Conecta con nosotros

Opinión

Olvidadas por sociedad y gobierno, personas recluidas en cárceles

Publicado

el

Por Leslie Karla Acosta Herrera**

Los derechos humanos son el conjunto de prerrogativas inherentes que tenemos las personas por el sólo hecho de ser persona, éstos están reconocidos en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los Tratados Internacionales en los que el Estado Mexicano forma parte.

Por su evolución, estos derechos pueden distinguirse en tres generaciones que han estado presentes en la historia de la humanidad:

Primera Generación:

Los derechos civiles y políticos, los que incluyen el derecho de las personas a la vida, a un nombre, a la nacionalidad, a la igualdad, la libertad, a seguridad, libertad de tránsito, de credo, de pensamiento, de expresión, a formar una familia, a la no discriminación, a la prohibición de la esclavitud, tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes.

Segunda Generación:

Se refiere a los denominados derechos económicos, sociales y culturales.

Tercera Generación:

Se refiera los derechos de los pueblos, de solidaridad, ambientales, el derecho al trabajo, a la seguridad social, a la educación, a la salud, a la cultura y a un ambiente sano.

En nuestra constitución, se consagran estos derechos, así como establece los principios por los que deben regirse estos derechos:

Universalidad

Interdependencia

Indivisibilidad

Progresividad

Todas las personas tenemos el deber de respetar los derechos humanos, incluyendo a las personas que desempeñan un empleo, cargo o comisión al servicio del Estado, en el ámbito de sus competencias. Asimismo, el Estado debe de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones de que son objeto sus ciudadanos sin importar su condición.

La vulneración de los derechos humanos se manifiesta al presentarse ya sea por acción o por omisión de alguno de los agentes del poder público, al margen de sus facultades.

El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS), calificó como pandemia la emergencia sanitaria ocasionada por COVID-19, por la cantidad de casos de contagio y de países involucrados, y emitió una serie de recomendaciones para su control.

El mundo entero se enfrenta una emergencia sanitaria sin precedentes ocasionada por la pandemia en la que, sin duda, ningún Estado, autoridad o persona estaba preparado y ante la situación, las medidas adoptadas por los Estados en la atención y contención del virus debieron tener como centro el pleno respeto de los derechos humanos.

Los Estados, al momento de emitir medidas de emergencia y contención frente a la pandemia, deben atender las necesidades y el impacto que causarán en estos grupos históricamente excluidos o en especial riesgo, como son: personas mayores, personas con enfermedades preexistentes, personas privadas de su libertad, mujeres, niños y adolescentes, pueblos indígenas, personas en situación de movilidad humana como migrantes y refugiados, personas con discapacidad, profesionales de la salud.

Y, es que, éstos han sido gravemente afectados, de forma diferenciada, sobre las sociedades en general, pero sobre todo a las personas y grupos en situación de especial vulnerabilidad.

Estos grupos son prácticamente invisibles porque históricamente han sido excluidos por la sociedad y por sus gobiernos, al no considerarlos como parte de los llamados grupos vulnerables, de cara a la grave crisis penitenciaria que afectan a la mayoría de los países; especialmente a países latinoamericanos.

Esto supone retos mayores para los Estados, en términos de políticas públicas, medidas sanitarias y decisiones tomadas con base a sus gobernantes y tipos de gobiernos, así como a sus capacidades económicas en su lucha para reducir la propagación del agente patógeno.

Respecto de las personas privadas de su libertad, el Estado Mexicano, debió adoptar medidas para enfrentar el hacinamiento, situación que aqueja a la mayoría de los centros penitenciarios de nuestro país, por el simple hecho de que, las personas que están privadas de su libertad se encuentran en mayor riesgo de salud frente a los contagios de COVID-19, tales como:

Adecuar las condiciones de las personas privadas de libertad particularmente, en lo que respecta a alimentación, protección a la salud, saneamiento y medidas de cuarentena para impedir los contagios, garantizar atención médica, pruebas de detección de virus, pruebas de antígenos, medicamentos, infusiones, y en general todos aquellos trabajos y acciones que el gobierno de la Ciudad de México está llevando cabo de cara a la pandemia.

Algunos centros de reclusión adoptaron medidas en la lucha contra la propagación de la COVID-19, sin embargo, solo fueron aplicados al inicio de la pandemia, y muchas de estas medidas fueron desvaneciéndose con el paso de los meses.

En los casi 300 centros penitenciarios que existen en nuestro país, las deficiencias con mayor incidencia, de acuerdo con el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2017 (DNSP), emitido por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), son:

Falta de separación entre procesados y los sentenciados,

Deficientes condiciones materiales, de equipamiento e higiene de las áreas de dormitorios.

Insuficiente personal de seguridad, de custodios, de médicos y profesionales de la salud física y mental.

Deficientes y precarias condiciones de materiales e higiene de áreas médicas,

Carencia de instrumental médico, de unidades odontológicas y hospitalarias.

Deficiencia en la atención a personas adultas mayores, de personas con enfermedades preexistentes, de personas con algún tipo de discapacidad.

El Hacinamiento.

En consecuencia, con el alto número de reportes y deficiencias en las que viven las personas privadas de su libertad, refiriéndome al tema de salud en especial, es evidente que el Estado no les garantiza el derecho a la protección de la salud.

Actualmente, los gobiernos deben actuar en protección de estos grupos históricamente excluidos, debiéndolos considerar como prioridad para ser inoculados, por lo que, deben formar parte del programa de vacunación, por las siguientes razones:

 Las personas privadas de su libertad presentan un riesgo mayor al enfrentarse al COVID-19.

Las condiciones en las que viven no les permite tener las medidas universales de “la sana distancia”, no pueden aislarse y por tanto no pueden confinarse.

Tienen nulo o limitado acceso a equipo de protección como cubrebocas, gel antibacterial, y cualquier otra sustancia sanitizante, caretas, lentes protectores, termómetros, oxímetros, alcohol desinfectante, etc.

Algunos centros de reclusión aún carecen de sistemas adecuados de drenaje, por lo que, ni siquiera pueden garantizarles su limpieza y lavado de manos.

Los centros penitenciarios son focos de infección para las colonias aledañas, así como para los visitantes (familiares, amistades, abogados)

Deficientes y precarios servicios de salud, y acceso a medicamentos.

El gobierno tiene la responsabilidad de proteger la salud y el derecho a la vida de todas las personas privadas de su libertad.

¡La salud es para todos, sin excepción, sin discriminación!

**Leslie Karla Acosta, estudia la Maestría en Ciencias Penales y Criminalística en la Facultad de Derecho de la Barra Nacional de Abogados.

Continuar leyendo
Deja tu comentario

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.

Opinión

Nahle, una “pirata” en Veracruz

***Miguel Ángel Romero Ramírez

Publicado

el

“El infierno vino del mar” es una de las frases célebres con la que los veracruzanos recuerdan los asaltos históricos que sufrió la ciudad portuaria ubicada en el Golfo de México durante el siglo XVI y parte del XVII.

La entrada a la Nueva España fue este puerto que tuvo que convertirse en una fortaleza. Sin embargo, ahora, esos mismos ciudadanos alzan la voz ante una nueva amenaza, una que llega desde el “centro” y que se torna como imposición de Palacio Nacional: Rocío Nahle.

A pesar de que legalmente está facultada para ser candidata de Morena a la entidad, entre los veracruzanos el debate de fondo está en si vale la pena adoptar a la ex secretaria de Energía como uno de los suyos. La imborrable sensación de ser un territorio tomado por asalto por parte de grupos externos es un fantasma que sobrevuela entre las murallas edificadas y diseñadas para resistir saqueos.

La entidad es clave dentro del tablero político nacional. Se trata del cuarto padrón electoral con 6 millones de ciudadanos que podrán acudir a las urnas el próximo 2 de junio. Su multiculturalidad es potente y excepcional según la zona, comunidad o municipio.

Las diferencias entre unos y otros son acentuadas de acuerdo a la región. Sin embargo, en el imaginario colectivo crece de manera acelerada el mote de “pirata” para la candidata morenista. Se trata de un piso común que los empieza a unir rumbo al próximo proceso electoral.

No es que la ex funcionaria esté operando del todo mal, pues a pesar de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ya le castigó en 2021 por realizar propaganda gubernamental en medio de un proceso electoral, la candidata ha buscado generar alianzas al interior de la entidad que hoy en día gobierna Cuitláhuac García. Los resultados, hasta el momento, han sido pobres, en parte por la degradación social y la ingobernabilidad que azota a la entidad.

Los veracruzanos no son tontos y no perdieron de vista la búsqueda de imposición de una zacatecana para pretender gobernarlos. Recuerdan perfectamente el diseño de la Ley Nahle en donde el Congreso local aprobó una ridícula modificación a la Legislación local para que las personas que tuvieran hijos en Veracruz terminaran por ser veracruzanas. El absurdo intento que terminó por enmendar la Suprema Corte de Justicia de la Nación a inicios del año pasado tenía como fin único beneficiar a la ex funcionaria que vivía dicha circunstancia.

Las charlas en los principales comedores en la ciudad portuaria apuntan a que la Nueva España acabó, los virreinatos son obsoletos y que por más que se busque instaurar a una “pirata” que rinda tributo al “centro”, es decir, a Palacio Nacional, le será imposible concretar su asalto, ya que su principal obstáculo no es legal, sino recae en su falta de legitimidad.

“La ciudad está construida como una fortaleza y no dejaremos que externos nos transgredan. Nuestros antepasados ya le hicieron frente a españoles, ingleses y franceses. Ahora estamos listos para evitar que los problemas de delincuencia y pobreza se agraven de la mano de Rocío Nahle”, expresa un personaje que pide anonimato en la mesa de una de las cafeterías con más historia del heroico Puerto de Veracruz. Se trata de una sensación que crece y se expande.

¿Será que los tamborazos zacatecanos se imponen a los sones jarochos en Veracruz? De momento, la resistencia y la fortaleza ideológica e identitaria de los veracruzanos parece que prevalece. Foto: Internet

***Miguel Ángel Romero Ramírez

Analista y consultor político. Por más de 12 años, creador de estrategias de comunicación para el sector público y privado. Licenciado en comunicación y periodismo por la UNAM y maestro en gobierno por el Instituto Ortega y Gasset. Observador del uso de las nuevas tecnologías y su impacto en la democracia.

X: @MRomero_z

Continuar leyendo

Opinión

Meméxico lindo y…

Publicado

el

Me acuerdo de Cabeza de Vaca… Es que no sé si Santiago Nieto o ya Pablo (Gómez), me llevaron un documento en donde el gobierno de Estados Unidos estaba solicitando información y luego supe de que… ¡Ah!, y que por eso se había iniciado la investigación en la fiscalía, por una solicitud del gobierno de Estados Unidos. Y luego supe de que el documento era apócrifo. ¡¿Cómo?! Pero no volví a saber más.

Esta declaración fue hecha por el presidente López Obrador durante su conferencia mañanera del viernes 9 de febrero. Muestra el verdadero rostro del gobierno federal morenista: la utilización de todo el poder gubernamental para someter políticamente a todos aquellos opositores o personajes que están en contra de la mal llamada cuarta transformación.

El caso del ex gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, quien fue acusado falsamente de tener nexos con el narcotráfico con un apócrifo documento del FBI, puso de rodillas al tabasqueño, quien públicamente aceptó la mala actuación de sus entonces subalternos para incriminar a alguien que en ese momento le estorbaba para poner a uno de sus alfiles en la entidad.

Pero este caso no es el único caso donde López Obrador muestra el cobre, también está el de la ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Rosario Robles, quien fue presuntamente acusada del delito de desvío de recursos públicos en la llamada “Estafa Maestra”.

En este señalamiento, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México terminó por confirmar la falsedad de la licencia de conducir utilizada para encarcelar a Rosario Robles por parte de la Fiscalía General de la República, en claro detrimento de los derechos fundamentales de la ex jefa de gobierno de la capital del país.

Estos casos nos muestran como personajes cercanos al presidente y a su candidata presidencial, Claudia Sheinbaum, utilizaron las instituciones y recursos públicos para eliminar lo que ellos consideraban peligros políticos para su movimiento, amén del servilismo de Santiago Nieto y Ernestina Godoy.

Tanto López Obrador como su corcholata hablan de trabajar en la edificación del segundo piso de la cuarta transformación, esto en el marco del proceso electoral del próximo 2 de junio, olvidándose que el primero piso está cimentado en el engaño, la utilización de las instituciones públicas para coaccionar a opositores, la corrupción y la traición. Nos queda esperar solamente que el día de la elección, las y los mexicanos se encarguen de derruir a este gobierno que está destruyendo a México.

¡Síguenos en nuestras redes sociales!

www.facebook.com/ArzateNoticias 

www.twitter.com/ArzateNoticias

Continuar leyendo

Opinión

El poco sexy antídoto contra la radicalización

***Miguel Ángel Romero Ramírez

Publicado

el

A nadie conviene la incertidumbre antes, durante y después del proceso electoral del próximo 2 de junio. Mientras el gobierno de la 4T y la oposición, así como los poderes fácticos, representados en el crimen organizado, la Iglesia, los medios de comunicación y los grandes empresarios, despliegan sus estrategias para arrebatar, conservar o conseguir más poder; el único anclaje históricamente funcional para hacer prevalecer una sociedad son las instituciones.

Defenderlas suele ser poco sexy. Más aún cuando existen personas que las encabezan y tienen como misión inmolarse junto a ellas. Algo muy sintomático en los tiempos de la Cuarta Transformación.

¿Cuidar a la Suprema Corte cuando la integran personajes como Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loretta Ortíz?. La respuesta: siempre. ¿Proteger una Comisión Nacional de Derechos Humanos aún encabezada por Rosario Piedra? Todo el tiempo. ¿resguardar la investidura presidencial? Por supuesto que sí.

Si bien la degradación institucional es, en parte, consecuencia de quienes están al frente de ellas, el fenómeno responde al encumbramiento del populismo como una forma de gobierno. Pocas cosas son más seductoras que las promesas superfluas a problemas complejos. No importa si es de ideología de derecha o de izquierda, este tipo de liderazgos se aprovechan del desencanto genuino y fundamentado que tiene el ciudadano por la democracia.

En ese sentido, el nuevo intento del presidente Andrés Manuel López Obrador para reformar la Constitución es consistente con lo que ha construido narrativamente durante décadas. “Al diablo con las instituciones” y “a mí que no me vengan con que ‘la ley es la ley’” son un mantra que lo dibuja a vísperas del término de su mandato.

Se trata de la radicalización de la que muchos teóricos como Yasch Mounk hablan al referirse al círculo vicioso en el que eventualmente todos los líderes populistas caen. En su objetivo por conservar el poder comienzan a impulsar acciones desesperadas que terminan por exhibirlos en su afán. Paradójicamente las muestras de fuerza terminan por debilitarlos.

No importa cuánto se esmeren los propagandistas. El círculo termina por cerrarse y no hay narrativa que alcance. Se trata de un ciclo natural de pérdida y obtención de poder, en donde el que menor tiempo lo retiene es quien se radicaliza más rápido. En ese sentido, lo que el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador promueve con sus iniciativas de ley en el marco de la conmemoración de la Constitución son un síntoma de este fenómeno que busca dinamitar el andamiaje institucional que él mismo usó para alcanzar la Presidencia.

Buscar que la seguridad pública pase a ser controlada por el Ejército es un síntoma de radicalización. Disminuir financieramente a los organismos autónomos y minar su reputación también lo es. Dejar inoperante la búsqueda e identificación de desaparecidos forma parte. Mantener una estrategia de brazos caídos frente el crimen organizado está en la misma ruta. Intentar maniatar al Instituto Nacional Electoral y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es lo mismo.

Con un proceso electoral histórico en puerta, la única salida que queda entre la ciudadanía es apostar por las instituciones. No se trata de defender a Guadalupe Taddei, sino a un instituto que literalmente costó sangre su emancipación del gobierno. Tampoco se trata de defender a los consejeros del INAI que usan la tarjeta de crédito institucional para pagar el table dance, sino de proteger nuestro derecho a la transparencia.

Parece aburrido, pero blindar a la institucionalidad es crucial si se busca construir una sociedad más justa en todos y cada uno de los sentidos. Es la única opción para caminar dentro del espectro de la democracia liberal.

Son pocos los perfiles que abonan en ese sentido. El 2024 depende particularmente de la institución que además de calificar las elecciones del próximo 2 de junio también podrá ayudar a emitir un diagnóstico sobre la calidad democrática que vive México, se trata del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en donde la magistrada Mónica Soto acaba de asumir hace algunas semanas su presidencia.

El reto es enorme: dar certeza y proveer gobernabilidad a la lucha institucional por el poder. Los indicios, de momento son esperanzadores. Sin duda son nuevos tiempos: México tendrá una nueva presidente de la República, pero también será una mujer quien encabeza el tribunal quien calificará dicha elección.

Su reciente denuncia sobre la injerencia del crimen organizado en las elecciones de 2024 la dota de valentía al elaborar un diagnóstico certero sobre uno de los principales enemigos de la democracia.

La ratificación de la multa en contra de Morena por parte del Tribunal por la promoción ilegal de Sheinbaum se erige como un oasis en medio del desmantelamiento institucional. La apuesta, aunque poco sexy debe ser la misma siempre: defender a nuestras instituciones y también visibilizar a quienes desde ahí trabajan en beneficio del país.

Analista y consultor político. Por más de 12 años, creador de estrategias de comunicación para el sector público y privado. Licenciado en comunicación y periodismo por la UNAM y maestro en gobierno por el Instituto Ortega y Gasset. Observador del uso de las nuevas tecnologías y su impacto en la democracia.

X: @MRomero_z

Síguenos en nuestras redes sociales!

www.facebook.com/ArzateNoticias 

www.twitter.com/ArzateNoticias

Continuar leyendo