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La justicia por propia mano o la ley del talión es contraria a derecho

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En México, cada vez más nos enteramos por los diferentes medios de comunicación de los casos en los que la gente hace justicia por propia mano, desde hace tiempo hemos tenido “justicieros anónimos” que han privado de la vida a sujetos que estaban cometiendo un delito y otros en los que varias personas agreden físicamente a los presuntos delincuentes hasta dejarlos al borde de la muerte.

Estos llamados “justicieros anónimos” que no solo se arriesgan a que los delincuentes les respondan, como ha sucedido, sino a que los propios encargados de ejercer la ley los busquen, los encuentren y los condenen a una pena o medida de seguridad, conforme a derecho proceda.

A estas acciones las conocemos como la “Ley del Talión”, conocida como “ojo por ojo, diente por diente”, la cual fue una de las primeras limitaciones al sistema de venganza y la intensidad del castigo aplicado al autor de un delito. El término Talión, deriva del adjetivo latino talis-tale, que significa igual o semejante, en referencia a la proporción que debe guardarse entre el delito y la pena.

Hace unos días vimos un video que circuló por las redes sociales y diversos noticieros en donde un sujeto fue brutalmente golpeado por varios hombres en el interior de un vehículo del transporte público que circulaba en el Estado de México, inmediatamente después de que comenzó a despojar de sus pertenencias a los pasajeros, es decir, cometiendo el delito de robo, situación por la que ahora dichas personas están siendo acusadas de cometer un delito y deberán enfrentar a la justicia.

El sábado pasado ocurrió otro caso en una combi que se dirigía al paradero de Pantitlán, donde dos sujetos subieron para asaltar a las personas que iban a bordo, en seguida uno logró bajar y al otro lo lograron detener los pasajeros y lo golpearon para posteriormente ponerlo a disposición de las autoridades.

Derivado de lo anterior, hay que observar lo que señala nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 17, que a la letra dice:  

“…Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial”.

Este mandato Constitucional nos deja claro que la justicia por propia mano es contraria a Derecho y que cualquier persona que cometa una conducta tipificada como delito será juzgada mediante las instituciones que ejercen el poder del Estado. 

Lamentablemente en muchos de los casos en donde no se lleva a cabo la aplicación de la ley a quien es acusado de la comisión del delito, es porque se cree que tenemos ausencia de autoridad, por ello existen grupos que se enfrentan a bandas de criminales que quieren imponer su ley, realizar extorsiones y cobros de piso, robos, etc., sin que la autoridad haga frente a tal situación. 

El Estado de derecho implica un gobierno que proteja los derechos fundamentales de todos y castigue a quienes los violen. Las instituciones deben brindar seguridad a los ciudadanos y castigar a aquellos que llevan a cabo actos criminales, sin embargo, en la medida en que el Estado falla en estas tareas, pierde legitimidad y, por ello, la sociedad se queda con la frustración y decide tomar la justicia en su propia mano. 

De acuerdo a las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en la Ciudad de México se han cometido este año 1,886 robos en transporte público y 3,402 en el Estado de México. 

Al respecto, se tienen identificadas las rutas del transporte público más peligrosas, las cuales son:

  • De boulevard puerto aéreo a avenida 4.
  • La autopista México-Puebla a Ermita y Zaragoza.
  • De periférico, calle 7 a canal de San Juan. 
  • Eje Central Lázaro Cárdenas a Vallejo.
  • Rio de los Remedios a autopista Naucalpan.
  • Avenida Insurgentes Norte Indios Verdes a la autopista México-Pachuca y Tlalnepantla de Baz.
  • De Avenida Centenario desde Oriente 157 Eje Vial 2 Oriente a Juan González Romero.
  • De Avenida Conscripto Ingenieros Militares, hasta cuatro caminos. 

Combatir la delincuencia nunca será terminar con la vida de otra persona, por lo que es necesario seguir construyendo un país de leyes y de impartidores de justicia en el que cada parte (gobernantes y poder judicial) haga su tarea de la mejor manera para que quienes hayan cometido algún delito paguen por él.

Es necesario también que la sociedad sea sensible ante el estricto respeto por los derechos humanos y seguir con la batalla en contra de la corrupción dentro de las instituciones que imparten justicia con el objetivo de incrementar la responsabilidad, transparencia y confianza en ellas.

Para dar certidumbre al ciudadano es urgente que se desarrollen programas que hagan que las instituciones sean más efectivas para prevenir y castigar al crimen, ya que con ello ayudarán a incrementar la confianza en la procuración, impartición y ejecución de la justicia.

Es por ello que tenemos que estar convencidos que la venganza es, sin lugar a duda, un impulso humano, resultado de un sentimiento negativo, casi siempre arraigado y no resuelto. La justicia, sin duda alguna es dar a cada quien lo suyo, sólo es posible, sin caer en el caso de que cada quien la trate de hacer por propia mano.

Los linchamientos son una conducta ilícita que no constituyen una vía para alcanzar la verdad y la justicia. 

Luis Raúl González Pérez. 

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Nahle, una “pirata” en Veracruz

***Miguel Ángel Romero Ramírez

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“El infierno vino del mar” es una de las frases célebres con la que los veracruzanos recuerdan los asaltos históricos que sufrió la ciudad portuaria ubicada en el Golfo de México durante el siglo XVI y parte del XVII.

La entrada a la Nueva España fue este puerto que tuvo que convertirse en una fortaleza. Sin embargo, ahora, esos mismos ciudadanos alzan la voz ante una nueva amenaza, una que llega desde el “centro” y que se torna como imposición de Palacio Nacional: Rocío Nahle.

A pesar de que legalmente está facultada para ser candidata de Morena a la entidad, entre los veracruzanos el debate de fondo está en si vale la pena adoptar a la ex secretaria de Energía como uno de los suyos. La imborrable sensación de ser un territorio tomado por asalto por parte de grupos externos es un fantasma que sobrevuela entre las murallas edificadas y diseñadas para resistir saqueos.

La entidad es clave dentro del tablero político nacional. Se trata del cuarto padrón electoral con 6 millones de ciudadanos que podrán acudir a las urnas el próximo 2 de junio. Su multiculturalidad es potente y excepcional según la zona, comunidad o municipio.

Las diferencias entre unos y otros son acentuadas de acuerdo a la región. Sin embargo, en el imaginario colectivo crece de manera acelerada el mote de “pirata” para la candidata morenista. Se trata de un piso común que los empieza a unir rumbo al próximo proceso electoral.

No es que la ex funcionaria esté operando del todo mal, pues a pesar de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ya le castigó en 2021 por realizar propaganda gubernamental en medio de un proceso electoral, la candidata ha buscado generar alianzas al interior de la entidad que hoy en día gobierna Cuitláhuac García. Los resultados, hasta el momento, han sido pobres, en parte por la degradación social y la ingobernabilidad que azota a la entidad.

Los veracruzanos no son tontos y no perdieron de vista la búsqueda de imposición de una zacatecana para pretender gobernarlos. Recuerdan perfectamente el diseño de la Ley Nahle en donde el Congreso local aprobó una ridícula modificación a la Legislación local para que las personas que tuvieran hijos en Veracruz terminaran por ser veracruzanas. El absurdo intento que terminó por enmendar la Suprema Corte de Justicia de la Nación a inicios del año pasado tenía como fin único beneficiar a la ex funcionaria que vivía dicha circunstancia.

Las charlas en los principales comedores en la ciudad portuaria apuntan a que la Nueva España acabó, los virreinatos son obsoletos y que por más que se busque instaurar a una “pirata” que rinda tributo al “centro”, es decir, a Palacio Nacional, le será imposible concretar su asalto, ya que su principal obstáculo no es legal, sino recae en su falta de legitimidad.

“La ciudad está construida como una fortaleza y no dejaremos que externos nos transgredan. Nuestros antepasados ya le hicieron frente a españoles, ingleses y franceses. Ahora estamos listos para evitar que los problemas de delincuencia y pobreza se agraven de la mano de Rocío Nahle”, expresa un personaje que pide anonimato en la mesa de una de las cafeterías con más historia del heroico Puerto de Veracruz. Se trata de una sensación que crece y se expande.

¿Será que los tamborazos zacatecanos se imponen a los sones jarochos en Veracruz? De momento, la resistencia y la fortaleza ideológica e identitaria de los veracruzanos parece que prevalece. Foto: Internet

***Miguel Ángel Romero Ramírez

Analista y consultor político. Por más de 12 años, creador de estrategias de comunicación para el sector público y privado. Licenciado en comunicación y periodismo por la UNAM y maestro en gobierno por el Instituto Ortega y Gasset. Observador del uso de las nuevas tecnologías y su impacto en la democracia.

X: @MRomero_z

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Meméxico lindo y…

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Me acuerdo de Cabeza de Vaca… Es que no sé si Santiago Nieto o ya Pablo (Gómez), me llevaron un documento en donde el gobierno de Estados Unidos estaba solicitando información y luego supe de que… ¡Ah!, y que por eso se había iniciado la investigación en la fiscalía, por una solicitud del gobierno de Estados Unidos. Y luego supe de que el documento era apócrifo. ¡¿Cómo?! Pero no volví a saber más.

Esta declaración fue hecha por el presidente López Obrador durante su conferencia mañanera del viernes 9 de febrero. Muestra el verdadero rostro del gobierno federal morenista: la utilización de todo el poder gubernamental para someter políticamente a todos aquellos opositores o personajes que están en contra de la mal llamada cuarta transformación.

El caso del ex gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, quien fue acusado falsamente de tener nexos con el narcotráfico con un apócrifo documento del FBI, puso de rodillas al tabasqueño, quien públicamente aceptó la mala actuación de sus entonces subalternos para incriminar a alguien que en ese momento le estorbaba para poner a uno de sus alfiles en la entidad.

Pero este caso no es el único caso donde López Obrador muestra el cobre, también está el de la ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Rosario Robles, quien fue presuntamente acusada del delito de desvío de recursos públicos en la llamada “Estafa Maestra”.

En este señalamiento, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México terminó por confirmar la falsedad de la licencia de conducir utilizada para encarcelar a Rosario Robles por parte de la Fiscalía General de la República, en claro detrimento de los derechos fundamentales de la ex jefa de gobierno de la capital del país.

Estos casos nos muestran como personajes cercanos al presidente y a su candidata presidencial, Claudia Sheinbaum, utilizaron las instituciones y recursos públicos para eliminar lo que ellos consideraban peligros políticos para su movimiento, amén del servilismo de Santiago Nieto y Ernestina Godoy.

Tanto López Obrador como su corcholata hablan de trabajar en la edificación del segundo piso de la cuarta transformación, esto en el marco del proceso electoral del próximo 2 de junio, olvidándose que el primero piso está cimentado en el engaño, la utilización de las instituciones públicas para coaccionar a opositores, la corrupción y la traición. Nos queda esperar solamente que el día de la elección, las y los mexicanos se encarguen de derruir a este gobierno que está destruyendo a México.

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El poco sexy antídoto contra la radicalización

***Miguel Ángel Romero Ramírez

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A nadie conviene la incertidumbre antes, durante y después del proceso electoral del próximo 2 de junio. Mientras el gobierno de la 4T y la oposición, así como los poderes fácticos, representados en el crimen organizado, la Iglesia, los medios de comunicación y los grandes empresarios, despliegan sus estrategias para arrebatar, conservar o conseguir más poder; el único anclaje históricamente funcional para hacer prevalecer una sociedad son las instituciones.

Defenderlas suele ser poco sexy. Más aún cuando existen personas que las encabezan y tienen como misión inmolarse junto a ellas. Algo muy sintomático en los tiempos de la Cuarta Transformación.

¿Cuidar a la Suprema Corte cuando la integran personajes como Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loretta Ortíz?. La respuesta: siempre. ¿Proteger una Comisión Nacional de Derechos Humanos aún encabezada por Rosario Piedra? Todo el tiempo. ¿resguardar la investidura presidencial? Por supuesto que sí.

Si bien la degradación institucional es, en parte, consecuencia de quienes están al frente de ellas, el fenómeno responde al encumbramiento del populismo como una forma de gobierno. Pocas cosas son más seductoras que las promesas superfluas a problemas complejos. No importa si es de ideología de derecha o de izquierda, este tipo de liderazgos se aprovechan del desencanto genuino y fundamentado que tiene el ciudadano por la democracia.

En ese sentido, el nuevo intento del presidente Andrés Manuel López Obrador para reformar la Constitución es consistente con lo que ha construido narrativamente durante décadas. “Al diablo con las instituciones” y “a mí que no me vengan con que ‘la ley es la ley’” son un mantra que lo dibuja a vísperas del término de su mandato.

Se trata de la radicalización de la que muchos teóricos como Yasch Mounk hablan al referirse al círculo vicioso en el que eventualmente todos los líderes populistas caen. En su objetivo por conservar el poder comienzan a impulsar acciones desesperadas que terminan por exhibirlos en su afán. Paradójicamente las muestras de fuerza terminan por debilitarlos.

No importa cuánto se esmeren los propagandistas. El círculo termina por cerrarse y no hay narrativa que alcance. Se trata de un ciclo natural de pérdida y obtención de poder, en donde el que menor tiempo lo retiene es quien se radicaliza más rápido. En ese sentido, lo que el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador promueve con sus iniciativas de ley en el marco de la conmemoración de la Constitución son un síntoma de este fenómeno que busca dinamitar el andamiaje institucional que él mismo usó para alcanzar la Presidencia.

Buscar que la seguridad pública pase a ser controlada por el Ejército es un síntoma de radicalización. Disminuir financieramente a los organismos autónomos y minar su reputación también lo es. Dejar inoperante la búsqueda e identificación de desaparecidos forma parte. Mantener una estrategia de brazos caídos frente el crimen organizado está en la misma ruta. Intentar maniatar al Instituto Nacional Electoral y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es lo mismo.

Con un proceso electoral histórico en puerta, la única salida que queda entre la ciudadanía es apostar por las instituciones. No se trata de defender a Guadalupe Taddei, sino a un instituto que literalmente costó sangre su emancipación del gobierno. Tampoco se trata de defender a los consejeros del INAI que usan la tarjeta de crédito institucional para pagar el table dance, sino de proteger nuestro derecho a la transparencia.

Parece aburrido, pero blindar a la institucionalidad es crucial si se busca construir una sociedad más justa en todos y cada uno de los sentidos. Es la única opción para caminar dentro del espectro de la democracia liberal.

Son pocos los perfiles que abonan en ese sentido. El 2024 depende particularmente de la institución que además de calificar las elecciones del próximo 2 de junio también podrá ayudar a emitir un diagnóstico sobre la calidad democrática que vive México, se trata del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en donde la magistrada Mónica Soto acaba de asumir hace algunas semanas su presidencia.

El reto es enorme: dar certeza y proveer gobernabilidad a la lucha institucional por el poder. Los indicios, de momento son esperanzadores. Sin duda son nuevos tiempos: México tendrá una nueva presidente de la República, pero también será una mujer quien encabeza el tribunal quien calificará dicha elección.

Su reciente denuncia sobre la injerencia del crimen organizado en las elecciones de 2024 la dota de valentía al elaborar un diagnóstico certero sobre uno de los principales enemigos de la democracia.

La ratificación de la multa en contra de Morena por parte del Tribunal por la promoción ilegal de Sheinbaum se erige como un oasis en medio del desmantelamiento institucional. La apuesta, aunque poco sexy debe ser la misma siempre: defender a nuestras instituciones y también visibilizar a quienes desde ahí trabajan en beneficio del país.

Analista y consultor político. Por más de 12 años, creador de estrategias de comunicación para el sector público y privado. Licenciado en comunicación y periodismo por la UNAM y maestro en gobierno por el Instituto Ortega y Gasset. Observador del uso de las nuevas tecnologías y su impacto en la democracia.

X: @MRomero_z

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