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Sociedad

Empeoran niveles de desigualdad en América Latina en 2020

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Ciudad de México, 1 de abril 2021.- La pobreza y la pobreza extrema alcanzaron en 2020 en América Latina niveles que no se han observado en los últimos 12 y 20 años, respectivamente, así como un empeoramiento de los índices de desigualdad en la región y en las tasas de ocupación y participación laboral.

Esta situación ha incidido sobre todo en las mujeres, debido a la pandemia del COVID-19 y pese a las medidas de protección social de emergencia que los países han adoptado para frenarla, informó la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

La Secretaria Ejecutiva de la comisión regional de las Naciones Unidas, Alicia Bárcena, presentó una nueva edición del informe anual Panorama Social de América Latina 2020 el cual señala que la pandemia irrumpe en un escenario económico, social y político complejo: bajo crecimiento, aumento de la pobreza y crecientes tensiones sociales.

Además, pone al desnudo las desigualdades estructurales que caracterizan las sociedades latinoamericanas y los altos niveles de informalidad y desprotección social, así como la injusta división sexual del trabajo y organización social del cuidado, que atenta contra el pleno ejercicio de los derechos y la autonomía de las mujeres.

Según las nuevas proyecciones de la CEPAL, como consecuencia de la fuerte recesión económica en la región, que registrará una caída del PIB de -7,7%, se estima que en 2020 la tasa de pobreza extrema se situó en 12,5% y la tasa de pobreza alcanzó el 33,7% de la población.

Ello supone que el total de personas pobres ascendió a 209 millones a finales de 2020, 22 millones de personas más que el año anterior. De ese total, 78 millones de personas se encontraron en situación de pobreza extrema, 8 millones más que en 2019.

El documento indica que persisten las brechas entre grupos de población: la pobreza es mayor en áreas rurales, entre niñas, niños y adolescentes; indígenas y afrodescendientes; y en la población con menores niveles educativos. Agrega que el aumento de los niveles de pobreza y pobreza extrema sería todavía mayor sin las medidas implementadas por los gobiernos para transferir ingresos de emergencia a los hogares.

Los gobiernos de la región implementaron 263 medidas de protección social de emergencia en 2020. Estas alcanzaron al 49,4% de la población, aproximadamente 84 millones de hogares o 326 millones de personas. Sin esas medidas, la incidencia de la pobreza extrema habría alcanzado el 15,8% y la pobreza el 37,2% de la población.

“La pandemia ha evidenciado y exacerbado las grandes brechas estructurales de la región y, en la actualidad, se vive un momento de elevada incertidumbre en el que aún no están delineadas ni la forma ni la velocidad de la salida de la crisis. No cabe duda que los costos de la desigualdad se han vuelto insostenibles y que es necesario reconstruir con igualdad y sostenibilidad, apuntando a la creación de un verdadero Estado de bienestar, tarea largamente postergada en la región”, afirmó Alicia Bárcena.

Por ello, la CEPAL insta a garantizar la protección social universal como pilar central del Estado de bienestar.

Precisa que, en el corto plazo, es necesario implementar o continuar las transferencias de emergencia propuestas por la Comisión: ingreso básico de emergencia (IBE), bono contra el hambre e IBE para mujeres; mientras que en el mediano y largo plazo, se debe avanzar hacia un ingreso básico universal, priorizando a familias con niños, niñas y adolescentes y apostar por sistemas universales, integrales y sostenibles de protección social, incrementando su cobertura, como componente central de un nuevo Estado de bienestar.

También llama a avanzar hacia nuevos pactos sociales y fiscales para la igualdad en tiempos de pandemia, y a garantizar la salud, la educación y la inclusión digital, para que nadie se quede atrás.

“El llamado de la CEPAL a un nuevo pacto social está más vigente más que nunca: la pandemia es una coyuntura crítica que redefine lo que es posible, y abre una ventana de oportunidad para dejar atrás la cultura del privilegio”, afirmó la alta funcionaria de las Naciones Unidas.

El informe señala que el efecto adverso de la pandemia sobre los ingresos de las personas afecta principalmente a los estratos de ingresos bajos y medio-bajos. Se estima que en 2020 unos 491 millones de latinoamericanos vivían con ingresos hasta tres veces la línea de pobreza.

Alrededor de 59 millones de personas que en 2019 pertenecían a los estratos medios experimentaron un proceso de movilidad económica descendiente.

De acuerdo al documento, se espera que la desigualdad del ingreso total por persona aumente en 2020, dando lugar a un índice de Gini promedio un 2,9% más alto que el registrado en 2019.

Sin las transferencias realizadas por los gobiernos para atenuar la pérdida de ingresos laborales, cuya distribución tiende a estar concentrada en los grupos de ingreso bajo y medio, el aumento esperado del índice de Gini promedio para la región habría sido del 5,6%.

El reporte advierte también sobre los fuertes impactos de la crisis del COVID-19 sobre el mercado laboral. La tasa de desocupación regional se ubicó en 10,7% al cierre de 2020, lo que representa un incremento de 2,6 puntos porcentuales respecto del valor registrado en 2019 (8,1%).

Agrega que la caída generalizada del empleo y la salida de la fuerza de trabajo ha afectado con mayor intensidad a mujeres, trabajadoras y trabajadores informales, jóvenes y migrantes.

El informe presenta un capítulo especial sobre la economía del cuidado como sector estratégico para una recuperación con igualdad.

Destaca que la pandemia ha revelado el enorme costo que significa para los países de la región no tener un sistema integrado de cuidados de amplia cobertura, desfeminizado y de calidad. Por esto, advierte, “es urgente invertir en este sector para enfrentar la crisis, garantizar el derecho a cuidar y a recibir cuidados, así como reactivar la economía desde una perspectiva de igualdad y desarrollo sostenible”.

Por ello, la CEPAL insta a avanzar hacia una sociedad del cuidado que permita garantizar una recuperación igualitaria y sostenible en América Latina y el Caribe.

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Exigen firmas en Ocotlán contra Minera Cuzcatlán, a nombre de SEMARNAT

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Magdalena Ocotlán, Oaxaca, 26 de noviembre, 2021.- Habitantes de las comunidades que se ubican en el valle de Ocotlán, denunciaron que las autoridades agrarias y municipales los están obligando a firmar para que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) niegue un nuevo permiso de impacto ambiental a la Compañía Minera Cuzcatlán.
Estos hechos se han denunciado en municipios como Magdalena Ocotlán, el presidente municipal Pedro Máximo Aquino Méndez y la secretaria del ayuntamiento, Berenice Aquino Méndez, están presionando a la población para dar su firma. Ellos, con el apoyo de sus hermanos Roberto Feliciano y Anselmo Aquino, presidente y secretario del comisariado ejidal colectan las firmas de los pobladores.

También en la agencia municipal de los Ocotes, perteneciente a Ejutla de Crespo, se está realizando la misma práctica en el que los comuneros temen represalias en caso de no acceder a la petición de las autoridades.
En los Ocotes, localidad ubicada a una distancia aproximada a dos kilómetros de San José del Progreso, las y los habitantes denunciaron que el encargado de recolectar las firmas es el representante del Consejo de Vigilancia, Carlos López Jarquín.
En Magadalena Ocotlán, el presidente del Comisariado Ejidal, Roberto Feliciano Aquino Méndez y el presidente del Consejo de vigilancia, Francisco Pérez Cosme están solicitando las firmas mediante un formato que aseguran fue entregado por la propia Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) que está a cargo de María Luisa Albores González.
“Estamos preocupados con lo que pretendan hacer con nuestras firmas, porque no solamente piden la credencial de elector, también están pidiendo la CURP, pensamos que están incurriendo en algo malo porque esos documentos se prestan a pensar en otras cosas”, señalaron los denunciantes.
Comentaron que desde hace más de 30 días, el representante del Consejo de Vigilancia está visitando la gente casa por casa. “En otras comunidades se oye que están pidiendo solamente firmas, pero esta persona está pidiendo estos papeles para ocuparlos supuestamente para que ya no le den la extensión al contrato de la minera”.
Los ciudadanos también dieron a conocer que las autoridades los amenazan que en caso de no acceder a entregar sus documentos o las firmas, serán sancionados y se les negará la entrega de algún trámite que requieran o de apoyos por parte del gobierno federal que reciben a través de las autoridades locales.

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Pocos y deficientes avances para erradicar violencia contra las mujeres

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Ciudad de México, 25 de noviembre, 2021.- De enero de 2019 a septiembre de 2021 el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública ha documentado 10, 446 asesinatos de mujeres, de los cuales 2,681 son investigados como feminicidio, lo que refleja la prevalencia del índice delictivo.

El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) informó lo anterior y denunció la prevalencia de la violencia feminicida en México, en el marco del “Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres”.

Indicó que prevalece la necesidad urgente de impulsar acciones estructurales, en el país, para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia que lacera a mujeres, niñas y adolescentes.

En comunicado de prensa declaró que ante la gravedad de la violencia feminicida que nos aqueja en las últimas décadas y que se ha agudizado sin parar, desde el movimiento de mujeres y feminista, hemos exigido resultados, sobre todo debido a que los avances actuales son pocos y deficientes, por lo que no han impactado de manera favorable en integridad física, seguridad personal y vida de las mujeres.

Considera conveniente que la Secretaría de Gobernación y la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), impulsen realmente acciones prioritarias en las 25 declaratorias de Alertas de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM), para que en los próximos tres años, muestren avances sustanciales de los resultados de las políticas públicas.

Entre los estados de mayor preocupación para el Observatorio se encuentran: Guerrero, Jalisco, Colima, Nuevo León, Estado de México, Ciudad de México, Veracruz, Puebla.

La organización en defensa de las mujeres pide al Gobierno Federal que reconozca que la violencia contra las mujeres es resultado de la discriminación y de las relaciones de poder generadas por la cultura machista, que afecta a todas las mujeres de cualquier estracto social.

A la CONAVIM, reiteramos que es necesario asumir la responsabilidad de dar seguimiento a los estados, a fin de que éstos presenten resultados a la brevedad.

Al Congreso Federal, apruebe las reformas a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en su apartado del Mecanismo de Protección de la Alerta de Género, para mejorar su funcionamiento ante la gravedad de la violencia feminicida (violencia sexual, trata de personas, desaparición y feminicidio).

A los gobiernos estatales y municipales, les pedimos que refuercen las medidas que se han decretado a través de la Alerta de Género para que las acciones implementadas, muestren resultados reales.

Cabe señalar que el Comité CEDAW recomendó al Estado mexicano “seguir impulsando la creación, corrección y fortalecimiento de políticas públicas, para garantizar la atención, sanción y prevención de la violencia contra las mujeres, adolescentes y niñas.

La AVGM no debe suplir todas las políticas públicas que el Estado está obligado a implementar para garantizar una vida libre de violencia, sino reforzar y focalizar las políticas públicas que atiendan de manera eficaz la problemática, de lo contrario esta se vuelve inoperante”.

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Impulsa México agricultura incluyente y sustentable: VVA

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​​Ciudad de México, 25 de noviembre, 2021.- El gobierno de México impulsa una transformación en la agricultura de nuestro país, con el fin de desarrollar todo su potencial de manera incluyente y sustentable, para lo cual se requiere de una alianza honesta, transparente y con reglas claras con los sectores privado y social, afirmó el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Villalobos Arámbula.

 En videomensaje con motivo del foro “10 años conectando al campo mexicano contigo”, organizado por Fundación Walmart México, aseguró que esta iniciativa es muestra de responsabilidad social y de que es posible innovar, de manera inclusiva, la alianza de negocios entre productores y compradores.

 Se trata de que todos los participantes del sector sean retribuidos de manera justa, acorde con sus inversiones y esfuerzos, además de compartir los riesgos climáticos y económicos que son característicos de la producción agropecuaria y pesquera, expresó.

El funcionario federal señaló que la Sader comparte el objetivo del programa: “Construir un sistema de mercado más incluyente y sostenible, para dar acceso a productores de pequeña escala de frutas y verduras en México a más y mejores oportunidades de incrementar sus ingresos, y así mejorar su calidad de vida y la de sus familias”.

 La importancia de integrar una agricultura productiva y sostenible con las cadenas de valor quedó patente durante los difíciles meses de la pandemia, en los que no hubo un desbasto generalizado que pusiera en riesgo la seguridad alimentaria de nuestra población, subrayó.

 Villalobos Arámbula dijo que la cadena que lleva los alimentos de la parcela o de la finca a la mesa de las familias es clave para garantizar el derecho a la alimentación, que nuestra Constitución consagra y que corresponde al Estado tutelar. 

 Todos quienes participamos en el sector agroalimentario tenemos el reto de producir alimentos para una población en permanente crecimiento, pero debemos hacerlo de manera sostenible, disminuyendo la huella hídrica, incrementando la captura de carbono, reduciendo la emisión de gases, recuperando los suelos, y preservando la biodiversidad, apuntó.

 Tenemos además el reto de mejorar el ingreso de nuestros productores de pequeña escala, incrementando su participación en el mercado nacional, una meta en la que Fundación Walmart puede ser de gran ayuda, afirmó.

Villalobos Arámbula expuso que el gobierno de México fijó dos grandes objetivos para el sector agroalimentario:

 Primero, rescatar al campo como fuente de bienestar para millones de mexicanos, con la ejecución de políticas públicas para un desarrollo con justicia, sustentado en el apoyo directo y sin intermediarios, a productores de pequeña y de mediana escala, quienes generan el 50 por ciento de los alimentos que se consumen en el país.

 Segundo, fortalecer la soberanía alimentaria, reduciendo la dependencia de importaciones de productos básicos como maíz, frijol, trigo, arroz, leche y carne de res, de cerdo y de ave, a fin de garantizar a toda la población el derecho constitucional a la alimentación.

 El titular de Sader resaltó que las acciones de la Fundación ayudan a lograr ambos objetivos, con la capacitación a más de 20 mil pequeños productores, en situación de pobreza, en materia agronómica, empresarial y ambiental, en 18 estados del país.

 El sector agroalimentario es, y seguirá siendo, un sólido pilar para el crecimiento económico y una fuente de bienestar, tanto para el sector rural como para el resto de la sociedad. En 2020, aportó 7.4 por ciento del producto interno bruto nacional y genera 9.7 por ciento del empleo remunerado, detalló.

 Indicó además que la producción de frutas y hortalizas en México, misma que la Fundación apoya, ha sido clave para convertir a nuestro país en una potencia agroexportadora.

 En 2020 se vendieron al exterior cuatro mil 982 millones de dólares de hortalizas frescas y cinco mil 741 millones de dólares de frutas, que representaron 31.4 y 27.2 por ciento, respectivamente, del total de las exportaciones primarias agropecuarias del país, anotó.

 La directora de Fundación Walmart México, Gisela Noble, expuso que el desafío es transformar el ecosistema del campo mexicano para el pequeño productor, tendiendo puentes de acceso a mercados modernos.

 Explicó que el programa brinda capacitación en aspectos necesarios para facilitar la integración de los agricultores, desde el cultivo, la cosecha, la postcosecha, procesos logísticos y administrativos que requieren manejar como productores y como agroempresas proveedoras formales.  Hasta hoy, dijo, más de 23 mil pequeños productores de 37 cultivos en 18 estados del país han sido capacitados y aquellos que han sido conectados a mercados han aumentado la productividad y muestran un importante aumento en ingreso y empleo y reducen la intención de migrar.

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