***Miguel Ángel Romero

TikTok está inundado de clips en los que comerciantes chinos exhiben productos de marcas globales fabricados en su país. No se trata solo de una demostración industrial: es un relato cuidadosamente articulado que busca implantar que la guerra de aranceles impulsada por Trump no debilitó a China. Al contrario: la fortalece.

Uno de los videos más virales esta semana muestra a un comerciante chino desempacando productos de Nike, Apple y North Face. La cámara enfoca etiquetas, costuras, empaques. Todo auténtico. Todo hecho en China. El tono es juguetón, casi sarcástico. El mensaje, implícito, pero claro: “La guerra comercial no funcionó”.

Estos videos no son anecdóticos. TikTok se ha transformado en un escenario en el que creadores chinos muestran maquinaria, almacenes, contenedores listos para exportación. No hay voz oficial, pero sí un relato persistente: China resistió el embate de EE. UU. y sigue siendo el centro de la producción global.

Y con esta narrativa, ha ocurrido algo más: nunca habíamos visto tantos creadores chinos -o incluso asiáticos- con visibilidad global en TikTok como ahora. Hasta hace poco, su presencia era marginal. Hoy aparecen con frecuencia inusitada. ¿Alguien ha visto a un creador chino hablar sobre su sistema político? Parece que no. Sin embargo, cuando se trata de demostrar eficiencia y orgullo industrial, los algoritmos les abren paso.

Lo notable es que no se trata de funcionarios ni portavoces del Partido Comunista. Son comerciantes, fabricantes, operadores logísticos. Con videos breves muestran que la producción fluye, los contratos siguen vigentes, el mundo aún depende de China. Y eso basta. 

Se trata de la propaganda más efectiva del siglo XXI: no la que adoctrina, sino la que exhibe. Una que no busca convencer, sino normalizar. 

La guerra arancelaria buscaba modificar prácticas industriales en China y reactivar la manufactura estadounidense. Ninguno de los dos objetivos parece estarse cumpliendo. China diversificó mercados, aceleró su autosuficiencia tecnológica y consolidó su rol en las cadenas globales. Las empresas estadounidenses, en muchos casos, simplemente se relocalizaron sin poder divorciarse del todo de China.

TikTok, de manera velada, documenta esa paradoja. Las cadenas de suministro siguen entrelazadas. Y quienes las operan ahora también cuentan la historia. Todo esto ocurre mientras el Congreso de EE. UU. mantiene vigente una ley que prohíbe TikTok por considerarla un riesgo de seguridad nacional. 

Se la acusa de espionaje, recolección de datos y propaganda encubierta. En su primer mandato, Trump buscaba aniquilarla. Después Joe Biden generó un consenso para materializarlo. Sin embargo, Trump, luego de haber usado la plataforma como un canal efectivo de propaganda para regresar a la Casa Blanca, le diseñó un impassejurídico que le ha permitido funcionar con miras a que algún conglomerado estadounidense compre la red social y con ello quede desterrado el fantasma del gobierno chino como verdadero dueño y operador. 

Lo que parece ser el principal canal para desmontar la cada vez menos creíble narrativa de supremacía yanqui, es también una plataforma que, en los hechos, está prohibida y que puede operar gracias al inquilino de la Casa Blanca… quien tendrá que luchar cuesta arriba para revertir la percepción de descalabro en su guerra arancelaria.

En política exterior, la percepción importa tanto como los hechos. Y si millones de usuarios ven estos videos como prueba de que la guerra comercial fue un fiasco, el golpe simbólico será profundo. La imagen del comerciante sonriente mostrando productos de alta gama, originales y a precios de maquila con una etiqueta “Made in China” es potente y los algoritmos parecen estar privilegiándola… claro, en una plataforma que tiene su matriz en Pekín… El cerco es redondo e imponente.

*** Miguel Ángel Romero: Analista y consultor político. Por más de 12 años, creador de estrategias de comunicación para el sector público y privado. Licenciado en comunicación y periodismo por la UNAM y maestro en gobierno por el Instituto Ortega y Gasset. Observador del uso de las nuevas tecnologías y su impacto en la democracia.
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Paso 1: Nunca digas que es censura

A pesar de que los cantantes, la prensa, el público, los promotores, los músicos, así como todo el entramado en la industria tengan claro que el objetivo del gobierno es desaparecer las canciones que versan sobre las hazañas de los capos; nunca lo admitas. Cancela presentaciones, diseña reprimendas e intenta borrar del mapa toda aquella expresión cultural que exhiba tu ineficiencia como gobernante frente al tema de inseguridad. El encuadre narrativo debe resignificar la censura para convertirla en una “promoción de contenidos con valores formativos y educativos”.

Paso 2: Desconoce el mapa criminal

Un requisito clave para aplicar esta estrategia es desentenderse de la geografía real del poder. Es crucial ignorar que el 80% del país presenta presencia activa de grupos criminales, según el informe de AC Consultores. En lugar de ello, enfila toda tu propaganda para retratar como problema principal a quienes cantan una canción. Olvida por completo la captura institucional que ha hecho imposible poder distinguir qué es y quiénes forman parte del verdadero crimen organizado en la estructura política, económica y social del país.

Paso 3: Elige un enemigo sin capacidad de respuesta

Antes de iniciar cualquier acción, es importante atacar reputacionalmente a objetivos que no representen riesgo alguno: músicos, promotores conciertos. Someterlos a ellos resultará mucho más sencillo que diseñar una política pública en materia de seguridad que exhiba la simbiosis entre el gobierno en sus diferentes niveles con los grupos del narcotráfico. La simulación es fundamental.

Paso 4: Tergiversa la relación causa-efecto

Para fortalecer la narrativa oficial, es necesario sugerir que los narcocorridos provocan la violencia, y no que la narran. Bajo esta lógica, la censura y el “fomento” de los “nuevos contenidos” se convierte en una forma de prevención. No es necesario aportar evidencia. Basta con afirmar que la música “normaliza” el delito y confiar en que nadie preguntará por las condiciones que lo hacen dominante.

Paso 5: Invoca valores, omite contexto

El lenguaje moral ofrece una cobertura eficaz. Expresiones como “recuperar el tejido social”, “proteger a la juventud” y “promover otros contenidos que no promuevan la violencia” sustituyen la necesidad de política pública. No se requiere hablar de pobreza, abandono institucional, corrupción, ni de falta de oportunidades. Tampoco del dinero tirado a la basura con programas que no cumplieron ningún estandár mínimo de vigilancia y en los cuales recursos multimillonarios no tuvieron destino verificado. El discurso se debe limitar a señalar lo que se considera poco ético o inmoral sin proponer ninguna transformación estructural.

Paso 6: Fortalece al fenómeno que se busca combatir

La censura escondida en la promoción de “nuevos y mejores contenidos” genera atractivo. En plataformas digitales, la prohibición equivale a promoción. Mientras más escándalo rodee a un artista, mayor será su alcance. Esta dinámica convierte al censurado en figura de resistencia y refuerza la circulación de su obra. El efecto es inverso al deseado, pero congruente con la lógica del espectáculo político.

Paso 7: Sanciona el consumo, no las condiciones

Se recomienda sancionar social o legalmente a quienes escuchan, interpretan o difunden narcocorridos. ¿Acaso son tontos, violentos o delincuentes quienes escuchan ese tipo de música? La respuesta que debe perdurar es sí, sí lo son. Esta medida ofrece margen para evitar revisar el entorno que da origen a esas expresiones: violencia normalizada, precariedad, colusión del Estado. En lugar de ofrecer alternativas culturales o económicas, basta con apuntar y exponer la quiénes producen y a quiénes consumen este contenido.

Paso 8: Declara éxito inmediato

Una vez ejecutada la prohibición disfrazada de “promoción de nuevos contenidos” deben emitirse sendos pronunciamientos y campañas en las que tus youtubers y tus “periodistas” reafirmen el compromiso con “la legalidad” y “la paz social”. No importa que la violencia continúe, se sigan encontrando fosas comunes, ni que los cárteles conserven el control. Tus ideólogos podrán debatir en los canales del Estado sesudos análisis de por qué es tan inexplicable es que un país con el 80% del territorio controlado por el crimen organizado…. haya narcocorridos. ¡Nadie lo hubiera imaginado!

Paso 9: Cuida a tus propios delincuentes

Mantén una postura firme en contra de los narcocorridos y la promoción de los “buenos valores” ignorando a todos los diputados, senadores, alcaldes y gobernadores que facilitan el trasiego de droga, la extorsión, la trata de personas, el huachicol y el lavado de dinero. A pesar de ser investigados por la propia Unidad de Inteligencia Financiera, con carpetas de investigación congeladas, con señalamientos en el extranjero por su actuar y sus relaciones con otros delincuentes, lo mejor será impulsar contenido “bueno e informativo”, lo que sea que eso signifique.

*** Miguel Ángel Romero: Analista y consultor político. Por más de 12 años, creador de estrategias de comunicación para el sector público y privado. Licenciado en comunicación y periodismo por la UNAM y maestro en gobierno por el Instituto Ortega y Gasset. Observador del uso de las nuevas tecnologías y su impacto en la democracia.
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Por J. Alejandro Gamboa

Cuando escuché por primera vez que los jueces en México serían electos por voto popular, confieso que me pareció bien. Pero da vértigo abrirle la puerta de la justicia a una ciudadanía que, en muchos casos, ni siquiera sabe cómo opera el Poder Judicial.

La elección del 1 de junio de 2025 marcará un antes y un después. Por primera vez, más de 800 cargos judiciales, incluyendo a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estarán sujetos al voto ciudadano. Es un paso histórico, inédito, y polémico. Pero como todo cambio, este también es una oportunidad.

Creo que democratizar el acceso al poder judicial es, en principio, una gran idea. Durante décadas, los jueces han sido nombrados por acuerdos en las cúpulas políticas, por cuotas partidistas y favores entre élites. El resultado ha sido una justicia muchas veces ciega, sí, pero no a la imparcialidad, sino a la dignidad de los ciudadanos.

Por eso, abrir el proceso al escrutinio público puede dar un giro importante: que los jueces respondan, no a sus padrinos políticos, sino a las exigencias éticas y sociales de su comunidad.

El Instituto Nacional Electoral habilitó un micrositio llamado “Conócelos, Practica y Ubica”, donde se puede consultar la información de los candidatos. Pero seamos realistas: la mayoría de las personas no entrará ahí. No por pereza, sino porque no hemos desarrollado una cultura cívica de participación consciente. En este país nos enseñaron a votar como se va a misa: por fe, no por reflexión.

Pero esto no es culpa solo del sistema. Es también nuestra. No podemos seguir exigiendo justicia desde la ignorancia. No podemos quejarnos de la impunidad si cuando nos dan la oportunidad de decidir quién impartirá justicia, lo hacemos a ciegas.

Basado en diversas notas de medios de comunicación hasta cierto punto sensatas o de sentido común, enlisto algunas candidaturas señaladas por antecedentes penales o controversias éticas, para que lo pienses a la hora de ejercer tu voto:

Silvia Delgado, aspira a Jueza penal en Chihuahua. Exabogada de Joaquín “El Chapo” Guzmán. Su postulación ha generado inquietud por sus vínculos previos con el narcotráfico. ​

Francisco Herrera Franco (“El fiscal del terror”). Exfiscal acusado de colaborar con el crimen organizado, violaciones a derechos humanos y presunta implicación en asesinatos de periodistas. ​

Francisco Martín Hernández Zaragoza. Destituido previamente por acusaciones de abuso sexual. ​

Edgar Rodríguez Beiza. Acusado de abuso sexual y cuestionado por su actuación como juez en un caso de violación. ​

Fernando Escamilla Villarreal. Abogado defensor de Miguel Ángel Treviño Morales, alias “Z40”, líder del cártel de Los Zetas. ​

Ahora, algunas candidaturas con vínculos a organizaciones religiosas controvertidas como la iglesia evangélica La Luz del Mundo, cuyo líder Naasón Joaquín García fue condenado por abuso sexual infantil en EUA. Ésta ha sido vinculada a varias candidaturas:​

Job Daniel Wong, exministro religioso de La Luz del Mundo; Madián Sinaí Menchaca, hija del actual obispo de la iglesia y con antecedentes penales; Cinthia Teniente Mendoza, esposa de un senador cercano a La Luz del Mundo, y ​Betzabeth Almazán Morales, quien defendió públicamente a Naasón Joaquín García. ​

Otras candidatura cuestionada y muy sonada: Yasmín Esquivel, quien aspira a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que fue acusada de plagiar su tesis de licenciatura y de manipular procesos judiciales para evitar consecuencias.

***Alejandro Gamboa C. Licenciado en periodismo con estudios en Ciencia Política y Administración Pública (UNAM) Enfocado a las comunicaciones corporativas. Colaboró como co editor Diario Reforma. En temas de ciencia y comunicación en Milenio y otros medios digitales. Cuenta con 15 años dedicado a las Relaciones Públicas. Ha colaborado en la fundación de la Agencia Umbrella RP. Ha realizado trabajos como corrector de estilo, creador de contenidos y algunas colaboraciones como profesor en escuelas locales.

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