Por: Karla Vázquez Plata*
El Derecho Penitenciario en México es un tema de gran trascendencia, ya que regula el sistema encargado de que se cumplan las penas impuestas en las sentencias y las medidas de seguridad necesarias en un proceso. El principal objetivo para el que fue creado el sistema penitenciario es para garantizar el respeto de los derechos humanos de las personas que están privadas de su libertad.
Los principios que rigen el sistema penitenciario son la dignidad, igualdad, legalidad, debido proceso, transparencia, confidencialidad, publicidad, y proporcionalidad, los cuales al ser cumplimentados conforme a Derecho pueden satisfacer la finalidad del sistema penitenciario que es la Reinserción Social.
El reto de la Reinserción Social en nuestro país abarca dos vertientes: falta de presupuesto y corrupción.
Para aterrizar en estas problemáticas, el sistema penitenciario en México ha implementado una serie de programas que ayudan a los presos a practicar actividades que los ayuden a ser capaces de tener una vida digna en el momento que vuelvan a gozar de su libertad.
Se les enseña un oficio y reciben apoyo para el desarrollo de su personalidad, lo cual es un punto clave para que se tenga una reinserción social satisfactoria, sin afectar derechos de terceros pero, sobre todo, que cambie su forma de vida sin quebrantar las leyes ni bienes jurídicos tutelados por las leyes penales.
Educación, el deporte, talleres, oficios, capacitaciones laborales e industria son una gran ayuda para su desarrollo psicoemocional, su personalidad y sobre todo su salud física y mental, ya que gracias a la realización de estas actividades aumentan su autoestima y en sus funciones cognitivas para la realización de actividades productivas.
Si todas las bases de funcionamiento del sistema penitenciario se llevaran a cabo como se tiene estipulado en los protocolos y manuales de actuación, la reinserción social seria una realidad plena y total, pero lamentablemente estamos rodeados de un sistema basado en la corrupción de toda regulación y personal que tienen la obligación de seguir con los lineamientos para que el sistema penitenciario funcione.
La falta de presupuesto tanto para recursos materiales, para satisfacer necesidades básicas de los reclusos, así como para el pago del personal que integra todo un centro penitenciario, es sumamente escasa, lo cual ha sido causa de que el sistema penitenciario en nuestro país sea corrompido en todos los aspectos que lo conforman.
Si hacemos un análisis del Diagnostico Nacional de Supervisión Penitenciaria, que realiza cada año la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, podemos concluir que casi todos los centros penitenciarios carecen de algún recurso, material, personal o capacitación para tener control que permita la satisfacción de sus necesidades, y con ello lograr una correcta reinserción.
El hecho de no salvaguardar los derechos humanos de las personas es un punto negativo para nuestro sistema, porque no se logra una reinserción social, sobre todo si existe una constante vulneración a los derechos fundamentales de las personas privadas de su libertad, por ello es que la falta de presupuesto es un punto detonante que ha causado que en México las cárceles no cumplan con su función para las cuales fueron creadas.
Existe una cadena de carencias que no permiten que el Derecho y el Sistema Penitenciario cumpla con sus objetivos, comenzando con el bajo presupuesto, y la corrupción de las autoridades por falta de capacitación del personal pero, sobre todo por no tener profesionales con ética y moral para desempeñar adecuadamente sus funciones.
Como sociedad tenemos el reto para enfrentar la cruda realidad en las cárceles que nos refleja que no sólo limitan al ser humano el derecho de libertad individual, sino el deterioro de su calidad de vida.
En la mayoría de los penales, el hacinamiento es un grave problema, así como las malas condiciones de salud, alimentación, servicios básicos y recreación.
Para lograr reinsertar al individuo a la sociedad se deben respetar los derechos humanos que la Constitución y Tratados Internacionales consagran.
Como medida urgente es necesario tener voluntad y compromiso de las autoridades competentes para que la política de reinserción funcione, lo cual debe ser de acuerdo con la implementación de programas continuos de reinserción social exitosos. También de políticas y leyes que acompañen la transformación del sistema desde su organización, funcionamiento, formas de atender necesidades, quejas e incluso sugerencias que ayuden a cambiar el sistema de manera positiva, siempre actuando con el respeto a los derechos humanos.
Estos son los ejes cruciales para contribuir al cambio. Además, es necesario que el sistema penitenciario esté representado y atendido por profesionales capacitados, con objetivos de un verdadero cambio para la sociedad del país, con ideas de implementación, y estrategias para mejorar y cambiar las condiciones de vida que se viven en un penal.
Definitivamente las condiciones en que viven los encarcelados debe ser con respeto a la dignidad humana y a los derechos inherentes del individuo abarcando las esferas de: infraestructura digna, alimentación adecuada, atención médica de calidad sin excepción alguna, trabajo digno, derecho y acceso a la educación e inclusión y acceso a programas para lograr la reinserción social contrastado con los fines de la pena y la doctrina de tratamiento penitenciario, pero sobre todo el personal debe de tener los valores que son indispensables para ocupar direcciones y cargos que permitan realizar todas las acciones y programas necesarios que hagan un cambio radical por conseguir la reinserción social de las personas, y que un vez cumplida su pena impuesta sean capaces de tener una vida digna, pero sobre todo tengan otro panorama de la vida en sociedad.
La solución la tenemos todos como sociedad exigiendo que el Estado atienda los focos rojos de corrupción, que haga que el presupuesto llegue total y completo a cada necesidad de cada centro penitenciario pero, sobre todo, que contrate al personal competente capaz de seguir al pie de la letra los principios, leyes, regulaciones, protocolos de actuación y demás herramientas jurídicas.
Falta potencial, faltan personas que tengan el valor de llevar a cabo todas las acciones propuestas para tener un sistema penitenciario ideal para las personas privadas de su libertad.
Es una lucha difícil pero no imposible, porque hay personal preparado y capacitado, solo es cuestión de que el sistema, que ha sido corrompido, permita trabajar a las personas que de verdad buscamos un cambio por el bien no sólo de las personas que están privadas de su libertad, si no de la sociedad en general.
*Estudiante de la Maestría en Ciencias Penales de la Facultad de Derecho de la Barra Nacional de Abogados
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