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Opinión

El dilema en aplicación de la cadena perpetua en México

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¿Es necesario aplicar la cadena perpetua para terminar con la violencia hacia las niñas y los niños en México?

Hace unos días la candidata a diputada local, Miriam García Monzalvo, quien representa a la coalición Va por Hidalgo, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), inició su campaña con la propuesta de aplicar cadena perpetua a quien violente a niñas o niños, esto con la finalidad de atender de manera urgente el grave problema de la violencia hacia los menores.

La candidata refirió: “…en Hidalgo, las penas que se imponen a quien secuestra a un niño son de 1 a 6 años, sin embargo, si el raptor tiene un buen comportamiento puede salir mucho antes”.

Lo anterior, no es correcto, ya que el artículo 167 del Código Penal del Estado de Hidalgo refiere que:

“…Si el agente espontáneamente pone en libertad al secuestrado dentro de las setenta y dos horas posteriores al inicio de la privación de libertad, la punibilidad será de uno a seis años de prisión y multa de 30 a 150 días, siempre y cuando el sujeto no haya logrado los propósitos a que se refiere el artículo 166 de este Código.

Es decir, en ningún momento, este artículo establece que: “…las penas que se imponen a quien secuestra a un niño son de 1 a 6 años”, tampoco dice que: “…si el raptor tiene un buen comportamiento puede salir mucho antes”.

Ahora bien, el secuestro cometido en contra de cualquier persona, sea menor o mayor de edad, hombre o mujer, etc., se tipifica en el artículo 166, el cual señala:

“…Cuando la privación ilegal de la libertad tenga el carácter de secuestro, se aplicará prisión de diez a cuarenta años y multa de 200 a 500 días. Habrá secuestro si el hecho se realiza con el propósito de:

I.- Obtener un rescate;

II.- Que la autoridad realice o deje de hacer un acto de cualquier índole;

(REFORMADA, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005)

III.- Causar daño o perjuicio al secuestrado o a persona distinta relacionada con él;

(REFORMADA, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005)

IV.- Obligarlo a hacer o dejar de hacer un acto de cualquier índole, o para que un tercero lo haga o lo omita; y

(ADICIONADA, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005)

V.- Cometer secuestro exprés, entendiéndose por éste, el que prive de la libertad a otro por el tiempo estrictamente indispensable para cometer los delitos de robo o extorsión o para obtener algún beneficio económico. Lo anterior, con independencia de las demás sanciones que conforme a este Código le correspondan por otros delitos que de su conducta resulten”.

Como podemos observar, en el artículo antes mencionado, se señala como pena máxima para la persona que cometa el delito de privación ilegal de la libertad con carácter de secuestro, 40 años de prisión, lo cual es un tiempo que, para la candidata no es suficiente y por eso quiere que se les aplique cadena perpetua.  

Dicho lo anterior, considero importante explicar lo que es la “cadena perpetua”, ya que podemos incurrir en una falsa percepción de su significado y aplicación de acuerdo a la normatividad vigente.

Cuando una persona que ha cometido un delito, es procesado y sentenciado a una pena privativa de la libertad por determinado tiempo, es decir, no para toda la vida como lo propone la candidata, ya que si fuera de esa manera, entonces el sentenciado pasaría lo que le resta de vida en prisión.

Sin embargo, en caso de hacerlo de manera vitalicia, la aplicación de dicha sentencia contradice el fin humanitario establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la finalidad primordial de la pena de prisión, que es la reinserción social del sentenciado, tal y como lo establece el artículo 18, el cual dice:

“…El sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley”.

Ahora bien, desde mi particular punto de vista, la cadena perpetua no debe existir, ya que el sentenciado al no tener ninguna oportunidad de obtener su libertad, es evidente que no cumplirá con los cinco ejes de la reinserción social que menciona el artículo 18 Constitucional, ni con el fin de la pena, que es lograr que el individuo que cometió un delito, no vuelva a cometerlo, y tratar que los ciudadanos no cometan delitos.

Por lo tanto, si un individuo es sentenciado de por vida, lo más seguro es que seguirá delinquiendo dentro del centro penitenciario en que se encuentre.     

Actualmente son pocos los países que tienen la pena de prisión perpetua o vitalicia, sin embargo, en sus legislaciones cuentan con mecanismos que permiten que los sentenciados sean evaluados después de un tiempo para ver sí siguen constituyendo un peligro para la sociedad y si tienen la capacidad y las herramientas para reinsertarse a la sociedad.

La postura de la organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre este tema es de rechazo hacia la prisión de toda la vida, debido a que, si el objetivo de dicha sentencia es la rehabilitación y la reinserción social, al encerrarlos toda la vida, es obvio que no se va a cumplir con dichos objetivos.

Por otro lado, establece que si se busca que la pena sea ejemplar y tenga como función la retribución, se pueden establecer plazos mínimos que cumplan con lo mencionado. Por ello, la ONU recomienda que la pena mínima sea de 10 años y la máxima de 25 para los delitos más graves.

En México, una persona puede ser sentenciada a 100 años de prisión sin posibilidad de libertad alguna y al tener estas sentencias que únicamente se diferencian en la terminología con la cadena perpetua, se contradice constitucionalmente, pues dichas penas no buscan la reinserción social del sentenciado y constituyen una carga económica importante para el Estado y sus contribuyentes.

Es por ello que, aún y cuando en México no se cuenta con la pena de “cadena perpetua” como tal en sus legislaciones, es uno de los pocos países en el mundo que la aplica de manera indirecta, ya que en algunos el sentenciado tiene la posibilidad de pasar el resto de su vida tras las rejas y, desgraciadamente México es uno de ellos. Por consiguiente, esto no nos hace un país más seguro, la solución a nuestro problema de seguridad no reside en políticas represivas con sentencias infinitas, sino que tenemos que trabajar mucho con una política integral social.

Así que la propuesta de la candidata no tiene razón de ser para terminar con el problema que señala en su campaña, es decir, aplicar cadena perpetua a quien violente y secuestre a niñas o niños, con la finalidad de atender de manera urgente la violencia hacia los menores.

“Te encierran de por vida, y eso es justo lo que te quitan.”
MORGAN FREEMAN

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Opinión

Exclusividad del Estado en minerales estratégicos, dañaría a industrias minera y energética

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La reforma a la Ley Minera no era necesaria para nacionalizar el litio. El elemento de la tabla periódica ha sido siempre propiedad de la Nación por mandato constitucional. Sin embargo, reservar su exploración, extracción y toda la cadena de valor que se genere alrededor de este recurso natural es un error que puede llevarle al Estado años de investigación y desarrollo, así como recursos económicos que no tiene.

Sin más investigaciones que una nota mal interpretada de Mining Technology, la cual informó que en Sonora estaba el depósito de litio más grande del mundo al revelar que contenía 243 millones de toneladas de reservas probadas y probables. Lo real es que son 243 millones de toneladas de arcilla y que con el desarrollo de tecnología podrían rescatarse 4.5 millones de carbonato de litio equivalente.

La empresa que tiene una concesión lleva más de 10 años explorando y está en pruebas para extraer el litio de manera rentable. Hasta ahora no lo ha logrado porque en el mundo nadie ha desarrollado litio en yacimientos de litio contenido en arcilla. Con los cambios a la Ley Minera que aprobaron los legisladores sin discusión ni aporte de los técnicos y especialistas que sí saben de geología, minería y metalurgia, ahora mantienen en incertidumbre a cuando menos una decena de empresas que llevan a cabo exploración en prospectos de litio.

Apresurados porque el Ejecutivo Federal “quiere vender la leche sin siquiera tener la vaca”, los expertos del Servicio Geológico Mexicano (SGM) seleccionaron más 60 sitios con manifestaciones de litio de una lista de poco más de 80 (eliminaron los que están en Áreas Naturales Protegidas y en zonas indígenas).

Las evidencias de litio están en Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco y Michoacán. Los trabajos para detectar, cuantificar y evaluar si son económica y técnicamente rentables, podrían llevar al menos una década.

Pero eso es lo menos importante. Si el Ejecutivo sigue creyendo que el litio es el oro blanco, está bien, que lo siga pensando. Lo verdaderamente preocupante es que la ley no deja claro que si reservar la cadena de valor del litio implica también, por ejemplo, la producción, envasado, traslado y comercialización de medicamentos de litio, utilizados para el tratamiento de enfermedades mentales. Así de grave sería el impacto para la industria farmacéutica y para los pacientes, porque el Estado nada tendría que hacer en ese caso.

Peor aún, en la ley indica que puede reservar también los minerales estratégicos que la Secretaría de Economía está clasificando como minerales críticos para la transición energética. En ese supuesto podrían estar: el cobre, plata, molibdeno, berilio, germanio, galio, indio, neodimio, hierro, boro, disprosio y el acero, por mencionar sólo algunos.

Por cada mil indicios de mineralización, 100 se convierten en proyectos de exploración y sólo uno se concreta en mina. Ojalá, las investigaciones del SGM sean tan certeras que los más de 60 indicios resulten en minas y, en ese caso que el Estado tenga la capacidad económica para desarrollarlos.

De la capacidad técnica no hay ninguna duda: México es un referente internacional en la minería y tiene a los mejores profesionistas y técnicos del mundo, con acceso a la tecnología más moderna para desarrollar cualquier tipo de mina.

Pero, quien conoce lo mínimo necesario de minería sabe que los yacimientos usualmente son polimetálicos y las concesiones no se otorgan para ciertos minerales, sino para lo que logren localizar y extraer en condiciones comerciales óptimas.

Por eso, el tema crítico de esa ley aprobada sobre las rodillas en fast track es que la lista de los minerales críticos para la transición energética afecte proyectos que están en exploración y desarrollo, porque se trata de inversiones millonarias y miles de empleos. La ley no es retroactiva y los cambios a la Ley Minera no tendrían que impactar a las concesiones vigentes, pero el texto legal no lo indica, así que de extender la exclusividad a esos minerales estratégicos, los daños serían devastadores para las industrias minera y energética, ya que México es el productor número uno en el mundo de plata y el noveno productor de cobre a nivel global, por señalar solo un par de metales que sí son estratégicos para el desarrollo de plantas de generación de energía convencional y de fuentes renovables; equipos de eficiencia energética, así como redes de transmisión y distribución de energía eléctrica.

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Puro cuento

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*Dos Bocas: costosa y con resultados hasta el 2023

El presupuesto inicial para hacer funcionar la Refinería Olmeca o mejor conocida como Dos Bocas, rebasará el doble de presupuesto ante los altos índices inflacionarios que afectan al mundo.

Entonces y, por lógica, la refinería Dos Bocas, tendrá el doble del costo inicialmente programado y con posibles resultados hasta el próximo año.

En una investigación de Bloomberg destaca que el costo real, hasta el momento, del proyecto del gobierno federal ya se ubica en los 18 mil millones de dólares, cuando inicialmente se planteó gastar 8 mil millones de dólares.

Otro aspecto que está en el aire es que la refinería iniciará la producción de gasolinas (que ese es el objetivo principal) hasta el año 2023. Sin embargo, el gobierno no ha sido certero en ese punto para garantizar que Petróleos Mexicanos (Pemex), debido a lo difícil que resulta ser la refinería para los esfuerzos de la petrolera estatal para terminar con la dependencia de las importaciones de combustible.

En estos momentos la Refinería Olmeca o Dos Bocas se encuentra en su etapa final de construcción, consistente en la recepción masiva de equipos y accesorios, calentadores, módulos y torres, de tal suerte que el gobierno federal anunció su inauguración para el 1 de julio próximo.

El proyecto de Pemex establece que la refinería procesará 340 mil barriles de crudo diariamente y producirá 170 mil barriles de gasolina y 120 mil barriles de diésel diarios, pero hasta el año 2023. Aunque el gobierno no ha dado la certeza al 100 por ciento en este punto.

Las fuentes consultadas por Amy Stillman indicaron que debido a la pandemia, los costos aumentaron considerablemente debido a una serie de nuevos contratos para cumplir con la fecha límite de finalización de la construcción en julio para que lograra alcanzar la producción total en seis meses. La cantidad de contratos contabilizados por Pemex aumentó de alrededor de 100 a unos 270.

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Un paso más hacia la prohibición de las corridas de toro

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Maestra Aida del Carmen San Vicente Parada

¡Bravo! El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa ratificó la suspensión provisional que un juez federal concedió a la Asociación Justicia Justa para que se cancelen las corridas de toro en la Plaza México, además de cancelar el otorgamiento de permisos para llevar a cabo este tipo de espectáculo que mancilla y mata animales tan sólo por entretener a la audiencia y para probar la “valentía y el arrojo de los toreros”.

Por mayoría de votos se aprobó el proyecto de Rosa Iliana Noriega Pérez quien propuso declarar infundado el recurso de queja promovido por Tauroplaza México.

Es menester señalar que el juicio de amparo que resolverá si definitivamente se suspenden las corridas de toro en la Ciudad de México, está suspendido provisionalmente tal como lo declaró el juez encargado de resolver el juicio Jonathan Bass Herrera, por lo tanto las corridas de toro en la Ciudad de México, están suspendidas por tiempo indeterminado hasta en tanto no se resuelva el ya mencionado juicio de amparo; esta decisión se justifica en que la cuestión ventilada en el juicio de amparo es trascendental ya que supone resolver sobre la Constitucionalidad del Reglamento Taurino del Distrito Federal, así como de la Ley para Celebración de Espectáculos públicos en la Capital.

La Constitución de la Ciudad de México en su artículo 13 apartado B señala que los animales merecen un trato digno en la Ciudad de México y que los ciudadanos están obligados a respetar la vida e integridad de los animales ya que son sujetos de consideración moral.

Además, señala la obligación por parte de las autoridades de garantizar la protección, bienestar, así como el trato digno y respetuoso a los animales y fomentar una cultura de cuidado y tutela responsable. Esto quiere decir, que los animales están bajo tutela de los ciudadanos y de las autoridades de la Ciudad de México.

Por tal motivo, resulta pertinente resolver sobre la Constitucionalidad del Reglamento Taurino del Distrito Federal, así como de la Ley para Celebración de Espectáculos públicos en la Capital, porque en ambas leyes se permite usar animales en condiciones deleznables para entretener a la audiencia, a costa de la integridad física y psíquica y de la vida de los toros. Quienes no han cometido ningún pecado más que pertenecer a una especie que por años ha sido criada con el objetivo de entretener y perecer en la faena de la fiesta de luces.

Los animales no son cosas, sienten, experimentan emociones y reacciones antes el entorno como en el caso de las lesiones que se les infringen, y merecen vivir sin ser utilizados para demostrar valentía o bien para entretener a espectadores ávidos de violencia – ¿qué no les basta con la violencia que vive el país actualmente y que vemos en la televisión? Valiente y digno es trata a un ser vivo y sintiente con consideración.

Esperamos que la resolución del juicio de amparo, vea por lo intereses de aquellos que no tienen voz, que realmente vea por lo intereses y la vida de seres inocentes, que realmente vele por la vida de los toros.

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