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El dilema en aplicación de la cadena perpetua en México

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¿Es necesario aplicar la cadena perpetua para terminar con la violencia hacia las niñas y los niños en México?

Hace unos días la candidata a diputada local, Miriam García Monzalvo, quien representa a la coalición Va por Hidalgo, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), inició su campaña con la propuesta de aplicar cadena perpetua a quien violente a niñas o niños, esto con la finalidad de atender de manera urgente el grave problema de la violencia hacia los menores.

La candidata refirió: “…en Hidalgo, las penas que se imponen a quien secuestra a un niño son de 1 a 6 años, sin embargo, si el raptor tiene un buen comportamiento puede salir mucho antes”.

Lo anterior, no es correcto, ya que el artículo 167 del Código Penal del Estado de Hidalgo refiere que:

“…Si el agente espontáneamente pone en libertad al secuestrado dentro de las setenta y dos horas posteriores al inicio de la privación de libertad, la punibilidad será de uno a seis años de prisión y multa de 30 a 150 días, siempre y cuando el sujeto no haya logrado los propósitos a que se refiere el artículo 166 de este Código.

Es decir, en ningún momento, este artículo establece que: “…las penas que se imponen a quien secuestra a un niño son de 1 a 6 años”, tampoco dice que: “…si el raptor tiene un buen comportamiento puede salir mucho antes”.

Ahora bien, el secuestro cometido en contra de cualquier persona, sea menor o mayor de edad, hombre o mujer, etc., se tipifica en el artículo 166, el cual señala:

“…Cuando la privación ilegal de la libertad tenga el carácter de secuestro, se aplicará prisión de diez a cuarenta años y multa de 200 a 500 días. Habrá secuestro si el hecho se realiza con el propósito de:

I.- Obtener un rescate;

II.- Que la autoridad realice o deje de hacer un acto de cualquier índole;

(REFORMADA, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005)

III.- Causar daño o perjuicio al secuestrado o a persona distinta relacionada con él;

(REFORMADA, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005)

IV.- Obligarlo a hacer o dejar de hacer un acto de cualquier índole, o para que un tercero lo haga o lo omita; y

(ADICIONADA, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005)

V.- Cometer secuestro exprés, entendiéndose por éste, el que prive de la libertad a otro por el tiempo estrictamente indispensable para cometer los delitos de robo o extorsión o para obtener algún beneficio económico. Lo anterior, con independencia de las demás sanciones que conforme a este Código le correspondan por otros delitos que de su conducta resulten”.

Como podemos observar, en el artículo antes mencionado, se señala como pena máxima para la persona que cometa el delito de privación ilegal de la libertad con carácter de secuestro, 40 años de prisión, lo cual es un tiempo que, para la candidata no es suficiente y por eso quiere que se les aplique cadena perpetua.  

Dicho lo anterior, considero importante explicar lo que es la “cadena perpetua”, ya que podemos incurrir en una falsa percepción de su significado y aplicación de acuerdo a la normatividad vigente.

Cuando una persona que ha cometido un delito, es procesado y sentenciado a una pena privativa de la libertad por determinado tiempo, es decir, no para toda la vida como lo propone la candidata, ya que si fuera de esa manera, entonces el sentenciado pasaría lo que le resta de vida en prisión.

Sin embargo, en caso de hacerlo de manera vitalicia, la aplicación de dicha sentencia contradice el fin humanitario establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la finalidad primordial de la pena de prisión, que es la reinserción social del sentenciado, tal y como lo establece el artículo 18, el cual dice:

“…El sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley”.

Ahora bien, desde mi particular punto de vista, la cadena perpetua no debe existir, ya que el sentenciado al no tener ninguna oportunidad de obtener su libertad, es evidente que no cumplirá con los cinco ejes de la reinserción social que menciona el artículo 18 Constitucional, ni con el fin de la pena, que es lograr que el individuo que cometió un delito, no vuelva a cometerlo, y tratar que los ciudadanos no cometan delitos.

Por lo tanto, si un individuo es sentenciado de por vida, lo más seguro es que seguirá delinquiendo dentro del centro penitenciario en que se encuentre.     

Actualmente son pocos los países que tienen la pena de prisión perpetua o vitalicia, sin embargo, en sus legislaciones cuentan con mecanismos que permiten que los sentenciados sean evaluados después de un tiempo para ver sí siguen constituyendo un peligro para la sociedad y si tienen la capacidad y las herramientas para reinsertarse a la sociedad.

La postura de la organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre este tema es de rechazo hacia la prisión de toda la vida, debido a que, si el objetivo de dicha sentencia es la rehabilitación y la reinserción social, al encerrarlos toda la vida, es obvio que no se va a cumplir con dichos objetivos.

Por otro lado, establece que si se busca que la pena sea ejemplar y tenga como función la retribución, se pueden establecer plazos mínimos que cumplan con lo mencionado. Por ello, la ONU recomienda que la pena mínima sea de 10 años y la máxima de 25 para los delitos más graves.

En México, una persona puede ser sentenciada a 100 años de prisión sin posibilidad de libertad alguna y al tener estas sentencias que únicamente se diferencian en la terminología con la cadena perpetua, se contradice constitucionalmente, pues dichas penas no buscan la reinserción social del sentenciado y constituyen una carga económica importante para el Estado y sus contribuyentes.

Es por ello que, aún y cuando en México no se cuenta con la pena de “cadena perpetua” como tal en sus legislaciones, es uno de los pocos países en el mundo que la aplica de manera indirecta, ya que en algunos el sentenciado tiene la posibilidad de pasar el resto de su vida tras las rejas y, desgraciadamente México es uno de ellos. Por consiguiente, esto no nos hace un país más seguro, la solución a nuestro problema de seguridad no reside en políticas represivas con sentencias infinitas, sino que tenemos que trabajar mucho con una política integral social.

Así que la propuesta de la candidata no tiene razón de ser para terminar con el problema que señala en su campaña, es decir, aplicar cadena perpetua a quien violente y secuestre a niñas o niños, con la finalidad de atender de manera urgente la violencia hacia los menores.

“Te encierran de por vida, y eso es justo lo que te quitan.”
MORGAN FREEMAN

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En riesgo, meta para aumentar generación de energía limpia en México

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El año pasado, México estuvo a punto de alcanzar la meta establecida en la Ley de Transición Energética, al generar 29.5% de la energía eléctrica con fuentes limpias. El compromiso era de 30% para el 2021; sin embargo, estaría en riesgo la meta de llegar al 35% hacia el 2024.

En el Reporte de Avance de Energías Limpias, la Secretaría de Energía asegura que el 0.5% faltante para llegar al 30%, se debe principalmente al impacto negativo de la emergencia sanitaria por causa de la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (Covid19); el diferimiento de la fecha de entrada en operación de proyectos de generación privados y públicos; así como las distintas suspensiones judiciales a instrumentos de planeación que garantizarían una incorporación segura de centrales de generación intermitentes, entre otros”.

Indica que, derivado de la Resolución del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a la Controversia Constitucional 64/2021, será posible incorporar la generación limpia proveniente de centrales hidroeléctricas, geotermoeléctricas y nuclear de la Comisión Federal de Electricidad, que en la actualidad no pueden ser despachadas en su totalidad por dar prioridad al Mercado Eléctrico.

La Ley de Transcición Energética y la Ley General de Cambio Climático prevén una tasa de 35% hacia el 2024 y aunque la Sener asegura que la política de transición energética avanza con acciones en materia de generación de Energías Limpias y, en particular de las renovables, que permitirán abastecer el suministro de electricidad de todos los sectores productivos y de la sociedad Mexicana, bajo los principios de eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad y sustentabilidad, las acciones regulatorias reflejan que no podrán cumplir con la meta.

Las dudas están sustentadas. El gobierno federal alcanzó a casi cubrir la meta el año pasado porque aumentó la generación de energía hidroeléctrica de 32 mil 234 GigaWatts/Hora (GWh) en 2018 a 34,717.16 e incrementó de manera exponencial la generación eoloeléctrica al pasar de 123 mil 435 GWh a 21mil 074 GWh.

Pero, en su intento por fortalecer a la CFE, la Comisión Reguladora de Energía (CRE), entre 2021 y lo que va de este año, ha negado permisos para generar energía eléctrica con tecnología renovable a empresas privadas y ha autorizado la exclusión de los centros de carga de diversos establecimientos y socios de permisos en las modalidades de cogeneración y autoabastecimiento.

La CRE, a cargo de Leopoldo Melchi García negó los permisos para generar electricidad a las empresas Energía el Trojano, 360 Plaza de Cibeles, FRV San Isidro, Parque Solar las Lomas de Ocampo III, Parques Eólicos de México, Recursos Solares PV de México y Scutti Solar 3, por mencionar sólo algunas.  No así al sector público, dígase CFE, principalmente.

El principal golpe lo han recibido los permisionarios de la figura conocida hasta la reforma de 2014 como permisos de autoabastecimiento, bajo la cual había 468 permisionarios de los cuales 347 estaban vigentes -privados y públicos-.

En aras de fortalecer a la CFE, la CRE ha ayudado a adelantar la caducidad de los permisos de autoabastecimiento, denominados desde 2014 como legados, lo que atenta conta el Estado de derecho porque vulneran las condiciones bajo las cuales las empresas construyeron las centrales de generación eléctrica.

Pero más allá de eso, tema que hemos tratado en otros espacios, lo relevante es que al autorizar sólo permisos al sector público la administración está haciendo más lenta la instalación de los proyectos de energía renovable.

La meta casi se alcanzó el año pasado porque muchos proyectos estaban en construcción y traían su propia inercia de crecimiento y producción, pero al evitar y limitar la inversión privada en esa infraestructura, el gobierno se está autocondenando a no cumplir con las metas de reducción de emisiones y crecimiento de la energía renovable en la matriz energética.

Foto: Freepik

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¿Y la autosuficiencia energética, apá?

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La producción de petróleo ha disminuido alrededor de dos millones de barriles diarios en 20 años, según datos de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH).

Mientras que de 2002 a 2006, la producción de petróleo se mantenía en casi 3.4 millones de barriles diarios, en el periodo de gobierno actual, se mantiene en un promedio de 1.5 millones de barriles diarios.

El declive de producción comenzó en 2006, después de concluir el periodo presidencial de Vicente Fox. Desde ese entonces, la producción inició su caída hasta llegar al gobierno actual.

Es una realidad que la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador no ha sido responsable de la disminución de la producción; pero de lo que sí es responsable es de asegurar y reiterar que México alcanzará la soberanía y autosuficiencia energética en 2024, sin un fundamento sólido que lo avale.

Durante su cuarto informe de gobierno aseveró que la rehabilitación de seis refinerías, la construcción de dos plantas coquizadoras y la compra de la refinería Deer Park, en Houston, Texas, ayudará a lograr este objetivo.

Destacó que durante su gobierno se invirtieron 24 mil millones de dólares en el sector de hidrocarburos y 9 mil 200 millones de dólares en el sector eléctrico, no obstante, olvidó mencionar sobre la disminución en la producción de petróleo, ya que para él no es conveniente decir que la producción al principio de su gobierno (diciembre 2018) oscilaba en 1.7 millones de barriles diarios y en la actualidad ha disminuido hasta 1.5.

Octavio Romero Oropeza, indicó que la compra de Deer Park, ayudará a que México produzca dos millones de barriles diarios de crudo, así como a refinar el 100% del crudo mexicano cuando concluya la administración federal, sin embargo, esta producción sólo es una posible proyección, además que producir 2 millones de barriles diarios no asegura la autosuficiencia, ni soberanía energética.

De echo la autosuficiencia energética se refiere a reducir el consumo de energía y a aumentar la generación de energía local renovable, cosa que en la que el gobierno de México no se enfoca, pues el principal mandatario continua en la falsa nostalgia de riqueza con base en los hidrocarburos, mientras que países europeos se enfocan en la innovación en la producción de energía limpia, en la descarbonización y en la reducción de huella de carbono.

Sobre esto, México Evalúa –centro de análisis de políticas– realizó una investigación que presento en un informe titulado “La paradoja energética: motivos para abandonarla”, onde se destaca que México podría satisfacer más de 100 veces las necesidades eléctricas totales del país en 2024, a través de energías renovables y no, como lo espera el presidente, a base de los derivados del petróleo.

México Evalúa, aseguró que no será viable alcanzar los objetivos de soberanía energética en la ruta actual del gobierno debido al rechazo a la inversión privada, a la integración regional y a la falta de integración de energía renovable.

El informe destaca que, si se proyecta la producción nacional a partir de una capacidad de refinación al 80%, más la producción de la nueva refinería Olmeca y las importaciones de Deer Park, el país seguiría necesitando importar aproximadamente el 20% de la demanda de combustibles en 2024.

Además, señala que el Tratado México, Estados Unidos, Canadá (T-MEC), puede ofrecer una oportunidad para que México satisfaga sus necesidades eléctricas con inversiones adecuadas de empresas extranjeras; de hecho, también destaca que la integración de energías renovables ayudaría con la integración energética en Norteamérica, para lograr una reducción del 80% de las emisiones de carbono en el sector eléctrico para el 2050.

Lamentablemente el presidente continúa cerrándose a la inversión privada, hasta el punto de que Estados Unidos y Canadá solicitaron una consulta sobre el T-MEC en el sector energético que resolverá en los próximos días.

Por otro lado, pese a los millones invertidos en el sector energético la dependencia de las importaciones de algunos combustibles se ha incrementado, debido a que la plataforma de producción de crudo se encuentra prácticamente sin cambios; de acuerdo con datos de la Secretaría de Energía al cierre de 2021 México importó 10.8% más gas natural seco que en 2018, y 4.1% más que en 2020.

Por lo anterior México evalúa indicó que lo mejor sería transitar a un modelo energético global a través de una política de integración energética en Norteamérica en la cual se desarrollen proyectos de reducción de emisiones a la atmósfera, con una armonía regulatoria suministro confiable, y a precios asequibles de energéticos para la población.

Entonces el objetivo del gobierno no debería llegar a una soberanía y autosuficiencia energética, pues en las condiciones actuales esto queda en una utopía difícil de alcanzar, sobre todo si se cree que la respuesta se encuentra en las producciones de petróleo; si no por el contrario generar sinergias aprovechando el T-MEC, con empresas privadas; así como invertir en la producción tecnológica de nuevas formas de generar energía limpia, no refinadoras y coquizadoras que sigan centrando la idea de energía únicamente en los hidrocarburos.

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Opinión

Presos de la celda COVID

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Por: Andrea Leal Cajero*

La pandemia a la que nos hemos enfrentado desde hace más de dos años, ha causado un impacto social que ha golpeado rotundamente al sector penitenciario, dejando la secuela más grave e incurable en la vida y salud de los presos en las cárceles mexicanas.

La COVID-19 ha venido a revelar una vez más las condiciones insalubres en las que se encuentran las cárceles y lo que se vive detrás de las rejas y del sistema penitenciario de nuestro país y del mundo.

Esta vez se hace un enfoque en las prisiones mexicanas, donde el SARS-CoV-2 ha causado un daño físico y sobre todo emocional irreversible en la vida de los presos. Se conoce que las personas privadas de su libertad padecen miserables condiciones de aseo y deja una profunda indignación por la situación de vida de estos seres humanos que han sido olvidados por el gobierno, alejándolos de poder gozar y ejercer sus derechos humanos en prisión.

Es bien conocido que el sistema penitenciario se encuentra en la precariedad y que dentro de las cárceles mexicanas se tiene un riesgo latente para la pronta propagación del virus, viéndose así afectada la población de más de 225,000 personas, de las cuales no se cuenta con una cifra actual fehaciente que nos pueda arrojar con certeza el número de casos infectados dentro de los centros penitenciaros y de las muertes que ha cobrado este virus.

Cabe mencionar que se ha generado una crisis carcelaria, es por ello que  para contrarrestar esta enfermedad, se debe atender a las necesidades de los reos así como garantizar la atención médica, suministros de medicamentos y de información esencial que llegue a los internos para conocer la manera de enfrentar al virus dentro de las celdas. Es importante facilitarles insumos necesarios que les garanticen tener una adecuada higiene y alimentación tomando en cuenta las precauciones sanitarias que los mantengan a salvo.

La Organización Mundial De la Salud y la Organización de las Naciones Unidas han hecho un llamado a los gobiernos para que emitan acciones de prevención y de atención a los casos COVID dentro de las prisiones, toda vez que este sector se ha visto golpeado de manera desproporcionada por la pandemia, siendo afectados en diversas áreas de su vida como lo es la salud física, emocional, familiar, entre otros. La situación de las cárceles se ha vuelto más intensa de lo habitual, la restricción de visitas, el escaso contacto por periodos prolongados con sus familiares, el hacinamiento, la situación procesal de los internos, la falta de insumos, condiciones insalubres, la restricción de actividades recreativas, el alojamiento de personas infectadas, la falta de información y sobre todo la carente atención medica ha dejado a los internos en un estado vulnerable que debe ser atendido por las autoridades nacionales.

Los centros de reclusión deben de atender las necesidades de los internos, otorgarles la facilidad de video – llamadas con sus familiares, con la finalidad de impedir que la población se amotine, darles platicas de medidas sanitarias, dotarles de agua potable, habilitar espacios para evitar la sobrepoblación en las celdas, tratar de que pasen el mayor tiempo posible fuera de las celdas y no dejar que hagan reuniones de más de 10 internos.

Se les debe aplicar las vacunas y los refuerzos, atender a los reos infectados con atención médica inmediata, hacer un enfoque en los presos que padecen de enfermedades crónico degenerativas para que se les mantenga asilados de la demás población y considerar un arraigo domiciliario, con esto  atender mediante pre liberaciones a personas que estén prontas a cumplir con sus sentencias y estudiar casos de internos que puedan obtener su libertad para evitar el hacinamiento en las cárceles y con esto lograr que la población privada de su libertad tenga oportunidad de salvaguardar su vida.

Con estas propuestas se pretende también tratar la salud mental de los internos la cual es de suma importancia para una reinserción social, el que estén en contacto con sus familias garantiza una estabilidad emocional, permitirles el acceso a sus visitas con todas las medidas sanitarias necesarias aún y cuando el semáforo epidemiológico cambie constantemente de acuerdo al índice de casos infectados en el país.

Se debe usar un calendario de visitas por módulos cuando el semáforo este en rojo o bien planear horarios de video llamadas si es que el riesgo de infección es alarmante, pero que COVId por los menos quincenalmente para que tengan la seguridad de que se encuentran sin incidencia del virus. Estas medidas convertirían a esta situación social en una situación menos lesiva dentro de las cárceles mexicanas.

Para que todo esto funcione las autoridades nacionales deben de prestar la suficiente atención a los presos durante la pandemia aún y cuando la mayoría de la población en general ya cuenta con la vacunación, se debe de hacer énfasis en robustecer las medidas sanitarias para el ingreso de las familias y abogados a los penales, toda vez que las prisiones son un foco de infección latente por los factores que se ha venido mencionando, ya que la población carcelaria registra a menudo una incidencia de enfermedades transmisibles y no trasmisibles que ponen en riesgo a la población en general.

No basta con que autoridades internacionales emitan opiniones o recomendaciones si los estados no ejercen las acciones y medidas necesarias. Se debe actuar y garantizar los Derechos Humanos de las personas privadas de su libertad apegándose a los cinco ejes de la reinserción social sin perder de vista que los presos también son seres humanos.

*Alumna de la Maestría en Ciencias Penales y Criminalística de la Facultad de Derecho de la Barra Nacional de Abogados

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