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Opinión

La reincidencia de los adolescentes en conflicto con la ley

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Desde el punto de vista de la ley penal, existe reincidencia siempre que el condenado por sentencia que ha causado ejecutoria y que ha sido dictada por cualquier tribunal de la República o del extranjero, cometa un nuevo delito.

El tema de la reincidencia en términos generales se puede entender como la comisión de un delito cuando ya se ha cometido otro o varios con anterioridad y estos han sido sancionados por un juez.

Antes de entrar en el tema de la reincidencia, tengo que hacer una pregunta, ¿por qué delinquen los adolescentes? Los motivos por los cuales un adolescente puede incurrir en diversas conductas tipificadas como delito son muchas, una de las que considero que es la más común es derivada de la separación y el divorcio de los padres, ya que está considerado como una de las vivencias más traumáticas, con efectos nocivos a corto, mediano y largo plazo. Cuando esto ocurre, es muy probable que a los hijos se les cause un desequilibrio psicoemocional y conductual que se puede convertir en una situación de maltrato emocional y físico para él, asimismo, sufre el abandono y la poca comunicación entre padres e hijos, por lo tanto, el resultado puede ser la transgresión a la ley.

Otros factores que generan la delincuencia en los adolescentes, son: la ausencia de límites, reglas y control por parte de los progenitores, el bajo nivel económico de la familia y del entorno, el consumo de drogas, el fracaso escolar por las dificultades de aprendizaje, la baja tolerancia a la frustración, etcétera.  

Ahora bien, considero que el tema de la reincidencia, es un fenómeno social que debemos de atacar con programas de prevención general y especial, es decir, la general va a evitar que surjan nuevos delincuentes y la especial va a prevenir que el sujeto que ya cometió un delito, no lo vuelva a hacer.   

Para abordar el tema de la reincidencia de los adolescentes en conflicto con la ley, hay que revisar lo que dice la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal Para Adolescentes. 

Al respecto, el artículo 28 establece que:

“…La reintegración se llevará a través de diversos programas socioeducativos de intervención destinados a incidir en los factores internos y externos, en los ámbitos familiar, escolar, laboral y comunitario de la persona adolescente para que genere capacidades y competencias que le permitan reducir la posibilidad de reincidencia y adquirir una función constructiva en la sociedad”.

Esto significa que la autoridad administrativa encargada de ejecutar la medida impuesta por un Juez, debe elaborar junto con la familia, las personas adolescentes y el personal técnico especializado, los Planes Individualizados de Actividades y de Ejecución de la Medida y asegurar el cumplimiento de éstos una vez sancionados por la autoridad jurisdiccional especializada y que tienen como fin reintegrar y reinsertar a los adolescentes que entraron en conflicto con la ley.

Estos planes tienen como objetivo primordial evitar que los adolescentes incurran en la comisión de otra conducta delictiva y, por ende, la reincidencia.

El artículo 77, último párrafo de la ley de la materia, señala que: 

“…La Autoridad Administrativa y las autoridades corresponsables, conforme a sus presupuestos, establecerán centros de atención para el cumplimiento de medidas no privativas de la libertad y formarán redes de colaboración en beneficio de las personas adolescentes y a sus familiares a fin de prestar el apoyo necesario para facilitar la reinserción social, procurar su vida digna y prevenir la reincidencia”.

En este caso, la ley nos dice que la autoridad administrativa encargada de ejecutar la medida no privativa de la libertad impuesta por un Juez, tiene que proporcionar apoyo al adolescente y a la familia, lo cual se cumple a través del Centro Especializado de Medidas en Externamiento para Adolescentes, dependiente de la Dirección General de Atención Especializada para Adolescentes, de la Subsecretaria de Sistema Penitenciario, de la CDMX.

En este Centro se elabora un Plan Individualizado de Actividades para lograr la reinserción social y familiar, sin embargo, considero que lo más importante es la prevención de la reincidencia.

Otro artículo importante que debemos invocar es el 156 de la ley que nos ocupa, el cual refiere que: 

“…Para la determinación de las medidas de sanción a las personas adolescentes, no se aplicarán las disposiciones relativas a la reincidencia, ni podrán ser en ningún caso considerados delincuentes habituales”.

Es importante mencionar que, en este caso, la Ley de la materia al juzgar a un adolescente por la comisión de un delito, no puede considerarlo como un delincuente habitual, es decir, aquel que delinque constantemente y, por consiguiente, no debe imponerle una medida de mayor temporalidad por tener otra con anterioridad tal y como se lleva a cabo en el sistema para los adultos.

Para evitar que los adolescentes reincidan en alguna conducta delictiva, la Ley especial contempla en su artículo 251, los Factores de riesgo, los cuales consisten en la prevención del delito a través de la prevención terciaria que se refiere a: 

“…las medidas específicas para los adolescentes que habiendo sido sujetos del Sistema de Justicia y habiendo cumplido una medida de sanción se implementan para evitar la reincidencia delictiva”.

Estas medidas específicas consisten en llevar a cabo un programa de actividades en el Centro Especializado de Prevención, que también depende de la Dirección General de Atención Especializada para Adolescentes, de la Subsecretaria de Sistema Penitenciario, de la CDMX.

Dicho programa contempla el trabajo con el adolescente y la familia, ya que desafortunadamente, las conductas delictivas de los adolescentes son generadas por diversas situaciones que ya mencioné párrafos arriba. 

No obstante, es necesario resaltar que, aún y cuando la familia en algunos casos incide en el adolescente para delinquir, considero que ésta sigue siendo el factor más importante para que logre socializar e integrarse de manera positiva en su entorno social y familiar.

Los apoyos que se le brinda al adolescente por parte del Centro Especializado de Prevención, una vez egresado de una medida de internamiento o externación, es la vinculación con diferentes instituciones para que logre sus metas a corto, mediano y largo plazo, a saber:

  • Para continuar sus estudios.
  • A cuidar su salud física y emocional.
  • Para obtener una beca.
  • Para tramitar su documentación oficial.
  • Para aprender un oficio.
  • A participar en actividades deportivas y culturales.
  • A tener una vinculación laboral.

Dicho lo anterior, estoy seguro que lo más importante de este tema es poder identificar los factores endógenos y exógenos que mejor predigan el riesgo que corren los adolescentes para incurrir en la reincidencia, por ello, las buenas prácticas de prevención del delito, de la reinserción social y familiar que es parte del trabajo diario de todas las personas que laboran en el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, deben proponer una estrategia que desde la política criminal permita reducir los índices de la reincidencia, con esto es posible construir redes de colaboración para establecer opciones de desarrollo alternas a la delincuencia.

Es importante destacar que gracias a los programas que la Dirección General de Atención Especializada para Adolescentes, ha implementado, en la CDMX la reincidencia de los adolescentes en conflicto con la ley se ha logrado disminuir hasta el 8%, lo cual representa un gran avance en la inclusión a la sociedad de los adolescentes que por alguna razón estuvieron inmersos en el sistema de justicia penal, esperando que esta cifra siga disminuyendo para beneficio de todos los que habitamos en esta ciudad.

“La ausencia de proyectos es la madre de la delincuencia”

Charles Henry Parkhurst

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Opinión

Exclusividad del Estado en minerales estratégicos, dañaría a industrias minera y energética

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La reforma a la Ley Minera no era necesaria para nacionalizar el litio. El elemento de la tabla periódica ha sido siempre propiedad de la Nación por mandato constitucional. Sin embargo, reservar su exploración, extracción y toda la cadena de valor que se genere alrededor de este recurso natural es un error que puede llevarle al Estado años de investigación y desarrollo, así como recursos económicos que no tiene.

Sin más investigaciones que una nota mal interpretada de Mining Technology, la cual informó que en Sonora estaba el depósito de litio más grande del mundo al revelar que contenía 243 millones de toneladas de reservas probadas y probables. Lo real es que son 243 millones de toneladas de arcilla y que con el desarrollo de tecnología podrían rescatarse 4.5 millones de carbonato de litio equivalente.

La empresa que tiene una concesión lleva más de 10 años explorando y está en pruebas para extraer el litio de manera rentable. Hasta ahora no lo ha logrado porque en el mundo nadie ha desarrollado litio en yacimientos de litio contenido en arcilla. Con los cambios a la Ley Minera que aprobaron los legisladores sin discusión ni aporte de los técnicos y especialistas que sí saben de geología, minería y metalurgia, ahora mantienen en incertidumbre a cuando menos una decena de empresas que llevan a cabo exploración en prospectos de litio.

Apresurados porque el Ejecutivo Federal “quiere vender la leche sin siquiera tener la vaca”, los expertos del Servicio Geológico Mexicano (SGM) seleccionaron más 60 sitios con manifestaciones de litio de una lista de poco más de 80 (eliminaron los que están en Áreas Naturales Protegidas y en zonas indígenas).

Las evidencias de litio están en Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco y Michoacán. Los trabajos para detectar, cuantificar y evaluar si son económica y técnicamente rentables, podrían llevar al menos una década.

Pero eso es lo menos importante. Si el Ejecutivo sigue creyendo que el litio es el oro blanco, está bien, que lo siga pensando. Lo verdaderamente preocupante es que la ley no deja claro que si reservar la cadena de valor del litio implica también, por ejemplo, la producción, envasado, traslado y comercialización de medicamentos de litio, utilizados para el tratamiento de enfermedades mentales. Así de grave sería el impacto para la industria farmacéutica y para los pacientes, porque el Estado nada tendría que hacer en ese caso.

Peor aún, en la ley indica que puede reservar también los minerales estratégicos que la Secretaría de Economía está clasificando como minerales críticos para la transición energética. En ese supuesto podrían estar: el cobre, plata, molibdeno, berilio, germanio, galio, indio, neodimio, hierro, boro, disprosio y el acero, por mencionar sólo algunos.

Por cada mil indicios de mineralización, 100 se convierten en proyectos de exploración y sólo uno se concreta en mina. Ojalá, las investigaciones del SGM sean tan certeras que los más de 60 indicios resulten en minas y, en ese caso que el Estado tenga la capacidad económica para desarrollarlos.

De la capacidad técnica no hay ninguna duda: México es un referente internacional en la minería y tiene a los mejores profesionistas y técnicos del mundo, con acceso a la tecnología más moderna para desarrollar cualquier tipo de mina.

Pero, quien conoce lo mínimo necesario de minería sabe que los yacimientos usualmente son polimetálicos y las concesiones no se otorgan para ciertos minerales, sino para lo que logren localizar y extraer en condiciones comerciales óptimas.

Por eso, el tema crítico de esa ley aprobada sobre las rodillas en fast track es que la lista de los minerales críticos para la transición energética afecte proyectos que están en exploración y desarrollo, porque se trata de inversiones millonarias y miles de empleos. La ley no es retroactiva y los cambios a la Ley Minera no tendrían que impactar a las concesiones vigentes, pero el texto legal no lo indica, así que de extender la exclusividad a esos minerales estratégicos, los daños serían devastadores para las industrias minera y energética, ya que México es el productor número uno en el mundo de plata y el noveno productor de cobre a nivel global, por señalar solo un par de metales que sí son estratégicos para el desarrollo de plantas de generación de energía convencional y de fuentes renovables; equipos de eficiencia energética, así como redes de transmisión y distribución de energía eléctrica.

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Puro cuento

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*Dos Bocas: costosa y con resultados hasta el 2023

El presupuesto inicial para hacer funcionar la Refinería Olmeca o mejor conocida como Dos Bocas, rebasará el doble de presupuesto ante los altos índices inflacionarios que afectan al mundo.

Entonces y, por lógica, la refinería Dos Bocas, tendrá el doble del costo inicialmente programado y con posibles resultados hasta el próximo año.

En una investigación de Bloomberg destaca que el costo real, hasta el momento, del proyecto del gobierno federal ya se ubica en los 18 mil millones de dólares, cuando inicialmente se planteó gastar 8 mil millones de dólares.

Otro aspecto que está en el aire es que la refinería iniciará la producción de gasolinas (que ese es el objetivo principal) hasta el año 2023. Sin embargo, el gobierno no ha sido certero en ese punto para garantizar que Petróleos Mexicanos (Pemex), debido a lo difícil que resulta ser la refinería para los esfuerzos de la petrolera estatal para terminar con la dependencia de las importaciones de combustible.

En estos momentos la Refinería Olmeca o Dos Bocas se encuentra en su etapa final de construcción, consistente en la recepción masiva de equipos y accesorios, calentadores, módulos y torres, de tal suerte que el gobierno federal anunció su inauguración para el 1 de julio próximo.

El proyecto de Pemex establece que la refinería procesará 340 mil barriles de crudo diariamente y producirá 170 mil barriles de gasolina y 120 mil barriles de diésel diarios, pero hasta el año 2023. Aunque el gobierno no ha dado la certeza al 100 por ciento en este punto.

Las fuentes consultadas por Amy Stillman indicaron que debido a la pandemia, los costos aumentaron considerablemente debido a una serie de nuevos contratos para cumplir con la fecha límite de finalización de la construcción en julio para que lograra alcanzar la producción total en seis meses. La cantidad de contratos contabilizados por Pemex aumentó de alrededor de 100 a unos 270.

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Un paso más hacia la prohibición de las corridas de toro

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Maestra Aida del Carmen San Vicente Parada

¡Bravo! El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa ratificó la suspensión provisional que un juez federal concedió a la Asociación Justicia Justa para que se cancelen las corridas de toro en la Plaza México, además de cancelar el otorgamiento de permisos para llevar a cabo este tipo de espectáculo que mancilla y mata animales tan sólo por entretener a la audiencia y para probar la “valentía y el arrojo de los toreros”.

Por mayoría de votos se aprobó el proyecto de Rosa Iliana Noriega Pérez quien propuso declarar infundado el recurso de queja promovido por Tauroplaza México.

Es menester señalar que el juicio de amparo que resolverá si definitivamente se suspenden las corridas de toro en la Ciudad de México, está suspendido provisionalmente tal como lo declaró el juez encargado de resolver el juicio Jonathan Bass Herrera, por lo tanto las corridas de toro en la Ciudad de México, están suspendidas por tiempo indeterminado hasta en tanto no se resuelva el ya mencionado juicio de amparo; esta decisión se justifica en que la cuestión ventilada en el juicio de amparo es trascendental ya que supone resolver sobre la Constitucionalidad del Reglamento Taurino del Distrito Federal, así como de la Ley para Celebración de Espectáculos públicos en la Capital.

La Constitución de la Ciudad de México en su artículo 13 apartado B señala que los animales merecen un trato digno en la Ciudad de México y que los ciudadanos están obligados a respetar la vida e integridad de los animales ya que son sujetos de consideración moral.

Además, señala la obligación por parte de las autoridades de garantizar la protección, bienestar, así como el trato digno y respetuoso a los animales y fomentar una cultura de cuidado y tutela responsable. Esto quiere decir, que los animales están bajo tutela de los ciudadanos y de las autoridades de la Ciudad de México.

Por tal motivo, resulta pertinente resolver sobre la Constitucionalidad del Reglamento Taurino del Distrito Federal, así como de la Ley para Celebración de Espectáculos públicos en la Capital, porque en ambas leyes se permite usar animales en condiciones deleznables para entretener a la audiencia, a costa de la integridad física y psíquica y de la vida de los toros. Quienes no han cometido ningún pecado más que pertenecer a una especie que por años ha sido criada con el objetivo de entretener y perecer en la faena de la fiesta de luces.

Los animales no son cosas, sienten, experimentan emociones y reacciones antes el entorno como en el caso de las lesiones que se les infringen, y merecen vivir sin ser utilizados para demostrar valentía o bien para entretener a espectadores ávidos de violencia – ¿qué no les basta con la violencia que vive el país actualmente y que vemos en la televisión? Valiente y digno es trata a un ser vivo y sintiente con consideración.

Esperamos que la resolución del juicio de amparo, vea por lo intereses de aquellos que no tienen voz, que realmente vea por lo intereses y la vida de seres inocentes, que realmente vele por la vida de los toros.

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