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Opinión

Penales saturados por aplicación excesiva de prisión preventiva

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Por Michael Nazareth Márquez Enríquez*

Durante mis prácticas de pasantía en la materia de Derecho Penal, la primera vez que acudí a un Centro de Reinserción Social (CERESO) fue el Centro Preventivo y de Readaptación Social “Dr. Sergio García Ramírez” en Ecatepec de Morelos, mejor conocido como “Reclusorio Chiconautla”, durante la visita ingresé al área de locutorios para hablar con un cliente.

Durante la charla con el cliente diversas personas que están privadas de su libertad se acercaban a pedir un peso, a ofrecer servicio de limpieza de calzado, se ofrecían para ir por un cigarro o por refrescos, o algún otro servicio.

Mientras uno está ahí es normal platicar con estas personas sobre el motivo de su estancia en el Centro de Reinserción mientras llega el cliente y desde ese momento detecté que muchas personas están con prisión preventiva decretada desde el sistema inquisitivo y tienen su proceso paralizado por diversos factores como el no tener la solvencia económica para contratar un abogado o no tienen contacto con los abogados de oficio para impulsar su proceso, entre otras circunstancias. Esta situación se repite en todos y cada uno de los centros de reinserción social de nuestro país.

La prisión preventiva es una medida cautelar la cual se impone a una persona sujeta a un procedimiento penal antes de que se determine su culpabilidad[1], esta medida cautelar tiene como finalidad garantizar que el sujeto activo o imputado no se sustraiga de la acción de la justicia, garantizar la protección de la víctima y demás personas, así como evitar la obstaculización del procedimiento.

Cuando se impone la prisión preventiva a una persona esta es ingresada a un CERESO para que aguarde en este lugar en lo que desarrolla su procedimiento el cual culmina hasta que un jueza emite una sentencia.

Es de explorado derecho que en el sistema penal inquisitivo se abusó de esta medida cautelar, lo cual aunque no se quiera reconocer sigue pasando en el sistema penal acusatorio, por lo que en la reforma constitucional en materia penal del 2008 se establece el principio de subsidiariedad[2] y excepcionalidad[3] para su procedencia.  Cabe señalar que la prisión preventiva es decretada por un juez y esta puede ser oficiosa por haber cometido un delito grave o puede ser justificada la cual debe ser solicitada por el ministerio público en audiencia inicial bajo diversos argumentos.

Imponer la prisión preventiva desde mi perspectiva y, aunado a que al crear los Centros de Reinserción no se tuvo en mente que los ingresos de personas aumentarían, provoca diversos problemas en los CERESOS y al Estado.

Entre los problemas que se generan en los CERESOS destacan: el hacinamiento, la sobrepoblación, escases de materiales, menores posibilidades de poder realizar una actividad, entre otras cosas. Situaciones que se originan por el exceso de personas que se encuentran privadas de su libertad ya sea por la prisión preventiva o personas que ya se les emitió una sentencia condenatoria.

El tener a personas en prisión preventiva, y que su proceso se encuentre paralizado, genera un gasto continuo para el estado, ya que el estado se convierte en garante de estas personas y por lo tanto tiene la obligación de cubrir diversas necesidades como alimentación, salud, educación, deporte, entre otros. Los recursos económicos podrían ser utilizados en otras cosas, como lo es la expansión o modernización de dichos centros.

En el libro “¿Cuánto cuesta la prisión sin condena? Costos económicos y sociales de la prisión preventiva en México” del autor Guillermo Zepeda Lecuona[4], se establecen diversos temas en cuanto al problema de costos que generan las personas que se encuentran privadas de su libertad por la medida cautelar de prisión preventiva, en dicho libro se establece que aparte de los costos que se generan al estado, se tienen costos para los que se encuentran bajo esta medida cautelar, costos para las familias, costos para la comunidad.

De igual manera en dicho texto se critica el uso de esta medida cautelar ya que establece que el imponer la prisión preventiva oficiosa no produce ni ha producido un resultado positivo.

Si bien es cierto esta medida cautelar es solicitada por el ministerio público a menudo para los delitos que no tienen prisión preventiva oficiosa, usando como argumento toral que es para que el sujeto activo o imputado no se sustraiga de la acción de la justicia, por lo tanto si este es su argumento base ¿porque no instruir al ministerio público en que se pueden usar otras medidas cautelares para aminorar esos riesgos y así evitar la saturación de los centros de reinserción social del país? Entonces si la prisión preventiva se considera como la media cautelar más gravosa y genera más problemas que soluciones, es evidente que entonces no es funcional.

Con base en todo lo anterior se puede observar que hay muchas formas en las que se puede aminorar esta problemática de la saturación de los CERESOS del país por la prisión preventiva y algunas posibles soluciones son:

  • Otorgar más recursos por parte del Estado para la expansión o creación de nuevos centros de reinserción social tanto federales como locales, esto ayudara a combatir la sobrepoblación y el hacinamiento.
  • Agilizar los procedimientos penales para que los tiempos de la prisión preventiva disminuyan de forma considerable.
  • Instruir al personal ministerial para que soliciten como última instancia la prisión preventiva y no solo por cumplir con estadísticas.
  • Crear programas de apoyo para la revisión de los asuntos de las personas privadas de la libertad con la medida cautelar de prisión preventiva decretada desde el sistema mixto inquisitivo, ya que como lo mencione, algunos procedimientos están paralizados.

Es importante prestar atención al tema de la prisión preventiva ya que considero está muy ligado a los problemas de los centros de reinserción y el atender este tema traería grandes beneficios para el sistema penitenciario como lo es la liberación de espacios en los CERESOS.*El autor cursa la Maestría en Ciencias Penales y Criminalística, en la Facultad de Derecho de la Barra Nacional de Abogados.


[1]Cfr.  “Guillermo Zepeda Lecuona, ¿Cuánto cuesta la prisión sin condena? Costos económicos y sociales de la prisión preventiva en México, Open Society Justice Initiative, 2009. Pág. 15.

[2] Principio que estable el aplicar como última instancia la prisión preventiva cuando otra medida cautelar menos gravosa no sea suficiente para reducir la necesidad de cautela.

[3] Implica que sólo procederá la prisión preventiva cuando sea el único medio que permita asegurar los fines del proceso y que se pueda demostrar que otras medidas menos lesivas resultarían infructuosas a esos fines.

[4] “Guillermo Zepeda Lecuona. op, cit

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Alcalde por la redirección de Morena

Miguel Ángel Romero Ramírez

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En México, Morena no vivirá una crisis similar a la que viven hoy los demócratas en Estados Unidos en la que un presidente muy deteriorado en su salud, Joe Biden, además de renunciar a su relección, no encuentra opciones sólidas para reemplazarle y dar continuidad a su partido en el poder. De este lado, el presidente Andrés Manuel López Obrador garantiza que el movimiento que fundó se preserve con la próxima unción de Luisa María Alcalde como dirigente de Morena.

La comparación entre la situación en Estados Unidos y el panorama mexicano destaca una diferencia crucial en la dinámica de ambos países. Mientras que el Partido Demócrata lucha por encontrar una figura capaz de ofrecer no sólo continuidad, sino también una visión renovada para enfrentar a un implacable y popular Donald Trump, Morena tiene una ventaja estratégica con el liderazgo emergente de Alcalde. Su figura representa una amalgama entre juventud, experiencia y compromiso que puede revitalizar el movimiento sin perder de vista sus principios fundacionales.

En Estados Unidos, la falta de un relevo generacional claro y relevante ha puesto al Partido Demócrata en una posición de vulnerabilidad. La ausencia de jóvenes preparados para asumir el mando, junto con la creciente desconfianza hacia las figuras establecidas, ha generado un vacío que amenaza con desestabilizar por completo al partido. Esta crisis de liderazgo no sólo pone en riesgo la continuidad del legado de Biden y de los demócratas, sino que también refleja una anomalía de representación y obsolescencia partidaria.

En contraste, Luisa María Alcalde, en México, se consolida como una figura que, además de inyectar frescura y dinamismo al partido Morena –el cual padece un proceso anticipado de deterioro a partir del sectarismo y tribalismo– también se constituye como una fiel vigilante de que el proyecto delineado por el saliente presidente AMLO no tenga distracciones.

Con 37 años (en agosto), su ascenso en septiembre será una declaración de principios: un regreso a los valores originales del movimiento, impulsado por una visión progresista que buscará responder a las necesidades actuales de México y de América Latina.

En su paso por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y la Secretaría de Gobernación, Alcalde Luján ha venido reuniendo experiencia y nuevas capacidades que la facultan para enfrentar desafíos complejos en un momento muy particular para México y su lugar en la región. No será fácil y de su actuar dependerá, en parte, la permanencia del partido en el poder hacia adelante.

Los retos son vastos y de dimensiones diversas. Desde cómo construirá una narrativa que acompañe a la administración de la próxima presidenta, Claudia Sheinbaum; hasta la reconfiguración del tablero político en todos y cada uno de los rincones del país, siendo el elefante en la sala, el crimen organizado que ha logrado incrustarse y mimetizarse como militancia en algunas regiones de México.

Aunado a ello, la renovación del partido exige la evolución de un instituto político que, sin abandonar sus principios, deje atrás la polarización como un elemento primordial para la generación de adeptos.

Es también, una oportunidad para que la principal fuerza política en el país – que recibe dinero en función de los votos que obtuvo– se acerque a una madurez ideológica y supere el reduccionismo político de todo clasificarlo, según convenga, entre izquierda y derecha. En una sociedad progresista que busca la justicia social, dicha práctica es obsoleta y anticuada.

No cabe duda, el fundador de Morena, Andrés Manuel López Obrador, quien pasará a la historia como un poderoso gobernante populista de línea dura con señalamientos en su administración, también lo hará como un animal político excepcional que le abrió la puerta a México a tener la primer mujer presidenta y que construye el blindaje de su legado con una joven y poderosa Alcalde Luján, quien se erige como el verdadero relevo generacional.

Apuntes:

Resulta curioso e incluso cómico ver y escuchar a expriistas reconvertidos a morenistas asegurar que Luisa María Alcalde aporta certeza al partido de Morena. ¿Nerviosismo u oportunismo?

Miguel Ángel Romero Ramírez
Miguel Ángel Romero Ramírez: Analista y consultor político. Por más de 12 años, creador de estrategias de comunicación para el sector público y privado. Licenciado en comunicación y periodismo por la UNAM y maestro en gobierno por el Instituto Ortega y Gasset. Observador del uso de las nuevas tecnologías y su impacto en la democracia.
X: @MRomero_z

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Limitar sobrerrepresentación hace al Congreso local plural y equilibrado

Por Alejandro Gamboa C.

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La sobrerrepresentación política es un fenómeno electoral que distorsiona la voluntad popular, asignando más escaños a ciertos partidos de los que proporcionalmente les corresponderían según los votos obtenidos. En México, este problema se ha acentuado debido a brechas en el sistema de asignación de escaños y la tendencia de los actores políticos a maximizar su poder.

La democracia es un régimen que se nutre del pluralismo y reconoce la diversidad política. Murayama (2019) señala que transformar los votos en curules o escaños es una tarea que no ha sido sencilla en México, debido a su compleja evolución hacia un sistema más democrático.

Este principio es esencial para entender la importancia de reglas adecuadas que eviten la sobrerrepresentación y aseguren una representación justa y proporcional en el Congreso.

Rol del INE y el TEPJF. El Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) juegan un papel crucial en la regulación y resolución de problemas electorales. La autonomía constitucional del INE y la existencia del TEPJF permiten abordar y resolver cuestiones relacionadas con la sobrerrepresentación y otros vicios del sistema electoral.

El acuerdo INE/CG193/2021 introdujo el principio de militancia efectiva, que verifica la afiliación efectiva de los candidatos al momento del registro de la candidatura, garantizando así una asignación justa de curules.

El principio de militancia efectiva se justifica para lograr un mejor equilibrio entre la emisión del voto ciudadano y la asignación efectiva de curules en la Cámara de Diputados. Este principio asegura que los escaños se asignen de manera proporcional a los partidos, previniendo violaciones a los límites constitucionales de sobrerrepresentación, como las ocurridas en el proceso electoral de 2018.

La reforma constitucional del 10 de febrero de 2014 introdujo límites a la sobrerrepresentación y subrepresentación en los congresos locales, estableciendo que ningún partido puede tener una representación mayor o menor al 8% de la votación obtenida. En su momento se argumentó que la reforma es una norma completa y de eficacia plena, sin necesidad de ajustes normativos adicionales.

Limitar la sobrerrepresentación tiene el potencial de convertir al Congreso local en un órgano más plural y equilibrado, mejorando el control sobre las políticas públicas del Ejecutivo local. Este equilibrio fomenta el diálogo y evita que un solo partido domine la legislatura, a menos que gane por mayoría relativa en todos los distritos electorales.

La sobrerrepresentación política en México es un problema complejo que distorsiona la voluntad popular y afecta la representación proporcional en el Congreso. La introducción del principio de militancia efectiva y los límites establecidos por la reforma constitucional de 2014 fueron pasos importantes hacia la corrección de este problema.

¿Cómo conciliar la voluntad general que votó en 2024 de forma abrumadora y la sobrerrepresentación, sin atentar contra esa voluntad manifestada en las urnas?

La implementación de estas medidas y la intervención de las autoridades electorales son esenciales para asegurar una representación justa y equilibrada, que refleje verdaderamente la diversidad y pluralismo de la sociedad mexicana.

A pesar del problema, no hay otra opción que la continua vigilancia y adaptación y mejora continua de las normas electorales, con el objetivo de mantener la integridad y legitimidad del sistema democrático mexicano.

Por Alejandro Gamboa C.
Alejandro Gamboa C.
Licenciado en periodismo con estudios en Ciencia Política y Administración Pública (UNAM) Enfocado a las comunicaciones corporativas.
Colaboró como co editor Diario Reforma. En temas de ciencia y comunicación en Milenio y otros medios digitales. Cuenta con 15 años dedicado a las Relaciones Públicas. Ha colaborado en la fundación de la Agencia Umbrella RP. Ha realizado trabajos como corrector de estilo, creador de contenidos y algunas colaboraciones como profesor en escuelas locales.

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Dos Bocas, barril sin fondo en uso de recursos públicos

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Después de dos años de haber sido inaugurada, la refinería Dos Bocas (oficialmente, Refinería Olmeca) empezó a producir gasolina y diésel. Sin más información que el presunto procesamiento de 73 mil barriles diarios de diésel y 40 mil barriles de gasolina, es un alivio que la refinería sí refine porque ha tenido tantos problemas para entrar en operación que hasta su capacidad de producir combustibles se había puesto en duda.

La planta ubicada en Tabasco fue diseñada para producir 170,000 barriles diarios de gasolina y 120,000 barriles de diésel; fue inaugurada en julio de 2022 sin producir un solo barril de combustibles, pero sí ha sido un barril sin fondo en el uso de recursos públicos.

Hasta el momento, la producción no alcanza ni siquiera la mitad de la capacidad prevista, pero debemos confiar en que los problemas técnicos y operativos que ha presentado la magna obra sean solventados en algún momento.

Esa obra insignia del presidente Andrés Manuel López Obrador costaría -en un inicio- 8 mil millones de dólares y terminará con una inversión de 16 mil millones de dólares, es decir lo doble de lo previsto Desde su planeación, la séptima refinería de México ha generado controversias porque hay quienes piensan que se trata de un gasto innecesario porque lo inn son los autos eléctricos, pero al menos hasta el 2050 persistirá la demanda de petrolíferos.

El proyecto buscaba reducir la dependencia energética y alcanzar la autosuficiencia en la producción de combustibles del país; sin embargo, el deterioro del resto de las refinerías y el aplazamiento de esta nueva han ocasionado que las compras de gasolinas y diésel representen casi el 60% y más del 50%, respectivamente.

En mayo de 2019, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que sería Petróleos Mexicanos la responsable de la construcción de la refinería, bajo la administración de la Secretaría de Energía al mando de Rocío Nahle. Su construcción llevaría tres años.

Con dos años de retraso, es de esperarse que la Refinería Olmeca ahora sí opere a toda su capacidad para demostrar que es un proyecto rentable, porque se han invertido recursos públicos derivados de impuestos.

Los petrolíferos que produzca contribuirían a reducir las compras en el extranjero para abastecer el mercado nacional y, al reducir las compras en el extranjero se generan ahorros significativos para el presupuesto público, mejorando y fortaleciendo la economía nacional.

Además, la operación de la refinería impulsa el desarrollo económico de la región sureste del país, generando empleos directos e indirectos y atrayendo inversiones en infraestructura y servicios.

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