Conecta con nosotros

Opinión

Olvidadas por sociedad y gobierno, personas recluidas en cárceles

Publicado

el

Por Leslie Karla Acosta Herrera**

Los derechos humanos son el conjunto de prerrogativas inherentes que tenemos las personas por el sólo hecho de ser persona, éstos están reconocidos en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los Tratados Internacionales en los que el Estado Mexicano forma parte.

Por su evolución, estos derechos pueden distinguirse en tres generaciones que han estado presentes en la historia de la humanidad:

Primera Generación:

Los derechos civiles y políticos, los que incluyen el derecho de las personas a la vida, a un nombre, a la nacionalidad, a la igualdad, la libertad, a seguridad, libertad de tránsito, de credo, de pensamiento, de expresión, a formar una familia, a la no discriminación, a la prohibición de la esclavitud, tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes.

Segunda Generación:

Se refiere a los denominados derechos económicos, sociales y culturales.

Tercera Generación:

Se refiera los derechos de los pueblos, de solidaridad, ambientales, el derecho al trabajo, a la seguridad social, a la educación, a la salud, a la cultura y a un ambiente sano.

En nuestra constitución, se consagran estos derechos, así como establece los principios por los que deben regirse estos derechos:

Universalidad

Interdependencia

Indivisibilidad

Progresividad

Todas las personas tenemos el deber de respetar los derechos humanos, incluyendo a las personas que desempeñan un empleo, cargo o comisión al servicio del Estado, en el ámbito de sus competencias. Asimismo, el Estado debe de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones de que son objeto sus ciudadanos sin importar su condición.

La vulneración de los derechos humanos se manifiesta al presentarse ya sea por acción o por omisión de alguno de los agentes del poder público, al margen de sus facultades.

El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS), calificó como pandemia la emergencia sanitaria ocasionada por COVID-19, por la cantidad de casos de contagio y de países involucrados, y emitió una serie de recomendaciones para su control.

El mundo entero se enfrenta una emergencia sanitaria sin precedentes ocasionada por la pandemia en la que, sin duda, ningún Estado, autoridad o persona estaba preparado y ante la situación, las medidas adoptadas por los Estados en la atención y contención del virus debieron tener como centro el pleno respeto de los derechos humanos.

Los Estados, al momento de emitir medidas de emergencia y contención frente a la pandemia, deben atender las necesidades y el impacto que causarán en estos grupos históricamente excluidos o en especial riesgo, como son: personas mayores, personas con enfermedades preexistentes, personas privadas de su libertad, mujeres, niños y adolescentes, pueblos indígenas, personas en situación de movilidad humana como migrantes y refugiados, personas con discapacidad, profesionales de la salud.

Y, es que, éstos han sido gravemente afectados, de forma diferenciada, sobre las sociedades en general, pero sobre todo a las personas y grupos en situación de especial vulnerabilidad.

Estos grupos son prácticamente invisibles porque históricamente han sido excluidos por la sociedad y por sus gobiernos, al no considerarlos como parte de los llamados grupos vulnerables, de cara a la grave crisis penitenciaria que afectan a la mayoría de los países; especialmente a países latinoamericanos.

Esto supone retos mayores para los Estados, en términos de políticas públicas, medidas sanitarias y decisiones tomadas con base a sus gobernantes y tipos de gobiernos, así como a sus capacidades económicas en su lucha para reducir la propagación del agente patógeno.

Respecto de las personas privadas de su libertad, el Estado Mexicano, debió adoptar medidas para enfrentar el hacinamiento, situación que aqueja a la mayoría de los centros penitenciarios de nuestro país, por el simple hecho de que, las personas que están privadas de su libertad se encuentran en mayor riesgo de salud frente a los contagios de COVID-19, tales como:

Adecuar las condiciones de las personas privadas de libertad particularmente, en lo que respecta a alimentación, protección a la salud, saneamiento y medidas de cuarentena para impedir los contagios, garantizar atención médica, pruebas de detección de virus, pruebas de antígenos, medicamentos, infusiones, y en general todos aquellos trabajos y acciones que el gobierno de la Ciudad de México está llevando cabo de cara a la pandemia.

Algunos centros de reclusión adoptaron medidas en la lucha contra la propagación de la COVID-19, sin embargo, solo fueron aplicados al inicio de la pandemia, y muchas de estas medidas fueron desvaneciéndose con el paso de los meses.

En los casi 300 centros penitenciarios que existen en nuestro país, las deficiencias con mayor incidencia, de acuerdo con el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2017 (DNSP), emitido por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), son:

Falta de separación entre procesados y los sentenciados,

Deficientes condiciones materiales, de equipamiento e higiene de las áreas de dormitorios.

Insuficiente personal de seguridad, de custodios, de médicos y profesionales de la salud física y mental.

Deficientes y precarias condiciones de materiales e higiene de áreas médicas,

Carencia de instrumental médico, de unidades odontológicas y hospitalarias.

Deficiencia en la atención a personas adultas mayores, de personas con enfermedades preexistentes, de personas con algún tipo de discapacidad.

El Hacinamiento.

En consecuencia, con el alto número de reportes y deficiencias en las que viven las personas privadas de su libertad, refiriéndome al tema de salud en especial, es evidente que el Estado no les garantiza el derecho a la protección de la salud.

Actualmente, los gobiernos deben actuar en protección de estos grupos históricamente excluidos, debiéndolos considerar como prioridad para ser inoculados, por lo que, deben formar parte del programa de vacunación, por las siguientes razones:

 Las personas privadas de su libertad presentan un riesgo mayor al enfrentarse al COVID-19.

Las condiciones en las que viven no les permite tener las medidas universales de “la sana distancia”, no pueden aislarse y por tanto no pueden confinarse.

Tienen nulo o limitado acceso a equipo de protección como cubrebocas, gel antibacterial, y cualquier otra sustancia sanitizante, caretas, lentes protectores, termómetros, oxímetros, alcohol desinfectante, etc.

Algunos centros de reclusión aún carecen de sistemas adecuados de drenaje, por lo que, ni siquiera pueden garantizarles su limpieza y lavado de manos.

Los centros penitenciarios son focos de infección para las colonias aledañas, así como para los visitantes (familiares, amistades, abogados)

Deficientes y precarios servicios de salud, y acceso a medicamentos.

El gobierno tiene la responsabilidad de proteger la salud y el derecho a la vida de todas las personas privadas de su libertad.

¡La salud es para todos, sin excepción, sin discriminación!

**Leslie Karla Acosta, estudia la Maestría en Ciencias Penales y Criminalística en la Facultad de Derecho de la Barra Nacional de Abogados.

Continuar leyendo

Opinión

Alcalde por la redirección de Morena

Miguel Ángel Romero Ramírez

Publicado

el

En México, Morena no vivirá una crisis similar a la que viven hoy los demócratas en Estados Unidos en la que un presidente muy deteriorado en su salud, Joe Biden, además de renunciar a su relección, no encuentra opciones sólidas para reemplazarle y dar continuidad a su partido en el poder. De este lado, el presidente Andrés Manuel López Obrador garantiza que el movimiento que fundó se preserve con la próxima unción de Luisa María Alcalde como dirigente de Morena.

La comparación entre la situación en Estados Unidos y el panorama mexicano destaca una diferencia crucial en la dinámica de ambos países. Mientras que el Partido Demócrata lucha por encontrar una figura capaz de ofrecer no sólo continuidad, sino también una visión renovada para enfrentar a un implacable y popular Donald Trump, Morena tiene una ventaja estratégica con el liderazgo emergente de Alcalde. Su figura representa una amalgama entre juventud, experiencia y compromiso que puede revitalizar el movimiento sin perder de vista sus principios fundacionales.

En Estados Unidos, la falta de un relevo generacional claro y relevante ha puesto al Partido Demócrata en una posición de vulnerabilidad. La ausencia de jóvenes preparados para asumir el mando, junto con la creciente desconfianza hacia las figuras establecidas, ha generado un vacío que amenaza con desestabilizar por completo al partido. Esta crisis de liderazgo no sólo pone en riesgo la continuidad del legado de Biden y de los demócratas, sino que también refleja una anomalía de representación y obsolescencia partidaria.

En contraste, Luisa María Alcalde, en México, se consolida como una figura que, además de inyectar frescura y dinamismo al partido Morena –el cual padece un proceso anticipado de deterioro a partir del sectarismo y tribalismo– también se constituye como una fiel vigilante de que el proyecto delineado por el saliente presidente AMLO no tenga distracciones.

Con 37 años (en agosto), su ascenso en septiembre será una declaración de principios: un regreso a los valores originales del movimiento, impulsado por una visión progresista que buscará responder a las necesidades actuales de México y de América Latina.

En su paso por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y la Secretaría de Gobernación, Alcalde Luján ha venido reuniendo experiencia y nuevas capacidades que la facultan para enfrentar desafíos complejos en un momento muy particular para México y su lugar en la región. No será fácil y de su actuar dependerá, en parte, la permanencia del partido en el poder hacia adelante.

Los retos son vastos y de dimensiones diversas. Desde cómo construirá una narrativa que acompañe a la administración de la próxima presidenta, Claudia Sheinbaum; hasta la reconfiguración del tablero político en todos y cada uno de los rincones del país, siendo el elefante en la sala, el crimen organizado que ha logrado incrustarse y mimetizarse como militancia en algunas regiones de México.

Aunado a ello, la renovación del partido exige la evolución de un instituto político que, sin abandonar sus principios, deje atrás la polarización como un elemento primordial para la generación de adeptos.

Es también, una oportunidad para que la principal fuerza política en el país – que recibe dinero en función de los votos que obtuvo– se acerque a una madurez ideológica y supere el reduccionismo político de todo clasificarlo, según convenga, entre izquierda y derecha. En una sociedad progresista que busca la justicia social, dicha práctica es obsoleta y anticuada.

No cabe duda, el fundador de Morena, Andrés Manuel López Obrador, quien pasará a la historia como un poderoso gobernante populista de línea dura con señalamientos en su administración, también lo hará como un animal político excepcional que le abrió la puerta a México a tener la primer mujer presidenta y que construye el blindaje de su legado con una joven y poderosa Alcalde Luján, quien se erige como el verdadero relevo generacional.

Apuntes:

Resulta curioso e incluso cómico ver y escuchar a expriistas reconvertidos a morenistas asegurar que Luisa María Alcalde aporta certeza al partido de Morena. ¿Nerviosismo u oportunismo?

Miguel Ángel Romero Ramírez
Miguel Ángel Romero Ramírez: Analista y consultor político. Por más de 12 años, creador de estrategias de comunicación para el sector público y privado. Licenciado en comunicación y periodismo por la UNAM y maestro en gobierno por el Instituto Ortega y Gasset. Observador del uso de las nuevas tecnologías y su impacto en la democracia.
X: @MRomero_z

Continuar leyendo

Opinión

Limitar sobrerrepresentación hace al Congreso local plural y equilibrado

Por Alejandro Gamboa C.

Publicado

el

La sobrerrepresentación política es un fenómeno electoral que distorsiona la voluntad popular, asignando más escaños a ciertos partidos de los que proporcionalmente les corresponderían según los votos obtenidos. En México, este problema se ha acentuado debido a brechas en el sistema de asignación de escaños y la tendencia de los actores políticos a maximizar su poder.

La democracia es un régimen que se nutre del pluralismo y reconoce la diversidad política. Murayama (2019) señala que transformar los votos en curules o escaños es una tarea que no ha sido sencilla en México, debido a su compleja evolución hacia un sistema más democrático.

Este principio es esencial para entender la importancia de reglas adecuadas que eviten la sobrerrepresentación y aseguren una representación justa y proporcional en el Congreso.

Rol del INE y el TEPJF. El Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) juegan un papel crucial en la regulación y resolución de problemas electorales. La autonomía constitucional del INE y la existencia del TEPJF permiten abordar y resolver cuestiones relacionadas con la sobrerrepresentación y otros vicios del sistema electoral.

El acuerdo INE/CG193/2021 introdujo el principio de militancia efectiva, que verifica la afiliación efectiva de los candidatos al momento del registro de la candidatura, garantizando así una asignación justa de curules.

El principio de militancia efectiva se justifica para lograr un mejor equilibrio entre la emisión del voto ciudadano y la asignación efectiva de curules en la Cámara de Diputados. Este principio asegura que los escaños se asignen de manera proporcional a los partidos, previniendo violaciones a los límites constitucionales de sobrerrepresentación, como las ocurridas en el proceso electoral de 2018.

La reforma constitucional del 10 de febrero de 2014 introdujo límites a la sobrerrepresentación y subrepresentación en los congresos locales, estableciendo que ningún partido puede tener una representación mayor o menor al 8% de la votación obtenida. En su momento se argumentó que la reforma es una norma completa y de eficacia plena, sin necesidad de ajustes normativos adicionales.

Limitar la sobrerrepresentación tiene el potencial de convertir al Congreso local en un órgano más plural y equilibrado, mejorando el control sobre las políticas públicas del Ejecutivo local. Este equilibrio fomenta el diálogo y evita que un solo partido domine la legislatura, a menos que gane por mayoría relativa en todos los distritos electorales.

La sobrerrepresentación política en México es un problema complejo que distorsiona la voluntad popular y afecta la representación proporcional en el Congreso. La introducción del principio de militancia efectiva y los límites establecidos por la reforma constitucional de 2014 fueron pasos importantes hacia la corrección de este problema.

¿Cómo conciliar la voluntad general que votó en 2024 de forma abrumadora y la sobrerrepresentación, sin atentar contra esa voluntad manifestada en las urnas?

La implementación de estas medidas y la intervención de las autoridades electorales son esenciales para asegurar una representación justa y equilibrada, que refleje verdaderamente la diversidad y pluralismo de la sociedad mexicana.

A pesar del problema, no hay otra opción que la continua vigilancia y adaptación y mejora continua de las normas electorales, con el objetivo de mantener la integridad y legitimidad del sistema democrático mexicano.

Por Alejandro Gamboa C.
Alejandro Gamboa C.
Licenciado en periodismo con estudios en Ciencia Política y Administración Pública (UNAM) Enfocado a las comunicaciones corporativas.
Colaboró como co editor Diario Reforma. En temas de ciencia y comunicación en Milenio y otros medios digitales. Cuenta con 15 años dedicado a las Relaciones Públicas. Ha colaborado en la fundación de la Agencia Umbrella RP. Ha realizado trabajos como corrector de estilo, creador de contenidos y algunas colaboraciones como profesor en escuelas locales.

Continuar leyendo

Opinión

Dos Bocas, barril sin fondo en uso de recursos públicos

Publicado

el

Después de dos años de haber sido inaugurada, la refinería Dos Bocas (oficialmente, Refinería Olmeca) empezó a producir gasolina y diésel. Sin más información que el presunto procesamiento de 73 mil barriles diarios de diésel y 40 mil barriles de gasolina, es un alivio que la refinería sí refine porque ha tenido tantos problemas para entrar en operación que hasta su capacidad de producir combustibles se había puesto en duda.

La planta ubicada en Tabasco fue diseñada para producir 170,000 barriles diarios de gasolina y 120,000 barriles de diésel; fue inaugurada en julio de 2022 sin producir un solo barril de combustibles, pero sí ha sido un barril sin fondo en el uso de recursos públicos.

Hasta el momento, la producción no alcanza ni siquiera la mitad de la capacidad prevista, pero debemos confiar en que los problemas técnicos y operativos que ha presentado la magna obra sean solventados en algún momento.

Esa obra insignia del presidente Andrés Manuel López Obrador costaría -en un inicio- 8 mil millones de dólares y terminará con una inversión de 16 mil millones de dólares, es decir lo doble de lo previsto Desde su planeación, la séptima refinería de México ha generado controversias porque hay quienes piensan que se trata de un gasto innecesario porque lo inn son los autos eléctricos, pero al menos hasta el 2050 persistirá la demanda de petrolíferos.

El proyecto buscaba reducir la dependencia energética y alcanzar la autosuficiencia en la producción de combustibles del país; sin embargo, el deterioro del resto de las refinerías y el aplazamiento de esta nueva han ocasionado que las compras de gasolinas y diésel representen casi el 60% y más del 50%, respectivamente.

En mayo de 2019, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que sería Petróleos Mexicanos la responsable de la construcción de la refinería, bajo la administración de la Secretaría de Energía al mando de Rocío Nahle. Su construcción llevaría tres años.

Con dos años de retraso, es de esperarse que la Refinería Olmeca ahora sí opere a toda su capacidad para demostrar que es un proyecto rentable, porque se han invertido recursos públicos derivados de impuestos.

Los petrolíferos que produzca contribuirían a reducir las compras en el extranjero para abastecer el mercado nacional y, al reducir las compras en el extranjero se generan ahorros significativos para el presupuesto público, mejorando y fortaleciendo la economía nacional.

Además, la operación de la refinería impulsa el desarrollo económico de la región sureste del país, generando empleos directos e indirectos y atrayendo inversiones en infraestructura y servicios.

Continuar leyendo