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Opinión

¿Podrá Claudia desbaratar al Poder Judicial?

**** Por: Miguel Ángel Romero Ramírez

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Claudia Sheinbaum es una política profesional: se tragó sin hacer gestos la imposición de Clara Brugada como candidata a la capital del país. Y aunque la disciplina es clave bajo el sistema presidencialista mexicano, la candidata del oficialismo carga con una derrota anticipada que la debilita rumbo a la contienda del 2024 y, a la cual, está por sumarse otro descalabro más.

Se trata de una batalla todavía más compleja que la pretensión de instaurar a un policía como candidato de la “izquierda moderna” a la Ciudad de México: desbaratar al Poder Judicial; intención que, al ser una de sus banderas de campaña, le representará un desgaste innecesario porque, al igual que en su fracaso anterior, un sector importante e influyente de la Cuarta Transformación repudia dicho planteamiento.

Por ejemplo, dos de las tres ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, impulsadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, Loretta Ortíz Ahlf y Margarita Ríos Farjat, argumentaron en contra de uno de los principales ejes narrativos usados desde Palacio Nacional en esa cruzada: la posibilidad de que los ministros sean votados por los ciudadanos bajo el falso argumento de que solo así estos responderán a los intereses de quienes los eligen.

Fue en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara donde, junto al ministro Alberto Pérez Dayan, se pronunciaron en contra de dicha propuesta. Una de las premisas usadas por Ortíz Ahlf para desmontar dicha idea es que un juez, al acudir a las urnas y fincar su posibilidad de ocupar un asiento en el Máximo Tribunal, está negativamente incentivado a orientar sus resoluciones en pro de adquirir popularidad.

Ante el público que asistió al seminario “El derecho a la información, la importancia de la transparencia en el ejercicio de gobierno”, recordó cuando un juez de Estados Unidos le platicó que sentenció en Texas a un mexicano a pena de muerte, sin sustento sólido, con la finalidad de obtener notoriedad entre los votantes.

Y aunque el sometimiento al Poder Judicial que busca AMLO es mucho más complejo y contiene otras aristas más allá de esta medida, las voces al interior de la Cuarta Transformación empiezan distanciarse de su líder, como también lo ha hecho en otras embestidas hacia la Corte la exministra en retiro y exsecretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.

Sin embargo, y aún con un sector relevante de la 4T en contra de asfixiar al Poder Judicial, la candidata a la presidencia por parte de Morena, Claudia Sheinbaum, insiste en colocar en la boleta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Poco a poco, en el imaginario colectivo empiezan a configurarse los términos bajo los cuales se dará la contienda de 2024. La mala noticia para Sheinbaum es que priorizar como bandera de campaña el sometimiento al Poder Judicial tendría implícita su irrelevancia en el tablero político-electoral pues reconfirmaría que solo es y será una extensión de Andrés Manuel López Obrador quien de manera errónea identifica a los jueces como principal obstáculo para la instalación de su Cuarta Transformación.

Aún no inician formalmente las campañas rumbo a la presidencia y la candidata oficialista ya carga sobre sí el fracaso que significó no imponer a su exsecretario de Seguridad en CDMX, Omar García Harfuch, en donde la militancia y la nomenklatura partidista le dieron la espalda. A eso se le sumará la intención de meter a la boleta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con la finalidad de cobrarle un desgaste, ahora con nuevas figuras de la Cuarta Transformación que la estarán desafiando.

¿Qué tan reducida tiene que estar Sheinbaum para poder encabezar “el proyecto”? ¿Podrá durante la campaña diseñar su propia plataforma electoral e imponer su sello? Sin duda son varias las pistas por las cuales se busca alterar el orden constitucional que establece mecanismos de control entre los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, entre ellas también una terna para suplir al ahora militante de Morena y TikToker, Arturo Zaldívar.

Apunte:

Enhorabuena el posicionamiento de las dos ministras, Loretta Ortíz y Ríos Farjat. De esta última habría que destacar que a partir de sus resoluciones se ha venido consolidando como una de las piezas más sólidas dentro del Máximo Tribunal del país.

Recientemente desde la Primera Sala resolvió que el gobernador de Nuevo León, no importando quién sea, publique en el periódico oficial el decreto por el cual se traslada la Unidad de Inteligencia Financiera estatal (Secretaría de Finanzas) a la Fiscalía de esa entidad, aprobado por el Congreso de ese estado desde junio del año pasado. La resolución termina por dar una valiosa lección a los diputados locales quienes en su momento buscaron que la ministra se abstuviera de conocer dicha controversia. La institucionalidad, avanza

****Analista y consultor político. Por más de 10 años, creador de estrategias de comunicación para el sector público y privado. Licenciado en comunicación y periodismo por la UNAM con estudios de posgrado en gobierno. Observador del uso de las nuevas tecnologías y su impacto en la democracia. X: @MRomero_z

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Nahle, una “pirata” en Veracruz

***Miguel Ángel Romero Ramírez

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“El infierno vino del mar” es una de las frases célebres con la que los veracruzanos recuerdan los asaltos históricos que sufrió la ciudad portuaria ubicada en el Golfo de México durante el siglo XVI y parte del XVII.

La entrada a la Nueva España fue este puerto que tuvo que convertirse en una fortaleza. Sin embargo, ahora, esos mismos ciudadanos alzan la voz ante una nueva amenaza, una que llega desde el “centro” y que se torna como imposición de Palacio Nacional: Rocío Nahle.

A pesar de que legalmente está facultada para ser candidata de Morena a la entidad, entre los veracruzanos el debate de fondo está en si vale la pena adoptar a la ex secretaria de Energía como uno de los suyos. La imborrable sensación de ser un territorio tomado por asalto por parte de grupos externos es un fantasma que sobrevuela entre las murallas edificadas y diseñadas para resistir saqueos.

La entidad es clave dentro del tablero político nacional. Se trata del cuarto padrón electoral con 6 millones de ciudadanos que podrán acudir a las urnas el próximo 2 de junio. Su multiculturalidad es potente y excepcional según la zona, comunidad o municipio.

Las diferencias entre unos y otros son acentuadas de acuerdo a la región. Sin embargo, en el imaginario colectivo crece de manera acelerada el mote de “pirata” para la candidata morenista. Se trata de un piso común que los empieza a unir rumbo al próximo proceso electoral.

No es que la ex funcionaria esté operando del todo mal, pues a pesar de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ya le castigó en 2021 por realizar propaganda gubernamental en medio de un proceso electoral, la candidata ha buscado generar alianzas al interior de la entidad que hoy en día gobierna Cuitláhuac García. Los resultados, hasta el momento, han sido pobres, en parte por la degradación social y la ingobernabilidad que azota a la entidad.

Los veracruzanos no son tontos y no perdieron de vista la búsqueda de imposición de una zacatecana para pretender gobernarlos. Recuerdan perfectamente el diseño de la Ley Nahle en donde el Congreso local aprobó una ridícula modificación a la Legislación local para que las personas que tuvieran hijos en Veracruz terminaran por ser veracruzanas. El absurdo intento que terminó por enmendar la Suprema Corte de Justicia de la Nación a inicios del año pasado tenía como fin único beneficiar a la ex funcionaria que vivía dicha circunstancia.

Las charlas en los principales comedores en la ciudad portuaria apuntan a que la Nueva España acabó, los virreinatos son obsoletos y que por más que se busque instaurar a una “pirata” que rinda tributo al “centro”, es decir, a Palacio Nacional, le será imposible concretar su asalto, ya que su principal obstáculo no es legal, sino recae en su falta de legitimidad.

“La ciudad está construida como una fortaleza y no dejaremos que externos nos transgredan. Nuestros antepasados ya le hicieron frente a españoles, ingleses y franceses. Ahora estamos listos para evitar que los problemas de delincuencia y pobreza se agraven de la mano de Rocío Nahle”, expresa un personaje que pide anonimato en la mesa de una de las cafeterías con más historia del heroico Puerto de Veracruz. Se trata de una sensación que crece y se expande.

¿Será que los tamborazos zacatecanos se imponen a los sones jarochos en Veracruz? De momento, la resistencia y la fortaleza ideológica e identitaria de los veracruzanos parece que prevalece. Foto: Internet

***Miguel Ángel Romero Ramírez

Analista y consultor político. Por más de 12 años, creador de estrategias de comunicación para el sector público y privado. Licenciado en comunicación y periodismo por la UNAM y maestro en gobierno por el Instituto Ortega y Gasset. Observador del uso de las nuevas tecnologías y su impacto en la democracia.

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Meméxico lindo y…

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Me acuerdo de Cabeza de Vaca… Es que no sé si Santiago Nieto o ya Pablo (Gómez), me llevaron un documento en donde el gobierno de Estados Unidos estaba solicitando información y luego supe de que… ¡Ah!, y que por eso se había iniciado la investigación en la fiscalía, por una solicitud del gobierno de Estados Unidos. Y luego supe de que el documento era apócrifo. ¡¿Cómo?! Pero no volví a saber más.

Esta declaración fue hecha por el presidente López Obrador durante su conferencia mañanera del viernes 9 de febrero. Muestra el verdadero rostro del gobierno federal morenista: la utilización de todo el poder gubernamental para someter políticamente a todos aquellos opositores o personajes que están en contra de la mal llamada cuarta transformación.

El caso del ex gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, quien fue acusado falsamente de tener nexos con el narcotráfico con un apócrifo documento del FBI, puso de rodillas al tabasqueño, quien públicamente aceptó la mala actuación de sus entonces subalternos para incriminar a alguien que en ese momento le estorbaba para poner a uno de sus alfiles en la entidad.

Pero este caso no es el único caso donde López Obrador muestra el cobre, también está el de la ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Rosario Robles, quien fue presuntamente acusada del delito de desvío de recursos públicos en la llamada “Estafa Maestra”.

En este señalamiento, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México terminó por confirmar la falsedad de la licencia de conducir utilizada para encarcelar a Rosario Robles por parte de la Fiscalía General de la República, en claro detrimento de los derechos fundamentales de la ex jefa de gobierno de la capital del país.

Estos casos nos muestran como personajes cercanos al presidente y a su candidata presidencial, Claudia Sheinbaum, utilizaron las instituciones y recursos públicos para eliminar lo que ellos consideraban peligros políticos para su movimiento, amén del servilismo de Santiago Nieto y Ernestina Godoy.

Tanto López Obrador como su corcholata hablan de trabajar en la edificación del segundo piso de la cuarta transformación, esto en el marco del proceso electoral del próximo 2 de junio, olvidándose que el primero piso está cimentado en el engaño, la utilización de las instituciones públicas para coaccionar a opositores, la corrupción y la traición. Nos queda esperar solamente que el día de la elección, las y los mexicanos se encarguen de derruir a este gobierno que está destruyendo a México.

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El poco sexy antídoto contra la radicalización

***Miguel Ángel Romero Ramírez

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A nadie conviene la incertidumbre antes, durante y después del proceso electoral del próximo 2 de junio. Mientras el gobierno de la 4T y la oposición, así como los poderes fácticos, representados en el crimen organizado, la Iglesia, los medios de comunicación y los grandes empresarios, despliegan sus estrategias para arrebatar, conservar o conseguir más poder; el único anclaje históricamente funcional para hacer prevalecer una sociedad son las instituciones.

Defenderlas suele ser poco sexy. Más aún cuando existen personas que las encabezan y tienen como misión inmolarse junto a ellas. Algo muy sintomático en los tiempos de la Cuarta Transformación.

¿Cuidar a la Suprema Corte cuando la integran personajes como Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loretta Ortíz?. La respuesta: siempre. ¿Proteger una Comisión Nacional de Derechos Humanos aún encabezada por Rosario Piedra? Todo el tiempo. ¿resguardar la investidura presidencial? Por supuesto que sí.

Si bien la degradación institucional es, en parte, consecuencia de quienes están al frente de ellas, el fenómeno responde al encumbramiento del populismo como una forma de gobierno. Pocas cosas son más seductoras que las promesas superfluas a problemas complejos. No importa si es de ideología de derecha o de izquierda, este tipo de liderazgos se aprovechan del desencanto genuino y fundamentado que tiene el ciudadano por la democracia.

En ese sentido, el nuevo intento del presidente Andrés Manuel López Obrador para reformar la Constitución es consistente con lo que ha construido narrativamente durante décadas. “Al diablo con las instituciones” y “a mí que no me vengan con que ‘la ley es la ley’” son un mantra que lo dibuja a vísperas del término de su mandato.

Se trata de la radicalización de la que muchos teóricos como Yasch Mounk hablan al referirse al círculo vicioso en el que eventualmente todos los líderes populistas caen. En su objetivo por conservar el poder comienzan a impulsar acciones desesperadas que terminan por exhibirlos en su afán. Paradójicamente las muestras de fuerza terminan por debilitarlos.

No importa cuánto se esmeren los propagandistas. El círculo termina por cerrarse y no hay narrativa que alcance. Se trata de un ciclo natural de pérdida y obtención de poder, en donde el que menor tiempo lo retiene es quien se radicaliza más rápido. En ese sentido, lo que el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador promueve con sus iniciativas de ley en el marco de la conmemoración de la Constitución son un síntoma de este fenómeno que busca dinamitar el andamiaje institucional que él mismo usó para alcanzar la Presidencia.

Buscar que la seguridad pública pase a ser controlada por el Ejército es un síntoma de radicalización. Disminuir financieramente a los organismos autónomos y minar su reputación también lo es. Dejar inoperante la búsqueda e identificación de desaparecidos forma parte. Mantener una estrategia de brazos caídos frente el crimen organizado está en la misma ruta. Intentar maniatar al Instituto Nacional Electoral y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es lo mismo.

Con un proceso electoral histórico en puerta, la única salida que queda entre la ciudadanía es apostar por las instituciones. No se trata de defender a Guadalupe Taddei, sino a un instituto que literalmente costó sangre su emancipación del gobierno. Tampoco se trata de defender a los consejeros del INAI que usan la tarjeta de crédito institucional para pagar el table dance, sino de proteger nuestro derecho a la transparencia.

Parece aburrido, pero blindar a la institucionalidad es crucial si se busca construir una sociedad más justa en todos y cada uno de los sentidos. Es la única opción para caminar dentro del espectro de la democracia liberal.

Son pocos los perfiles que abonan en ese sentido. El 2024 depende particularmente de la institución que además de calificar las elecciones del próximo 2 de junio también podrá ayudar a emitir un diagnóstico sobre la calidad democrática que vive México, se trata del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en donde la magistrada Mónica Soto acaba de asumir hace algunas semanas su presidencia.

El reto es enorme: dar certeza y proveer gobernabilidad a la lucha institucional por el poder. Los indicios, de momento son esperanzadores. Sin duda son nuevos tiempos: México tendrá una nueva presidente de la República, pero también será una mujer quien encabeza el tribunal quien calificará dicha elección.

Su reciente denuncia sobre la injerencia del crimen organizado en las elecciones de 2024 la dota de valentía al elaborar un diagnóstico certero sobre uno de los principales enemigos de la democracia.

La ratificación de la multa en contra de Morena por parte del Tribunal por la promoción ilegal de Sheinbaum se erige como un oasis en medio del desmantelamiento institucional. La apuesta, aunque poco sexy debe ser la misma siempre: defender a nuestras instituciones y también visibilizar a quienes desde ahí trabajan en beneficio del país.

Analista y consultor político. Por más de 12 años, creador de estrategias de comunicación para el sector público y privado. Licenciado en comunicación y periodismo por la UNAM y maestro en gobierno por el Instituto Ortega y Gasset. Observador del uso de las nuevas tecnologías y su impacto en la democracia.

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