de pasantía en la materia de Derecho Penal, la primera vez que acudí a un Centro de Reinserción Social (CERESO) fue el Centro Preventivo y de Readaptación Social “Dr. Sergio García Ramírez” en Ecatepec de Morelos, mejor conocido como “Reclusorio Chiconautla”, durante la visita ingresé al área de locutorios para hablar con un cliente.

Durante la charla con el cliente diversas personas que están privadas de su libertad se acercaban a pedir un peso, a ofrecer servicio de limpieza de calzado, se ofrecían para ir por un cigarro o por refrescos, o algún otro servicio.

Mientras uno está ahí es normal platicar con estas personas sobre el motivo de su estancia en el Centro de Reinserción mientras llega el cliente y desde ese momento detecté que muchas personas están con prisión preventiva decretada desde el sistema inquisitivo y tienen su proceso paralizado por diversos factores como el no tener la solvencia económica para contratar un abogado o no tienen contacto con los abogados de oficio para impulsar su proceso, entre otras circunstancias. Esta situación se repite en todos y cada uno de los centros de reinserción social de nuestro país.

La prisión preventiva es una medida cautelar la cual se impone a una persona sujeta a un procedimiento penal antes de que se determine su culpabilidad[1], esta medida cautelar tiene como finalidad garantizar que el sujeto activo o imputado no se sustraiga de la acción de la justicia, garantizar la protección de la víctima y demás personas, así como evitar la obstaculización del procedimiento.

Cuando se impone la prisión preventiva a una persona esta es ingresada a un CERESO para que aguarde en este lugar en lo que desarrolla su procedimiento el cual culmina hasta que un jueza emite una sentencia.

Es de explorado derecho que en el sistema penal inquisitivo se abusó de esta medida cautelar, lo cual aunque no se quiera reconocer sigue pasando en el sistema penal acusatorio, por lo que en la reforma constitucional en materia penal del 2008 se establece el principio de subsidiariedad[2] y excepcionalidad[3] para su procedencia.  Cabe señalar que la prisión preventiva es decretada por un juez y esta puede ser oficiosa por haber cometido un delito grave o puede ser justificada la cual debe ser solicitada por el ministerio público en audiencia inicial bajo diversos argumentos.

Imponer la prisión preventiva desde mi perspectiva y, aunado a que al crear los Centros de Reinserción no se tuvo en mente que los ingresos de personas aumentarían, provoca diversos problemas en los CERESOS y al Estado.

Entre los problemas que se generan en los CERESOS destacan: el hacinamiento, la sobrepoblación, escases de materiales, menores posibilidades de poder realizar una actividad, entre otras cosas. Situaciones que se originan por el exceso de personas que se encuentran privadas de su libertad ya sea por la prisión preventiva o personas que ya se les emitió una sentencia condenatoria.

El tener a personas en prisión preventiva, y que su proceso se encuentre paralizado, genera un gasto continuo para el estado, ya que el estado se convierte en garante de estas personas y por lo tanto tiene la obligación de cubrir diversas necesidades como alimentación, salud, educación, deporte, entre otros. Los recursos económicos podrían ser utilizados en otras cosas, como lo es la expansión o modernización de dichos centros.

En el libro “¿Cuánto cuesta la prisión sin condena? Costos económicos y sociales de la prisión preventiva en México” del autor Guillermo Zepeda Lecuona[4], se establecen diversos temas en cuanto al problema de costos que generan las personas que se encuentran privadas de su libertad por la medida cautelar de prisión preventiva, en dicho libro se establece que aparte de los costos que se generan al estado, se tienen costos para los que se encuentran bajo esta medida cautelar, costos para las familias, costos para la comunidad.

De igual manera en dicho texto se critica el uso de esta medida cautelar ya que establece que el imponer la prisión preventiva oficiosa no produce ni ha producido un resultado positivo.

Si bien es cierto esta medida cautelar es solicitada por el ministerio público a menudo para los delitos que no tienen prisión preventiva oficiosa, usando como argumento toral que es para que el sujeto activo o imputado no se sustraiga de la acción de la justicia, por lo tanto si este es su argumento base ¿porque no instruir al ministerio público en que se pueden usar otras medidas cautelares para aminorar esos riesgos y así evitar la saturación de los centros de reinserción social del país? Entonces si la prisión preventiva se considera como la media cautelar más gravosa y genera más problemas que soluciones, es evidente que entonces no es funcional.

Con base en todo lo anterior se puede observar que hay muchas formas en las que se puede aminorar esta problemática de la saturación de los CERESOS del país por la prisión preventiva y algunas posibles soluciones son:

  • Otorgar más recursos por parte del Estado para la expansión o creación de nuevos centros de reinserción social tanto federales como locales, esto ayudara a combatir la sobrepoblación y el hacinamiento.
  • Agilizar los procedimientos penales para que los tiempos de la prisión preventiva disminuyan de forma considerable.
  • Instruir al personal ministerial para que soliciten como última instancia la prisión preventiva y no solo por cumplir con estadísticas.
  • Crear programas de apoyo para la revisión de los asuntos de las personas privadas de la libertad con la medida cautelar de prisión preventiva decretada desde el sistema mixto inquisitivo, ya que como lo mencione, algunos procedimientos están paralizados.

Es importante prestar atención al tema de la prisión preventiva ya que considero está muy ligado a los problemas de los centros de reinserción y el atender este tema traería grandes beneficios para el sistema penitenciario como lo es la liberación de espacios en los CERESOS.*El autor cursa la Maestría en Ciencias Penales y Criminalística, en la Facultad de Derecho de la Barra Nacional de Abogados.


[1]Cfr.  “Guillermo Zepeda Lecuona, ¿Cuánto cuesta la prisión sin condena? Costos económicos y sociales de la prisión preventiva en México, Open Society Justice Initiative, 2009. Pág. 15.

[2] Principio que estable el aplicar como última instancia la prisión preventiva cuando otra medida cautelar menos gravosa no sea suficiente para reducir la necesidad de cautela.

[3] Implica que sólo procederá la prisión preventiva cuando sea el único medio que permita asegurar los fines del proceso y que se pueda demostrar que otras medidas menos lesivas resultarían infructuosas a esos fines.

[4] “Guillermo Zepeda Lecuona. op, cit

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Nahle, una “pirata” en Veracruz

***Miguel Ángel Romero Ramírez

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“El infierno vino del mar” es una de las frases célebres con la que los veracruzanos recuerdan los asaltos históricos que sufrió la ciudad portuaria ubicada en el Golfo de México durante el siglo XVI y parte del XVII.

La entrada a la Nueva España fue este puerto que tuvo que convertirse en una fortaleza. Sin embargo, ahora, esos mismos ciudadanos alzan la voz ante una nueva amenaza, una que llega desde el “centro” y que se torna como imposición de Palacio Nacional: Rocío Nahle.

A pesar de que legalmente está facultada para ser candidata de Morena a la entidad, entre los veracruzanos el debate de fondo está en si vale la pena adoptar a la ex secretaria de Energía como uno de los suyos. La imborrable sensación de ser un territorio tomado por asalto por parte de grupos externos es un fantasma que sobrevuela entre las murallas edificadas y diseñadas para resistir saqueos.

La entidad es clave dentro del tablero político nacional. Se trata del cuarto padrón electoral con 6 millones de ciudadanos que podrán acudir a las urnas el próximo 2 de junio. Su multiculturalidad es potente y excepcional según la zona, comunidad o municipio.

Las diferencias entre unos y otros son acentuadas de acuerdo a la región. Sin embargo, en el imaginario colectivo crece de manera acelerada el mote de “pirata” para la candidata morenista. Se trata de un piso común que los empieza a unir rumbo al próximo proceso electoral.

No es que la ex funcionaria esté operando del todo mal, pues a pesar de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ya le castigó en 2021 por realizar propaganda gubernamental en medio de un proceso electoral, la candidata ha buscado generar alianzas al interior de la entidad que hoy en día gobierna Cuitláhuac García. Los resultados, hasta el momento, han sido pobres, en parte por la degradación social y la ingobernabilidad que azota a la entidad.

Los veracruzanos no son tontos y no perdieron de vista la búsqueda de imposición de una zacatecana para pretender gobernarlos. Recuerdan perfectamente el diseño de la Ley Nahle en donde el Congreso local aprobó una ridícula modificación a la Legislación local para que las personas que tuvieran hijos en Veracruz terminaran por ser veracruzanas. El absurdo intento que terminó por enmendar la Suprema Corte de Justicia de la Nación a inicios del año pasado tenía como fin único beneficiar a la ex funcionaria que vivía dicha circunstancia.

Las charlas en los principales comedores en la ciudad portuaria apuntan a que la Nueva España acabó, los virreinatos son obsoletos y que por más que se busque instaurar a una “pirata” que rinda tributo al “centro”, es decir, a Palacio Nacional, le será imposible concretar su asalto, ya que su principal obstáculo no es legal, sino recae en su falta de legitimidad.

“La ciudad está construida como una fortaleza y no dejaremos que externos nos transgredan. Nuestros antepasados ya le hicieron frente a españoles, ingleses y franceses. Ahora estamos listos para evitar que los problemas de delincuencia y pobreza se agraven de la mano de Rocío Nahle”, expresa un personaje que pide anonimato en la mesa de una de las cafeterías con más historia del heroico Puerto de Veracruz. Se trata de una sensación que crece y se expande.

¿Será que los tamborazos zacatecanos se imponen a los sones jarochos en Veracruz? De momento, la resistencia y la fortaleza ideológica e identitaria de los veracruzanos parece que prevalece. Foto: Internet

***Miguel Ángel Romero Ramírez

Analista y consultor político. Por más de 12 años, creador de estrategias de comunicación para el sector público y privado. Licenciado en comunicación y periodismo por la UNAM y maestro en gobierno por el Instituto Ortega y Gasset. Observador del uso de las nuevas tecnologías y su impacto en la democracia.

X: @MRomero_z

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Meméxico lindo y…

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Me acuerdo de Cabeza de Vaca… Es que no sé si Santiago Nieto o ya Pablo (Gómez), me llevaron un documento en donde el gobierno de Estados Unidos estaba solicitando información y luego supe de que… ¡Ah!, y que por eso se había iniciado la investigación en la fiscalía, por una solicitud del gobierno de Estados Unidos. Y luego supe de que el documento era apócrifo. ¡¿Cómo?! Pero no volví a saber más.

Esta declaración fue hecha por el presidente López Obrador durante su conferencia mañanera del viernes 9 de febrero. Muestra el verdadero rostro del gobierno federal morenista: la utilización de todo el poder gubernamental para someter políticamente a todos aquellos opositores o personajes que están en contra de la mal llamada cuarta transformación.

El caso del ex gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, quien fue acusado falsamente de tener nexos con el narcotráfico con un apócrifo documento del FBI, puso de rodillas al tabasqueño, quien públicamente aceptó la mala actuación de sus entonces subalternos para incriminar a alguien que en ese momento le estorbaba para poner a uno de sus alfiles en la entidad.

Pero este caso no es el único caso donde López Obrador muestra el cobre, también está el de la ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Rosario Robles, quien fue presuntamente acusada del delito de desvío de recursos públicos en la llamada “Estafa Maestra”.

En este señalamiento, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México terminó por confirmar la falsedad de la licencia de conducir utilizada para encarcelar a Rosario Robles por parte de la Fiscalía General de la República, en claro detrimento de los derechos fundamentales de la ex jefa de gobierno de la capital del país.

Estos casos nos muestran como personajes cercanos al presidente y a su candidata presidencial, Claudia Sheinbaum, utilizaron las instituciones y recursos públicos para eliminar lo que ellos consideraban peligros políticos para su movimiento, amén del servilismo de Santiago Nieto y Ernestina Godoy.

Tanto López Obrador como su corcholata hablan de trabajar en la edificación del segundo piso de la cuarta transformación, esto en el marco del proceso electoral del próximo 2 de junio, olvidándose que el primero piso está cimentado en el engaño, la utilización de las instituciones públicas para coaccionar a opositores, la corrupción y la traición. Nos queda esperar solamente que el día de la elección, las y los mexicanos se encarguen de derruir a este gobierno que está destruyendo a México.

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El poco sexy antídoto contra la radicalización

***Miguel Ángel Romero Ramírez

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A nadie conviene la incertidumbre antes, durante y después del proceso electoral del próximo 2 de junio. Mientras el gobierno de la 4T y la oposición, así como los poderes fácticos, representados en el crimen organizado, la Iglesia, los medios de comunicación y los grandes empresarios, despliegan sus estrategias para arrebatar, conservar o conseguir más poder; el único anclaje históricamente funcional para hacer prevalecer una sociedad son las instituciones.

Defenderlas suele ser poco sexy. Más aún cuando existen personas que las encabezan y tienen como misión inmolarse junto a ellas. Algo muy sintomático en los tiempos de la Cuarta Transformación.

¿Cuidar a la Suprema Corte cuando la integran personajes como Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loretta Ortíz?. La respuesta: siempre. ¿Proteger una Comisión Nacional de Derechos Humanos aún encabezada por Rosario Piedra? Todo el tiempo. ¿resguardar la investidura presidencial? Por supuesto que sí.

Si bien la degradación institucional es, en parte, consecuencia de quienes están al frente de ellas, el fenómeno responde al encumbramiento del populismo como una forma de gobierno. Pocas cosas son más seductoras que las promesas superfluas a problemas complejos. No importa si es de ideología de derecha o de izquierda, este tipo de liderazgos se aprovechan del desencanto genuino y fundamentado que tiene el ciudadano por la democracia.

En ese sentido, el nuevo intento del presidente Andrés Manuel López Obrador para reformar la Constitución es consistente con lo que ha construido narrativamente durante décadas. “Al diablo con las instituciones” y “a mí que no me vengan con que ‘la ley es la ley’” son un mantra que lo dibuja a vísperas del término de su mandato.

Se trata de la radicalización de la que muchos teóricos como Yasch Mounk hablan al referirse al círculo vicioso en el que eventualmente todos los líderes populistas caen. En su objetivo por conservar el poder comienzan a impulsar acciones desesperadas que terminan por exhibirlos en su afán. Paradójicamente las muestras de fuerza terminan por debilitarlos.

No importa cuánto se esmeren los propagandistas. El círculo termina por cerrarse y no hay narrativa que alcance. Se trata de un ciclo natural de pérdida y obtención de poder, en donde el que menor tiempo lo retiene es quien se radicaliza más rápido. En ese sentido, lo que el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador promueve con sus iniciativas de ley en el marco de la conmemoración de la Constitución son un síntoma de este fenómeno que busca dinamitar el andamiaje institucional que él mismo usó para alcanzar la Presidencia.

Buscar que la seguridad pública pase a ser controlada por el Ejército es un síntoma de radicalización. Disminuir financieramente a los organismos autónomos y minar su reputación también lo es. Dejar inoperante la búsqueda e identificación de desaparecidos forma parte. Mantener una estrategia de brazos caídos frente el crimen organizado está en la misma ruta. Intentar maniatar al Instituto Nacional Electoral y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es lo mismo.

Con un proceso electoral histórico en puerta, la única salida que queda entre la ciudadanía es apostar por las instituciones. No se trata de defender a Guadalupe Taddei, sino a un instituto que literalmente costó sangre su emancipación del gobierno. Tampoco se trata de defender a los consejeros del INAI que usan la tarjeta de crédito institucional para pagar el table dance, sino de proteger nuestro derecho a la transparencia.

Parece aburrido, pero blindar a la institucionalidad es crucial si se busca construir una sociedad más justa en todos y cada uno de los sentidos. Es la única opción para caminar dentro del espectro de la democracia liberal.

Son pocos los perfiles que abonan en ese sentido. El 2024 depende particularmente de la institución que además de calificar las elecciones del próximo 2 de junio también podrá ayudar a emitir un diagnóstico sobre la calidad democrática que vive México, se trata del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en donde la magistrada Mónica Soto acaba de asumir hace algunas semanas su presidencia.

El reto es enorme: dar certeza y proveer gobernabilidad a la lucha institucional por el poder. Los indicios, de momento son esperanzadores. Sin duda son nuevos tiempos: México tendrá una nueva presidente de la República, pero también será una mujer quien encabeza el tribunal quien calificará dicha elección.

Su reciente denuncia sobre la injerencia del crimen organizado en las elecciones de 2024 la dota de valentía al elaborar un diagnóstico certero sobre uno de los principales enemigos de la democracia.

La ratificación de la multa en contra de Morena por parte del Tribunal por la promoción ilegal de Sheinbaum se erige como un oasis en medio del desmantelamiento institucional. La apuesta, aunque poco sexy debe ser la misma siempre: defender a nuestras instituciones y también visibilizar a quienes desde ahí trabajan en beneficio del país.

Analista y consultor político. Por más de 12 años, creador de estrategias de comunicación para el sector público y privado. Licenciado en comunicación y periodismo por la UNAM y maestro en gobierno por el Instituto Ortega y Gasset. Observador del uso de las nuevas tecnologías y su impacto en la democracia.

X: @MRomero_z

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