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Sociedad

Viola seguridad jurídica, nueva Ley de Protección Civil de CDMX: COPARMEX

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Ciudad de México, 18 de marzo 2021.- COPARMEX Ciudad de México condena las modificaciones a la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la capital de la República ya que representan un retroceso en esta materia, es violatorio de la seguridad jurídica y echa por tierra el gran avance que se había logrado para combatir la corrupción.

Esta reforma, aprobada y publicada en el Diario Oficial de la Ciudad de México el pasado 2 de marzo, se traduce en un daño jurídico a los derechos de quienes habitan la capital, pero —sobre todo— a la seguridad de las personas y al fomento de la Gestión Integral de Riesgos, herramienta indispensable de la Protección Civil en una urbe históricamente propensa a catástrofes naturales provocadas por diversos factores.

La Comisión de Higiene Seguridad y Protección Civil de COPARMEX Ciudad de México participó en la creación de una Ley que se publicó el 5 de junio de 2019.

Se trató de un avance histórico que brindó certeza jurídica y demostró un verdadero interés del Gobierno de la CDMX y de los legisladores de tener un andamiaje jurídico que transformara el viejo trámite de protección civil en instrumento real de prevención y mejora a través de la gestión integral de riesgos, que eliminara la corrupción, facilitara la creación de empresas, simplificara trámites y mantuviera a la capital en vanguardia en temas de Gestión Integral de Riesgos, Protección Civil y Resiliencia.

Sin embargo, la modificación a dicha ley pone en entredicho el papel de la Protección Civil como una de las tareas fundamentales y prioritarias de este Gobierno, además de que —en un contexto de desaceleración y retroceso económico provocado por la pandemia de COVID-19— elimina la operación de 22 empresas certificadas para brindar el servicio de capacitación y consultoría en protección civil y la posibilidad de crear más.

En sus artículos 191 y 192 se elimina la posibilidad de que empresas particulares puedan prestar servicios relacionados con la Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, además de restringir —de manera inicial— esta actividad sólo a médicos, ingenieros y arquitectos, descartando a profesionistas en otras ramas, inclusive a los actualmente certificados para prestar el servicio.

Otro aspecto grave es el artículo 61, que suma al trámite que empresas o negocios realizan en la plataforma cibernética de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, uno que debe realizarse en las alcaldías, a través de la ventanilla única, lo que no sólo duplica los procesos para obtener el registro, sino que pone en grave riesgo las gestiones por ser propenso a la corrupción en el momento en que éste proceso recaiga en la voluntad de un funcionario y se vuelva opaco y proclive a la extorsión.

La Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil original liberaba del trámite de hacer y registrar un programa de protección civil a más de 440 mil micro y pequeñas empresas de la Ciudad de México, a través de un acuerdo de clasificación de riesgos por el giro de la empresa; las modificaciones eliminaron el acuerdo y todas estas empresas, están en un “limbo” jurídico, que las expone a la extorsión, basada en el criterio de los verificadores.

Lo más grave de las modificaciones es que los cambios a la ley se hicieron en el marco de un parlamento abierto, en el que participaron expertos, quienes realizaron un ejercicio de análisis que concluyó en una propuesta que vendría a mejorar la ley, pero lo aprobado fue totalmente diferente a las conclusiones alcanzadas, por lo que claramente la invitación a discutir las modificaciones representó solo una simulación.

Quienes integramos COPARMEX en la Ciudad de México hacemos tres solicitudes al Gobierno de la Ciudad, encabezado por la Dra. Claudia Sheinbaum, y a la Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Arq. Myriam Urzúa:

1. Mantener la vocación y visión de la Ciudad Innovadora y de Derechos.

2. Reforzar y garantizar la transformación en donde la Gestión Integral de Riesgos y la Protección Civil dejan de ser un trámite y se convierten en herramientas para la prevención, la contingencia y la resiliencia; dando como resultado la Seguridad de los habitantes, sus patrimonios y el futuro de esta Urbe que todos queremos.

3. Realización de mesas de trabajo y discusión para revertir los efectos de esta ley que afecta la seguridad jurídica de los centros de trabajo, los empleos de los trabajadores, y, sobre todo: la seguridad de mujeres, hombres, niñas y niños que viven o visitan la CDMX.

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Exigen firmas en Ocotlán contra Minera Cuzcatlán, a nombre de SEMARNAT

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Magdalena Ocotlán, Oaxaca, 26 de noviembre, 2021.- Habitantes de las comunidades que se ubican en el valle de Ocotlán, denunciaron que las autoridades agrarias y municipales los están obligando a firmar para que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) niegue un nuevo permiso de impacto ambiental a la Compañía Minera Cuzcatlán.
Estos hechos se han denunciado en municipios como Magdalena Ocotlán, el presidente municipal Pedro Máximo Aquino Méndez y la secretaria del ayuntamiento, Berenice Aquino Méndez, están presionando a la población para dar su firma. Ellos, con el apoyo de sus hermanos Roberto Feliciano y Anselmo Aquino, presidente y secretario del comisariado ejidal colectan las firmas de los pobladores.

También en la agencia municipal de los Ocotes, perteneciente a Ejutla de Crespo, se está realizando la misma práctica en el que los comuneros temen represalias en caso de no acceder a la petición de las autoridades.
En los Ocotes, localidad ubicada a una distancia aproximada a dos kilómetros de San José del Progreso, las y los habitantes denunciaron que el encargado de recolectar las firmas es el representante del Consejo de Vigilancia, Carlos López Jarquín.
En Magadalena Ocotlán, el presidente del Comisariado Ejidal, Roberto Feliciano Aquino Méndez y el presidente del Consejo de vigilancia, Francisco Pérez Cosme están solicitando las firmas mediante un formato que aseguran fue entregado por la propia Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) que está a cargo de María Luisa Albores González.
“Estamos preocupados con lo que pretendan hacer con nuestras firmas, porque no solamente piden la credencial de elector, también están pidiendo la CURP, pensamos que están incurriendo en algo malo porque esos documentos se prestan a pensar en otras cosas”, señalaron los denunciantes.
Comentaron que desde hace más de 30 días, el representante del Consejo de Vigilancia está visitando la gente casa por casa. “En otras comunidades se oye que están pidiendo solamente firmas, pero esta persona está pidiendo estos papeles para ocuparlos supuestamente para que ya no le den la extensión al contrato de la minera”.
Los ciudadanos también dieron a conocer que las autoridades los amenazan que en caso de no acceder a entregar sus documentos o las firmas, serán sancionados y se les negará la entrega de algún trámite que requieran o de apoyos por parte del gobierno federal que reciben a través de las autoridades locales.

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Pocos y deficientes avances para erradicar violencia contra las mujeres

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Ciudad de México, 25 de noviembre, 2021.- De enero de 2019 a septiembre de 2021 el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública ha documentado 10, 446 asesinatos de mujeres, de los cuales 2,681 son investigados como feminicidio, lo que refleja la prevalencia del índice delictivo.

El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) informó lo anterior y denunció la prevalencia de la violencia feminicida en México, en el marco del “Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres”.

Indicó que prevalece la necesidad urgente de impulsar acciones estructurales, en el país, para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia que lacera a mujeres, niñas y adolescentes.

En comunicado de prensa declaró que ante la gravedad de la violencia feminicida que nos aqueja en las últimas décadas y que se ha agudizado sin parar, desde el movimiento de mujeres y feminista, hemos exigido resultados, sobre todo debido a que los avances actuales son pocos y deficientes, por lo que no han impactado de manera favorable en integridad física, seguridad personal y vida de las mujeres.

Considera conveniente que la Secretaría de Gobernación y la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), impulsen realmente acciones prioritarias en las 25 declaratorias de Alertas de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM), para que en los próximos tres años, muestren avances sustanciales de los resultados de las políticas públicas.

Entre los estados de mayor preocupación para el Observatorio se encuentran: Guerrero, Jalisco, Colima, Nuevo León, Estado de México, Ciudad de México, Veracruz, Puebla.

La organización en defensa de las mujeres pide al Gobierno Federal que reconozca que la violencia contra las mujeres es resultado de la discriminación y de las relaciones de poder generadas por la cultura machista, que afecta a todas las mujeres de cualquier estracto social.

A la CONAVIM, reiteramos que es necesario asumir la responsabilidad de dar seguimiento a los estados, a fin de que éstos presenten resultados a la brevedad.

Al Congreso Federal, apruebe las reformas a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en su apartado del Mecanismo de Protección de la Alerta de Género, para mejorar su funcionamiento ante la gravedad de la violencia feminicida (violencia sexual, trata de personas, desaparición y feminicidio).

A los gobiernos estatales y municipales, les pedimos que refuercen las medidas que se han decretado a través de la Alerta de Género para que las acciones implementadas, muestren resultados reales.

Cabe señalar que el Comité CEDAW recomendó al Estado mexicano “seguir impulsando la creación, corrección y fortalecimiento de políticas públicas, para garantizar la atención, sanción y prevención de la violencia contra las mujeres, adolescentes y niñas.

La AVGM no debe suplir todas las políticas públicas que el Estado está obligado a implementar para garantizar una vida libre de violencia, sino reforzar y focalizar las políticas públicas que atiendan de manera eficaz la problemática, de lo contrario esta se vuelve inoperante”.

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Impulsa México agricultura incluyente y sustentable: VVA

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​​Ciudad de México, 25 de noviembre, 2021.- El gobierno de México impulsa una transformación en la agricultura de nuestro país, con el fin de desarrollar todo su potencial de manera incluyente y sustentable, para lo cual se requiere de una alianza honesta, transparente y con reglas claras con los sectores privado y social, afirmó el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Villalobos Arámbula.

 En videomensaje con motivo del foro “10 años conectando al campo mexicano contigo”, organizado por Fundación Walmart México, aseguró que esta iniciativa es muestra de responsabilidad social y de que es posible innovar, de manera inclusiva, la alianza de negocios entre productores y compradores.

 Se trata de que todos los participantes del sector sean retribuidos de manera justa, acorde con sus inversiones y esfuerzos, además de compartir los riesgos climáticos y económicos que son característicos de la producción agropecuaria y pesquera, expresó.

El funcionario federal señaló que la Sader comparte el objetivo del programa: “Construir un sistema de mercado más incluyente y sostenible, para dar acceso a productores de pequeña escala de frutas y verduras en México a más y mejores oportunidades de incrementar sus ingresos, y así mejorar su calidad de vida y la de sus familias”.

 La importancia de integrar una agricultura productiva y sostenible con las cadenas de valor quedó patente durante los difíciles meses de la pandemia, en los que no hubo un desbasto generalizado que pusiera en riesgo la seguridad alimentaria de nuestra población, subrayó.

 Villalobos Arámbula dijo que la cadena que lleva los alimentos de la parcela o de la finca a la mesa de las familias es clave para garantizar el derecho a la alimentación, que nuestra Constitución consagra y que corresponde al Estado tutelar. 

 Todos quienes participamos en el sector agroalimentario tenemos el reto de producir alimentos para una población en permanente crecimiento, pero debemos hacerlo de manera sostenible, disminuyendo la huella hídrica, incrementando la captura de carbono, reduciendo la emisión de gases, recuperando los suelos, y preservando la biodiversidad, apuntó.

 Tenemos además el reto de mejorar el ingreso de nuestros productores de pequeña escala, incrementando su participación en el mercado nacional, una meta en la que Fundación Walmart puede ser de gran ayuda, afirmó.

Villalobos Arámbula expuso que el gobierno de México fijó dos grandes objetivos para el sector agroalimentario:

 Primero, rescatar al campo como fuente de bienestar para millones de mexicanos, con la ejecución de políticas públicas para un desarrollo con justicia, sustentado en el apoyo directo y sin intermediarios, a productores de pequeña y de mediana escala, quienes generan el 50 por ciento de los alimentos que se consumen en el país.

 Segundo, fortalecer la soberanía alimentaria, reduciendo la dependencia de importaciones de productos básicos como maíz, frijol, trigo, arroz, leche y carne de res, de cerdo y de ave, a fin de garantizar a toda la población el derecho constitucional a la alimentación.

 El titular de Sader resaltó que las acciones de la Fundación ayudan a lograr ambos objetivos, con la capacitación a más de 20 mil pequeños productores, en situación de pobreza, en materia agronómica, empresarial y ambiental, en 18 estados del país.

 El sector agroalimentario es, y seguirá siendo, un sólido pilar para el crecimiento económico y una fuente de bienestar, tanto para el sector rural como para el resto de la sociedad. En 2020, aportó 7.4 por ciento del producto interno bruto nacional y genera 9.7 por ciento del empleo remunerado, detalló.

 Indicó además que la producción de frutas y hortalizas en México, misma que la Fundación apoya, ha sido clave para convertir a nuestro país en una potencia agroexportadora.

 En 2020 se vendieron al exterior cuatro mil 982 millones de dólares de hortalizas frescas y cinco mil 741 millones de dólares de frutas, que representaron 31.4 y 27.2 por ciento, respectivamente, del total de las exportaciones primarias agropecuarias del país, anotó.

 La directora de Fundación Walmart México, Gisela Noble, expuso que el desafío es transformar el ecosistema del campo mexicano para el pequeño productor, tendiendo puentes de acceso a mercados modernos.

 Explicó que el programa brinda capacitación en aspectos necesarios para facilitar la integración de los agricultores, desde el cultivo, la cosecha, la postcosecha, procesos logísticos y administrativos que requieren manejar como productores y como agroempresas proveedoras formales.  Hasta hoy, dijo, más de 23 mil pequeños productores de 37 cultivos en 18 estados del país han sido capacitados y aquellos que han sido conectados a mercados han aumentado la productividad y muestran un importante aumento en ingreso y empleo y reducen la intención de migrar.

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