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Exclusividad del Estado en minerales estratégicos, dañaría a industrias minera y energética

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La reforma a la Ley Minera no era necesaria para nacionalizar el litio. El elemento de la tabla periódica ha sido siempre propiedad de la Nación por mandato constitucional. Sin embargo, reservar su exploración, extracción y toda la cadena de valor que se genere alrededor de este recurso natural es un error que puede llevarle al Estado años de investigación y desarrollo, así como recursos económicos que no tiene.

Sin más investigaciones que una nota mal interpretada de Mining Technology, la cual informó que en Sonora estaba el depósito de litio más grande del mundo al revelar que contenía 243 millones de toneladas de reservas probadas y probables. Lo real es que son 243 millones de toneladas de arcilla y que con el desarrollo de tecnología podrían rescatarse 4.5 millones de carbonato de litio equivalente.

La empresa que tiene una concesión lleva más de 10 años explorando y está en pruebas para extraer el litio de manera rentable. Hasta ahora no lo ha logrado porque en el mundo nadie ha desarrollado litio en yacimientos de litio contenido en arcilla. Con los cambios a la Ley Minera que aprobaron los legisladores sin discusión ni aporte de los técnicos y especialistas que sí saben de geología, minería y metalurgia, ahora mantienen en incertidumbre a cuando menos una decena de empresas que llevan a cabo exploración en prospectos de litio.

Apresurados porque el Ejecutivo Federal “quiere vender la leche sin siquiera tener la vaca”, los expertos del Servicio Geológico Mexicano (SGM) seleccionaron más 60 sitios con manifestaciones de litio de una lista de poco más de 80 (eliminaron los que están en Áreas Naturales Protegidas y en zonas indígenas).

Las evidencias de litio están en Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco y Michoacán. Los trabajos para detectar, cuantificar y evaluar si son económica y técnicamente rentables, podrían llevar al menos una década.

Pero eso es lo menos importante. Si el Ejecutivo sigue creyendo que el litio es el oro blanco, está bien, que lo siga pensando. Lo verdaderamente preocupante es que la ley no deja claro que si reservar la cadena de valor del litio implica también, por ejemplo, la producción, envasado, traslado y comercialización de medicamentos de litio, utilizados para el tratamiento de enfermedades mentales. Así de grave sería el impacto para la industria farmacéutica y para los pacientes, porque el Estado nada tendría que hacer en ese caso.

Peor aún, en la ley indica que puede reservar también los minerales estratégicos que la Secretaría de Economía está clasificando como minerales críticos para la transición energética. En ese supuesto podrían estar: el cobre, plata, molibdeno, berilio, germanio, galio, indio, neodimio, hierro, boro, disprosio y el acero, por mencionar sólo algunos.

Por cada mil indicios de mineralización, 100 se convierten en proyectos de exploración y sólo uno se concreta en mina. Ojalá, las investigaciones del SGM sean tan certeras que los más de 60 indicios resulten en minas y, en ese caso que el Estado tenga la capacidad económica para desarrollarlos.

De la capacidad técnica no hay ninguna duda: México es un referente internacional en la minería y tiene a los mejores profesionistas y técnicos del mundo, con acceso a la tecnología más moderna para desarrollar cualquier tipo de mina.

Pero, quien conoce lo mínimo necesario de minería sabe que los yacimientos usualmente son polimetálicos y las concesiones no se otorgan para ciertos minerales, sino para lo que logren localizar y extraer en condiciones comerciales óptimas.

Por eso, el tema crítico de esa ley aprobada sobre las rodillas en fast track es que la lista de los minerales críticos para la transición energética afecte proyectos que están en exploración y desarrollo, porque se trata de inversiones millonarias y miles de empleos. La ley no es retroactiva y los cambios a la Ley Minera no tendrían que impactar a las concesiones vigentes, pero el texto legal no lo indica, así que de extender la exclusividad a esos minerales estratégicos, los daños serían devastadores para las industrias minera y energética, ya que México es el productor número uno en el mundo de plata y el noveno productor de cobre a nivel global, por señalar solo un par de metales que sí son estratégicos para el desarrollo de plantas de generación de energía convencional y de fuentes renovables; equipos de eficiencia energética, así como redes de transmisión y distribución de energía eléctrica.

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Meméxico lindo y…

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Días antes de conmemorarse el Día Internacional de la Mujer, el aplaudidor de López Obrador, Epigmenio Ibarra, cometió violencia política de género en contra de la candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, a quien llamó “esperpento” en un programa de radio matutino a cargo del periodista Ciro Gómez Leyva.

“Me parece que es un esperpento, que es una mezcla grotesca, es un personaje de la realidad deformada”, dijo en su colaboración que tiene todos los miércoles en el programa de radio Por la Mañana.

La reacción de todas las mujeres mexicanas no se hizo esperar vía redes sociales, calificando al productor de misógino y machista, además de que le recordaron su deuda con el erario por 150 millones de pesos, mismos que quiere saldar con adulaciones a su amigo íntimo López Obrador y a su protectora Claudia Sheinbaum.

Pero veamos cual es la verdadera realidad de las mujeres mexicanas, quienes no sólo sufren violencia verbal, sino física.

De acuerdo con el informe publicado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública de enero a diciembre del año pasado, 2 mil 581 mujeres fueron víctimas de homicidio doloso, a las que se suman 848 presuntas víctimas de feminicidio, más los 827 presuntos delitos de feminicidio, lo que sumado nos da la alarmante cifra de 3 mil 429 mujeres víctimas de muertes violentas.

La administración del presidente López Obrador es la más peligrosa para las mujeres, pues las cifras de este aciago sexenio nos arrojan la siguiente información: 14 mil 65 mujeres víctimas de homicidio doloso; más 4 mil 882 presuntas víctimas de feminicidio; más 4 mil 746 presuntos delitos de feminicidio, lo que nos da una sumatoria de 18 mil 947 mujeres víctimas de muertes violentas.

Con estas perturbadoras cifras que se puede esperar de un personaje que forma parte de este gobierno y cuya única agudeza es su servilismo ciego a quien lo ha protegido en los últimos años. El insulto de Epigmenio Ibarra es sólo una muestra de lo que el lópezobradorismo, Morena y sus seguidores piensan de las mujeres, no importa que sean sus afines u opositoras.

El gobierno de Morena sí es un peligro para las mujeres, pues no sólo las ha abandonado en el tema de brindarles seguridad, sino que también les ha frustrado su desarrollo profesional y económico al eliminar programas tan eficientes como las Escuelas de Tiempo Completo y las Estancias Infantiles.

El próximo 2 de junio, las mujeres de todo México tendrán la oportunidad de hacerse escuchar por medio de su voto, ellas y sólo ellas decidirán si los verdaderos esperpentos continúan humillándolas o si su voto produce un cambio que les garantice algo primordial: su derecho a vivir una vida digna y sin violencia.

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Estrategias en redes sociales rebasan a la autoridad electoral

*** Miguel Ángel Romero Ramírez

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Una de las particularidades del proceso electoral que enfrenta México es la madurez de las plataformas digitales y el vasto abanico de posibilidades para buscar influir en la conversación pública en dicho universo.

Sin embargo, aún es complicado conocer con exactitud hasta qué punto pueden influir en el resultado final estos esfuerzos que despliegan tanto el Gobierno, así como la oposición y distintos poderes fácticos que han visto en el terreno de lo digital una ventana de oportunidad. Las auditorías digitales posteriores al 2 de junio serán cruciales.

De inicio, habría que decir que existe una disparidad en lo que se refiere a instrumentos, tecnología, presupuestos y acceso a datos, que son primordiales en el diseño de estrategias de guerrilla digital electoral.

El gobierno, o la administración del presidente Manuel López Obrador cuenta con una infraestructura que, al margen de la ley, usa para fines de sobrevigilancia, acoso y distorsión de la verdad. Es decir, el análisis no puede dejar de lado que, aunque igualmente ilegales, estas prácticas, llevadas a cabo por múltiples actores, son más dañinas y pesan más cuando se ejecutan desde el Estado.

Por ejemplo, recientemente la R3D de Defensa de Derechos Digitales, exhibió la compra y uso del software israelí denominado HIWIRE, el cual es operado por 178 efectivos desde el –ya no tan secreto– Centro Militar de Inteligencia (Campo Militar 1-A) que, de acuerdo a su propio manual de organización, tiene entre sus objetivos: 1) “analizar la ideología de los grupos desafectos al Ejército Mexicano, a fin realizar campañas que logren desvirtuarlas”; 2) “desvirtuar las frases que han originado daño a la imagen institucional del Ejército Mexicano”; y 3) “desvirtuar la propaganda que busca vulnerar la imagen, identidad, cohesión, existencia y permanencia del Ejército Mexicano”.

Otra más de las estrategias desde el poder para distorsionar el espacio digital está la denominada Red Brolan, detectada y revelada por Animal Político en la que 23 canales de youtubers afines al presidente López Obrador generan noticias falsas que tienen como destino último desinformar. La estrategia conjunta alcanza más de 66 millones de visualizaciones. Fotografías alteradas y sacadas de contexto, títulos falsos y ataques a distintos sectores como periodistas son su principal insumo.

El andamiaje digital que busca hacer prevalecer la verdad Presidencial también contempla a agencias digitales con acceso a los presupuestos oficiales de campañas electorales, aunque éstas no informen debidamente al Instituto Nacional Electoral.

Mario Delgado, desde la presidencia Morena, partido en el poder, y Jesús Ramírez desde la vocería en Palacio Nacional, son los principales tomadores de decisiones. Así lo exhibió Animal Político a partir de información recabada por la vía de transparencia.

En lo que se refiere a la oposición, Xóchitl Gálvez ha sido señalada de usar millones de bots, particularmente argentinos, en redes sociales para influir en la creación de tendencias, entre ellas la de #NarcoPresidenteAMLO y #XochitlGalvezPresidenta2024.

El medio mexicano Milenio ha dado seguimiento a partir de una nueva unidad de investigación en la que refieren usan herramientas como Talkwalker —misma que tiene sus limitantes— para monitorear y medir las conversaciones en plataformas como YouTube, X y TikTok. Interesante en lo que se refiere a tomar el pulso de las conversaciones.

Sin embargo, el medio de comunicación también dice utilizar Inteligencia Artificial para la recuperación de datos y análisis. Usar herramientas de pago de monitoreo que igual revisan lo que dice el consumidor sobre marcas de cereales, yogur o eventos deportivos no es lo mismo que crear un modelo de inteligencia artificial al cual solo unos cuantos corporativos en el mundo tienen la capacidad de invertir millones de dólares.

Sería sumamente positivo que el medio pudiera transparentar la metodología y el modelo de Inteligencia Artificial usado pues, así como desde hace algunas décadas los servicios de encuestadoras –aún regulados– sirven como propaganda en favor de quienes los pagan, la suspicacia sobre la generación de “modelos de inteligencia artificial” que cada medio de comunicación pudiera “diseñar” podrían terminar reducidos a un uso meramente político y secuestrados por una línea editorial afín al gobierno.

La batalla digital está en su máximo apogeo. El enojo en Palacio Nacional es totalmente lógico y entendible: no poder controlar la conversación aún cuando se despliega toda la fuerza del Estado para ese fin debe ser frustrante. Los medios aliados, youtubers, medios públicos, influencers, así como el propio presidente AMLO parecen estar siendo rebasados. 

La ventaja presupuestal, de infraestructura tecnológica, así como de plataformas y canales de salida que terminan en sobrevigilancia, acoso y creación de realidades alternas no parece estar teniendo buenos resultados.

En medio de esta revuelta, el Instituto Nacional Electoral empieza a configurarse como complaciente y arcaico. Bajo este panorama, la pregunta relevante sigue siendo: ¿perdiendo el presidente AMLO la batalla digital, gana las elecciones de 2024 con su candidata? Muchos siguen considerando que sí, le sigue alcanzando. Veremos.

*** Analista y consultor político. Por más de 12 años, creador de estrategias de comunicación para el sector público y privado. Licenciado en comunicación y periodismo por la UNAM y maestro en gobierno por el Instituto Ortega y Gasset. Observador del uso de las nuevas tecnologías y su impacto en la democracia.

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Elecciones 2024: el votante agraviado definirá el futuro de México

*** Miguel Ángel Romero Ramírez

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La política del resentimiento es una herramienta en auge que ha ganado terreno gracias al populismo como una forma de buscar y emplear el poder. Por un lado, atiende el desencanto democrático —que tiene como uno de sus principales anclajes la poca movilidad social— y por el otro, está la explotación y manipulación del enojo de aquellos que históricamente se perciben como agraviados. La sociedad mexicana la padece y será el próximo 2 de junio cuando se reconfirme.

Es decir, ya ocurrió una vez. El ahora saliente presidente Andrés Manuel López Obrador ganó en 2018 a consecuencia de un hartazgo insostenible. La alternancia en el año 2000 con Vicente Fox, seguida de Felipe Calderón y el posterior regreso del PRI con Peña Nieto, fue, para la mayoría, una decepción. Los problemas históricos se ahondaron. El resultado: muchos sectores sociales que aún sabiéndose mayoría numérica se sentían relegados.

Dicho fenómeno, en el que, paradójicamente, la mayoría se autopercibe como marginada abre camino al uso de la política del resentimiento, la cual, sostiene el académico estadounidense Francis Fukuyama, en uno de sus últimos libros, tiene como consecuencia a sociedades presas de los liderazgos populistas que, para prevalecer en el poder, dividen a sus gobernados a partir de la polarización y la creación de enemigos.

El “pueblo” en contra del “pueblo”

En ese sentido, AMLO ha sido un político habilidoso para olfatear, identificar y operar dicha herramienta que explota y manipula el rencor de sus seguidores. Su narrativa por décadas ha sido edificada sobre estos elementos que instalan en el imaginario colectivo adversarios de todo tipo.

Desde la absurda solicitud de disculpa a España por la Conquista (que pretendía apretar el botón del nacionalismo distorsionado) hasta la perversa confrontación entre “ricos” y “pobres”, la cual, en sentido estricto, se reduce a narrativa y estrategia pues en su administración han prevalecido las condiciones para que la brecha de desigualdad se ensanche: los multimillonarios han multiplicado sus fortunas como en ninguna otra.

Mantener a la población resentida, enojada y dividida es la clave para que ninguna agenda o reclamo sea lo suficientemente relevante para ser atendido. Todo intento se diluye. No hay un piso común de indignación del cual sea posible partir. La sociedad mexicana llega así a las urnas este próximo 2 de junio: peleada entre sí. Pero de ninguna manera esto es fortuito.

Tienen razón quienes apuntan que el desgaste del mandatario mexicano como consecuencia de sus desaciertos ha sido brutal. Es decir, hay nuevos agraviados que han padecido la instauración de un régimen naciente que se autodenomina Cuarta Transformación. Sin embargo, desde el poder, el cálculo se hace echando mano de la política de resentimiento. ¿Los nuevos marginados y maltratados por la administración de AMLO son más que los acumulados por sus 3 antecesores? La estrategia es que no sea así.

Hay sectores que genuinamente acusan a los padres de niños con cáncer sin medicamentos de golpistas.

Señalan a familiares de personas desaparecidas como grupos que pretenden desprestigiar al gobierno. Siguen creyendo que el récord de homicidios (con más de 180 mil) que superan los sexenios de Felipe Calderón y Peña Nieto es culpa de todos menos de quienes hoy gobiernan. También consideran que evidenciar los sofisticados esquemas de corrupción en el sector salud que impactan directamente en la vida de millones de mexicanos es traición a México y, por supuesto, al presidente.

Nadie nunca hubiera imaginado que un gobierno que se asume de izquierda y que históricamente sus liderazgos fueron perseguidos y asesinados defienda la militarización de la seguridad pública, así como la cooptación de espacios que eran estrictamente de civiles: el sueño de Felipe Calderón hecho realidad en el “gobierno más humanista”. Aquellos que cuestionan este tipo de incongruencias terminan siendo calificados de antipatriotas por los propagandistas disfrazados de periodistas e intelectuales orgánicos que “reconceptualizan” y reinventan “teoría” para ajustarse a los preceptos de dónde cobran.

El próximo 2 de junio, la sociedad mexicana votará de nueva cuenta con enojo, con resentimiento, como en 2018. La apuesta del Gobierno y de AMLO es el uso de la política del resentimiento, la cual es una herramienta catastrófica porque sus incentivos no son aminorar la insatisfacción, sino generar más, tanta que su estrepitoso fracaso sea maquillado por el encono, el odio y confrontación entre unos y otros. Con una sociedad dividida, ganan.

*** Analista y consultor político. Por más de 12 años, creador de estrategias de comunicación para el sector público y privado. Licenciado en comunicación y periodismo por la UNAM y maestro en gobierno por el Instituto Ortega y Gasset. Observador del uso de las nuevas tecnologías y su impacto en la democracia.

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