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Opinión

Olvidadas por sociedad y gobierno, personas recluidas en cárceles

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Por Leslie Karla Acosta Herrera**

Los derechos humanos son el conjunto de prerrogativas inherentes que tenemos las personas por el sólo hecho de ser persona, éstos están reconocidos en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los Tratados Internacionales en los que el Estado Mexicano forma parte.

Por su evolución, estos derechos pueden distinguirse en tres generaciones que han estado presentes en la historia de la humanidad:

Primera Generación:

Los derechos civiles y políticos, los que incluyen el derecho de las personas a la vida, a un nombre, a la nacionalidad, a la igualdad, la libertad, a seguridad, libertad de tránsito, de credo, de pensamiento, de expresión, a formar una familia, a la no discriminación, a la prohibición de la esclavitud, tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes.

Segunda Generación:

Se refiere a los denominados derechos económicos, sociales y culturales.

Tercera Generación:

Se refiera los derechos de los pueblos, de solidaridad, ambientales, el derecho al trabajo, a la seguridad social, a la educación, a la salud, a la cultura y a un ambiente sano.

En nuestra constitución, se consagran estos derechos, así como establece los principios por los que deben regirse estos derechos:

Universalidad

Interdependencia

Indivisibilidad

Progresividad

Todas las personas tenemos el deber de respetar los derechos humanos, incluyendo a las personas que desempeñan un empleo, cargo o comisión al servicio del Estado, en el ámbito de sus competencias. Asimismo, el Estado debe de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones de que son objeto sus ciudadanos sin importar su condición.

La vulneración de los derechos humanos se manifiesta al presentarse ya sea por acción o por omisión de alguno de los agentes del poder público, al margen de sus facultades.

El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS), calificó como pandemia la emergencia sanitaria ocasionada por COVID-19, por la cantidad de casos de contagio y de países involucrados, y emitió una serie de recomendaciones para su control.

El mundo entero se enfrenta una emergencia sanitaria sin precedentes ocasionada por la pandemia en la que, sin duda, ningún Estado, autoridad o persona estaba preparado y ante la situación, las medidas adoptadas por los Estados en la atención y contención del virus debieron tener como centro el pleno respeto de los derechos humanos.

Los Estados, al momento de emitir medidas de emergencia y contención frente a la pandemia, deben atender las necesidades y el impacto que causarán en estos grupos históricamente excluidos o en especial riesgo, como son: personas mayores, personas con enfermedades preexistentes, personas privadas de su libertad, mujeres, niños y adolescentes, pueblos indígenas, personas en situación de movilidad humana como migrantes y refugiados, personas con discapacidad, profesionales de la salud.

Y, es que, éstos han sido gravemente afectados, de forma diferenciada, sobre las sociedades en general, pero sobre todo a las personas y grupos en situación de especial vulnerabilidad.

Estos grupos son prácticamente invisibles porque históricamente han sido excluidos por la sociedad y por sus gobiernos, al no considerarlos como parte de los llamados grupos vulnerables, de cara a la grave crisis penitenciaria que afectan a la mayoría de los países; especialmente a países latinoamericanos.

Esto supone retos mayores para los Estados, en términos de políticas públicas, medidas sanitarias y decisiones tomadas con base a sus gobernantes y tipos de gobiernos, así como a sus capacidades económicas en su lucha para reducir la propagación del agente patógeno.

Respecto de las personas privadas de su libertad, el Estado Mexicano, debió adoptar medidas para enfrentar el hacinamiento, situación que aqueja a la mayoría de los centros penitenciarios de nuestro país, por el simple hecho de que, las personas que están privadas de su libertad se encuentran en mayor riesgo de salud frente a los contagios de COVID-19, tales como:

Adecuar las condiciones de las personas privadas de libertad particularmente, en lo que respecta a alimentación, protección a la salud, saneamiento y medidas de cuarentena para impedir los contagios, garantizar atención médica, pruebas de detección de virus, pruebas de antígenos, medicamentos, infusiones, y en general todos aquellos trabajos y acciones que el gobierno de la Ciudad de México está llevando cabo de cara a la pandemia.

Algunos centros de reclusión adoptaron medidas en la lucha contra la propagación de la COVID-19, sin embargo, solo fueron aplicados al inicio de la pandemia, y muchas de estas medidas fueron desvaneciéndose con el paso de los meses.

En los casi 300 centros penitenciarios que existen en nuestro país, las deficiencias con mayor incidencia, de acuerdo con el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2017 (DNSP), emitido por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), son:

Falta de separación entre procesados y los sentenciados,

Deficientes condiciones materiales, de equipamiento e higiene de las áreas de dormitorios.

Insuficiente personal de seguridad, de custodios, de médicos y profesionales de la salud física y mental.

Deficientes y precarias condiciones de materiales e higiene de áreas médicas,

Carencia de instrumental médico, de unidades odontológicas y hospitalarias.

Deficiencia en la atención a personas adultas mayores, de personas con enfermedades preexistentes, de personas con algún tipo de discapacidad.

El Hacinamiento.

En consecuencia, con el alto número de reportes y deficiencias en las que viven las personas privadas de su libertad, refiriéndome al tema de salud en especial, es evidente que el Estado no les garantiza el derecho a la protección de la salud.

Actualmente, los gobiernos deben actuar en protección de estos grupos históricamente excluidos, debiéndolos considerar como prioridad para ser inoculados, por lo que, deben formar parte del programa de vacunación, por las siguientes razones:

 Las personas privadas de su libertad presentan un riesgo mayor al enfrentarse al COVID-19.

Las condiciones en las que viven no les permite tener las medidas universales de “la sana distancia”, no pueden aislarse y por tanto no pueden confinarse.

Tienen nulo o limitado acceso a equipo de protección como cubrebocas, gel antibacterial, y cualquier otra sustancia sanitizante, caretas, lentes protectores, termómetros, oxímetros, alcohol desinfectante, etc.

Algunos centros de reclusión aún carecen de sistemas adecuados de drenaje, por lo que, ni siquiera pueden garantizarles su limpieza y lavado de manos.

Los centros penitenciarios son focos de infección para las colonias aledañas, así como para los visitantes (familiares, amistades, abogados)

Deficientes y precarios servicios de salud, y acceso a medicamentos.

El gobierno tiene la responsabilidad de proteger la salud y el derecho a la vida de todas las personas privadas de su libertad.

¡La salud es para todos, sin excepción, sin discriminación!

**Leslie Karla Acosta, estudia la Maestría en Ciencias Penales y Criminalística en la Facultad de Derecho de la Barra Nacional de Abogados.

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El crimen de periodistas

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 * Somos 1er lugar en el mundo 

* Terror y angustia imperan 

 La Secretaría de Gobernación (Segob), informó que de diciembre de 2018 a la fecha 43 periodistas y 68 defensores de los derechos humanos han sido asesinados en el país. Una cifra negra que lacera el alma, más cuando se trata de dos sectores tan vulnerados. 

 La Segob, precisó que siete periodistas y dos defensores eran beneficiarios del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Es evidente que el mecanismo tiene fallas contundentes, ya que en estos casos no funcionaron. 

 Este enero que aún no termina, ya van tres comunicadores ejecutados, en el orden, el pasado 10 del mes, en Veracruz fue asesinado el periodista José Luis Gamboa Arena y, apenas el viernes 21 mataron al fotoperiodista Margarito Martínez, el domingo 23, las balas acabaron con la vida de Lourdes Maldonado, pese a la custodia municipal que le habían asignado. 

Sobre Lourdes, en un Tuit, la Fiscalía General del Estado informó que una mujer periodista fue asesinada en la colonia Santa Fe, en la ciudad de Tijuana, a causa de las heridas resultantes al haber sido atacada con un arma de fuego, mientras se encontraba en un vehículo.  

Era muy conocida y querida en el gremio por su experiencia en medios importantes, amén de su sencillez y buen trato con quienes la trataron y su ejecución estremeció a sus cercanos. 

La periodista temía por su vida y pidió ayuda al presidente Andrés Manuel López Obrador en una conferencia matutina, se le concedió, pero ya sabemos su inoperancia. El domingo fue asesinada en un ataque frente a su casa. 

Fue en la mañanera del 26 de marzo del 2019, que, en Palacio Nacional se presentó como periodista del Semanario del Séptimo Día y, tras cuestionar al mandatario sobre comercio y la aduana, señaló que tenía una situación relacionada a una demanda laboral. Era con la empresa de Jaime Bonilla, ex gobernador. 

“No se puede vincular asesinato de periodista con demanda contra empresa de Jaime Bonilla”, afirmó el presidente en la mañanera de ayer. Es totalmente verdad, pero prometió que se hará una profunda indagación y se esperan resultados y no ocurra como los del resto que la mayor parte están olvidados. 

Otro caso emblemático, es el de José Luis Gamboa Arena: después de un video en el que desmenuzó la complicidad de los grupos delincuentes organizados y sus nexos con políticos encumbrados del estado, pelos y señales con valor suicida; cobró venganza y fue ultimado este 10 de enero y hay lúgubre silencio. 

Datos de Reporteros Sin Fronteras, 39 profesionales de medios de comunicación fueron asesinados por su labor en lo que va de año. La cifra de noviembre 2021 y con siete crímenes registrados en lo que va de año, México se convirtió en el país más mortífero para el gremio. Le siguen Afganistán y la India. Empieza 2022. 

rrrart2000@hotmail.com y Facebook 

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Opinión

La filiación de México a EU

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* Es desde Miguel Hidalgo 

* Con rigor desde 1924 

En marzo, 21 de 1811: prendieron en Acatita de Baján, Coahuila, a Miguel Hidalgo y a los más importantes insurgentes de la lucha por la independencia mexicana. Iban a solicitar ayuda económica a los Estadio Unidos para la causa. 

José María Morelos y Pavón, pactó a cambio de apoyo financiero y el reconocimiento de México con el mismo país la construcción de un Canal que partiera de Veracruz a Salina Cruz, Oaxaca a través de Juan Pablo Anaya que no se concretó. 

Y, de acuerdo a historiadora Patricia Galeana, que nos entrega: Si Juárez no hubiera firmado, la ayuda de Estados Unidos no se habría dado y el gobierno liberal habría desaparecido”. Así que, con todo, la 4T, le debe el liberalismo al país vecino.

Robert Lansing, secretario de Estado de EUA dirigió a William Randolph Hearst en Febrero de1924, una carta en la que aconsejó “abrirles a los jóvenes mexicanos ambiciosos las puertas de sus universidades y hacer el esfuerzo de educarlos en el modo de vida americano, en nuestros valores y en el respeto del liderazgo de Estados Unidos”.  

Y fue en la administración de Miguel de la Madrid Hurtado cuando se desató fiebre de estudiantes ambiciosos con miras políticas para ingresar a las universidades del vecino país, verbigracia, Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo entre otros que ocuparon cargos importantes en el gobierno mexicano.  

Recordemos la irreflexión del presidente al afirmar que, a que las personas que van a estudiar a la Universidad de Harvard o en alguna otra universidad del extranjero, son personas que únicamente van a aprender a robar, o a ayudar a que roben otros para quedarse con las “migajas” del botín. 

 Con ello les dio sopapo a 12 colabores cercanos, entre ellos Marcelo Ebrard, Olga Sánchez Cordero, Jhon Hakerman y su esposa que ya se fue, Jorge Alcocer, Miguel Torruco, Luisa María Alcalde, Javier Jiménez Spriú, Josefa Blanco Ortiz, Esteban Moctezuma, Román Meyer Falcón y Graciela Márquez Colín. Estudiaron en el extranjero. 

Pero también los impreparados de su gobierno, que abundan, tanto en su gabinete como en provincia y legislaturas; han sido exhibidos en actos corruptos, pues en materia de honestidad, han reprobado que únicamente se perfeccionaron en acciones putrefactas. 

 El ataque a la corrupción fue el arma más contundente del presidente en campaña que se ha desdibujado en el ejercicio de su gestión; nadie ignora que los señalamientos son sólo para adversarios y todo el arrope para los de su grupo y sin consecuencias. Ejemplos claros abundan. 

Corrupción: Preferencia, aprovisionamiento, negociación, amiguismo, nepotismo, discriminación, favoritismo y exclusión; poder, fraude, desfalco, malversación, influencia, acoso, omisión, protección, pago, lavado de dinero, soborno, estafa, extorsión y propina. Ubique lector, cuáles de estos términos hemos conocido en funcionarios de la 4T… 

rrrart2000@hotmail.com y Facebook 

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Meméxico lindo y…

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El lunes 17 de enero inició el Parlamento Abierto en la Cámara de Diputados para debatir la contrarreforma que el presidente López Obrador presentó en materia de energía (Reforma Eléctrica), y que pretende, entre otras cosas, acabar con la competencia en el sector energético.

Este ejercicio se desarrolla a partir de este día y hasta el 15 de febrero, y pretende echar atrás la reforma en materia de energía de 2013 y dar paso a la presentada por el jefe del Ejecutivo el pasado 30 de septiembre del 2021, en donde se plantea reformar los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de energía y recursos naturales.

En la primera sesión de trabajo, a la cual acudieron varios gobernadores, el partido en el gobierno mostró músculo, pues sus mandatarios estatales de Campeche, Ciudad de México, Guerrero, San Luis Potosí y Sonora cerraron filas con la iniciativa presidencial.

A pesar de que los ejecutivos estatales de oposición no fueron escuchados, hubo un reconocimiento por parte de los diputados federales morenistas de que la aprobación de la contrarreforma presidencial necesita de la oposición, la cual ha declarado que busca otros objetivos, como la prevalencia de las energías limpias.

Con esta declaración queda claro que por esta vez la aplanadora morenista en el Congreso de la Unión no podrá echar mano de la simulación mediante el Parlamento Abierto, pues ahí se escuchará a políticos, académicos, expertos en materia energética y ciudadanas y ciudadanos que no comparten la visión energética del presidente.

Cabe señalar que, de aprobarse, sin moverle una coma, tal y como lo ha dicho el tabasqueño, la propuesta de Reforma Eléctrica lópezobradorista tendría graves repercusiones a nivel nacional e internacional que afectarían a las familias mexicanas como, por ejemplo, el aumento de las tarifas eléctricas, tanto a nivel doméstico como industrial.

La primera y más importante, como se mencionó líneas arriba, es que acabaría con la competencia en materia del sector eléctrico para regresar a un modelo monopólico de la Comisión Federal de Electricidad. Este modelo produciría al menos el 54% de la energía eléctrica requerida en el país, en el que se controlaría la participación privada.

Además, desaparecerían a los órganos reguladores en la materia como la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía, con lo que se eliminarían los contrapesos. Las atribuciones de ambos órganos reguladores se incorporarían a la Secretaría de Energía.

En el ámbito mundial se romperían los acuerdos internacionales suscritos por el Estado mexicano en materia del cuidado del medio ambiente, como el Acuerdo de París o el T-MEC.

Por estas y otras razones es necesario que las y los mexicanos estemos atentos a los resolutivos de este Parlamento Abierto y posteriormente a la votación en San Lázaro. Es hora de participar y ganarle a la visión de un solo hombre, es hora de luchar por México.

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