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Opinión

La reincidencia de los adolescentes en conflicto con la ley

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Desde el punto de vista de la ley penal, existe reincidencia siempre que el condenado por sentencia que ha causado ejecutoria y que ha sido dictada por cualquier tribunal de la República o del extranjero, cometa un nuevo delito.

El tema de la reincidencia en términos generales se puede entender como la comisión de un delito cuando ya se ha cometido otro o varios con anterioridad y estos han sido sancionados por un juez.

Antes de entrar en el tema de la reincidencia, tengo que hacer una pregunta, ¿por qué delinquen los adolescentes? Los motivos por los cuales un adolescente puede incurrir en diversas conductas tipificadas como delito son muchas, una de las que considero que es la más común es derivada de la separación y el divorcio de los padres, ya que está considerado como una de las vivencias más traumáticas, con efectos nocivos a corto, mediano y largo plazo. Cuando esto ocurre, es muy probable que a los hijos se les cause un desequilibrio psicoemocional y conductual que se puede convertir en una situación de maltrato emocional y físico para él, asimismo, sufre el abandono y la poca comunicación entre padres e hijos, por lo tanto, el resultado puede ser la transgresión a la ley.

Otros factores que generan la delincuencia en los adolescentes, son: la ausencia de límites, reglas y control por parte de los progenitores, el bajo nivel económico de la familia y del entorno, el consumo de drogas, el fracaso escolar por las dificultades de aprendizaje, la baja tolerancia a la frustración, etcétera.  

Ahora bien, considero que el tema de la reincidencia, es un fenómeno social que debemos de atacar con programas de prevención general y especial, es decir, la general va a evitar que surjan nuevos delincuentes y la especial va a prevenir que el sujeto que ya cometió un delito, no lo vuelva a hacer.   

Para abordar el tema de la reincidencia de los adolescentes en conflicto con la ley, hay que revisar lo que dice la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal Para Adolescentes. 

Al respecto, el artículo 28 establece que:

“…La reintegración se llevará a través de diversos programas socioeducativos de intervención destinados a incidir en los factores internos y externos, en los ámbitos familiar, escolar, laboral y comunitario de la persona adolescente para que genere capacidades y competencias que le permitan reducir la posibilidad de reincidencia y adquirir una función constructiva en la sociedad”.

Esto significa que la autoridad administrativa encargada de ejecutar la medida impuesta por un Juez, debe elaborar junto con la familia, las personas adolescentes y el personal técnico especializado, los Planes Individualizados de Actividades y de Ejecución de la Medida y asegurar el cumplimiento de éstos una vez sancionados por la autoridad jurisdiccional especializada y que tienen como fin reintegrar y reinsertar a los adolescentes que entraron en conflicto con la ley.

Estos planes tienen como objetivo primordial evitar que los adolescentes incurran en la comisión de otra conducta delictiva y, por ende, la reincidencia.

El artículo 77, último párrafo de la ley de la materia, señala que: 

“…La Autoridad Administrativa y las autoridades corresponsables, conforme a sus presupuestos, establecerán centros de atención para el cumplimiento de medidas no privativas de la libertad y formarán redes de colaboración en beneficio de las personas adolescentes y a sus familiares a fin de prestar el apoyo necesario para facilitar la reinserción social, procurar su vida digna y prevenir la reincidencia”.

En este caso, la ley nos dice que la autoridad administrativa encargada de ejecutar la medida no privativa de la libertad impuesta por un Juez, tiene que proporcionar apoyo al adolescente y a la familia, lo cual se cumple a través del Centro Especializado de Medidas en Externamiento para Adolescentes, dependiente de la Dirección General de Atención Especializada para Adolescentes, de la Subsecretaria de Sistema Penitenciario, de la CDMX.

En este Centro se elabora un Plan Individualizado de Actividades para lograr la reinserción social y familiar, sin embargo, considero que lo más importante es la prevención de la reincidencia.

Otro artículo importante que debemos invocar es el 156 de la ley que nos ocupa, el cual refiere que: 

“…Para la determinación de las medidas de sanción a las personas adolescentes, no se aplicarán las disposiciones relativas a la reincidencia, ni podrán ser en ningún caso considerados delincuentes habituales”.

Es importante mencionar que, en este caso, la Ley de la materia al juzgar a un adolescente por la comisión de un delito, no puede considerarlo como un delincuente habitual, es decir, aquel que delinque constantemente y, por consiguiente, no debe imponerle una medida de mayor temporalidad por tener otra con anterioridad tal y como se lleva a cabo en el sistema para los adultos.

Para evitar que los adolescentes reincidan en alguna conducta delictiva, la Ley especial contempla en su artículo 251, los Factores de riesgo, los cuales consisten en la prevención del delito a través de la prevención terciaria que se refiere a: 

“…las medidas específicas para los adolescentes que habiendo sido sujetos del Sistema de Justicia y habiendo cumplido una medida de sanción se implementan para evitar la reincidencia delictiva”.

Estas medidas específicas consisten en llevar a cabo un programa de actividades en el Centro Especializado de Prevención, que también depende de la Dirección General de Atención Especializada para Adolescentes, de la Subsecretaria de Sistema Penitenciario, de la CDMX.

Dicho programa contempla el trabajo con el adolescente y la familia, ya que desafortunadamente, las conductas delictivas de los adolescentes son generadas por diversas situaciones que ya mencioné párrafos arriba. 

No obstante, es necesario resaltar que, aún y cuando la familia en algunos casos incide en el adolescente para delinquir, considero que ésta sigue siendo el factor más importante para que logre socializar e integrarse de manera positiva en su entorno social y familiar.

Los apoyos que se le brinda al adolescente por parte del Centro Especializado de Prevención, una vez egresado de una medida de internamiento o externación, es la vinculación con diferentes instituciones para que logre sus metas a corto, mediano y largo plazo, a saber:

  • Para continuar sus estudios.
  • A cuidar su salud física y emocional.
  • Para obtener una beca.
  • Para tramitar su documentación oficial.
  • Para aprender un oficio.
  • A participar en actividades deportivas y culturales.
  • A tener una vinculación laboral.

Dicho lo anterior, estoy seguro que lo más importante de este tema es poder identificar los factores endógenos y exógenos que mejor predigan el riesgo que corren los adolescentes para incurrir en la reincidencia, por ello, las buenas prácticas de prevención del delito, de la reinserción social y familiar que es parte del trabajo diario de todas las personas que laboran en el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, deben proponer una estrategia que desde la política criminal permita reducir los índices de la reincidencia, con esto es posible construir redes de colaboración para establecer opciones de desarrollo alternas a la delincuencia.

Es importante destacar que gracias a los programas que la Dirección General de Atención Especializada para Adolescentes, ha implementado, en la CDMX la reincidencia de los adolescentes en conflicto con la ley se ha logrado disminuir hasta el 8%, lo cual representa un gran avance en la inclusión a la sociedad de los adolescentes que por alguna razón estuvieron inmersos en el sistema de justicia penal, esperando que esta cifra siga disminuyendo para beneficio de todos los que habitamos en esta ciudad.

“La ausencia de proyectos es la madre de la delincuencia”

Charles Henry Parkhurst

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Opinión

Dos Bocas, barril sin fondo en uso de recursos públicos

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Después de dos años de haber sido inaugurada, la refinería Dos Bocas (oficialmente, Refinería Olmeca) empezó a producir gasolina y diésel. Sin más información que el presunto procesamiento de 73 mil barriles diarios de diésel y 40 mil barriles de gasolina, es un alivio que la refinería sí refine porque ha tenido tantos problemas para entrar en operación que hasta su capacidad de producir combustibles se había puesto en duda.

La planta ubicada en Tabasco fue diseñada para producir 170,000 barriles diarios de gasolina y 120,000 barriles de diésel; fue inaugurada en julio de 2022 sin producir un solo barril de combustibles, pero sí ha sido un barril sin fondo en el uso de recursos públicos.

Hasta el momento, la producción no alcanza ni siquiera la mitad de la capacidad prevista, pero debemos confiar en que los problemas técnicos y operativos que ha presentado la magna obra sean solventados en algún momento.

Esa obra insignia del presidente Andrés Manuel López Obrador costaría -en un inicio- 8 mil millones de dólares y terminará con una inversión de 16 mil millones de dólares, es decir lo doble de lo previsto Desde su planeación, la séptima refinería de México ha generado controversias porque hay quienes piensan que se trata de un gasto innecesario porque lo inn son los autos eléctricos, pero al menos hasta el 2050 persistirá la demanda de petrolíferos.

El proyecto buscaba reducir la dependencia energética y alcanzar la autosuficiencia en la producción de combustibles del país; sin embargo, el deterioro del resto de las refinerías y el aplazamiento de esta nueva han ocasionado que las compras de gasolinas y diésel representen casi el 60% y más del 50%, respectivamente.

En mayo de 2019, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que sería Petróleos Mexicanos la responsable de la construcción de la refinería, bajo la administración de la Secretaría de Energía al mando de Rocío Nahle. Su construcción llevaría tres años.

Con dos años de retraso, es de esperarse que la Refinería Olmeca ahora sí opere a toda su capacidad para demostrar que es un proyecto rentable, porque se han invertido recursos públicos derivados de impuestos.

Los petrolíferos que produzca contribuirían a reducir las compras en el extranjero para abastecer el mercado nacional y, al reducir las compras en el extranjero se generan ahorros significativos para el presupuesto público, mejorando y fortaleciendo la economía nacional.

Además, la operación de la refinería impulsa el desarrollo económico de la región sureste del país, generando empleos directos e indirectos y atrayendo inversiones en infraestructura y servicios.

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El Rincón del Giróvago

***Alejandro Gamboa C.

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Triunfo Jurídico contra el Glifosato

El glifosato, introducido por Monsanto en 1974, es el herbicida más utilizado en el mundo. Desde 1996, su uso ha crecido con la expansión de cultivos genéticamente modificados (GM) como maíz, algodón y soya, que toleran este químico. En México, se aplica en la agricultura industrial en cantidades que varían entre 1.5 y 4.3 kg/ha.

Preocupaciones sobre la seguridad alimentaria y el impacto del glifosato han aumentado debido a estudios que señalan sus posibles efectos adversos en la salud y el medio ambiente. En 2015, la Organización Mundial de la Salud (OMS) clasificó al glifosato como “probable carcinógeno para humanos” (Grupo 2A) tras revisar cerca de mil estudios científicos que evidencian su genotoxicidad y capacidad para inducir estrés oxidativo. Esta clasificación fue respaldada por el Departamento de Salud de Estados Unidos en 2019 y la quinta edición de la Antología toxicológica del glifosato en 2020.

En México, la exposición al glifosato es común tanto en zonas rurales como urbanas. Un caso notable es el de la comunidad El Mentidero en Autlán, Jalisco, donde un análisis de orina de niños mostró que 100% tenía rastros de glifosato. Además, estudios han detectado glifosato en fluidos humanos (leche materna, sangre y orina) de agricultores y sus familias, así como en productos alimenticios y de higiene.

El uso intensivo de glifosato y la expansión de los cultivos GM también plantean riesgos ecológicos, ya que el ácido aminometilfosfónico (AMPA) es persistente en el ambiente y tiene efectos negativos tanto en la salud humana como en la biodiversidad. Además, la actividad quelante del glifosato puede afectar la disponibilidad de nutrientes esenciales en las plantas y los organismos que dependen de ellas.

A pesar de estas preocupaciones, en México se otorgaron numerosas autorizaciones para el uso de organismos genéticamente modificados (OGM). Entre 1995 y 2018, se emitieron 181 autorizaciones, principalmente para cultivos de maíz, algodón y soya. Aunque desde 2013 están suspendidos los permisos para la liberación al ambiente de maíz GM, las autorizaciones para consumo y utilización confinada siguen vigentes, permitiendo la importación y procesamiento de maíz GM para alimentos de consumo humano y animal.

En un comunicado reciente, el Gobierno de México y el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt) celebraron el cierre de uno de los juicios más relevantes en la lucha contra el uso de glifosato y maíz transgénico en el país.

La transnacional Monsanto Company desistió de su demanda contra el decreto presidencial de 2020, que busca eliminar gradualmente el uso de glifosato y el maíz transgénico para consumo humano. Este logro, descrito por Conahcyt como una victoria a favor de la vida, la salud, la naturaleza, la riqueza biocultural y la soberanía alimentaria, desató una avalancha de demandas de amparo presentadas por diversas empresas del sector agropecuario, con más de 30 juicios intentando declarar la inconstitucionalidad del decreto.

Sin embargo, la mayoría de estos juicios concluyeron sin favorecer a las empresas, permitiendo que el decreto se mantuviera en vigor hasta su reemplazo por uno nuevo en 2023, que reafirma las restricciones establecidas previamente.

En respuesta a las acciones legales de las empresas, Conahcyt presentó numerosos recursos legales, acompañados por peritajes de expertos en la materia. Esta defensa jurídica culminó el 25 de abril de 2023, cuando Monsanto desistió del juicio, una decisión ratificada el 24 de junio del mismo año.

Aunque este caso específico se ha cerrado, persisten litigios tanto contra el decreto de 2020 como contra el decreto de 2023, actualmente en vigor. En este juicio, Conahcyt ha presentado cerca de 450 pruebas documentales que respaldan los argumentos científicos y jurídicos a favor de las medidas restrictivas sobre el glifosato y el maíz transgénico. En este contexto, la jueza Elizabeth Trejo Galán negó a Monsanto la suspensión provisional del decreto de 2023.

El comunicado publicado por Conahcyt subraya que Monsanto ha tenido que pagar cientos de miles de millones de dólares en daños punitivos y arreglos en más de 100 mil juicios en Estados Unidos, donde el glifosato ha sido vinculado con el desarrollo de cáncer. Además, destaca que durante el periodo neoliberal, Monsanto tuvo una fuerte influencia en la creación de la Ley de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados (LBOGM), conocida popularmente como la “Ley Monsanto”, lo que permitió a la empresa obtener la mayoría de los permisos para la liberación al ambiente y la comercialización de OGM.

El gobierno mexicano y Conahcyt empujan investigaciones para detectar la presencia de transgenes y glifosato en granos, semillas y harina de maíz. Estas investigaciones buscan para identificar posibles rutas de dispersión y tomar acciones concretas que garanticen el derecho del pueblo mexicano a una alimentación saludable.

Referencias: Conahcyt. Seguridad Alimentaria y el Uso de Glifosato en México: https://conahcyt.mx/wp-content/uploads/documentos/glifosato/Dossier_formato_glifosato.pdf

***Alejandro Gamboa C.
Licenciado en periodismo con estudios en Ciencia Política y Administración Pública (UNAM) Enfocado a las comunicaciones corporativas.
Colaboró como co editor Diario Reforma. En temas de ciencia y comunicación en Milenio y otros medios digitales. Cuenta con 15 años dedicado a las Relaciones Públicas. Ha colaborado en la fundación de la Agencia Umbrella RP. Ha realizado trabajos como corrector de estilo, creador de contenidos y algunas colaboraciones como profesor en escuelas locales.

https://www.linkedin.com/in/relacionesp%C3%BAblicasumbrella/

Foto: Internet

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Opinión

Nuevo León y la estrategia para atender a damnificados

Puro cuento

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Las lluvias no terminan, ni terminarán. De hecho, apenas inician en toda la República mexicana. Si bien es cierto que las lluvias se convierten en una bendición para los agricultores, principalmente, para otros sectores de la sociedad representan un problema.

Las personas que tienen sus viviendas en laderas de ríos, barrancas, al pie de montañas son las que más resultan afectadas y en algunas ocasiones llegan hasta perder sus muebles e inmuebles.

En los estados de Tamaulipas, Veracruz, Nuevo León y San Luis Potosí y algunas zonas de la península de Yucatán, hubo afectaciones serias por la llegada de la tormenta tropical Alberto. El gobierno federal dispuso de la Guardia Nacional y del plan Plan GN-A para apoyar a quienes resultaron afectados por las torrenciales lluvias.

En el caso de Nuevo León, el gobierno de Samuel García, emitió una declaratoria de emergencia por los daños que causó la tormenta tropical Alberto en la entidad con el propósito de acceder a los fondos federales y destinarlos a realizar reparaciones en infraestructura de comunidades de 31 municipios.

El fenómeno meteorológico generó lluvias torrenciales e inundaciones que ocasionaron perjuicios en los sectores de vivienda, educación, de salud, hidráulico, urbano y carretero.

Por esa razón, los funcionarios de la administración del buen Sammy es que se tuvieron que poner chingones para atender a la población que lo requirió.

Una de estos funcionarios fue la secretaria de Igualdad e Inclusión Martha Herrera, quien en todo momento mostró gran capacidad de coordinación para articular esfuerzos desde el gobierno y el sector privado y dar respuestas eficientes a la demanda de atención de las personas que resultaron afectadas por la tormenta.

En todo momento, ha permanecido pendiente de las necesidades de la población y de ofrecer ayuda humanitaria, por tierra y aire, a los municipios golpeados por este meteoro.

Nos comentan que desde el inicio de las primeras lluvias que golpearon al estado, el equipo que coordina Herrera ha podido desplegar, pese a las condiciones adversas que se presentan en los municipios del sur y en decenas de colonias de la zona metropolitana de Monterrey, más 45 toneladas de ayuda, entre alimentos, agua, colchas y colchonetas, que han beneficiado a 23 mil personas de más de 17 municipios de esta entidad. 

Debemos reconocer a Martitha el esfuerzo que ha desplegado en coordinación con varias dependencias, como Protección Civil, para hacer posible un puente aéreo que desde Montemorelos ha podido trasladar ayuda a rancherías y comunidades incomunicadas de la zona sur, caracterizadas por sus altas zonas montañosas, así como la mano izquierda que ha mostrado al reunirse con alcaldes de diferente signo partidista, como en el Santiago, para coordinar esfuerzos en beneficio de la gente.

Eso aquí y allá, habla bien de la gestión de Herrera, que está trabajando sin distingo de signos partidistas, a diferencia de otros estados, como Guerrero o, recientemente, Quintana Roo en donde, ante la tragedia, las autoridades brillan por su ausencia y optan por aplicar la política del avestruz, escondiendo la cabeza, creyendo que así se solucionarán los problemas y la gente olvidará que está sumida en la desgracia.

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