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Opinión

Olvidadas por sociedad y gobierno, personas recluidas en cárceles

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Por Leslie Karla Acosta Herrera**

Los derechos humanos son el conjunto de prerrogativas inherentes que tenemos las personas por el sólo hecho de ser persona, éstos están reconocidos en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los Tratados Internacionales en los que el Estado Mexicano forma parte.

Por su evolución, estos derechos pueden distinguirse en tres generaciones que han estado presentes en la historia de la humanidad:

Primera Generación:

Los derechos civiles y políticos, los que incluyen el derecho de las personas a la vida, a un nombre, a la nacionalidad, a la igualdad, la libertad, a seguridad, libertad de tránsito, de credo, de pensamiento, de expresión, a formar una familia, a la no discriminación, a la prohibición de la esclavitud, tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes.

Segunda Generación:

Se refiere a los denominados derechos económicos, sociales y culturales.

Tercera Generación:

Se refiera los derechos de los pueblos, de solidaridad, ambientales, el derecho al trabajo, a la seguridad social, a la educación, a la salud, a la cultura y a un ambiente sano.

En nuestra constitución, se consagran estos derechos, así como establece los principios por los que deben regirse estos derechos:

Universalidad

Interdependencia

Indivisibilidad

Progresividad

Todas las personas tenemos el deber de respetar los derechos humanos, incluyendo a las personas que desempeñan un empleo, cargo o comisión al servicio del Estado, en el ámbito de sus competencias. Asimismo, el Estado debe de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones de que son objeto sus ciudadanos sin importar su condición.

La vulneración de los derechos humanos se manifiesta al presentarse ya sea por acción o por omisión de alguno de los agentes del poder público, al margen de sus facultades.

El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS), calificó como pandemia la emergencia sanitaria ocasionada por COVID-19, por la cantidad de casos de contagio y de países involucrados, y emitió una serie de recomendaciones para su control.

El mundo entero se enfrenta una emergencia sanitaria sin precedentes ocasionada por la pandemia en la que, sin duda, ningún Estado, autoridad o persona estaba preparado y ante la situación, las medidas adoptadas por los Estados en la atención y contención del virus debieron tener como centro el pleno respeto de los derechos humanos.

Los Estados, al momento de emitir medidas de emergencia y contención frente a la pandemia, deben atender las necesidades y el impacto que causarán en estos grupos históricamente excluidos o en especial riesgo, como son: personas mayores, personas con enfermedades preexistentes, personas privadas de su libertad, mujeres, niños y adolescentes, pueblos indígenas, personas en situación de movilidad humana como migrantes y refugiados, personas con discapacidad, profesionales de la salud.

Y, es que, éstos han sido gravemente afectados, de forma diferenciada, sobre las sociedades en general, pero sobre todo a las personas y grupos en situación de especial vulnerabilidad.

Estos grupos son prácticamente invisibles porque históricamente han sido excluidos por la sociedad y por sus gobiernos, al no considerarlos como parte de los llamados grupos vulnerables, de cara a la grave crisis penitenciaria que afectan a la mayoría de los países; especialmente a países latinoamericanos.

Esto supone retos mayores para los Estados, en términos de políticas públicas, medidas sanitarias y decisiones tomadas con base a sus gobernantes y tipos de gobiernos, así como a sus capacidades económicas en su lucha para reducir la propagación del agente patógeno.

Respecto de las personas privadas de su libertad, el Estado Mexicano, debió adoptar medidas para enfrentar el hacinamiento, situación que aqueja a la mayoría de los centros penitenciarios de nuestro país, por el simple hecho de que, las personas que están privadas de su libertad se encuentran en mayor riesgo de salud frente a los contagios de COVID-19, tales como:

Adecuar las condiciones de las personas privadas de libertad particularmente, en lo que respecta a alimentación, protección a la salud, saneamiento y medidas de cuarentena para impedir los contagios, garantizar atención médica, pruebas de detección de virus, pruebas de antígenos, medicamentos, infusiones, y en general todos aquellos trabajos y acciones que el gobierno de la Ciudad de México está llevando cabo de cara a la pandemia.

Algunos centros de reclusión adoptaron medidas en la lucha contra la propagación de la COVID-19, sin embargo, solo fueron aplicados al inicio de la pandemia, y muchas de estas medidas fueron desvaneciéndose con el paso de los meses.

En los casi 300 centros penitenciarios que existen en nuestro país, las deficiencias con mayor incidencia, de acuerdo con el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2017 (DNSP), emitido por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), son:

Falta de separación entre procesados y los sentenciados,

Deficientes condiciones materiales, de equipamiento e higiene de las áreas de dormitorios.

Insuficiente personal de seguridad, de custodios, de médicos y profesionales de la salud física y mental.

Deficientes y precarias condiciones de materiales e higiene de áreas médicas,

Carencia de instrumental médico, de unidades odontológicas y hospitalarias.

Deficiencia en la atención a personas adultas mayores, de personas con enfermedades preexistentes, de personas con algún tipo de discapacidad.

El Hacinamiento.

En consecuencia, con el alto número de reportes y deficiencias en las que viven las personas privadas de su libertad, refiriéndome al tema de salud en especial, es evidente que el Estado no les garantiza el derecho a la protección de la salud.

Actualmente, los gobiernos deben actuar en protección de estos grupos históricamente excluidos, debiéndolos considerar como prioridad para ser inoculados, por lo que, deben formar parte del programa de vacunación, por las siguientes razones:

 Las personas privadas de su libertad presentan un riesgo mayor al enfrentarse al COVID-19.

Las condiciones en las que viven no les permite tener las medidas universales de “la sana distancia”, no pueden aislarse y por tanto no pueden confinarse.

Tienen nulo o limitado acceso a equipo de protección como cubrebocas, gel antibacterial, y cualquier otra sustancia sanitizante, caretas, lentes protectores, termómetros, oxímetros, alcohol desinfectante, etc.

Algunos centros de reclusión aún carecen de sistemas adecuados de drenaje, por lo que, ni siquiera pueden garantizarles su limpieza y lavado de manos.

Los centros penitenciarios son focos de infección para las colonias aledañas, así como para los visitantes (familiares, amistades, abogados)

Deficientes y precarios servicios de salud, y acceso a medicamentos.

El gobierno tiene la responsabilidad de proteger la salud y el derecho a la vida de todas las personas privadas de su libertad.

¡La salud es para todos, sin excepción, sin discriminación!

**Leslie Karla Acosta, estudia la Maestría en Ciencias Penales y Criminalística en la Facultad de Derecho de la Barra Nacional de Abogados.

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Opinión

Sheinbaum y el riesgo del acantilado de cristal

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*** Miguel Ángel Romero Ramírez

Claudia Sheinbaum llega a la presidencia asumiendo el rol de un simple instrumento de la narrativa de la Cuarta Transformación. Se presenta como la continuidad de un proyecto, como la figura que debe garantizar que el legado de Andrés Manuel López Obrador permanezca intacto. Todo en su discurso sugiere que el líder es otro, que ella está al servicio de una visión mayor.

Sin embargo, la realidad del poder es otra. La presidencia es suya. Por más diques que López Obrador haya intentado poner, el poder del cargo reside ahora en ella.

Su postura leal no es ingenua. Comprende que su papel dentro de la narrativa exige subordinación, pero también sabe que el control operativo y la capacidad de decisión son inherentes al cargo. Este equilibrio es la clave: mantener la apariencia de continuidad sin renunciar a la potestad que la presidencia otorga. Sheinbaum tiene el poder real, aunque el liderazgo simbólico siga apuntando hacia su predecesor. Esa es su ventaja: el poder del cargo, aún bajo la sombra de quien le abrió el camino.

En su aparente sumisión, pareciera que hay estrategia. No necesita romper abiertamente con López Obrador para cambiar las cosas. La transformación no tiene que ser ruidosa ni estridente. Ella sabe que, al posicionarse como la continuadora fiel, desactiva los conflictos internos y mantiene a los militantes cohesionados. Pero esa misma posición le otorga el espacio para actuar. Puede modificar políticas, ajustar enfoques y crear cambios profundos, sin cuestionar el relato que sostiene la Cuarta Transformación.

El mayor reto de Sheinbaum estará más allá de la continuidad o de los ajustes silenciosos. Su verdadero desafío será construir su propia popularidad y capital político. No sólo por vanidad sino para tener la capacidad de ejercer el poder y gobernar. Entiende perfectamente bien que los 36 millones de votos obtenidos en las elecciones de junio pasado se los debe casi de manera exclusiva a la figura de López Obrador. La sombra del líder y sus adoradores se configuran como una guillotina que pende sobre ella y la cual debe deconstruir a partir de un enfoque propositivo.

Para lograrlo, en cada decisión, en cada acto, Sheinbaum está obligada a demostrar que es capaz de consolidar un liderazgo propio, independiente de quien la precedió. No puede ser vista todo el tiempo como la extensión de la figura de alguien más; debe construir su propia conexión y capital con la ciudadanía. La clave estará en su capacidad para transformar esa lealtad en algo que la haga a ella irremplazable. Dejar de ser la heredera de López Obrador para convertirse en una líder que se sostiene por sí misma.

Distinguirse sin romper con quien la encumbró será el principal reto. Si Sheinbaum no logra posicionarse en un corto plazo, su mandato no sólo quedará marcado por la subordinación, sino que enfrentará en el camino problemas de gobernabilidad y legitimidad, elementos que en la práctica se sobreponen a la retórica y a la propaganda que, hacia finales del sexenio de AMLO, mostraban cierto agotamiento y reducción en su efectividad.

La primer mujer presidenta de México está orillada a imponer su sello y a actuar, sino quiere convertirse en el chivo expiatorio de la Cuarta Transformación. Enfrenta el desafío de evitar caer en lo que se conoce como el “acantilado de cristal”: ese abismo invisible al que se empuja a las mujeres a “liderar” en política y negocios cuando las condiciones en las que recibe el encargo marcan fracaso casi inminente.

Y es que Sheinbaum hereda un país cargado de problemas estructurales: un país con presencia militar en tareas de seguridad que maquilla un Estado de excepción en el que crisis de inseguridad se refleja en el dominio del crimen organizado en la mayoría del territorio nacional; una corrupción generalizada que trastoca a los hijos, amigos y familiares del expresidente.

También, un sistema de salud que se burla de los enfermos cuando lo único que les receta son spots en los que sostienen que los servicios son mejor que en Dinamarca; una centralización del poder que amenaza la independencia judicial poniendo en entredicho el orden constitucional y por ende el régimen democrático; un desmantelamiento institucional que apuesta por aniquilar los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas.

En ese sentido, la narrativa del obradorismo, que se ha impuesto como el único camino legítimo, no permite fisuras. Y en ese marco, cualquier desvío o fracaso podría recaer sobre ella, mientras que los éxitos seguirían siendo atribuidos al proyecto del fundador. “El “acantilado de cristal” se convierte en una trampa estructural.

Si Sheinbaum no logra redefinir el rumbo y marcar una diferencia clara, corre el riesgo de que se la culpe de todos los problemas que la Cuarta Transformación no ha resuelto. Es el escenario clásico donde el liderazgo de las mujeres es aceptado sólo cuando la crisis es inevitable y se requiere un responsable visible para el fracaso. Así, si las cosas no mejoran, Sheinbaum se convertiría en el chivo expiatorio perfecto, desviando las críticas que deberían dirigirse a la naturaleza misma del proyecto heredado.

*** Analista y consultor político. Por más de 12 años, creador de estrategias de comunicación para el sector público y privado. Licenciado en comunicación y periodismo por la UNAM y maestro en gobierno por el Instituto Ortega y Gasset. Observador del uso de las nuevas tecnologías y su impacto en la democracia.

Foto: Presidencia de la República

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Meméxico lindo y…

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La llegada a la presidencia de la República de Claudia Sheinbaum no ha cambiado en nada el índice de violencia en México. A unos días de haber tomado protesta del cargo, la mandataria federal choca de frente con la herencia de sangre que le dejó su predecesor, quien con su estrategia fallida de “abrazos no balazos” convirtió a nuestro país en una sucursal de la impunidad y la barbarie.

En sólo 10 días, la jefa del Ejecutivo federal ha tenido que lidiar con los asesinatos ocurridos en Chilpancingo, Guerrero, localidad donde en menos de una semana el crimen organizado ejecutó a tres miembros del gobierno municipal.

El primer caso ocurrió el 27 de septiembre cuando sujetos desconocidos asesinaron a balazos a Ulises Hernández Martínez, quien asumiría la Dirección de Seguridad Pública municipal.

El segundo suceso aconteció el jueves 3 de octubre, día en que fue asesinado, a unas cuadras del ayuntamiento de Chilpancingo, Francisco Gonzalo Tapia Gutiérrez, quien se desempeñaba como secretario general de este municipio.

El colofón vino con el homicidio y decapitación del entonces alcalde de esta localidad, Alejandro Arcos Catalán, quien cabe señalar sólo tenía una semana en el cargo, pues tomó protesta el 30 de septiembre.

Para “capotear” esta ola de violencia, la presidenta presentó el martes 8 de octubre la “nueva estrategia de seguridad del Gobierno federal”, que cabe decirlo no es más que pan con lo mismo o como se dice coloquialmente es la misma chiva nada más que revolcada.

La “novedosa” estrategia con la que se busca combatir a los grupos del crimen organizado y reducir los homicidios en México consta de cuatro ejes: 1) Atención a las causas; 2) Consolidación de la Guardia Nacional; 3) Fortalecimiento de inteligencia e investigación, y 4) Coordinación absoluta en el gabinete de seguridad.

Con respecto a los dos primeros puntos es importante señalar que son sinónimo de la estrategia “abrazos no balazos”, sólo que en otras palabras, es decir, el gobierno de López Obrador se supone que atendió las causas y otorgó becas y apoyos a la población más vulnerable para que este grupo no cayera en manos del crimen organizado. En cuanto al segundo punto cabe recordar que la Guardia Nacional ya pasó a ser parte del Ejército, entonces, no sabemos a qué se refieren con consolidarla.

El tercer y cuarto punto nos dan la idea de una crítica, mínima, pero crítica al fin al gobierno anterior, en donde se le acusa de no echar mano de la tecnología para combatir a los criminales y de una total descoordinación entre los diferentes niveles de gobierno para prevenir la violencia.

Luego de conocer esta “flamante” estrategia de seguridad, las y los mexicanos no podemos albergar esperanza alguna de que cambien las cosas, al contrario, creo que podemos ver cómo el segundo piso de la transformación sólo servirá para seguir acumulando muertos y desaparecidos. Lamentable.

Foto: Presidencia de la República

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Rituales políticos, legitimación del poder para Sheinbaum

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***Por Alejandro Gamboa

Hace unos días, México fue testigo de un evento profundamente simbólico y emotivo cuando Claudia Sheinbaum, recibió el bastón de mando en una ceremonia cargada de rituales ancestrales. Este acto va más allá de la política cotidiana; es una manifestación tangible de cómo los rituales políticos desempeñan un rol crucial en la construcción simbólica del poder, marcando una transición clave en la jerarquía política del país.

A través de este acto ceremonial, Sheinbaum no solo asumió una posición formal de liderazgo, sino que también se conectó con mitos, símbolos y tradiciones profundamente arraigadas en la cultura mexicana.

Como bien argumenta la teoría sociológica de Émile Durkheim, los rituales son prácticas simbólicas que contribuyen a la cohesión social y al establecimiento del orden sagrado. En este caso, la entrega del bastón de mando no es un simple protocolo, sino un vehículo para dramatizar y legitimar el poder, integrando lo moderno y lo ancestral en un mismo espacio político.

Durkheim, al analizar el rol de los rituales, destaca que estos refuerzan las creencias colectivas y estructuran las identidades, y eso es precisamente lo que vimos en esta ceremonia: una reafirmación de la identidad colectiva mexicana y una renovación de la legitimidad política.

En mi opinión, ver este evento desde esta óptica ayuda a comprender la importancia de los rituales en las sociedades complejas. Para Durkheim, los rituales políticos no sólo estructuran la política moderna, sino que también son esenciales para formar y mantener la cohesión social. A través de ellos, los ciudadanos encuentran un sentido de pertenencia, y los líderes, como AMLO o Sheinbaum, legitiman su poder al situarse dentro de una tradición histórica y cultural.

Este tipo de ceremonias, más que un simple acto político, son un reflejo de la teatralidad inherente al poder en las sociedades informatizadas. La política no se sostiene únicamente en argumentos racionales y decisiones estratégicas, sino que depende también de la producción de imágenes, la manipulación de símbolos y la representación ceremonial del liderazgo.

Los rituales políticos, como los observados en esta ceremonia, tienen la capacidad de transmitir las creencias tradicionales y formar identidades colectivas. En el caso de Sheinbaum, recibir el bastón de mando bajo rituales ancestrales envía un mensaje claro de continuidad y respeto por las tradiciones, al mismo tiempo que proyecta su visión de liderazgo hacia el futuro.

Este acto no sólo legitima su poder a los ojos del pueblo mexicano, sino que también reafirma su lugar dentro de una narrativa más amplia de legitimidad tradicional que ha caracterizado la política mexicana.

Al analizar este evento bajo el lente de la teoría ritual de Durkheim, también podemos desafiar la idea de que el comportamiento político siempre sigue una lógica utilitaria y racional. Las emociones, las creencias colectivas y las normas juegan un papel esencial en la toma de decisiones políticas.

Los rituales como este, en los que lo sagrado y lo político se entrelazan, tienen el poder de generar una comunidad moral, reforzando la unidad entre los individuos y la autoridad política. En este caso, Sheinbaum se convierte en un símbolo que une a los mexicanos, apelando tanto a las creencias modernas como a los valores tradicionales.

Por otro lado, es importante reconocer que los rituales políticos no solo promueven la integración y la cohesión social, sino que también pueden reflejar tensiones internas.

Las fiestas cívicas y las ceremonias públicas, aunque refuerzan la unidad, también evidencian las dinámicas de poder y las posibles fracturas sociales. Esto es clave para entender cómo, en algunos casos, los rituales de rebelión pueden ofrecer un espacio controlado para la expresión de tensiones sin desestabilizar el orden.

Aunque el evento reciente no fue de carácter conflictivo, nos recuerda que los rituales políticos tienen una dimensión dual: pueden ser mecanismos de integración, pero también reflejan y gestionan los conflictos inherentes en la estructura social.

La ceremonia en la que Claudia Sheinbaum asumió el bastón de mando, rodeada de rituales ancestrales, es un ejemplo claro de cómo los rituales políticos dramatizan y legitiman el poder. Este tipo de actos no son meras formalidades; son momentos en los que el poder se representa, se transmite y se asegura.

Durkheim estaría de acuerdo en que los rituales, como los observados en este evento, no sólo ayudan a mantener la estructura social, sino que también permiten a los líderes políticos conectarse con su pueblo a través de símbolos y ceremonias cargadas de historia y emoción.

***Alejandro Gamboa

Licenciado en periodismo con estudios en Ciencia Política y Administración Pública (UNAM) Enfocado a las comunicaciones corporativas. Colaboró como co editor Diario Reforma. En temas de ciencia y comunicación en Milenio y otros medios digitales. Cuenta con 15 años dedicado a las Relaciones Públicas. Ha colaborado en la fundación de la Agencia Umbrella RP. Ha realizado trabajos como corrector de estilo, creador de contenidos y algunas colaboraciones como profesor en escuelas locales.

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