En el “Foro Estatal: maíz transgénico, fracking, minería y agua”, organizado por la Comisión de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria, de la Cámara de Diputados, realizado en la sede de la Universidad Autónoma de la Universidad de Nuevo León (UANL), representantes de la industria minería, entre ellos de la Cámara Minera de México (Camimex) pidieron a los integrantes del Congreso de la Unión tomen con seriedad la importancia de la minería en nuestro país.
La directora general de la Camimex, Karen Flores Arredondo, mencionó que la minería a cielo abierto aporta más de 60% del valor de la producción minera metalúrgica nacional.
Aseguró que prohibir esta actividad, como pretende el Ejecutivo, sería catastrófico para la industria, para la economía del país y para más de 3 millones de personas que dependen de la actividad.
El evento fue organizado con diferentes mesas de análisis en las que participaron representantes de los diversos partidos políticos y en las que se consideraron los puntos de vista y opiniones de expertos respecto al Proyecto de Decreto por el que se Reforman Diversas Disposiciones de la Constitución en Materia de Derecho a la Alimentación, Medio Ambiente Sano y Derecho al Agua, emitido por el Ejecutivo el 5 de febrero.
En ese sitio Flores Arredondo explicó que el tipo de minado de la minería a cielo abierto es un proceso en el cual se incluyen las canteras, la sal, el litio, y otros minerales que conforman el cemento y los materiales de construcción que también se verían afectados, “y México sufriría un déficit difícil de revertir”, alertó.
Es decir, sólo por poner un ejemplo, si el gobierno cierra las minas a cielo abierto se quedaría sin litio y su proyecto Litio para México que tiene como objetivo realizar la exploración, explotación, beneficio y aprovechamiento del litio también tendría que cerrar sus puertas.
Prohibir la minería a cielo abierto afectaría a 70 industrias, a más de 200 mil empleos directos, a un millón de empleos indirectos, a cerca de 20 mil estudiantes de carreras en Ciencias de la Tierra; dejaría de generar más de 40 mil millones de pesos en impuestos que, obvio, obtiene el gobierno y se dejarían de percibir 14 mil millones de pesos en ingresos.
La directiva de Camimex planteó que, si se impulsa la minería mexicana y se aprovecha para beneficio de todos, “podemos crecer en extracción de 2.4 a 3%; generaría más de 500 mil empleos directos, crearía inversiones superiores a los 28 mil millones de dólares y, al mismo tiempo, derivaría en beneficio para todos los habitantes de las comunidades mineras.
En ese sentido, es conveniente recordar que, en un estudio de la Universidad Nacional Autónoma de México, se comprobó que 91% de las comunidades mineras cuentan con el mayor índice de calidad de vida porque tienen excelentes servicios en salud, educación, infraestructura, entre otros.
Este sector productivo genera una derrama económica en más de 696 comunidades ubicadas en el país que asciende a más de 249 mil millones de pesos y en donde se generan empleos y negocios alternos a la minería.
La industria minera contribuye de manera importante al erario federal: en los últimos siete años pagó 300 mil millones de pesos en impuestos, que al año representaron más de 72 mil millones de pesos.
Este sector, a diferencia de otras industrias, no sólo paga el Impuesto Sobre la Renta (ISR), sino otros derechos adicionales: 7% sobre las utilidades; .5% para los mineros que producen oro y plata.
Dijo que, si la pretensión del gobierno federal es cerrar las zonas mineras, ya sea por declararlas áreas protegidas o prohibidas, pues “las van a dejar como tierra de nadie y quedarán en manos de gente que vive el margen de la ley”.
La diputada Luz Adriana Candelario indicó que los resultados de los foros serán enviados a la Cámara de Diputados (a la Junta de Coordinación Política) para su análisis y posterior discusión por los integrantes de todos los partidos políticos. Al tiempo.
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