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Opinión

Cierre de minas a cielo abierto dejaría sin litio a gobierno

Puro cuento

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En el “Foro Estatal: maíz transgénico, fracking, minería y agua”, organizado por la Comisión de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria, de la Cámara de Diputados, realizado en la sede de la Universidad Autónoma de la Universidad de Nuevo León (UANL), representantes de la industria minería, entre ellos de la Cámara Minera de México (Camimex) pidieron a los integrantes del Congreso de la Unión tomen con seriedad la importancia de la minería en nuestro país.

La directora general de la Camimex, Karen Flores Arredondo, mencionó que la minería a cielo abierto aporta más de 60% del valor de la producción minera metalúrgica nacional.

Aseguró que prohibir esta actividad, como pretende el Ejecutivo, sería catastrófico para la industria, para la economía del país y para más de 3 millones de personas que dependen de la actividad.

El evento fue organizado con diferentes mesas de análisis en las que participaron representantes de los diversos partidos políticos y en las que se consideraron los puntos de vista y opiniones de expertos respecto al Proyecto de Decreto por el que se Reforman Diversas Disposiciones de la Constitución en Materia de Derecho a la Alimentación, Medio Ambiente Sano y Derecho al Agua, emitido por el Ejecutivo el 5 de febrero.

En ese sitio Flores Arredondo explicó que el tipo de minado de la minería a cielo abierto es un proceso en el cual se incluyen las canteras, la sal, el litio, y otros minerales que conforman el cemento y los materiales de construcción que también se verían afectados, “y México sufriría un déficit difícil de revertir”, alertó.

Es decir, sólo por poner un ejemplo, si el gobierno cierra las minas a cielo abierto se quedaría sin litio y su proyecto Litio para México que tiene como objetivo realizar la exploración, explotación, beneficio y aprovechamiento del litio también tendría que cerrar sus puertas.

Prohibir la minería a cielo abierto afectaría a 70 industrias, a más de 200 mil empleos directos, a un millón de empleos indirectos, a cerca de 20 mil estudiantes de carreras en Ciencias de la Tierra; dejaría de generar más de 40 mil millones de pesos en impuestos que, obvio, obtiene el gobierno y se dejarían de percibir 14 mil millones de pesos en ingresos.

La directiva de Camimex planteó que, si se impulsa la minería mexicana y se aprovecha para beneficio de todos, “podemos crecer en extracción de 2.4 a 3%; generaría más de 500 mil empleos directos, crearía inversiones superiores a los 28 mil millones de dólares y, al mismo tiempo, derivaría en beneficio para todos los habitantes de las comunidades mineras.

En ese sentido, es conveniente recordar que, en un estudio de la Universidad Nacional Autónoma de México, se comprobó que 91% de las comunidades mineras cuentan con el mayor índice de calidad de vida porque tienen excelentes servicios en salud, educación, infraestructura, entre otros.

Este sector productivo genera una derrama económica en más de 696 comunidades ubicadas en el país que asciende a más de 249 mil millones de pesos y en donde se generan empleos y negocios alternos a la minería.

La industria minera contribuye de manera importante al erario federal: en los últimos siete años pagó 300 mil millones de pesos en impuestos, que al año representaron más de 72 mil millones de pesos.

Este sector, a diferencia de otras industrias, no sólo paga el Impuesto Sobre la Renta (ISR), sino otros derechos adicionales: 7% sobre las utilidades; .5% para los mineros que producen oro y plata.

Dijo que, si la pretensión del gobierno federal es cerrar las zonas mineras, ya sea por declararlas áreas protegidas o prohibidas, pues “las van a dejar como tierra de nadie y quedarán en manos de gente que vive el margen de la ley”.

La diputada Luz Adriana Candelario indicó que los resultados de los foros serán enviados a la Cámara de Diputados (a la Junta de Coordinación Política) para su análisis y posterior discusión por los integrantes de todos los partidos políticos. Al tiempo.

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Opinión

Soberbia y autoritarismo, costo de la inevitabilidad

***Miguel Ángel Romero Ramírez

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El único voto que necesitaba ya lo obtuvo y en realidad la jornada electoral a la que están llamados el próximo 2 de junio más de 100 millones de mexicanos no es relevante en su ecuación. Se trata de la visión de la candidata oficialista Claudia Sheinbaum quien, aún cuando se asume de izquierda, sustenta la posibilidad de convertirse en la primer mujer presidenta de México en dos figuras obsoletas para cualquier sociedad: heredar el poder por la consanguinidad ideológica y el tributo al patriarca.

Los tres debates y las campañas políticas que inundaron los medios de comunicación, tanto tradicionales como digitales, con millones de spots, no ayudaron a develarle a la mayoría de la ciudadanía mexicana quién es Claudia Sheinbaum.

El script y la estrategia que la candidata ha seguido de manera metódica fue diseñado exclusivamente para que el votante mexicano tenga la ilusión de continuidad a las políticas públicas emprendidas por uno de los presidentes más votados en el país (30 millones) y con una aprobación positiva durante toda su gestión (60% en promedio).

Ella, fiel a los dos principios: consanguinidad ideológica y el tributo al patriarca, ha decidido ser, de momento, un personaje secundario en la narrativa. Desde una perspectiva pragmática sólo el cumplimiento cabal de estas condiciones la podría acercar el triunfo; sin embargo, la herencia es mucho más pesada y, también con ello, la problemática de lo que pudiera estar adoptando.

A diferencia del propio AMLO que arribó al poder para hacer lo que consideró lo más conveniente en medio de una adquirida psicosis –con la creación de enemigos imaginarios y una insensibilidad despiadada al negar los desafíos diarios de los mexicanos– Sheinbaum podría llegar con una carga cuasi genética que le determine toda su gestión, le abolle su legitimidad y le determine compromisos con tareas tan indeseables como blindar a toda costa a los hijos del mandatario señalados por corrupción.

Su actitud no es propia de una demócrata. Buscar instalar la “inevitabilidad” de su triunfo que la retrata como autoritaria. El termómetro democrático, en otras latitudes y en momentos de la historia reciente, nos muestra –siempre con razón– que la ausencia de incertidumbre sobre quién gana un proceso electoral guarda detrás un régimen tirano y absolutista.

¿Para qué hacer elecciones si ya se sabe quién va a ganar? es una pregunta frecuente en Nicaragua, Venezuela, Cuba y Honduras, en lo que respecta a la región.

Subestimar la jornada del próximo 2 de junio socava la vitalidad misma de la democracia mexicana al sugerir que el resultado de las elecciones está predeterminado y que no hay espacio para el debate, deliberación y competencia política.

Le niega al ciudadano su derecho fundamental a participar en la formación de su gobierno y a influir en el rumbo de su país. En ese sentido, también puede tener efectos perniciosos en el comportamiento electoral de los ciudadanos, quienes al percibir que su voto no hace la diferencia, muchos podrían optar por abstenerse de participar, circunstancia que debilitaría aún más la legitimidad y la representatividad de quien gane.

Al cierre de las campañas, que la candidata oficialista Claudia Sheinbaum, de Morena, apueste por la inevitabilidad de su triunfo es una excelente oportunidad para consignar lo que dicha estrategia tiene implícito: soberbia y autoritarismo, elementos que, si bien atienden a la consanguinidad ideológica y el tributo al patriarca, son, sin duda, un riesgo en la conformación de una sociedad plural y una amenaza latente para las libertades.

Aún nada está definido. Las casas encuestadoras deberán rendir cuentas después del 2 de junio. La disputa está más cerrada de lo que le gustaría hacer creer a Palacio Nacional y su candidata.

*** Analista y consultor político. Por más de 12 años, creador de estrategias de comunicación para el sector público y privado. Licenciado en comunicación y periodismo por la UNAM y maestro en gobierno por el Instituto Ortega y Gasset. Observador del uso de las nuevas tecnologías y su impacto en la democracia.

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Opinión

Peligroso aludir al fraude

***Miguel Ángel Romero Ramírez

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La democracia mexicana está sostenida por alfileres. Una de sus principales premisas: la regla de la mayoría respetando los derechos de las minorías; está olvidada y yace en el fondo del bote de la basura.

El histórico proceso electoral que corre y que tendrá como clímax el 2 junio puede configurarse como un ejemplo de la ruptura de ese equilibrio, sin embargo, y aún con una obvia disparidad, alimentar la narrativa del fraude es sumamente peligroso.

A escasos 19 días de que más de 100 millones de mexicanos sean llamados a cumplir con su obligación como ciudadanos para ejercer su voto, los actores políticos, de ambos bandos, buscan abrirle espacio en el imaginario colectivo a la idea del fraude electoral.

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, quien, violando sistemáticamente la ley, ha sido el protagonista de la contienda, ha encontrado múltiples formas para buscar instalar esa perjudicial imagen.

En su nerviosismo autoritario por el resultado electoral afirma que existe confabulación para que sus adversarios le asesten un “golpe de estado técnico”, el cual podría consolidarse a través de la nulidad del proceso electoral, botón que podría activar el Poder Judicial, expresado también en el Tribunal Electoral.

Aunque remotamente posible, el uso de dicho recurso está orientado a restablecer el orden ante acciones que lograron distorsionar la ruta y el resultado de una contienda. Es decir, el objetivo es atajar la crisis más que detonar una. Una acción extrema que dramatiza el mandatario en su perenne victimización y que, en todo caso, si fuera activada, se trataría de un mecanismo de defensa ante su despotismo.

Por su parte, Xóchitl Gálvez, la principal contrincante del oficialismo ha ajustado su discurso y en la recta final también ha caído en ese pernicioso señalamiento de que su “victoria podría no ser reconocida”. En su demorada mejoría en la carrera por la silla presidencial, considera, junto con su equipo, que esa narrativa podría llegar a buen puerto, pero está totalmente equivocada pues sólo abona al desgaste e incertidumbre institucional.

No es que no exista la posibilidad de que AMLO se aferre al poder y, en un escenario en el que no le favorezcan los resultados, busque boicotear la calificación de la elección. La evidencia y la consistencia en sus actos autoritarios sin mayor respeto al Estado de Derecho lo podrían ubicar sin problema en esa ruta

Incluso, en medio de su impotencia, ha utilizado, de nuevo, la figura de “soltar al tigre” en una clara referencia a llamar a sus seguidores a desconocer los resultados de manera violenta. Existen quienes se preguntan si habría en México una tropicalización de lo ocurrido en Estados Unidos a inicios de 2021. En ese momento Donald Trump al perder su reelección frente Joe Biden llamó a republicanos extremistas a asaltar el Capitolio luego de acusar fraude.

Conjurar el fantasma de fraude electoral depende, además de los actores políticos y sociales que participan, de las instituciones, particularmente el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación quienes en su actuar diario está la estabilidad del país y la legitimidad del próximo gobierno. No importa si la diferencia de votos entre quién gana o pierde es mínima. Las instituciones son las únicas que pueden mitigar y desactivar la sensacionalista idea del fraude electoral a partir de mecanismos de vigilancia y transparencia.

No importando la preferencia en la boleta es irresponsable estar invitando a que se instaure sobre una sociedad cada vez más polarizada. Se trata de una estrategia que también la propia ciudadanía debe atajar y no permitir a los políticos explotarla.

Si bien las violaciones a la ley existen y han sido burdas a partir de actos anticipados de campaña, financiamiento ilegal, asesinato de candidatos, guerrilla digital con bots, fake news y desinformación; así como la perniciosa herramienta propagandística y de ataques que es la conferencia matutina diaria, debe existir prudencia y señalar abiertamente a quién busca desestabilizar al país aduciendo fraude.

***Miguel Ángel Romero Ramírez
Analista y consultor político. Por más de 12 años, creador de estrategias de comunicación para el sector público y privado. Licenciado en comunicación y periodismo por la UNAM y maestro en gobierno por el Instituto Ortega y Gasset. Observador del uso de las nuevas tecnologías y su impacto en la democracia.
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Termómetros políticos al máximo nivel

Puro cuento

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La temperatura en el país se ha intensificado. Los termómetros superan, en algunos estados del país, los ¡50 grados! Estamos viviendo la segunda ola de calor de cinco que se esperan para este año. De hecho, los especialistas prevén que la temperatura disminuirá hasta que el verano termine.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, para los siguientes días se anticipan temperaturas máximas que oscilarán entre los 35 y 50 grados centígrados en varios estados de la República.

Lo que los especialistas no tienen previsto es qué sucederá con el ambiente político electoral que se vive en el país, pues la temperatura está subiendo aceleradamente, pues el día decisivo está próximo.

Este 2 de junio, casi 98 millones de mexicanos acudirán a las urnas para elegir a 20 mil personas que ocuparán algún cargo, ya sea senadores, diputados, diputados locales, alcaldes y presidente de la República, y los ambientes se perciben muy encendidos.

Ya lo vimos durante el tercer debate “chilango” del pasado 12 de mayo en el que los candidatos a gobernar la Ciudad de México: Clara Brugada, Santiago Taboada y Salomón Chertorisvski, se dieron con todo y expusieron supuestos actos de corrupción de cada uno de sus contrincantes. Dicen los que asistieron al debate que hasta el aire acondicionado estaba tibio.

En algunas entidades, como Yucatán, el termómetro electoral estaría superando los 50 grados. Y es que los candidatos a la gubernatura, Joaquín “Huacho” Díaz Mena, de la fórmula MORENA, Partido del Trabajo y Partido Verde; y Renán Barrera Concha, abanderado del PRI, PAN y Nueva Alianza, van prácticamente de la mano en las encuestas. Aunque, a decir verdad, el “Huacho” lleva ligera ventaja.

Los que saben de política yucateca piden a gritos que el actual gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, saque las manos de la elección y deje de ayudar a Renán Barrera.

De hecho, más que responder a una queja de MORENA, el ultimátum del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a Mauricio Vila fue en el sentido de que se separe del cargo y se dedique a hacer campaña de tiempo completo por el Senado; hasta parecería que este apercibimiento fue alentado por los intereses de los panistas a quienes les urge que el mandatario salga a las calles a hacer campaña para revertir la inminente derrota de su candidato Renán Barrera, que cada día que pasa ve cómo se le esfuma la posibilidad del triunfo ante el avance que registra Joaquín Huacho Díaz.

Si de por sí el clima en Yucatán es cálido. En estos momentos no dudamos que el termómetro alcance niveles máximos nunca antes vistos.

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