Ciudad de México, 20 de abril de 2026.– La Secretaría de Economía informó, a través de un comunicado, que el secretario Marcelo Ebrard y el representante comercial de Estados Unidos, embajador Jamieson Greer, sostuvieron un encuentro con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, para dialogar sobre las relaciones comerciales y económicas bilaterales, en el marco de la próxima Revisión Conjunta del T-MEC, prevista para el 1 de julio.
El embajador Greer agradeció a la presidenta Sheinbaum su cordial bienvenida y reconoció su liderazgo en la ampliación de la cooperación bilateral. También destacó la colaboración activa de la Secretaría de Economía con la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR).
De acuerdo con el comunicado, Ebrard y Greer instruyeron a sus equipos para impulsar conversaciones técnicas sobre seguridad económica, reglas de origen en productos industriales clave, colaboración en minerales críticos y la resolución de puntos conflictivos bilaterales pendientes.
Asimismo, se acordó celebrar la primera reunión oficial de negociación bilateral del Tratado la semana del 25 de mayo en la Ciudad de México.
Ciudad de México, 20 de abril de 2026.- La calificación crediticia de un país es uno de los indicadores más importantes para evaluar su estabilidad económica y financiera. Esta calificación representa la capacidad que tiene un gobierno para cumplir con sus obligaciones financieras, especialmente el pago de deuda. En el caso de México, conservar una buena calificación crediticia es fundamental para mantener la confianza de inversionistas nacionales y extranjeros, así como para evitar el aumento en el costo de financiamiento del país.
Uno de los principales factores que podrían llevar a México a una disminución en su calificación crediticia es el aumento del déficit fiscal y del nivel de endeudamiento público. Las calificadoras observan con especial atención la capacidad del gobierno para mantener un equilibrio entre ingresos y gastos.
Cuando el gasto público supera considerablemente los ingresos, el país necesita endeudarse más, lo que incrementa el riesgo financiero. Asimismo, el bajo crecimiento económico representa otro factor de riesgo, ya que una economía que crece lentamente genera menos ingresos fiscales y dificulta el pago de la deuda. Proyecciones económicas han señalado que el crecimiento económico de México podría mantenerse en niveles modestos, cercanos al 1%, lo cual podría presionar las finanzas públicas si no se implementan medidas de consolidación fiscal.
En términos monetarios, la deuda pública de México ha alcanzado niveles cercanos al billón de dólares.
Otro elemento relevante que puede afectar la calificación crediticia es la situación financiera de empresas productivas del Estado, especialmente aquellas con altos niveles de deuda, como PEMEX Y CFE, que suman un total que supera los $2.3 billones de pesos, lo cual representa un compromiso adicional para las finanzas públicas. Además, aspectos institucionales, como cambios en el sistema judicial o incertidumbre en las políticas públicas, pueden generar preocupación entre inversionistas y agencias calificadoras, debido a que afectan la confianza en el marco legal y económico del país.
Una reducción en la calificación crediticia de México podría tener múltiples consecuencias económicas:
Aumentaría el costo de financiamiento del gobierno, ya que los inversionistas exigirían tasas de interés más altas para compensar el mayor riesgo. Esto implicaría un mayor gasto en el pago de intereses de la deuda, reduciendo los recursos disponibles para inversión pública en áreas como salud, educación e infraestructura.
Además, una menor calificación podría generar salida de capital extranjero, disminuir la inversión extranjera directa y provocar depreciación de la moneda nacional.
En términos generales, una degradación crediticia puede afectar negativamente el crecimiento económico y la estabilidad financiera del país, ya que reduce la confianza en su capacidad de pago.
Para evitar una reducción en su calificación crediticia o incluso mejorarla, México puede implementar diversas estrategias económicas y fiscales…
Una de las principales acciones es mantener una política fiscal responsable, reduciendo el déficit presupuestario y controlando el crecimiento de la deuda pública.
También es importante fortalecer la recaudación fiscal mediante una administración eficiente de impuestos y combate a la evasión fiscal.
Otro aspecto relevante es promover el crecimiento económico mediante la inversión en infraestructura, innovación tecnológica y desarrollo industrial, lo que incrementaría los ingresos del gobierno y mejoraría su capacidad de pago.
Asimismo, mantener la estabilidad política, fortalecer las instituciones y garantizar certeza jurídica para los inversionistas son factores esenciales para preservar la confianza internacional.
La calificación crediticia de México representa un elemento fundamental para la estabilidad económica del país y su relación con los mercados financieros internacionales. Aunque México conserva actualmente el grado de inversión otorgado por las principales agencias calificadoras, existen riesgos asociados al crecimiento económico limitado, el nivel de endeudamiento público y la situación financiera de empresas estatales.
Mantener una política fiscal prudente, fortalecer las instituciones y fomentar el desarrollo económico son acciones clave para evitar una degradación crediticia y asegurar la estabilidad financiera a largo plazo.
Como lo menciona Jaime Álvarez, vicepresidente de Inversiones de Skandia LatAm, actualmente las tres principales calificadoras globales tienen las siguientes calificaciones para el riesgo soberano mexicano. En todos los casos nos mantenemos en lo que se denomina “grado de inversión” que se dan a emisores que se considera que tienen bajo riesgo de incumplimiento y que se trata de inversiones relativamente seguras. La columna de “perspectiva” se refiere a lo que cada podría estar pasando en el futuro con la calificación con la información que hoy tienen las calificadoras:
Ciudad de México, 17 de abril de 2026.– La Secretaría de Economía y el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) reforzaron su alianza estratégica en vísperas de la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
Durante la reunión del Consejo Nacional del CCE, encabezada por su presidente José Medina Mora, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubon, participó en un diálogo orientado a consolidar la competitividad de México y preparar la segunda ronda de conversaciones con Estados Unidos, programada para el próximo lunes en la capital del país.
Ambas partes coincidieron en que la revisión del T-MEC representa una oportunidad clave para fortalecer la integración productiva de América del Norte, reducir vulnerabilidades en las cadenas de suministro y potenciar la relocalización de empresas en México. Asimismo, destacaron la necesidad de impulsar políticas públicas que generen certeza jurídica, reglas claras y un entorno favorable para la inversión.
Medina Mora y Ebrard subrayaron que el diálogo institucional permanente entre sector público y privado es esencial para construir soluciones conjuntas y aprovechar el contexto global. Reiteraron que la coordinación efectiva permitirá consolidar la confianza en México como socio estratégico y destino confiable para capital productivo.
El CCE y la Secretaría de Economía reafirmaron su compromiso de trabajar con visión de largo plazo para impulsar el crecimiento económico, la innovación y el desarrollo sostenible del país.
Ciudad de México, 1 de abril de 2026.– México obtuvo un triunfo relevante en el arbitraje internacional ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), organismo del Banco Mundial, al rechazarse todas las reclamaciones presentadas por Espíritu Santo HoldingsLP y L1bre Holding LLC contra el Estado mexicano.
Las empresas demandantes alegaban que entre 2016 y 2018 intentaron implementar un proyecto de taxímetros digitales en la capital, el cual —según su versión— fracasó por supuestos actos del Gobierno de la Ciudad de México. Incluso reclamaron que las autoridades buscaron apropiarse de la tecnología. Con base en ello, exigían más de 2,100 millones de dólares en compensación.
El 26 de marzo de 2026, el tribunal del CIADI emitió el laudo final y concluyó que no existían pruebas que demostraran las acusaciones. En palabras del fallo: “En la medida en que no existen pruebas de que México haya ‘destruido’ la inversión de las Demandantes… Más bien, dicho fracaso fue el resultado de sus propias acciones”.
Además de rechazar las reclamaciones, el tribunal determinó que las empresas deberán cubrir los gastos y costos asociados al arbitraje a favor del Estado mexicano.
La defensa estuvo a cargo de la Secretaría de Economía, a través de la Dirección General de Consultoría Jurídica de Comercio Internacional, con el apoyo de las firmas Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP y Tereposky & DeRose. También participaron la Secretaría de Movilidad y el Gobierno de la Ciudad de México.
Este resultado representa un logro significativo para México en la protección de sus intereses internacionales. El laudo se encuentra en proceso de revisión y será publicado próximamente en la página oficial del CIADI.