Ciudad de México, 3 de febrero 2021.- La Suprema Corte de Justicia (SCJN) determinó que la política energética propuesta por la Secretaría de Energía (Sener) invade las facultades de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), viola el derecho de libre competencia y da una “ventaja indebida” a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Los ministros de la Segunda Sala de la SCJN discutieron la Controversia Constitucional 89/202 y votaron, en mayoría, contra la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional (SEN).
De esta forma los magistrados anularon 22 disposiciones de la Política de la Sener por cuatro votos a favor y uno en contra.
El Magistrado Luis María Aguilar fue el responsable del proyecto de sentencia en el que refiere que el acuerdo impugnado obstaculiza el cumplimiento de las finalidades constitucionales que se encomendaron a la Cofece porque anula la libre competencia económica y concurrencia en el mercado de generación de energía, así como la sustentabilidad en la generación y suministro.
Además indica que la Política de Confiabilidad distorsiona el proceso de competencia y libre concurrencia necesarios en los eslabones de generación y suministro de energía.
“Además de que otorga una ventaja exclusiva e indebida en favor de Comisión Federal de Electricidad (CFE) para que proponga proyectos estratégicos en programas de suma relevancia en el desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) y que invariablemente inciden en dichos eslabones, siendo que tal previsión no se encuentra prevista para los demás competidores y sin que se justifique tal distinción”, precisa.
El acuerdo de la Secretaría de Energía impugnado, según el proyecto, cancela la posibilidad de ingreso al mercado de centrales eléctricas que operan con energía limpia lo que afectaría a los consumidores de contar con tarifas eléctricas más accesibles.
La decisión de la SCJN se fundamentó en la impugnación realizada por la Cofece en la cual estimó que este el acuerdo de la Sener busca favorecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en detrimento de los productores privados de fuentes renovables. Dijo que el Acuerdo afecta el mandato constitucional de la Cofece e invade su esfera competencial.