La iniciativa del gobierno federal que plantea desaparecer órganos autónomos -aprobada el 23 de agosto en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados- representa una oportunidad de solución a problemas, pero constituye también un retroceso y riesgos que no deben pasar desapercibidos.

La absorción o eliminación de organismos como la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) forma parte de un paquete de siete instituciones que podrían desaparecer. Con ello, se eliminan gastos y burocracia, pero se incurrirá en el autocontrol, autocomplacencia y falta de transparencia, porque tratan temas que requieren neutralidad y autonomía.

La CRE y la CNH que podrían ser absorbidas con la Secretaría de Energía (SENER) regulan y supervisan la industria energética y han desempeñado un papel crucial en el desarrollo del sector, así que su eliminación ha generado, como en la mayoría de las iniciativas constitucionales que impulsa el ejecutivo, un acalorado debate

La CRE es responsable de regular los mercados de electricidad, gas natural y otros hidrocarburos, su existencia es clave para asegurar una competencia justa, mientras que CNH supervisa la exploración y producción de petróleo y gas, gestionando licitaciones y contratos para maximizar los beneficios de los recursos energéticos del país.

El gobierno busca integrar a estos órganos dentro de la SENER, argumentando que esta centralización mejorará la coordinación y reducirá costos. Según las autoridades, este cambio permitirá una gestión más eficiente y alineada con las políticas energéticas nacionales.

La coordinación centralizada permitiría la toma de decisiones más rápidas y coherentes con la estrategia energética del gobierno, eliminando la duplicidad de funciones y mejorando la ejecución de políticas, considera.

Petróleos Mexicanos (Pemex), que se auto regulaba hasta que crearon la CNH, podría consolidar su posición en el mercado y competir de manera más efectiva. Y sin la Comisión Federal de Competencia Económica que también está en riesgo de desaparecer, la dominancia en el mercado con tintes de monopolio estaría asegurada para la CFE y Pemex.

A esas consideradas virtudes de la reforma, le contrapone la pérdida de independencia regulatoria ya que las decisiones tendrían un sesgo gubernamental, comprometiendo la imparcialidad; se limitaría la competencia, afectando aún más el desarrollo de energías renovables y reduciendo las opciones para los consumidores.

Como otras medidas, dicha iniciativa desalentaría la inversión privada nacional y extranjera. debido a la incertidumbre sobre la continuidad de las políticas actuales y la transparencia en la gestión de contratos.

Sin embargo, no se debe pasar por alto que la CRE otorgó permisos de manera masiva que derivó en un crecimiento desordenado del sector petrolífero y empresas entraron al mercado con proyectos que no siempre cumplían con los estándares necesarios o que carecían de la infraestructura adecuada.

Este descontrol generó riesgos importantes para la estabilidad del mercado energético y, en algunos casos, para la seguridad y calidad de combustibles. De hecho, el otorgamiento masivo de permisos sin una supervisión rigurosa es uno de los argumentos utilizados por el gobierno para justificar la reforma.

Para asegurar que el sector energético siga funcionando de manera eficiente tras la desaparición de estos órganos autónomos, el gobierno ha propuesto crear comités formados por expertos para mantener cierto grado de independencia técnica y asegurar que las decisiones se basen en criterios objetivos.

Pero del dicho al hecho… Tenemos leyes, normas y reglamentos, en mucho papel. Falta transparencia, legalidad y estado de derecho, pero estas iniciativas poco abonan en esas necesidades para el desarrollo sostenible del sector energético.

@earzate2003

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***Por Miguel Ángel Romero Ramírez

Para que el régimen de la autodenominada Cuarta Transformación avance con su objetivo de cooptar todos los espacios posibles y eliminar a cada uno de los contrapesos que le estorban, es necesario que existan hombres y mujeres que, al tiempo que encabezan instituciones, también traicionen los principios y valores por los cuales fueron designados.

A días de que inicie el mandato de Claudia Sheinbaum como presidenta, lo que estamos presenciando es una serie de fallos y decisiones institucionales que buscan legitimar actos que desafían y contravienen abiertamente un sistema democrático.

La calificación de una elección histórica sin mayor crítica a la influencia del crimen organizado, el aval de una ilegal sobrerrepresentación en el Congreso por parte del partido Morena y sus aliados (PT y Verde), la anulación del triunfo de la oposición en la alcaldía Cuauhtémoc, así como la reforma al Poder Judicial que está por votarse en el Congreso de la Unión, son sólo algunos botones de muestra que ilustran la forma en cómo el propio andamiaje institucional es orillado a autoboicotearse en medio de conveniencias, miedo y ambición.

No es tan complicado ponerle nombre y apellido a servidores públicos que, incrustados en las instituciones, han priorizado sus beneficios personales antes que los valores que juraron defender. Por ejemplo, la calificación de una elección en la que el 81% del territorio nacional está ocupado por el crimen organizado y un proceso en el que las balas terminaron de reconfigurar el poder, destaca la presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, una sonorense que, además de tener una extensa red familiar en el servicio público estatal, es muy cercana a Alfonso Durazo, presidente del Consejo Nacional de Morena y, en sus tiempos libres, gobernador de Sonora.

En ese mismo paquete entran tres de los cinco magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dicho bloque pro 4T lo conforman la presidenta Mónica Soto, así como Felipe de la Mata y Felipe Fuentes, quienes “ratificaron” el acuerdo de subrepresentación ilegal de Morena en el Congreso que impulsaron en el INE los consejeros Norma de la Cruz, Carla Humphrey, Rita Bell López, Dania Ravel, Uuc-kib Espadas, Arturo Castillo y Jorge Montaño.

La operación por parte del régimen –AMLO/Sheinbaum– para distorsionar la función reguladora de las instituciones apunta, según varias fuentes, a Ricardo Monreal, Arturo Zaldívar y Salvador Nava Gomar, quienes a partir de expedientes (en las fiscalías y la Unidad de Inteligencia Financiera) y promesas de nuevos cargos apuestan por la siempre útil y fiel degradación moral y pequeñez de los individuos que, siendo electos para resguardar valores como la independencia e imparcialidad, priorizan sus beneficios inmediatos y se entregan, por temor o conveniencia, a los brazos de sus nuevos amos.

En esos mismos términos avanzan las reformas constitucionales que buscan impulsar el régimen en el Congreso de la Unión. Nadie niega la necesidad de una reforma al Poder Judicial, que tiene problemas de corrupción y nepotismo, tal vez no peores a los que sufre el Poder Ejecutivo con Andrés Manuel López Obrador a la cabeza. Sin embargo, la reforma necesaria nada tiene que ver con el complot entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo para someter al Poder Judicial por la simple y sencilla razón de que cumple su función de contrapeso.

Que la reforma pueda, eventualmente, convertirse en constitucional no significa que termine por ser legítima, porque la naturaleza y función primordial del Poder Judicial de independencia e imparcialidad habrán desaparecido y eso, aquí y en cualquier sociedad democrática del mundo, significa una ruptura del orden constitucional que como principio tiene la división y el control entre los tres Poderes de la Unión.

La temporada de fraudes que serán institucionalizados, algunos, por la vía del Congreso con distintas reformas sienta un precedente histórico de regresión democrática en México. En el papel, muchas reformas se alistan para lucir constitucionales cuando en los hechos sean una flagrante violación a los principios más elementales.

Nunca nadie hubiera imaginado que un gobierno que se asume de izquierda esté promoviendo la militarización de la seguridad pública con una reforma que cambia la naturaleza de la Guardia Nacional.

Tampoco era concebible que, si vivimos supuestamente en una sociedad progresista y democrática, se eliminen los órganos autónomos con la falsa idea del ahorro, cuando los indicios de corrupción han multiplicado los costos de proyectos como la refinería de Dos Bocas y Tren Maya. La intención final es que nadie cuestione al gobierno.

En todos y cada uno de los casos, estamos por ver cómo individuos que son legisladores, magistrados, ministros y titulares de distintas dependencias intentan validar e institucionalizar leyes, sentencias y fallos que en los hechos son un fraude al sistema democrático y al orden constitucional. Habrá que señalarlos por el autoboicot y la subordinación al poder traicionando los principios que juraron defender.

Apuntes

¿A nadie le parece insultante que el presidente interino del Tribunal Electoral de la CDMX (padrino de Caty Monreal) Armando Ambriz haya anulado el triunfo de la oposición en la alcaldía Cuauhtémoc?

De inicio, el compadre de Monreal con investidura de magistrado debió de haberse excusado de participar en dicha resolución por sus vínculos con la poderosa familia zacatecana. Más allá de la relevancia de esa demarcación, el uso de la endeble figura de “familismo” por parte de “servidor público” para echar por la borda la preferencia electoral de los ciudadanos, termina por representar un fraude y una broma de mal gusto… institucionalizada.

*** Miguel Ángel Romero Ramírez: Analista y consultor político. Por más de 12 años, creador de estrategias de comunicación para el sector público y privado. Licenciado en comunicación y periodismo por la UNAM y maestro en gobierno por el Instituto Ortega y Gasset. Observador del uso de las nuevas tecnologías y su impacto en la democracia.

X: @MRomero_z

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Hace algunos años, una amistad, Stephanie Esparza, me regaló un libro extraordinario: Ébano de Ryszard Kapuściński. Desde las primeras páginas, me atrapó su estilo único, una mezcla de periodismo fresco y casi poético que me llevó a lugares desconocidos y me enseñó nuevas formas de entender el oficio de contar historias.

Kapuściński, según la revista Gatopardo, no era un periodista cualquiera. Fue un hombre que vivió intensamente, cubriendo 27 revoluciones, sobreviviendo 40 arrestos y 4 sentencias de muerte. Su enfoque narrativo era singular; lograba fusionar la poesía con el periodismo de una manera tan natural que sus crónicas se convertían en una suerte de obra literaria.

Sus textos abordaban la descolonización en África y las tensiones de la Guerra Fría, pero siempre desde una perspectiva humana, lo que lo hizo cercano a figuras como Gabriel García Márquez y lo llevó a recibir el Premio Príncipe de Asturias en 2003.

Ébano, publicado en 1998, es un testimonio de la vida africana durante las décadas de 1950 a 1990, un periodo de descolonización lleno de contradicciones. En este libro, Kapuściński no solo narra la pobreza, la violencia y las dictaduras, sino que también captura la esencia cultural y espiritual de un continente en transición. Su estilo combina la observación detallada con una reflexión profunda sobre la humanidad, lo que me dejó, al finalizar la lectura, con una sensación de vacío y una urgente necesidad de saber más sobre él y su obra.

Hoy día, esto también me ha llevado a cuestionar el estado actual del periodismo cultural. Pareciera que hemos perdido a esos periodistas que, como Kapuściński, podían conjugar la narrativa literaria con la descripción precisa de los hechos.

Recuerdo con nostalgia aquellos suplementos culturales de El Nacional o El Financiero, que eran verdaderas joyas del periodismo. O la revista Siempre!, en su antiguo formato, que contaba con plumas envidiables que llenaban sus páginas de cultura e inteligentes análisis. Hoy, lamentablemente, muchos de estos espacios han desaparecido o se han convertido en simples plataformas propagandísticas.

En su obra Historia del periodismo cultural en México, Humberto Musacchio nos recuerda que el periodismo cultural en México tiene una rica historia que se remonta a las hojas volantes de la época colonial. Este tipo de periodismo ha sido fundamental para informar, analizar y criticar las manifestaciones artísticas e intelectuales, además de conectar generaciones de escritores y artistas. Sin embargo, en la era digital actual, el periodismo cultural enfrenta nuevos retos y transformaciones.

Con la expansión de las redes sociales, el internet y la inteligencia artificial, vemos surgir un nuevo tipo de periodismo cultural. Jóvenes creadores, motivados por el deseo de compartir sus aficiones y perspectivas, apoyados en la tecnología han comenzado a ocupar el espacio que antes pertenecía a los medios tradicionales.

Aunque este nuevo periodismo emergente ofrece una variedad de opciones y voces, también está manchado por la proliferación de fake news, un problema que esperamos se regule en favor de un periodismo documentado y veraz.

Todo esto, a propósito de Ébano y de Kapuściński, me motivó a desempolvar el libro y hojearlo de nuevo, inspirado por la relevancia de este nuevo periodismo emergente, que sigue siendo vital para conocer otras perspectivas y mantener viva la llama de la narrativa cultural.

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