El gobierno chino podría estar teniendo acceso a datos de millones estadounidenses por la vía de TikTok. Es, en principio, el principal argumento con el que Joe Biden busca implantar la prohibición de la plataforma en todo el territorio estadounidense bajo la premisa de seguridad nacional.

El curioso nombre del proyecto es “Ley de Protección de Aplicaciones Controladas por Adversarios Extranjeros”. Esta misma semana podría el Senado aprobar esa Ley que obliga a la empresa china ByteDance a vender TikTok o, de lo contrario, será bloqueada como red social.

La expectativa es enorme y las posturas son diversas. Si bien existe preocupación por los indicios que sugieren las prácticas del gobierno chino para espiar y manipular información por la vía de sus empresas tecnológicas, esta medida también es vista por un sector –incluso por algunos demócratas– como una acción desproporcionada que atenta contra la libertad de expresión. Para algunos, la acción proteccionista de vetar TikTok se traduciría en un precedente peligroso de censura.

Es decir, lo que está en juego y que puede impactar no sólo en la sociedad estadounidense, al ser un parteaguas en la región, es cómo los países/Estados conceptualizan, operan y defienden —enmarcados por el nuevo entorno digital— la seguridad nacional, la privacidad y las libertades civiles, siendo estos pilares fundamentales para cualquier sociedad pero que, al mismo tiempo, lucen cada vez más irreconciliables a consecuencia de la disrupción digital.

Pero no se queda ahí la discusión, que de por sí es crucial, sino también lo que exhibe este debate es el doble estándar y la actitud hipócrita de una de las principales potencias mundiales en medio de un reacomodo geopolítico que tiene como común denominador la administración, control y uso de las nuevas tecnologías como herramientas para disminuir a sus contrincantes.

Lo relevante y el trasfondo en medio de esta disputa, no es si China espía a estadounidenses, sino quién tiene el monopolio de espionaje sobre su población… y la del mundo. Tan sólo hay que recordar que en 2013, Edward Snowden desencadenó un escándalo al revelar que el enorme aparato de espionaje estadounidense intervenía comunicaciones y recolectaba datos de personas de todo el mundo, desde simples publicaciones en redes sociales hasta llamadas de la entonces canciller alemana Angela Merkel.

Mientras la nube mediática se ciñe en Estados Unidos sobre la propuesta de Ley para obligar a ByteDance a vender TikTok, o de lo contrario, ser baneada; el Senado aprobó en la madrugada del sábado la renovación de la sección 702 de la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera (también conocida como Fisa) por dos años más, justo cuando estaba a punto de expirar y misma que permite al su gobierno rastrear las comunicaciones electrónicas de “terroristas, espías y piratas informáticos” en el extranjero.

La aprobación de esta Ley prendió las alertas, no sólo entre los especialistas y activistas, sino también entre los congresistas –tanto demócratas como republicanos– quienes expresaron las preocupaciones por el poderoso alcance, sin mediación judicial, con el que se faculta a su gobierno la intervención y obtención de datos de millones de usuarios extranjeros con fines de inteligencia.

Mientras el gobierno de Joe Biden dice estar preocupado por la posible interferencia del gobierno chino sobre TikTok, se frota las manos para continuar con un esquema de sobrevigilancia global que, de la mano de sus corporativos como Google, AT&T y Verizon, violan la privacidad de millones de personas de todo el mundo; ciudadanos que sin ser sus gobernados podrán estar bajo escrutinio de las distintas agencias de inteligencia estadounidenses.

*** Miguel Ángel Romero Ramírez

Analista y consultor político. Por más de 12 años, creador de estrategias de comunicación para el sector público y privado. Licenciado en comunicación y periodismo por la UNAM y maestro en gobierno por el Instituto Ortega y Gasset. Observador del uso de las nuevas tecnologías y su impacto en la democracia.

X: @MRomero_z

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La defensa férrea que han hecho la candidata oficialista a la Presidencia de la República y el propio presidente López Obrador del ex ministro y ahora colaborador de la campaña de Claudia Sheinbaum, Arturo Zaldívar, tiene un elemento que es revelador de esta protección a ultranza: la existencia de jueces y magistrados por consigna.

Lo que ambos personajes, fundadores de Morena, ven en Arturo Záldivar no es a un prolífico abogado o político, sino que ven a un personero que está dispuesto a seguir sus órdenes desde el cargo público que quieran darle durante su muy poco probable próximo Gobierno federal.

Arturo Zaldívar ha mostrado ya su lealtad al tabasqueño a través de sus acciones, llenas de ilegalidad y polémica, como fueron su renuncia a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual sólo puede proceder por causas graves, y su inmediata afiliación a la campaña presidencial de la ex jefa de Gobierno de Ciudad de México, entre otras.

El propósito real del tabasqueño y su candidata es proteger, primero, a la familia de López Obrador, hijos, hermanos y primos, y segundo a sus más cercanos colaboradores, todos ellos implicados en la construcción de sistemas de corrupción por medio de las obras faraónicas del titular del Ejecutivo federal.

Ahí está el caso de dos de los hijos del presidente, Andy y Gonzalo López Beltrán, quienes están involucrados en casos de corrupción entorno a la compra de balastro para el Tren Maya, que cabe señalar ya sufrió su primer descarrilamiento como consecuencia de la red de tráfico de influencias que se originó durante su construcción.

También está la situación del hijo mayor del tabasqueño, José Ramón, por el escándalo de la llamada Casa Gris de Houston, residencia que resultó ser de un alto ejecutivo de Baker Hughes, compañía que tiene millonarios contratos con Pemex.

A lo anterior se suman las propiedades costosísimas de la ahora candidata al gobierno de Veracruz, Rocío Nahle, las cuales según investigaciones periodísticas podrían superar los 100 millones de pesos, y que no corresponden a su sueldo como funcionaria pública, mostrando así un caso más de corrupción dentro del lópezobradorismo.

Lo previamente señalado es sólo un botón de muestra de los casos de corrupción y enriquecimiento ilícito que familiares y colaboradores cercanos del tabasqueño han protagonizado durante su sexenio, periodo donde aseguró el presidente se terminaría con este mal endémico.

La frase del propio López Obrador -el que nada debe nada teme-, nos lleva a la pregunta: ¿temerán algo el presidente y su candidata para defender tan empecinadamente a Arturo Zaldívar?

Foto: Internet

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Los recientes actos de barbarie perpetrados contra una misión diplomática en Ecuador son profundamente perturbadores y plantean desafíos significativos en el escenario internacional. Este incidente no sólo afecta a Ecuador, sino que también tiene repercusiones globales que deben ser analizadas y comprendidas por todos los países, incluido México.

Como ciudadanos mexicanos, es nuestra obligación mantenernos informados sobre estos acontecimientos, ya que somos parte integral de la comunidad internacional y compartimos responsabilidades en la preservación de la paz y la seguridad mundiales.

El tratado de Viena, que establece las normas y principios que rigen las relaciones diplomáticas entre los Estados, es un pilar fundamental en la diplomacia internacional. Sin embargo, los recientes ataques a una misión diplomática en Ecuador muestran una flagrante violación de estos principios y una falta de respeto por la integridad y la inviolabilidad de las misiones diplomáticas, tal como lo estipula el tratado.

Este tipo de acciones no sólo representan una amenaza para la seguridad de los diplomáticos y el personal de las misiones, sino que también socavan la confianza en el sistema internacional de relaciones diplomáticas.

La política, en su esencia más noble, sirve como un instrumento para dirimir desacuerdos y promover la cooperación entre naciones. Sin embargo, cuando se utiliza de manera irresponsable o para fines destructivos, puede conducir a conflictos y tensiones innecesarios. Es imperativo que los líderes políticos y los Estados recurran al diálogo y la diplomacia como medios para resolver disputas y resolver diferencias, en lugar de recurrir a la violencia y la intimidación.

En este contexto, la diplomacia desempeña un papel crucial en la prevención y resolución de conflictos internacionales. A través del diálogo y la negociación, se pueden encontrar soluciones pacíficas y mutuamente aceptables que beneficien a todas las partes involucradas. La diplomacia también facilita la construcción de alianzas y coaliciones internacionales para abordar desafíos comunes, como el terrorismo, la proliferación de armas nucleares y los desastres naturales.

Los recientes actos de barbarie en Ecuador son un recordatorio contundente de la importancia de fortalecer los mecanismos diplomáticos y promover una cultura de paz y cooperación a nivel mundial.

Como mexicanos, debemos estar atentos a estos acontecimientos y abogar por un enfoque diplomático en la resolución de conflictos internacionales. Sólo a través del diálogo y la cooperación podemos construir un mundo más seguro y próspero para las generaciones futuras.

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