Mientras miles de trabajadores del Poder Judicial de la Federación salen a las calles para reclamar el despropósito de una reforma que, además de alterar su circunstancia laboral lastima el orden constitucional al propiciar un desequilibrio entre los Poderes de la Unión, las negociaciones de alto nivel cobran relevancia.

Magistrados del Tribunal Electoral afines al oficialismo mantienen reuniones en las que Ricardo Monreal, próximo coordinador legislativo del oficialismo en la Cámara de Diputados y Arturo Zaldívar, próximo titular del Tribunal de Disciplina Judicial, les aseguran asientos en la eventual conformación de la nueva Suprema Corte.

La calificación del proceso electoral 2024 –sin mayor autocrítica– en la que ganó Claudia Sheinbaum, la permanencia de Alito Moreno al frente del Partido Revolucionario Institucional, PRI, –favorable al oficialismo por su perenne autodestrucción– así como la ratificación de la sobrerrepresentación en el Congreso de la coalición de Morena, el Partido Verde y el Partido del Trabajo en el Congreso, son algunas de las decisiones que podrían ser la moneda de cambio con la que el bloque de magistrados del Tribunal Electoral, afín al oficialismo, tengan posibilidades de transitar a ministros en la eventual nueva conformación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Diversas fuentes consultadas aseguran que la oferta de quien se asume el próximo titular del –todavía inexistente– Tribunal de Disciplina Judicial, Arturo Zaldívar es exclusiva para los magistrados: Mónica Soto (presidenta del Tribunal Electoral), así como Felipe de la Mata Pizaña y Felipe Alfredo Fuentes Barrera, quienes conforman el bloque de tres magistrados que con sus resoluciones logran “mayoritear” a los otros dos integrantes de la Sala Superior: Janine Otálora y Reyes Rodríguez.

Una Sala Superior que, hoy por hoy, funciona con dos integrantes menos (en vez de cinco deberían de ser siete) gracias a que Morena en el Congreso se negó a nombrar en las sillas vacantes a sabiendas de que el proceso electoral del 2024 sería sumamente complejo.

Estas negociaciones, llevadas a cabo en las sombras y lejos del escrutinio público, ponen en evidencia una peligrosa tendencia de concentración del poder y el debilitamiento de las instituciones que deberían servir como contrapeso en un sistema democrático.

La posibilidad de que los magistrados afines al oficialismo sean recompensados con asientos en la nueva Corte, a cambio de decisiones que favorecen a los intereses del partido en el poder, no solo pone en duda la imparcialidad de la justicia electoral sino que además socava la confianza en el sistema judicial en su conjunto. ¿Sirve de algo que miles de trabajadores marchen cuando están lejos de los pactos que se hacen por encima de ellos?

La reforma judicial, está claro, lejos de fortalecer el Estado de Derecho, está orientada a consolidar un control político sobre el Poder Judicial, debilitando así uno de los pilares fundamentales de la democracia.

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La actitud de la Suprema Corte, ante una reforma judicial tan destructiva, no sólo ha sido decepcionante, sino también alarmante.

El silencio ensordecedor le imprime un sello de complacencia al atropello del sistema judicial que podría tener consecuencias desastrosas para la democracia mexicana. Horas después de que la ministra presidenta, Norma Piña aplaudiera de pie la entrega de constancia de Claudia Sheinbaum como presidenta electa de México, cerca de 55 mil trabajadores del Poder Judicial organizaron un paro nacional… pero sin su respaldo… a su suerte.

La Corte no sólo ignora su deber de proteger a sus trabajadores sino parece haberse convertido en cómplice pasivo de su propia desmantelación. El aplauso de pie de Norma Piña a Claudia Sheinbaum sería irrelevante y podría ser considerado una mera cortesía política si meses atrás ella misma no hubiera protagonizado un momento clave en la ceremonia de celebración del 106 aniversario de la Constitución cuando no se levantó de su asiento y tampoco celebró la entrada al auditorio del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Las cosas cambiaron? ¿Ahora sí se somete?

El cambio de señales constante en la Suprema Corte de Justicia en la Nación exhibe, además del poco oficio político y la candidez, el nulo compromiso con los intereses superiores de la Nación. Puede ser entendible que la ministra presidenta y su equipo encuentren en Claudia Sheinbaum un respiro después de los embates coléricos del saliente presidente Andrés Manuel López Obrador, pero en los hechos no cambia absolutamente nada.

La estrategia del oficialismo que busca cooptar el sistema judicial para evitar resistencias a la instalación de un régimen autoritario sigue en curso y con más bríos que antes.

¿De qué sirve que los empresarios, académicos, asociaciones y barras de abogados, e incluso la ONU se desgarren las vestiduras con sendos comunicados, posicionamientos y entrevistas en medios de comunicación cuando la titular del Máximo Tribunal simplemente no sale y tampoco dice nada… y cuando aparece lo hace para aplaudir al oficialismo? Sin un liderazgo fuerte ¿cuánto podrá resistir el paro nacional de trabajadores que no goza del respaldo institucional? ¿Hasta dónde podrán llegar divididos?

¿Será que influye la actualización del dictamen que discutirá el Congreso sobre dicha reforma? Ahí, entre otras cosas, el oficialismo abre la puerta para que los ministros de la SCJN que decidan no estorbar en la demolición del Poder Judicial puedan acceder a su pensión vitalicia (conocido como haber de retiro). Sí, la misma pensión de la cual gozan Arturo Zaldívar y Olga Sánchez Cordero, exministros de La Corte que hoy desde el partido en el poder acusan de “privilegios” a sus colegas… “privilegios” que siguen gozando y que a ambos les da aversión renunciar a dicha prestación. ¿Cuántos de los hoy 11 ministros van a preferir su pensión vitalicia?

Hace algunas semanas, en este mismo espacio, redacté una carta de renuncia ficticia de la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual se mantiene vigente. La crítica es la misma. En ningún momento ha podido explicar por qué 36 millones de votos no significa ni tiene implícito que un gobierno legalmente constituido pueda alterar el estado constitucional. Nada ni nadie, en una democracia, puede alterar el equilibrio de poderes. Claro, a menos de que pasemos a ser un país con un régimen autoritario en el que a la ya de por sí mediocre clase política sea imposible exigirle cuentas.

Apuntes:

Ernesto Canales, destacado abogado egresado de la Escuela Libre de Derecho y primer fiscal anticorrupción en el país (Nuevo León) está por lanzar su nuevo libro: ¡Hay Justicia! Una crónica audaz sobre el rol que le ha tocado jugar dentro del sistema de justicia mexicano, particularmente en casos mediáticos.

Si no fuera real sería una entretenida novela sobre corrupción, socialités, políticos corruptos y connotados empresarios dispuestos a todo para ganar un juicio. Un estimulante texto que edita Planeta y que pronto estará en todas las librerías del país y mismo que su autor promocionará en ferias de libro y, sobre todo, en espacios académicos.

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El periodismo en América Latina enfrenta desafíos únicos debido a los contextos políticos, sociales y económicos de la región. La ética periodística emerge como un elemento esencial no sólo para garantizar la calidad de la información, sino también para proteger la libertad de expresión y promover la democracia.

Primero, la ética periodística es el conjunto de principios y normas que guían la conducta de los periodistas en su ejercicio profesional. Su importancia radica en que el periodismo, como una de las principales fuentes de información para el público, tiene un impacto significativo en la formación de la opinión pública y en la defensa de los derechos humanos y la democracia.

En este contexto, la ética no es sólo un conjunto de reglas abstractas, sino una práctica que debe estar ligada a la búsqueda de la verdad y al compromiso con la sociedad.

Uno de los pilares fundamentales de la ética en el periodismo es la veracidad. Los periodistas tienen la responsabilidad de investigar, corroborar y presentar los hechos de manera precisa y honesta. En el contexto latinoamericano, donde la desinformación y la manipulación mediática son prácticas comunes en algunos sectores, la veracidad se convierte en un baluarte contra la distorsión de la realidad y la perpetuación de narrativas que pueden dañar el tejido social.

El periodismo en América Latina enfrenta desafíos particulares que ponen a prueba la ética de los profesionales de la comunicación. Éstos incluyen la represión política, la violencia contra periodistas, la precariedad económica de los medios, y el uso de la publicidad como herramienta de control ya sea por la autoridad oficial, o bien, de intereses privados con capacidad económica.

En muchos países de la región, los periodistas son víctimas de amenazas, acoso y, en los casos más extremos, asesinatos, simplemente por cumplir con su deber de informar.

En este contexto, la ética no sólo implica un compromiso con la veracidad, sino también con la valentía y la resiliencia. Los periodistas deben ser conscientes de su papel como defensores de la verdad, incluso cuando esto implique riesgos personales y profesionales.

La independencia es otro principio ético crucial. Los periodistas deben resistir las presiones de actores políticos y económicos que buscan influir en la cobertura mediática para favorecer sus propios intereses.

El rol de las redes sociales. Las redes sociales han transformado el panorama mediático, ofreciendo nuevas oportunidades para el periodismo independiente, pero también planteando nuevos desafíos éticos.

Por un lado, estas plataformas permiten a los periodistas difundir información de manera rápida y llegar a audiencias más amplias. Por otro lado, la inmediatez y la falta de regulación en las redes sociales facilitan la propagación de noticias falsas y la manipulación de la información. Asimismo, la monetización de redes como YouTube depende de que el contenido sea “adecuado” a la terminología, condiciones o requisitos de la misma red social y, además, de que el contenido agrade a la mayor cantidad de público posible.

En este sentido, la ética periodística se enfrenta al desafío de adaptarse a las nuevas tecnologías sin perder su esencia.

Los periodistas deben utilizar las redes sociales con responsabilidad, asegurándose de verificar la información antes de publicarla y evitando contribuir a la desinformación. Además, deben ser transparentes en cuanto a sus fuentes y métodos, lo que refuerza la credibilidad de su trabajo en un entorno donde la confianza en los medios tradicionales está en declive.

La Deontología Periodística. El concepto de deontología periodística se refiere a las obligaciones éticas y morales que deben guiar la práctica del periodismo. Estas obligaciones incluyen la responsabilidad social, la imparcialidad, y la defensa de los derechos humanos.

En América Latina, donde los periodistas a menudo operan en entornos de alta conflictividad social y política, la deontología se convierte en una brújula moral que les ayuda a navegar situaciones complejas.

Uno de los aspectos más destacados de la deontología es la obligación del periodista de priorizar el bien común sobre los intereses personales o corporativos. Esto implica un compromiso con la verdad, incluso cuando esta es incómoda para quienes ostentan el poder (político o económico, por ejemplo).

La ética periodística, en este sentido, es un acto de resistencia contra la corrupción, la impunidad y la manipulación mediática.

Subrayo: los periodistas no deben ser sólo observadores pasivos de la realidad, sino actores activos que contribuyen al fortalecimiento de la democracia y los derechos humanos. Esto requiere no solo habilidad técnica y profesional, sino también un profundo sentido de la responsabilidad ética.

El periodismo independiente juega un papel relevante en la defensa de la libertad de expresión y la democracia en América Latina. Sin embargo, los periodistas independientes a menudo enfrentan mayores riesgos y presiones que aquellos que trabajan en medios establecidos. La ética periodística es, en este contexto, una herramienta que puede garantizar que el periodismo independiente mantenga su integridad y credibilidad.

AL final, la ética debe ser el fundamento del periodismo independiente, especialmente en un entorno donde la desinformación y la manipulación son comunes. Los periodistas independientes deben adherirse a los principios éticos con más rigor, dado que su credibilidad depende en gran medida de su capacidad para ofrecer una cobertura veraz e imparcial.

Además, el periodismo independiente tiene la responsabilidad de ser un contrapoder frente a los abusos de los gobiernos, las grandes corporaciones o sectores empresariales u otros factores de poder. Esto requiere un compromiso ético que va más allá de la simple observancia de normas deontológicas, implicando una vocación por la justicia social y la defensa de los derechos de las comunidades más vulnerables. Deberemos seguir abriendo la conversación sobre la ética en el periodismo, donde la libertad de prensa y la verdad están constantemente bajo amenaza. Los periodistas, ya sean independientes o parte de grandes medios, deben actuar con un profundo sentido de responsabilidad ética para garantizar que su trabajo contribuya al bien común y no se convierta en una herramienta de manipulación o control. Algo difícil, pero no imposible.

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