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Opinión

La reincidencia de los adolescentes en conflicto con la ley

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Desde el punto de vista de la ley penal, existe reincidencia siempre que el condenado por sentencia que ha causado ejecutoria y que ha sido dictada por cualquier tribunal de la República o del extranjero, cometa un nuevo delito.

El tema de la reincidencia en términos generales se puede entender como la comisión de un delito cuando ya se ha cometido otro o varios con anterioridad y estos han sido sancionados por un juez.

Antes de entrar en el tema de la reincidencia, tengo que hacer una pregunta, ¿por qué delinquen los adolescentes? Los motivos por los cuales un adolescente puede incurrir en diversas conductas tipificadas como delito son muchas, una de las que considero que es la más común es derivada de la separación y el divorcio de los padres, ya que está considerado como una de las vivencias más traumáticas, con efectos nocivos a corto, mediano y largo plazo. Cuando esto ocurre, es muy probable que a los hijos se les cause un desequilibrio psicoemocional y conductual que se puede convertir en una situación de maltrato emocional y físico para él, asimismo, sufre el abandono y la poca comunicación entre padres e hijos, por lo tanto, el resultado puede ser la transgresión a la ley.

Otros factores que generan la delincuencia en los adolescentes, son: la ausencia de límites, reglas y control por parte de los progenitores, el bajo nivel económico de la familia y del entorno, el consumo de drogas, el fracaso escolar por las dificultades de aprendizaje, la baja tolerancia a la frustración, etcétera.  

Ahora bien, considero que el tema de la reincidencia, es un fenómeno social que debemos de atacar con programas de prevención general y especial, es decir, la general va a evitar que surjan nuevos delincuentes y la especial va a prevenir que el sujeto que ya cometió un delito, no lo vuelva a hacer.   

Para abordar el tema de la reincidencia de los adolescentes en conflicto con la ley, hay que revisar lo que dice la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal Para Adolescentes. 

Al respecto, el artículo 28 establece que:

“…La reintegración se llevará a través de diversos programas socioeducativos de intervención destinados a incidir en los factores internos y externos, en los ámbitos familiar, escolar, laboral y comunitario de la persona adolescente para que genere capacidades y competencias que le permitan reducir la posibilidad de reincidencia y adquirir una función constructiva en la sociedad”.

Esto significa que la autoridad administrativa encargada de ejecutar la medida impuesta por un Juez, debe elaborar junto con la familia, las personas adolescentes y el personal técnico especializado, los Planes Individualizados de Actividades y de Ejecución de la Medida y asegurar el cumplimiento de éstos una vez sancionados por la autoridad jurisdiccional especializada y que tienen como fin reintegrar y reinsertar a los adolescentes que entraron en conflicto con la ley.

Estos planes tienen como objetivo primordial evitar que los adolescentes incurran en la comisión de otra conducta delictiva y, por ende, la reincidencia.

El artículo 77, último párrafo de la ley de la materia, señala que: 

“…La Autoridad Administrativa y las autoridades corresponsables, conforme a sus presupuestos, establecerán centros de atención para el cumplimiento de medidas no privativas de la libertad y formarán redes de colaboración en beneficio de las personas adolescentes y a sus familiares a fin de prestar el apoyo necesario para facilitar la reinserción social, procurar su vida digna y prevenir la reincidencia”.

En este caso, la ley nos dice que la autoridad administrativa encargada de ejecutar la medida no privativa de la libertad impuesta por un Juez, tiene que proporcionar apoyo al adolescente y a la familia, lo cual se cumple a través del Centro Especializado de Medidas en Externamiento para Adolescentes, dependiente de la Dirección General de Atención Especializada para Adolescentes, de la Subsecretaria de Sistema Penitenciario, de la CDMX.

En este Centro se elabora un Plan Individualizado de Actividades para lograr la reinserción social y familiar, sin embargo, considero que lo más importante es la prevención de la reincidencia.

Otro artículo importante que debemos invocar es el 156 de la ley que nos ocupa, el cual refiere que: 

“…Para la determinación de las medidas de sanción a las personas adolescentes, no se aplicarán las disposiciones relativas a la reincidencia, ni podrán ser en ningún caso considerados delincuentes habituales”.

Es importante mencionar que, en este caso, la Ley de la materia al juzgar a un adolescente por la comisión de un delito, no puede considerarlo como un delincuente habitual, es decir, aquel que delinque constantemente y, por consiguiente, no debe imponerle una medida de mayor temporalidad por tener otra con anterioridad tal y como se lleva a cabo en el sistema para los adultos.

Para evitar que los adolescentes reincidan en alguna conducta delictiva, la Ley especial contempla en su artículo 251, los Factores de riesgo, los cuales consisten en la prevención del delito a través de la prevención terciaria que se refiere a: 

“…las medidas específicas para los adolescentes que habiendo sido sujetos del Sistema de Justicia y habiendo cumplido una medida de sanción se implementan para evitar la reincidencia delictiva”.

Estas medidas específicas consisten en llevar a cabo un programa de actividades en el Centro Especializado de Prevención, que también depende de la Dirección General de Atención Especializada para Adolescentes, de la Subsecretaria de Sistema Penitenciario, de la CDMX.

Dicho programa contempla el trabajo con el adolescente y la familia, ya que desafortunadamente, las conductas delictivas de los adolescentes son generadas por diversas situaciones que ya mencioné párrafos arriba. 

No obstante, es necesario resaltar que, aún y cuando la familia en algunos casos incide en el adolescente para delinquir, considero que ésta sigue siendo el factor más importante para que logre socializar e integrarse de manera positiva en su entorno social y familiar.

Los apoyos que se le brinda al adolescente por parte del Centro Especializado de Prevención, una vez egresado de una medida de internamiento o externación, es la vinculación con diferentes instituciones para que logre sus metas a corto, mediano y largo plazo, a saber:

  • Para continuar sus estudios.
  • A cuidar su salud física y emocional.
  • Para obtener una beca.
  • Para tramitar su documentación oficial.
  • Para aprender un oficio.
  • A participar en actividades deportivas y culturales.
  • A tener una vinculación laboral.

Dicho lo anterior, estoy seguro que lo más importante de este tema es poder identificar los factores endógenos y exógenos que mejor predigan el riesgo que corren los adolescentes para incurrir en la reincidencia, por ello, las buenas prácticas de prevención del delito, de la reinserción social y familiar que es parte del trabajo diario de todas las personas que laboran en el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, deben proponer una estrategia que desde la política criminal permita reducir los índices de la reincidencia, con esto es posible construir redes de colaboración para establecer opciones de desarrollo alternas a la delincuencia.

Es importante destacar que gracias a los programas que la Dirección General de Atención Especializada para Adolescentes, ha implementado, en la CDMX la reincidencia de los adolescentes en conflicto con la ley se ha logrado disminuir hasta el 8%, lo cual representa un gran avance en la inclusión a la sociedad de los adolescentes que por alguna razón estuvieron inmersos en el sistema de justicia penal, esperando que esta cifra siga disminuyendo para beneficio de todos los que habitamos en esta ciudad.

“La ausencia de proyectos es la madre de la delincuencia”

Charles Henry Parkhurst

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Cierre de minas a cielo abierto dejaría sin litio a gobierno

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En el “Foro Estatal: maíz transgénico, fracking, minería y agua”, organizado por la Comisión de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria, de la Cámara de Diputados, realizado en la sede de la Universidad Autónoma de la Universidad de Nuevo León (UANL), representantes de la industria minería, entre ellos de la Cámara Minera de México (Camimex) pidieron a los integrantes del Congreso de la Unión tomen con seriedad la importancia de la minería en nuestro país.

La directora general de la Camimex, Karen Flores Arredondo, mencionó que la minería a cielo abierto aporta más de 60% del valor de la producción minera metalúrgica nacional.

Aseguró que prohibir esta actividad, como pretende el Ejecutivo, sería catastrófico para la industria, para la economía del país y para más de 3 millones de personas que dependen de la actividad.

El evento fue organizado con diferentes mesas de análisis en las que participaron representantes de los diversos partidos políticos y en las que se consideraron los puntos de vista y opiniones de expertos respecto al Proyecto de Decreto por el que se Reforman Diversas Disposiciones de la Constitución en Materia de Derecho a la Alimentación, Medio Ambiente Sano y Derecho al Agua, emitido por el Ejecutivo el 5 de febrero.

En ese sitio Flores Arredondo explicó que el tipo de minado de la minería a cielo abierto es un proceso en el cual se incluyen las canteras, la sal, el litio, y otros minerales que conforman el cemento y los materiales de construcción que también se verían afectados, “y México sufriría un déficit difícil de revertir”, alertó.

Es decir, sólo por poner un ejemplo, si el gobierno cierra las minas a cielo abierto se quedaría sin litio y su proyecto Litio para México que tiene como objetivo realizar la exploración, explotación, beneficio y aprovechamiento del litio también tendría que cerrar sus puertas.

Prohibir la minería a cielo abierto afectaría a 70 industrias, a más de 200 mil empleos directos, a un millón de empleos indirectos, a cerca de 20 mil estudiantes de carreras en Ciencias de la Tierra; dejaría de generar más de 40 mil millones de pesos en impuestos que, obvio, obtiene el gobierno y se dejarían de percibir 14 mil millones de pesos en ingresos.

La directiva de Camimex planteó que, si se impulsa la minería mexicana y se aprovecha para beneficio de todos, “podemos crecer en extracción de 2.4 a 3%; generaría más de 500 mil empleos directos, crearía inversiones superiores a los 28 mil millones de dólares y, al mismo tiempo, derivaría en beneficio para todos los habitantes de las comunidades mineras.

En ese sentido, es conveniente recordar que, en un estudio de la Universidad Nacional Autónoma de México, se comprobó que 91% de las comunidades mineras cuentan con el mayor índice de calidad de vida porque tienen excelentes servicios en salud, educación, infraestructura, entre otros.

Este sector productivo genera una derrama económica en más de 696 comunidades ubicadas en el país que asciende a más de 249 mil millones de pesos y en donde se generan empleos y negocios alternos a la minería.

La industria minera contribuye de manera importante al erario federal: en los últimos siete años pagó 300 mil millones de pesos en impuestos, que al año representaron más de 72 mil millones de pesos.

Este sector, a diferencia de otras industrias, no sólo paga el Impuesto Sobre la Renta (ISR), sino otros derechos adicionales: 7% sobre las utilidades; .5% para los mineros que producen oro y plata.

Dijo que, si la pretensión del gobierno federal es cerrar las zonas mineras, ya sea por declararlas áreas protegidas o prohibidas, pues “las van a dejar como tierra de nadie y quedarán en manos de gente que vive el margen de la ley”.

La diputada Luz Adriana Candelario indicó que los resultados de los foros serán enviados a la Cámara de Diputados (a la Junta de Coordinación Política) para su análisis y posterior discusión por los integrantes de todos los partidos políticos. Al tiempo.

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Zaldívar y el desgastado manto presidencial

***Miguel Ángel Romero Ramírez

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¿Qué tan bueno o malo es que el presidente AMLO te respalde? Es una de las preguntas que comienzan a hacerse distintos funcionarios públicos de alto rango en el gobierno.

La pregunta es relevante porque el manto presidencial ha sufrido un severo desgaste tanto por las pifias presidenciales como por la forma en que se ha venido usando y quiénes lo han recibido. Más aún, a unos días de las elecciones del 2 de junio ya no tiene el mismo peso y sus propiedades comienzan a desaparecer. Es, en ese contexto, en el que Arturo Zaldívar lo recibe.

Por su puesto que para el expresidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que buscó reelegirse en el cargo violando la Constitución y quien también priorizó en su agenda perfilarse como un influencer, es estratégico generar la percepción de que lo han adoptado en el corazón de la nueva clase política gobernante.

Es decir, su pretensión es que dicho manto protector sea transexenal como pago a sus buenos oficios como un personaje que prefirió la abyección al poner al Poder Judicial a disposición del Ejecutivo mientras estuvo al frente del Máximo Tribunal. El secreto a voces dejó de serlo una vez que el propio presidente López Obrador ha detallado poco a poco en sus conferencias de prensa cómo Zaldívar servía al poder cuando se le requería. Sumisión disfrazada de coordinación.

Sin darse cuenta, Zaldívar está siendo ubicado en esa área gris que la política mexicana conoce bien. Ese lugar en donde quedan empantanados personajes que al conocer detalles sobre las complicidades no es posible deshacerse de ellos pero que tampoco resultan suficientemente útiles hacia adelante. Su reciclaje suele ser complejo, toda vez que su ciclo se cumplió.

Hacia allá están por transitar, casi de manera natural, los personajes que fueron “respaldados” por un Andrés Manuel López Obrador que está por consolidarse como una de las grandes decepciones latinoamericanas.

Ese poderoso halo lleno de pureza con el que absolvía a unos y otros el líder de –presunta– izquierda a inicios de su sexenio se ha vuelto pernicioso y casi se configura como una confesión de culpabilidad. No es tan complicado advertirlo, entre los “beneficiarios” con los que comparte lugar el ahora ministro en retiro están un Ignacio Ovalle, quien fuera titular de Segalmex y en donde se cometió un fraude de más de 15 mil millones de pesos.

En esa misma categoría se ubica un Hugo López-Gatell a quien la evidencia científica lo coloca como el artífice de la criminal estrategia sanitaria que provocó un exceso de mortalidad durante la pandemia de Covid-19. Mínimamente 24 mil mexicanos no debieron de haber muerto. En ese prestigiado club selecto también está Manuel Bartlett quien fue arropado por AMLO cuando se cuestionó su inexplicable riqueza y quien es mejor conocido por la caída del sistema electoral en 1988, dando el triunfo a Carlos Salinas de Gortari.

Los protegidos por el manto presidencial son muchos. Ahí están Rocío Nahle, zacatecana que busca gobernar Veracruz, ex titular de la Secretaría Energía, y a quien se le ha dificultado aclarar la compra de mansiones por 60 millones de pesos, casi todo en efectivo. Por supuesto, coordinó en su momento, la construcción de la Refinería Dos Bocas, proyecto que inicialmente costaría 8 mil millones de dólares y que terminará en 18 mil 900 millones de dólares.

En ese mismo rubro, se encuentra también el fiscal general, Alejandro Gertz Manero, quien ha gozado, una y otra vez, de dicho manto protector y quien paradójicamente, en un sexenio en donde presuntamente uno de los principales objetivos era combatir la corrupción, no ha podido conformar de manera sólida una sola carpeta que permita enjuiciar a esos terribles personajes del pasado que tanto ha acusado AMLO.

A días de que la ciudadanía acuda a las urnas, el manto presidencial ya no es ni significa lo mismo, el desgaste del propio AMLO y las figuras que lo comparten producen, incluso, un efecto inverso. Muchos funcionarios de alto nivel prefieren brincar en silencio hacia la nueva administración antes de sufrir el daño reputacional que pueda causar el “arropamiento” del titular del Ejecutivo. Zaldívar lo recibió muy tarde.

Su renuncia a la Corte para ceder un lugar al oficialismo en el Máximo Tribunal para luego convertirse en porrista de Claudia Sheinbaum, está siendo pagado con algo que tiene una franca depreciación y que incluso está a punto de desaparecer el próximo 2 de junio. El ministro en retiro fue timado víctima de su soberbia.

***Miguel Ángel Romero Ramírez

Analista y consultor político. Por más de 12 años, creador de estrategias de comunicación para el sector público y privado. Licenciado en comunicación y periodismo por la UNAM y maestro en gobierno por el Instituto Ortega y Gasset. Observador del uso de las nuevas tecnologías y su impacto en la democracia.

X: @MRomero_z

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Opinión

El renovado abandono a Xóchitl

***Miguel Ángel Romero Ramírez

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Las expectativas nunca fueron altas, pero siempre hay espacio para la novedad. Sin embargo, no fue el caso del primero de los tres debates rumbo a la sucesión presidencial de México.

La conclusión es demoledora para aquellos sectores que están en contra del partido en el poder: su candidata, es decir, Xóchitl Gálvez, es pésima y no ha logrado encarnar el coraje necesario para combatir a una administración que en los hechos ha sido un fracaso.

El sentimiento de desesperanza se acentuó entre las personas que apoyaban al Frente opositor luego de haber visto su desempeño por televisión y en redes sociales.

¿Cómo escapar de la militarización que implantó un gobierno que se dice de “izquierda”? ¿Hacia dónde acudir cuando los datos demuestran que se pudo evitar la muerte de 224 mil mexicanos si no fuera por la negligencia de Andrés Manuel López Obrador y el manejo criminal de Hugo López-Gatell durante la pandemia de Covid-19? ¿Qué opción tienen los votantes que ven con repulsión la corrupción en Segalmex (representa más del doble de la Estafa Maestra) o el desastre ecológico del Tren Maya con los hijos del presidente señalados como cabilderos y “hombres de negocios”?

¿Qué pueden hacer las personas que han sufrido con AMLO el dramático desmantelamiento del sector salud si Claudia Sheinbaum promete continuidad? Los datos de la investigación de Nayeli Roldán en su trabajo especial para Animal Político “No fuimos Dinamarca” son brutales pues demuestran que el “gobierno más humanista” no sólo abandonó a los más vulnerables sino que tampoco ahorró y lo que sí hizo fue crear nuevas redes de corrupción.

¿Qué opción tendrán en la boleta electoral aquellas personas que no están de acuerdo con que en 2022 hubo 44 millones de consultas menos que en 2018; medio millón de personas no tuvieron la cirugía que necesitaban y no se realizaron 20 millones de estudios de laboratorio con más de 45 millones de recetas sin surtir? ¿Alguien se siente orgulloso de esto? Más de 500 mil niños sin vacunar en 2019 por desabasto.

Es previsible que el natural desencanto democrático se traduzca en abstención el próximo 2 de junio. Ha sido palpable que la expectativa sobre el proceso electoral es casi nula. La mayoría de encuestas post debate son ridículas y parten de muestras ínfimas (470 a mil personas) que de ninguna manera son representativas sobre los 100 millones de ciudadanos llamados a participar. El debate fue visto por apenas por 13.7 millones de personas.

Mientras los propagandistas juegan a instaurar en medios de comunicación la “inevitabilidad” del triunfo de la candidata oficialista Claudia Sheinbaum e intentan borrar el récord de homicidios en este sexenio (más de 183 mil) en la oposición no atinan a diseñar un encuadre narrativo que, al tiempo que sea atractivo y busque atraer a los decepcionados y a militantes de Morena, también sea relevante y trascendente en medio de una contienda electoral muy particular en donde el principal protagonista sigue siendo el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien de forma sistemática y flagrante se mantiene violando la ley electoral por encima de cualquier institución.

Bajo este panorama, el renovado abandono a Xóchitl por parte de líderes de opinión, intelectuales y personajes de los medios de comunicación derivado de su decepcionante participación en el primer debate es un mal presagio, pero es totalmente merecido. La candidata no reúne el coraje de quienes han sido afectados por la administración. Puede tener la información y los datos del fracaso gubernamental, pero tanto ella como su equipo no han logrado articularlo.

Existen quienes buscan ser benévolos con la candidata respaldada por el PRI, PAN y PRD, pero esos mismos pierden de vista que en esa incapacidad de autocrítica está la complacencia de la derrota. Esta nueva condición por la que atraviesa es, a su vez, una excelente oportunidad para que ella pueda demostrar si es capaz de superar la adversidad y configurarse como una líder que merece encabezar un Estado como el mexicano.

Todavía no termina la campaña, pero este primer debate puede significar o el parteaguas, por las acciones que tome hacia adelante, o como la confirmación de su fracaso anticipado que se muchos le asignaron por las formas y el proceso mediante el cual se convirtió en candidata.

***Miguel Ángel Romero Ramírez

Analista y consultor político. Por más de 12 años, creador de estrategias de comunicación para el sector público y privado. Licenciado en comunicación y periodismo por la UNAM y maestro en gobierno por el Instituto Ortega y Gasset. Observador del uso de las nuevas tecnologías y su impacto en la democracia.

X: @MRomero_z

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