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Opinión

Olvidadas por sociedad y gobierno, personas recluidas en cárceles

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Por Leslie Karla Acosta Herrera**

Los derechos humanos son el conjunto de prerrogativas inherentes que tenemos las personas por el sólo hecho de ser persona, éstos están reconocidos en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los Tratados Internacionales en los que el Estado Mexicano forma parte.

Por su evolución, estos derechos pueden distinguirse en tres generaciones que han estado presentes en la historia de la humanidad:

Primera Generación:

Los derechos civiles y políticos, los que incluyen el derecho de las personas a la vida, a un nombre, a la nacionalidad, a la igualdad, la libertad, a seguridad, libertad de tránsito, de credo, de pensamiento, de expresión, a formar una familia, a la no discriminación, a la prohibición de la esclavitud, tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes.

Segunda Generación:

Se refiere a los denominados derechos económicos, sociales y culturales.

Tercera Generación:

Se refiera los derechos de los pueblos, de solidaridad, ambientales, el derecho al trabajo, a la seguridad social, a la educación, a la salud, a la cultura y a un ambiente sano.

En nuestra constitución, se consagran estos derechos, así como establece los principios por los que deben regirse estos derechos:

Universalidad

Interdependencia

Indivisibilidad

Progresividad

Todas las personas tenemos el deber de respetar los derechos humanos, incluyendo a las personas que desempeñan un empleo, cargo o comisión al servicio del Estado, en el ámbito de sus competencias. Asimismo, el Estado debe de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones de que son objeto sus ciudadanos sin importar su condición.

La vulneración de los derechos humanos se manifiesta al presentarse ya sea por acción o por omisión de alguno de los agentes del poder público, al margen de sus facultades.

El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS), calificó como pandemia la emergencia sanitaria ocasionada por COVID-19, por la cantidad de casos de contagio y de países involucrados, y emitió una serie de recomendaciones para su control.

El mundo entero se enfrenta una emergencia sanitaria sin precedentes ocasionada por la pandemia en la que, sin duda, ningún Estado, autoridad o persona estaba preparado y ante la situación, las medidas adoptadas por los Estados en la atención y contención del virus debieron tener como centro el pleno respeto de los derechos humanos.

Los Estados, al momento de emitir medidas de emergencia y contención frente a la pandemia, deben atender las necesidades y el impacto que causarán en estos grupos históricamente excluidos o en especial riesgo, como son: personas mayores, personas con enfermedades preexistentes, personas privadas de su libertad, mujeres, niños y adolescentes, pueblos indígenas, personas en situación de movilidad humana como migrantes y refugiados, personas con discapacidad, profesionales de la salud.

Y, es que, éstos han sido gravemente afectados, de forma diferenciada, sobre las sociedades en general, pero sobre todo a las personas y grupos en situación de especial vulnerabilidad.

Estos grupos son prácticamente invisibles porque históricamente han sido excluidos por la sociedad y por sus gobiernos, al no considerarlos como parte de los llamados grupos vulnerables, de cara a la grave crisis penitenciaria que afectan a la mayoría de los países; especialmente a países latinoamericanos.

Esto supone retos mayores para los Estados, en términos de políticas públicas, medidas sanitarias y decisiones tomadas con base a sus gobernantes y tipos de gobiernos, así como a sus capacidades económicas en su lucha para reducir la propagación del agente patógeno.

Respecto de las personas privadas de su libertad, el Estado Mexicano, debió adoptar medidas para enfrentar el hacinamiento, situación que aqueja a la mayoría de los centros penitenciarios de nuestro país, por el simple hecho de que, las personas que están privadas de su libertad se encuentran en mayor riesgo de salud frente a los contagios de COVID-19, tales como:

Adecuar las condiciones de las personas privadas de libertad particularmente, en lo que respecta a alimentación, protección a la salud, saneamiento y medidas de cuarentena para impedir los contagios, garantizar atención médica, pruebas de detección de virus, pruebas de antígenos, medicamentos, infusiones, y en general todos aquellos trabajos y acciones que el gobierno de la Ciudad de México está llevando cabo de cara a la pandemia.

Algunos centros de reclusión adoptaron medidas en la lucha contra la propagación de la COVID-19, sin embargo, solo fueron aplicados al inicio de la pandemia, y muchas de estas medidas fueron desvaneciéndose con el paso de los meses.

En los casi 300 centros penitenciarios que existen en nuestro país, las deficiencias con mayor incidencia, de acuerdo con el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2017 (DNSP), emitido por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), son:

Falta de separación entre procesados y los sentenciados,

Deficientes condiciones materiales, de equipamiento e higiene de las áreas de dormitorios.

Insuficiente personal de seguridad, de custodios, de médicos y profesionales de la salud física y mental.

Deficientes y precarias condiciones de materiales e higiene de áreas médicas,

Carencia de instrumental médico, de unidades odontológicas y hospitalarias.

Deficiencia en la atención a personas adultas mayores, de personas con enfermedades preexistentes, de personas con algún tipo de discapacidad.

El Hacinamiento.

En consecuencia, con el alto número de reportes y deficiencias en las que viven las personas privadas de su libertad, refiriéndome al tema de salud en especial, es evidente que el Estado no les garantiza el derecho a la protección de la salud.

Actualmente, los gobiernos deben actuar en protección de estos grupos históricamente excluidos, debiéndolos considerar como prioridad para ser inoculados, por lo que, deben formar parte del programa de vacunación, por las siguientes razones:

 Las personas privadas de su libertad presentan un riesgo mayor al enfrentarse al COVID-19.

Las condiciones en las que viven no les permite tener las medidas universales de “la sana distancia”, no pueden aislarse y por tanto no pueden confinarse.

Tienen nulo o limitado acceso a equipo de protección como cubrebocas, gel antibacterial, y cualquier otra sustancia sanitizante, caretas, lentes protectores, termómetros, oxímetros, alcohol desinfectante, etc.

Algunos centros de reclusión aún carecen de sistemas adecuados de drenaje, por lo que, ni siquiera pueden garantizarles su limpieza y lavado de manos.

Los centros penitenciarios son focos de infección para las colonias aledañas, así como para los visitantes (familiares, amistades, abogados)

Deficientes y precarios servicios de salud, y acceso a medicamentos.

El gobierno tiene la responsabilidad de proteger la salud y el derecho a la vida de todas las personas privadas de su libertad.

¡La salud es para todos, sin excepción, sin discriminación!

**Leslie Karla Acosta, estudia la Maestría en Ciencias Penales y Criminalística en la Facultad de Derecho de la Barra Nacional de Abogados.

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Exclusividad del Estado en minerales estratégicos, dañaría a industrias minera y energética

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La reforma a la Ley Minera no era necesaria para nacionalizar el litio. El elemento de la tabla periódica ha sido siempre propiedad de la Nación por mandato constitucional. Sin embargo, reservar su exploración, extracción y toda la cadena de valor que se genere alrededor de este recurso natural es un error que puede llevarle al Estado años de investigación y desarrollo, así como recursos económicos que no tiene.

Sin más investigaciones que una nota mal interpretada de Mining Technology, la cual informó que en Sonora estaba el depósito de litio más grande del mundo al revelar que contenía 243 millones de toneladas de reservas probadas y probables. Lo real es que son 243 millones de toneladas de arcilla y que con el desarrollo de tecnología podrían rescatarse 4.5 millones de carbonato de litio equivalente.

La empresa que tiene una concesión lleva más de 10 años explorando y está en pruebas para extraer el litio de manera rentable. Hasta ahora no lo ha logrado porque en el mundo nadie ha desarrollado litio en yacimientos de litio contenido en arcilla. Con los cambios a la Ley Minera que aprobaron los legisladores sin discusión ni aporte de los técnicos y especialistas que sí saben de geología, minería y metalurgia, ahora mantienen en incertidumbre a cuando menos una decena de empresas que llevan a cabo exploración en prospectos de litio.

Apresurados porque el Ejecutivo Federal “quiere vender la leche sin siquiera tener la vaca”, los expertos del Servicio Geológico Mexicano (SGM) seleccionaron más 60 sitios con manifestaciones de litio de una lista de poco más de 80 (eliminaron los que están en Áreas Naturales Protegidas y en zonas indígenas).

Las evidencias de litio están en Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco y Michoacán. Los trabajos para detectar, cuantificar y evaluar si son económica y técnicamente rentables, podrían llevar al menos una década.

Pero eso es lo menos importante. Si el Ejecutivo sigue creyendo que el litio es el oro blanco, está bien, que lo siga pensando. Lo verdaderamente preocupante es que la ley no deja claro que si reservar la cadena de valor del litio implica también, por ejemplo, la producción, envasado, traslado y comercialización de medicamentos de litio, utilizados para el tratamiento de enfermedades mentales. Así de grave sería el impacto para la industria farmacéutica y para los pacientes, porque el Estado nada tendría que hacer en ese caso.

Peor aún, en la ley indica que puede reservar también los minerales estratégicos que la Secretaría de Economía está clasificando como minerales críticos para la transición energética. En ese supuesto podrían estar: el cobre, plata, molibdeno, berilio, germanio, galio, indio, neodimio, hierro, boro, disprosio y el acero, por mencionar sólo algunos.

Por cada mil indicios de mineralización, 100 se convierten en proyectos de exploración y sólo uno se concreta en mina. Ojalá, las investigaciones del SGM sean tan certeras que los más de 60 indicios resulten en minas y, en ese caso que el Estado tenga la capacidad económica para desarrollarlos.

De la capacidad técnica no hay ninguna duda: México es un referente internacional en la minería y tiene a los mejores profesionistas y técnicos del mundo, con acceso a la tecnología más moderna para desarrollar cualquier tipo de mina.

Pero, quien conoce lo mínimo necesario de minería sabe que los yacimientos usualmente son polimetálicos y las concesiones no se otorgan para ciertos minerales, sino para lo que logren localizar y extraer en condiciones comerciales óptimas.

Por eso, el tema crítico de esa ley aprobada sobre las rodillas en fast track es que la lista de los minerales críticos para la transición energética afecte proyectos que están en exploración y desarrollo, porque se trata de inversiones millonarias y miles de empleos. La ley no es retroactiva y los cambios a la Ley Minera no tendrían que impactar a las concesiones vigentes, pero el texto legal no lo indica, así que de extender la exclusividad a esos minerales estratégicos, los daños serían devastadores para las industrias minera y energética, ya que México es el productor número uno en el mundo de plata y el noveno productor de cobre a nivel global, por señalar solo un par de metales que sí son estratégicos para el desarrollo de plantas de generación de energía convencional y de fuentes renovables; equipos de eficiencia energética, así como redes de transmisión y distribución de energía eléctrica.

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Puro cuento

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*Dos Bocas: costosa y con resultados hasta el 2023

El presupuesto inicial para hacer funcionar la Refinería Olmeca o mejor conocida como Dos Bocas, rebasará el doble de presupuesto ante los altos índices inflacionarios que afectan al mundo.

Entonces y, por lógica, la refinería Dos Bocas, tendrá el doble del costo inicialmente programado y con posibles resultados hasta el próximo año.

En una investigación de Bloomberg destaca que el costo real, hasta el momento, del proyecto del gobierno federal ya se ubica en los 18 mil millones de dólares, cuando inicialmente se planteó gastar 8 mil millones de dólares.

Otro aspecto que está en el aire es que la refinería iniciará la producción de gasolinas (que ese es el objetivo principal) hasta el año 2023. Sin embargo, el gobierno no ha sido certero en ese punto para garantizar que Petróleos Mexicanos (Pemex), debido a lo difícil que resulta ser la refinería para los esfuerzos de la petrolera estatal para terminar con la dependencia de las importaciones de combustible.

En estos momentos la Refinería Olmeca o Dos Bocas se encuentra en su etapa final de construcción, consistente en la recepción masiva de equipos y accesorios, calentadores, módulos y torres, de tal suerte que el gobierno federal anunció su inauguración para el 1 de julio próximo.

El proyecto de Pemex establece que la refinería procesará 340 mil barriles de crudo diariamente y producirá 170 mil barriles de gasolina y 120 mil barriles de diésel diarios, pero hasta el año 2023. Aunque el gobierno no ha dado la certeza al 100 por ciento en este punto.

Las fuentes consultadas por Amy Stillman indicaron que debido a la pandemia, los costos aumentaron considerablemente debido a una serie de nuevos contratos para cumplir con la fecha límite de finalización de la construcción en julio para que lograra alcanzar la producción total en seis meses. La cantidad de contratos contabilizados por Pemex aumentó de alrededor de 100 a unos 270.

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Un paso más hacia la prohibición de las corridas de toro

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Maestra Aida del Carmen San Vicente Parada

¡Bravo! El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa ratificó la suspensión provisional que un juez federal concedió a la Asociación Justicia Justa para que se cancelen las corridas de toro en la Plaza México, además de cancelar el otorgamiento de permisos para llevar a cabo este tipo de espectáculo que mancilla y mata animales tan sólo por entretener a la audiencia y para probar la “valentía y el arrojo de los toreros”.

Por mayoría de votos se aprobó el proyecto de Rosa Iliana Noriega Pérez quien propuso declarar infundado el recurso de queja promovido por Tauroplaza México.

Es menester señalar que el juicio de amparo que resolverá si definitivamente se suspenden las corridas de toro en la Ciudad de México, está suspendido provisionalmente tal como lo declaró el juez encargado de resolver el juicio Jonathan Bass Herrera, por lo tanto las corridas de toro en la Ciudad de México, están suspendidas por tiempo indeterminado hasta en tanto no se resuelva el ya mencionado juicio de amparo; esta decisión se justifica en que la cuestión ventilada en el juicio de amparo es trascendental ya que supone resolver sobre la Constitucionalidad del Reglamento Taurino del Distrito Federal, así como de la Ley para Celebración de Espectáculos públicos en la Capital.

La Constitución de la Ciudad de México en su artículo 13 apartado B señala que los animales merecen un trato digno en la Ciudad de México y que los ciudadanos están obligados a respetar la vida e integridad de los animales ya que son sujetos de consideración moral.

Además, señala la obligación por parte de las autoridades de garantizar la protección, bienestar, así como el trato digno y respetuoso a los animales y fomentar una cultura de cuidado y tutela responsable. Esto quiere decir, que los animales están bajo tutela de los ciudadanos y de las autoridades de la Ciudad de México.

Por tal motivo, resulta pertinente resolver sobre la Constitucionalidad del Reglamento Taurino del Distrito Federal, así como de la Ley para Celebración de Espectáculos públicos en la Capital, porque en ambas leyes se permite usar animales en condiciones deleznables para entretener a la audiencia, a costa de la integridad física y psíquica y de la vida de los toros. Quienes no han cometido ningún pecado más que pertenecer a una especie que por años ha sido criada con el objetivo de entretener y perecer en la faena de la fiesta de luces.

Los animales no son cosas, sienten, experimentan emociones y reacciones antes el entorno como en el caso de las lesiones que se les infringen, y merecen vivir sin ser utilizados para demostrar valentía o bien para entretener a espectadores ávidos de violencia – ¿qué no les basta con la violencia que vive el país actualmente y que vemos en la televisión? Valiente y digno es trata a un ser vivo y sintiente con consideración.

Esperamos que la resolución del juicio de amparo, vea por lo intereses de aquellos que no tienen voz, que realmente vea por lo intereses y la vida de seres inocentes, que realmente vele por la vida de los toros.

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