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La justicia por propia mano o la ley del talión es contraria a derecho

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En México, cada vez más nos enteramos por los diferentes medios de comunicación de los casos en los que la gente hace justicia por propia mano, desde hace tiempo hemos tenido “justicieros anónimos” que han privado de la vida a sujetos que estaban cometiendo un delito y otros en los que varias personas agreden físicamente a los presuntos delincuentes hasta dejarlos al borde de la muerte.

Estos llamados “justicieros anónimos” que no solo se arriesgan a que los delincuentes les respondan, como ha sucedido, sino a que los propios encargados de ejercer la ley los busquen, los encuentren y los condenen a una pena o medida de seguridad, conforme a derecho proceda.

A estas acciones las conocemos como la “Ley del Talión”, conocida como “ojo por ojo, diente por diente”, la cual fue una de las primeras limitaciones al sistema de venganza y la intensidad del castigo aplicado al autor de un delito. El término Talión, deriva del adjetivo latino talis-tale, que significa igual o semejante, en referencia a la proporción que debe guardarse entre el delito y la pena.

Hace unos días vimos un video que circuló por las redes sociales y diversos noticieros en donde un sujeto fue brutalmente golpeado por varios hombres en el interior de un vehículo del transporte público que circulaba en el Estado de México, inmediatamente después de que comenzó a despojar de sus pertenencias a los pasajeros, es decir, cometiendo el delito de robo, situación por la que ahora dichas personas están siendo acusadas de cometer un delito y deberán enfrentar a la justicia.

El sábado pasado ocurrió otro caso en una combi que se dirigía al paradero de Pantitlán, donde dos sujetos subieron para asaltar a las personas que iban a bordo, en seguida uno logró bajar y al otro lo lograron detener los pasajeros y lo golpearon para posteriormente ponerlo a disposición de las autoridades.

Derivado de lo anterior, hay que observar lo que señala nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 17, que a la letra dice:  

“…Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial”.

Este mandato Constitucional nos deja claro que la justicia por propia mano es contraria a Derecho y que cualquier persona que cometa una conducta tipificada como delito será juzgada mediante las instituciones que ejercen el poder del Estado. 

Lamentablemente en muchos de los casos en donde no se lleva a cabo la aplicación de la ley a quien es acusado de la comisión del delito, es porque se cree que tenemos ausencia de autoridad, por ello existen grupos que se enfrentan a bandas de criminales que quieren imponer su ley, realizar extorsiones y cobros de piso, robos, etc., sin que la autoridad haga frente a tal situación. 

El Estado de derecho implica un gobierno que proteja los derechos fundamentales de todos y castigue a quienes los violen. Las instituciones deben brindar seguridad a los ciudadanos y castigar a aquellos que llevan a cabo actos criminales, sin embargo, en la medida en que el Estado falla en estas tareas, pierde legitimidad y, por ello, la sociedad se queda con la frustración y decide tomar la justicia en su propia mano. 

De acuerdo a las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en la Ciudad de México se han cometido este año 1,886 robos en transporte público y 3,402 en el Estado de México. 

Al respecto, se tienen identificadas las rutas del transporte público más peligrosas, las cuales son:

  • De boulevard puerto aéreo a avenida 4.
  • La autopista México-Puebla a Ermita y Zaragoza.
  • De periférico, calle 7 a canal de San Juan. 
  • Eje Central Lázaro Cárdenas a Vallejo.
  • Rio de los Remedios a autopista Naucalpan.
  • Avenida Insurgentes Norte Indios Verdes a la autopista México-Pachuca y Tlalnepantla de Baz.
  • De Avenida Centenario desde Oriente 157 Eje Vial 2 Oriente a Juan González Romero.
  • De Avenida Conscripto Ingenieros Militares, hasta cuatro caminos. 

Combatir la delincuencia nunca será terminar con la vida de otra persona, por lo que es necesario seguir construyendo un país de leyes y de impartidores de justicia en el que cada parte (gobernantes y poder judicial) haga su tarea de la mejor manera para que quienes hayan cometido algún delito paguen por él.

Es necesario también que la sociedad sea sensible ante el estricto respeto por los derechos humanos y seguir con la batalla en contra de la corrupción dentro de las instituciones que imparten justicia con el objetivo de incrementar la responsabilidad, transparencia y confianza en ellas.

Para dar certidumbre al ciudadano es urgente que se desarrollen programas que hagan que las instituciones sean más efectivas para prevenir y castigar al crimen, ya que con ello ayudarán a incrementar la confianza en la procuración, impartición y ejecución de la justicia.

Es por ello que tenemos que estar convencidos que la venganza es, sin lugar a duda, un impulso humano, resultado de un sentimiento negativo, casi siempre arraigado y no resuelto. La justicia, sin duda alguna es dar a cada quien lo suyo, sólo es posible, sin caer en el caso de que cada quien la trate de hacer por propia mano.

Los linchamientos son una conducta ilícita que no constituyen una vía para alcanzar la verdad y la justicia. 

Luis Raúl González Pérez. 

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Alcalde por la redirección de Morena

Miguel Ángel Romero Ramírez

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En México, Morena no vivirá una crisis similar a la que viven hoy los demócratas en Estados Unidos en la que un presidente muy deteriorado en su salud, Joe Biden, además de renunciar a su relección, no encuentra opciones sólidas para reemplazarle y dar continuidad a su partido en el poder. De este lado, el presidente Andrés Manuel López Obrador garantiza que el movimiento que fundó se preserve con la próxima unción de Luisa María Alcalde como dirigente de Morena.

La comparación entre la situación en Estados Unidos y el panorama mexicano destaca una diferencia crucial en la dinámica de ambos países. Mientras que el Partido Demócrata lucha por encontrar una figura capaz de ofrecer no sólo continuidad, sino también una visión renovada para enfrentar a un implacable y popular Donald Trump, Morena tiene una ventaja estratégica con el liderazgo emergente de Alcalde. Su figura representa una amalgama entre juventud, experiencia y compromiso que puede revitalizar el movimiento sin perder de vista sus principios fundacionales.

En Estados Unidos, la falta de un relevo generacional claro y relevante ha puesto al Partido Demócrata en una posición de vulnerabilidad. La ausencia de jóvenes preparados para asumir el mando, junto con la creciente desconfianza hacia las figuras establecidas, ha generado un vacío que amenaza con desestabilizar por completo al partido. Esta crisis de liderazgo no sólo pone en riesgo la continuidad del legado de Biden y de los demócratas, sino que también refleja una anomalía de representación y obsolescencia partidaria.

En contraste, Luisa María Alcalde, en México, se consolida como una figura que, además de inyectar frescura y dinamismo al partido Morena –el cual padece un proceso anticipado de deterioro a partir del sectarismo y tribalismo– también se constituye como una fiel vigilante de que el proyecto delineado por el saliente presidente AMLO no tenga distracciones.

Con 37 años (en agosto), su ascenso en septiembre será una declaración de principios: un regreso a los valores originales del movimiento, impulsado por una visión progresista que buscará responder a las necesidades actuales de México y de América Latina.

En su paso por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y la Secretaría de Gobernación, Alcalde Luján ha venido reuniendo experiencia y nuevas capacidades que la facultan para enfrentar desafíos complejos en un momento muy particular para México y su lugar en la región. No será fácil y de su actuar dependerá, en parte, la permanencia del partido en el poder hacia adelante.

Los retos son vastos y de dimensiones diversas. Desde cómo construirá una narrativa que acompañe a la administración de la próxima presidenta, Claudia Sheinbaum; hasta la reconfiguración del tablero político en todos y cada uno de los rincones del país, siendo el elefante en la sala, el crimen organizado que ha logrado incrustarse y mimetizarse como militancia en algunas regiones de México.

Aunado a ello, la renovación del partido exige la evolución de un instituto político que, sin abandonar sus principios, deje atrás la polarización como un elemento primordial para la generación de adeptos.

Es también, una oportunidad para que la principal fuerza política en el país – que recibe dinero en función de los votos que obtuvo– se acerque a una madurez ideológica y supere el reduccionismo político de todo clasificarlo, según convenga, entre izquierda y derecha. En una sociedad progresista que busca la justicia social, dicha práctica es obsoleta y anticuada.

No cabe duda, el fundador de Morena, Andrés Manuel López Obrador, quien pasará a la historia como un poderoso gobernante populista de línea dura con señalamientos en su administración, también lo hará como un animal político excepcional que le abrió la puerta a México a tener la primer mujer presidenta y que construye el blindaje de su legado con una joven y poderosa Alcalde Luján, quien se erige como el verdadero relevo generacional.

Apuntes:

Resulta curioso e incluso cómico ver y escuchar a expriistas reconvertidos a morenistas asegurar que Luisa María Alcalde aporta certeza al partido de Morena. ¿Nerviosismo u oportunismo?

Miguel Ángel Romero Ramírez
Miguel Ángel Romero Ramírez: Analista y consultor político. Por más de 12 años, creador de estrategias de comunicación para el sector público y privado. Licenciado en comunicación y periodismo por la UNAM y maestro en gobierno por el Instituto Ortega y Gasset. Observador del uso de las nuevas tecnologías y su impacto en la democracia.
X: @MRomero_z

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Limitar sobrerrepresentación hace al Congreso local plural y equilibrado

Por Alejandro Gamboa C.

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La sobrerrepresentación política es un fenómeno electoral que distorsiona la voluntad popular, asignando más escaños a ciertos partidos de los que proporcionalmente les corresponderían según los votos obtenidos. En México, este problema se ha acentuado debido a brechas en el sistema de asignación de escaños y la tendencia de los actores políticos a maximizar su poder.

La democracia es un régimen que se nutre del pluralismo y reconoce la diversidad política. Murayama (2019) señala que transformar los votos en curules o escaños es una tarea que no ha sido sencilla en México, debido a su compleja evolución hacia un sistema más democrático.

Este principio es esencial para entender la importancia de reglas adecuadas que eviten la sobrerrepresentación y aseguren una representación justa y proporcional en el Congreso.

Rol del INE y el TEPJF. El Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) juegan un papel crucial en la regulación y resolución de problemas electorales. La autonomía constitucional del INE y la existencia del TEPJF permiten abordar y resolver cuestiones relacionadas con la sobrerrepresentación y otros vicios del sistema electoral.

El acuerdo INE/CG193/2021 introdujo el principio de militancia efectiva, que verifica la afiliación efectiva de los candidatos al momento del registro de la candidatura, garantizando así una asignación justa de curules.

El principio de militancia efectiva se justifica para lograr un mejor equilibrio entre la emisión del voto ciudadano y la asignación efectiva de curules en la Cámara de Diputados. Este principio asegura que los escaños se asignen de manera proporcional a los partidos, previniendo violaciones a los límites constitucionales de sobrerrepresentación, como las ocurridas en el proceso electoral de 2018.

La reforma constitucional del 10 de febrero de 2014 introdujo límites a la sobrerrepresentación y subrepresentación en los congresos locales, estableciendo que ningún partido puede tener una representación mayor o menor al 8% de la votación obtenida. En su momento se argumentó que la reforma es una norma completa y de eficacia plena, sin necesidad de ajustes normativos adicionales.

Limitar la sobrerrepresentación tiene el potencial de convertir al Congreso local en un órgano más plural y equilibrado, mejorando el control sobre las políticas públicas del Ejecutivo local. Este equilibrio fomenta el diálogo y evita que un solo partido domine la legislatura, a menos que gane por mayoría relativa en todos los distritos electorales.

La sobrerrepresentación política en México es un problema complejo que distorsiona la voluntad popular y afecta la representación proporcional en el Congreso. La introducción del principio de militancia efectiva y los límites establecidos por la reforma constitucional de 2014 fueron pasos importantes hacia la corrección de este problema.

¿Cómo conciliar la voluntad general que votó en 2024 de forma abrumadora y la sobrerrepresentación, sin atentar contra esa voluntad manifestada en las urnas?

La implementación de estas medidas y la intervención de las autoridades electorales son esenciales para asegurar una representación justa y equilibrada, que refleje verdaderamente la diversidad y pluralismo de la sociedad mexicana.

A pesar del problema, no hay otra opción que la continua vigilancia y adaptación y mejora continua de las normas electorales, con el objetivo de mantener la integridad y legitimidad del sistema democrático mexicano.

Por Alejandro Gamboa C.
Alejandro Gamboa C.
Licenciado en periodismo con estudios en Ciencia Política y Administración Pública (UNAM) Enfocado a las comunicaciones corporativas.
Colaboró como co editor Diario Reforma. En temas de ciencia y comunicación en Milenio y otros medios digitales. Cuenta con 15 años dedicado a las Relaciones Públicas. Ha colaborado en la fundación de la Agencia Umbrella RP. Ha realizado trabajos como corrector de estilo, creador de contenidos y algunas colaboraciones como profesor en escuelas locales.

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Dos Bocas, barril sin fondo en uso de recursos públicos

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Después de dos años de haber sido inaugurada, la refinería Dos Bocas (oficialmente, Refinería Olmeca) empezó a producir gasolina y diésel. Sin más información que el presunto procesamiento de 73 mil barriles diarios de diésel y 40 mil barriles de gasolina, es un alivio que la refinería sí refine porque ha tenido tantos problemas para entrar en operación que hasta su capacidad de producir combustibles se había puesto en duda.

La planta ubicada en Tabasco fue diseñada para producir 170,000 barriles diarios de gasolina y 120,000 barriles de diésel; fue inaugurada en julio de 2022 sin producir un solo barril de combustibles, pero sí ha sido un barril sin fondo en el uso de recursos públicos.

Hasta el momento, la producción no alcanza ni siquiera la mitad de la capacidad prevista, pero debemos confiar en que los problemas técnicos y operativos que ha presentado la magna obra sean solventados en algún momento.

Esa obra insignia del presidente Andrés Manuel López Obrador costaría -en un inicio- 8 mil millones de dólares y terminará con una inversión de 16 mil millones de dólares, es decir lo doble de lo previsto Desde su planeación, la séptima refinería de México ha generado controversias porque hay quienes piensan que se trata de un gasto innecesario porque lo inn son los autos eléctricos, pero al menos hasta el 2050 persistirá la demanda de petrolíferos.

El proyecto buscaba reducir la dependencia energética y alcanzar la autosuficiencia en la producción de combustibles del país; sin embargo, el deterioro del resto de las refinerías y el aplazamiento de esta nueva han ocasionado que las compras de gasolinas y diésel representen casi el 60% y más del 50%, respectivamente.

En mayo de 2019, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que sería Petróleos Mexicanos la responsable de la construcción de la refinería, bajo la administración de la Secretaría de Energía al mando de Rocío Nahle. Su construcción llevaría tres años.

Con dos años de retraso, es de esperarse que la Refinería Olmeca ahora sí opere a toda su capacidad para demostrar que es un proyecto rentable, porque se han invertido recursos públicos derivados de impuestos.

Los petrolíferos que produzca contribuirían a reducir las compras en el extranjero para abastecer el mercado nacional y, al reducir las compras en el extranjero se generan ahorros significativos para el presupuesto público, mejorando y fortaleciendo la economía nacional.

Además, la operación de la refinería impulsa el desarrollo económico de la región sureste del país, generando empleos directos e indirectos y atrayendo inversiones en infraestructura y servicios.

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