Ciudad de México, 27 de agosto, 2021.- Las instituciones particulares de educación de distintos grados académicos y a nivel nacional, “rechazamos total y absolutamente” el proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-237-SE-2020, que terminó de elaborarse el pasado lunes 23 en las oficinas de la Secretaría de Economía (SE).
Así lo expresaron representantes de las escuelas particulares al explicar que en las 12 sesiones que pretendían ser de diálogo para encontrar consensos en el objetivo del procedimiento, nunca se escucharon los argumentos de los directamente afectados y se trató de imponer una regulación que viola el estado de Derecho, es inconstitucional e invade facultades y preceptos que ya se encuentran en jurisdicción de la Secretaría de Educación.
María Luisa Flores del Valle, presidente de la Alianza para la Educación Superior (ALPES) dijo a nombre de las instituciones particulares que, además de los anteriores argumentos, el proyecto carece de sustento ni materia para ser creada, pues no se han transparentado ni los datos solicitados por las particulares ni el 0.08% de las denuncias que para la SE justifican la creación de la misma.
La dirigente expresó que a través de la norma se atenta contra el estado de Derecho. El Estado Mexicano pretende renunciar a su obligación de salvaguardar el derecho humano a la educación, para trasladarla a los particulares, mediante una artimaña que facultaría a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) —que sólo tiene jurisdicción para temas netamente comerciales y no para servicios educativos—, a sancionar a la institución que no mantenga el servicio escolar a pesar de la falta de pago de cuotas.
Explicó que esto es contrario a lo establecido en la actualidad sobre la posibilidad de dejar de prestar el servicio de educación a aquel educando cuyos padres dejen de cubrir sus cuotas por tres meses.
Con esta norma, la SE que encabeza Tatiana Clouthier, pretende que sean los particulares quienes carguen con el costo educativo de alumnos con padres morosos. Es decir, se nos estaría obligando a trabajar sin cobro y, con el ejemplo de sólo uno, se desencadenaría la quiebra de la escuela.
Además, la SE proyecta que la educación deje de ser un servicio público como lo señala la Ley General de Educación y quiere, a toda costa, regularlo para que se considere como una actividad comercial. “Quiere obligar a las instituciones particulares a que suscriban un contrato de adhesión con la secretaría de Economía, por lo que estamos en desacuerdo porque no sólo invade facultades, sino que sobre regula nuestra actividad y propiciará la creación de elementos para generar corrupción”, agregó.
Itzel Carmona, integrante del Consejo Directivo de la Confederación Nacional de Escuelas Particulares A.C. (CNEP), expresó que la educación siendo un fenómeno intangible, de ninguna manera cae dentro de las actividades que pueden ser comercializadas y, en caso de que la norma propuesta entrara en vigor, sería una atrocidad pues se daría la calidad de mercancía a un derecho fundamental.
Salvo que, agregó, como suele ocurrir, ahora mismo hay empresas interesadas en impulsar la norma, y quizá haya algún fin avieso escondido, con intereses económicos, por el número de escuelas particulares a evaluar o verificar, como ya lo advierten vendedores de los servicios de ciberseguridad.
Es indispensable aclarar que somos instituciones educativas particulares, como lo marca la Ley General de Educación, y no privadas, abundó Flores del Vallle, pues no somos privativas de Nada y, que las instituciones educativas que dependen del estado también cobran cuotas por sus servicios, sin embargo, la NOM no las contempla dentro de sus lineamientos, lo que, además, hace una NOM discriminatoria.
Negocios
Negocios
Negocios
Minería
Negocios
Negocios