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Opinión

El dilema en aplicación de la cadena perpetua en México

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¿Es necesario aplicar la cadena perpetua para terminar con la violencia hacia las niñas y los niños en México?

Hace unos días la candidata a diputada local, Miriam García Monzalvo, quien representa a la coalición Va por Hidalgo, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), inició su campaña con la propuesta de aplicar cadena perpetua a quien violente a niñas o niños, esto con la finalidad de atender de manera urgente el grave problema de la violencia hacia los menores.

La candidata refirió: “…en Hidalgo, las penas que se imponen a quien secuestra a un niño son de 1 a 6 años, sin embargo, si el raptor tiene un buen comportamiento puede salir mucho antes”.

Lo anterior, no es correcto, ya que el artículo 167 del Código Penal del Estado de Hidalgo refiere que:

“…Si el agente espontáneamente pone en libertad al secuestrado dentro de las setenta y dos horas posteriores al inicio de la privación de libertad, la punibilidad será de uno a seis años de prisión y multa de 30 a 150 días, siempre y cuando el sujeto no haya logrado los propósitos a que se refiere el artículo 166 de este Código.

Es decir, en ningún momento, este artículo establece que: “…las penas que se imponen a quien secuestra a un niño son de 1 a 6 años”, tampoco dice que: “…si el raptor tiene un buen comportamiento puede salir mucho antes”.

Ahora bien, el secuestro cometido en contra de cualquier persona, sea menor o mayor de edad, hombre o mujer, etc., se tipifica en el artículo 166, el cual señala:

“…Cuando la privación ilegal de la libertad tenga el carácter de secuestro, se aplicará prisión de diez a cuarenta años y multa de 200 a 500 días. Habrá secuestro si el hecho se realiza con el propósito de:

I.- Obtener un rescate;

II.- Que la autoridad realice o deje de hacer un acto de cualquier índole;

(REFORMADA, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005)

III.- Causar daño o perjuicio al secuestrado o a persona distinta relacionada con él;

(REFORMADA, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005)

IV.- Obligarlo a hacer o dejar de hacer un acto de cualquier índole, o para que un tercero lo haga o lo omita; y

(ADICIONADA, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005)

V.- Cometer secuestro exprés, entendiéndose por éste, el que prive de la libertad a otro por el tiempo estrictamente indispensable para cometer los delitos de robo o extorsión o para obtener algún beneficio económico. Lo anterior, con independencia de las demás sanciones que conforme a este Código le correspondan por otros delitos que de su conducta resulten”.

Como podemos observar, en el artículo antes mencionado, se señala como pena máxima para la persona que cometa el delito de privación ilegal de la libertad con carácter de secuestro, 40 años de prisión, lo cual es un tiempo que, para la candidata no es suficiente y por eso quiere que se les aplique cadena perpetua.  

Dicho lo anterior, considero importante explicar lo que es la “cadena perpetua”, ya que podemos incurrir en una falsa percepción de su significado y aplicación de acuerdo a la normatividad vigente.

Cuando una persona que ha cometido un delito, es procesado y sentenciado a una pena privativa de la libertad por determinado tiempo, es decir, no para toda la vida como lo propone la candidata, ya que si fuera de esa manera, entonces el sentenciado pasaría lo que le resta de vida en prisión.

Sin embargo, en caso de hacerlo de manera vitalicia, la aplicación de dicha sentencia contradice el fin humanitario establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la finalidad primordial de la pena de prisión, que es la reinserción social del sentenciado, tal y como lo establece el artículo 18, el cual dice:

“…El sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley”.

Ahora bien, desde mi particular punto de vista, la cadena perpetua no debe existir, ya que el sentenciado al no tener ninguna oportunidad de obtener su libertad, es evidente que no cumplirá con los cinco ejes de la reinserción social que menciona el artículo 18 Constitucional, ni con el fin de la pena, que es lograr que el individuo que cometió un delito, no vuelva a cometerlo, y tratar que los ciudadanos no cometan delitos.

Por lo tanto, si un individuo es sentenciado de por vida, lo más seguro es que seguirá delinquiendo dentro del centro penitenciario en que se encuentre.     

Actualmente son pocos los países que tienen la pena de prisión perpetua o vitalicia, sin embargo, en sus legislaciones cuentan con mecanismos que permiten que los sentenciados sean evaluados después de un tiempo para ver sí siguen constituyendo un peligro para la sociedad y si tienen la capacidad y las herramientas para reinsertarse a la sociedad.

La postura de la organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre este tema es de rechazo hacia la prisión de toda la vida, debido a que, si el objetivo de dicha sentencia es la rehabilitación y la reinserción social, al encerrarlos toda la vida, es obvio que no se va a cumplir con dichos objetivos.

Por otro lado, establece que si se busca que la pena sea ejemplar y tenga como función la retribución, se pueden establecer plazos mínimos que cumplan con lo mencionado. Por ello, la ONU recomienda que la pena mínima sea de 10 años y la máxima de 25 para los delitos más graves.

En México, una persona puede ser sentenciada a 100 años de prisión sin posibilidad de libertad alguna y al tener estas sentencias que únicamente se diferencian en la terminología con la cadena perpetua, se contradice constitucionalmente, pues dichas penas no buscan la reinserción social del sentenciado y constituyen una carga económica importante para el Estado y sus contribuyentes.

Es por ello que, aún y cuando en México no se cuenta con la pena de “cadena perpetua” como tal en sus legislaciones, es uno de los pocos países en el mundo que la aplica de manera indirecta, ya que en algunos el sentenciado tiene la posibilidad de pasar el resto de su vida tras las rejas y, desgraciadamente México es uno de ellos. Por consiguiente, esto no nos hace un país más seguro, la solución a nuestro problema de seguridad no reside en políticas represivas con sentencias infinitas, sino que tenemos que trabajar mucho con una política integral social.

Así que la propuesta de la candidata no tiene razón de ser para terminar con el problema que señala en su campaña, es decir, aplicar cadena perpetua a quien violente y secuestre a niñas o niños, con la finalidad de atender de manera urgente la violencia hacia los menores.

“Te encierran de por vida, y eso es justo lo que te quitan.”
MORGAN FREEMAN

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Opinión

Ébano y el periodismo cultural en México

Por: Alejandro Gamboa C.

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Hace algunos años, una amistad, Stephanie Esparza, me regaló un libro extraordinario: Ébano de Ryszard Kapuściński. Desde las primeras páginas, me atrapó su estilo único, una mezcla de periodismo fresco y casi poético que me llevó a lugares desconocidos y me enseñó nuevas formas de entender el oficio de contar historias.

Kapuściński, según la revista Gatopardo, no era un periodista cualquiera. Fue un hombre que vivió intensamente, cubriendo 27 revoluciones, sobreviviendo 40 arrestos y 4 sentencias de muerte. Su enfoque narrativo era singular; lograba fusionar la poesía con el periodismo de una manera tan natural que sus crónicas se convertían en una suerte de obra literaria.

Sus textos abordaban la descolonización en África y las tensiones de la Guerra Fría, pero siempre desde una perspectiva humana, lo que lo hizo cercano a figuras como Gabriel García Márquez y lo llevó a recibir el Premio Príncipe de Asturias en 2003.

Ébano, publicado en 1998, es un testimonio de la vida africana durante las décadas de 1950 a 1990, un periodo de descolonización lleno de contradicciones. En este libro, Kapuściński no solo narra la pobreza, la violencia y las dictaduras, sino que también captura la esencia cultural y espiritual de un continente en transición. Su estilo combina la observación detallada con una reflexión profunda sobre la humanidad, lo que me dejó, al finalizar la lectura, con una sensación de vacío y una urgente necesidad de saber más sobre él y su obra.

Hoy día, esto también me ha llevado a cuestionar el estado actual del periodismo cultural. Pareciera que hemos perdido a esos periodistas que, como Kapuściński, podían conjugar la narrativa literaria con la descripción precisa de los hechos.

Recuerdo con nostalgia aquellos suplementos culturales de El Nacional o El Financiero, que eran verdaderas joyas del periodismo. O la revista Siempre!, en su antiguo formato, que contaba con plumas envidiables que llenaban sus páginas de cultura e inteligentes análisis. Hoy, lamentablemente, muchos de estos espacios han desaparecido o se han convertido en simples plataformas propagandísticas.

En su obra Historia del periodismo cultural en México, Humberto Musacchio nos recuerda que el periodismo cultural en México tiene una rica historia que se remonta a las hojas volantes de la época colonial. Este tipo de periodismo ha sido fundamental para informar, analizar y criticar las manifestaciones artísticas e intelectuales, además de conectar generaciones de escritores y artistas. Sin embargo, en la era digital actual, el periodismo cultural enfrenta nuevos retos y transformaciones.

Con la expansión de las redes sociales, el internet y la inteligencia artificial, vemos surgir un nuevo tipo de periodismo cultural. Jóvenes creadores, motivados por el deseo de compartir sus aficiones y perspectivas, apoyados en la tecnología han comenzado a ocupar el espacio que antes pertenecía a los medios tradicionales.

Aunque este nuevo periodismo emergente ofrece una variedad de opciones y voces, también está manchado por la proliferación de fake news, un problema que esperamos se regule en favor de un periodismo documentado y veraz.

Todo esto, a propósito de Ébano y de Kapuściński, me motivó a desempolvar el libro y hojearlo de nuevo, inspirado por la relevancia de este nuevo periodismo emergente, que sigue siendo vital para conocer otras perspectivas y mantener viva la llama de la narrativa cultural.

Alejandro Gamboa C.
Licenciado en periodismo con estudios en Ciencia Política y Administración Pública (UNAM) Enfocado a las comunicaciones corporativas. Colaboró como co editor Diario Reforma. En temas de ciencia y comunicación en Milenio y otros medios digitales. Cuenta con 15 años dedicado a las Relaciones Públicas. Ha colaborado en la fundación de la Agencia Umbrella RP. Ha realizado trabajos como corrector de estilo, creador de contenidos y algunas colaboraciones como profesor en escuelas locales.

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Opinión

Reforma Judicial, con premios a alineados

Por: Miguel Ángel Romero Ramírez

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Mientras miles de trabajadores del Poder Judicial de la Federación salen a las calles para reclamar el despropósito de una reforma que, además de alterar su circunstancia laboral lastima el orden constitucional al propiciar un desequilibrio entre los Poderes de la Unión, las negociaciones de alto nivel cobran relevancia.

Magistrados del Tribunal Electoral afines al oficialismo mantienen reuniones en las que Ricardo Monreal, próximo coordinador legislativo del oficialismo en la Cámara de Diputados y Arturo Zaldívar, próximo titular del Tribunal de Disciplina Judicial, les aseguran asientos en la eventual conformación de la nueva Suprema Corte.

La calificación del proceso electoral 2024 –sin mayor autocrítica– en la que ganó Claudia Sheinbaum, la permanencia de Alito Moreno al frente del Partido Revolucionario Institucional, PRI, –favorable al oficialismo por su perenne autodestrucción– así como la ratificación de la sobrerrepresentación en el Congreso de la coalición de Morena, el Partido Verde y el Partido del Trabajo en el Congreso, son algunas de las decisiones que podrían ser la moneda de cambio con la que el bloque de magistrados del Tribunal Electoral, afín al oficialismo, tengan posibilidades de transitar a ministros en la eventual nueva conformación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Diversas fuentes consultadas aseguran que la oferta de quien se asume el próximo titular del –todavía inexistente– Tribunal de Disciplina Judicial, Arturo Zaldívar es exclusiva para los magistrados: Mónica Soto (presidenta del Tribunal Electoral), así como Felipe de la Mata Pizaña y Felipe Alfredo Fuentes Barrera, quienes conforman el bloque de tres magistrados que con sus resoluciones logran “mayoritear” a los otros dos integrantes de la Sala Superior: Janine Otálora y Reyes Rodríguez.

Una Sala Superior que, hoy por hoy, funciona con dos integrantes menos (en vez de cinco deberían de ser siete) gracias a que Morena en el Congreso se negó a nombrar en las sillas vacantes a sabiendas de que el proceso electoral del 2024 sería sumamente complejo.

Estas negociaciones, llevadas a cabo en las sombras y lejos del escrutinio público, ponen en evidencia una peligrosa tendencia de concentración del poder y el debilitamiento de las instituciones que deberían servir como contrapeso en un sistema democrático.

La posibilidad de que los magistrados afines al oficialismo sean recompensados con asientos en la nueva Corte, a cambio de decisiones que favorecen a los intereses del partido en el poder, no solo pone en duda la imparcialidad de la justicia electoral sino que además socava la confianza en el sistema judicial en su conjunto. ¿Sirve de algo que miles de trabajadores marchen cuando están lejos de los pactos que se hacen por encima de ellos?

La reforma judicial, está claro, lejos de fortalecer el Estado de Derecho, está orientada a consolidar un control político sobre el Poder Judicial, debilitando así uno de los pilares fundamentales de la democracia.

Miguel Ángel Romero Ramírez: Analista y consultor político. Por más de 12 años, creador de estrategias de comunicación para el sector público y privado. Licenciado en comunicación y periodismo por la UNAM y maestro en gobierno por el Instituto Ortega y Gasset. Observador del uso de las nuevas tecnologías y su impacto en la democracia.
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SCJN, ¿cómplice pasivo de reforma judicial?

Por Miguel Ángel Romero Ramírez

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La actitud de la Suprema Corte, ante una reforma judicial tan destructiva, no sólo ha sido decepcionante, sino también alarmante.

El silencio ensordecedor le imprime un sello de complacencia al atropello del sistema judicial que podría tener consecuencias desastrosas para la democracia mexicana. Horas después de que la ministra presidenta, Norma Piña aplaudiera de pie la entrega de constancia de Claudia Sheinbaum como presidenta electa de México, cerca de 55 mil trabajadores del Poder Judicial organizaron un paro nacional… pero sin su respaldo… a su suerte.

La Corte no sólo ignora su deber de proteger a sus trabajadores sino parece haberse convertido en cómplice pasivo de su propia desmantelación. El aplauso de pie de Norma Piña a Claudia Sheinbaum sería irrelevante y podría ser considerado una mera cortesía política si meses atrás ella misma no hubiera protagonizado un momento clave en la ceremonia de celebración del 106 aniversario de la Constitución cuando no se levantó de su asiento y tampoco celebró la entrada al auditorio del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Las cosas cambiaron? ¿Ahora sí se somete?

El cambio de señales constante en la Suprema Corte de Justicia en la Nación exhibe, además del poco oficio político y la candidez, el nulo compromiso con los intereses superiores de la Nación. Puede ser entendible que la ministra presidenta y su equipo encuentren en Claudia Sheinbaum un respiro después de los embates coléricos del saliente presidente Andrés Manuel López Obrador, pero en los hechos no cambia absolutamente nada.

La estrategia del oficialismo que busca cooptar el sistema judicial para evitar resistencias a la instalación de un régimen autoritario sigue en curso y con más bríos que antes.

¿De qué sirve que los empresarios, académicos, asociaciones y barras de abogados, e incluso la ONU se desgarren las vestiduras con sendos comunicados, posicionamientos y entrevistas en medios de comunicación cuando la titular del Máximo Tribunal simplemente no sale y tampoco dice nada… y cuando aparece lo hace para aplaudir al oficialismo? Sin un liderazgo fuerte ¿cuánto podrá resistir el paro nacional de trabajadores que no goza del respaldo institucional? ¿Hasta dónde podrán llegar divididos?

¿Será que influye la actualización del dictamen que discutirá el Congreso sobre dicha reforma? Ahí, entre otras cosas, el oficialismo abre la puerta para que los ministros de la SCJN que decidan no estorbar en la demolición del Poder Judicial puedan acceder a su pensión vitalicia (conocido como haber de retiro). Sí, la misma pensión de la cual gozan Arturo Zaldívar y Olga Sánchez Cordero, exministros de La Corte que hoy desde el partido en el poder acusan de “privilegios” a sus colegas… “privilegios” que siguen gozando y que a ambos les da aversión renunciar a dicha prestación. ¿Cuántos de los hoy 11 ministros van a preferir su pensión vitalicia?

Hace algunas semanas, en este mismo espacio, redacté una carta de renuncia ficticia de la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual se mantiene vigente. La crítica es la misma. En ningún momento ha podido explicar por qué 36 millones de votos no significa ni tiene implícito que un gobierno legalmente constituido pueda alterar el estado constitucional. Nada ni nadie, en una democracia, puede alterar el equilibrio de poderes. Claro, a menos de que pasemos a ser un país con un régimen autoritario en el que a la ya de por sí mediocre clase política sea imposible exigirle cuentas.

Apuntes:

Ernesto Canales, destacado abogado egresado de la Escuela Libre de Derecho y primer fiscal anticorrupción en el país (Nuevo León) está por lanzar su nuevo libro: ¡Hay Justicia! Una crónica audaz sobre el rol que le ha tocado jugar dentro del sistema de justicia mexicano, particularmente en casos mediáticos.

Si no fuera real sería una entretenida novela sobre corrupción, socialités, políticos corruptos y connotados empresarios dispuestos a todo para ganar un juicio. Un estimulante texto que edita Planeta y que pronto estará en todas las librerías del país y mismo que su autor promocionará en ferias de libro y, sobre todo, en espacios académicos.

Miguel ángel Romero Ramírez: Analista y consultor político. Por más de 12 años, creador de estrategias de comunicación para el sector público y privado. Licenciado en comunicación y periodismo por la UNAM y maestro en gobierno por el Instituto Ortega y Gasset. Observador del uso de las nuevas tecnologías y su impacto en la democracia.
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