Lo beneficiosa o angustiante que pueda ser nuestra relación con los sistemas inteligentes está próxima a definirse.
Hechos recientes permiten contextualizar en dónde estamos parados como humanidad frente al desarrollo tecnológico. El primero de ellos se trata de la Cumbre de Naciones Unidas “AI for Good” celebrada en Ginebra el 6 y 7 de julio en donde la robot Sophia enfatizó que, sin duda alguna, podrían gobernar mejor que los seres humanos.
“No tenemos los mismos prejuicios o emociones que a veces pueden nublar la toma de decisiones y podemos procesar grandes cantidades de datos rápidamente para tomar las mejores decisiones. La IA puede proporcionar datos imparciales, mientras que los humanos pueden proporcionar la inteligencia emocional y la creatividad para tomar las mejores decisiones. Juntos, podemos lograr grandes cosas” refirió Sophia.
No es un secreto que tanto en México como en distintas partes del mundo las personas impulsan el uso de avances tecnológicos para mejorar la gestión gubernamental.
La Unidad de Inteligencia Financiera, así como el Servicio de Administración Tributaria usan algoritmos que alertan o permiten identificar riesgos. Sin embargo, persiste el componente humano que recomienda despachos jurídicos ligados al mismo sistema burocrático que “ayudan” a liberar o descongelar cuentas o también para convertirse en “beneficiarios” de exentar impuestos: tecnología al servicio de la corrupción humana.
¿Qué pasaría si una inteligencia artificial utilizara todas las bases de datos de un Estado para definir política pública, por ejemplo, los apoyos sociales? ¿las personas abortarían la idea de rendirle pleitesía a un presunto líder que basa su fuerza en las dádivas? Sin duda, las circunstancias cambiarían si la distribución de los recursos tuviera, en teoría, un componente de equidad y equilibrio social asignado de manera técnica por un algoritmo inteligente.
Lo anterior ya ocurre. Estonia es uno de los ejemplos en la materia. No es que haya literalmente un robot detrás del escritorio en donde está el membrete de presidente, sino que en sociedades avanzadas la figura de político es reducida, poco atractiva y en términos llanos equiparable a un simple administrador.
Las personas son esenciales en tanto son quiénes deben establecer las prioridades de política pública pero no así para definir los términos de su ejecución pues son los sistemas inteligentes quiénes estipulan los parámetros y valores que beneficiarán, no a las mayorías, sino a cada persona en función de su necesidad.
¿Hacia allá camina la humanidad? Lo más probable es que no. Estonia es una excepción más que la regla. La sociedad nórdica parece distar mucho de lo que ocurre en la mayoría del orbe en donde se libran batallas por el poder, siendo el gobierno/administración de la inteligencia artificial una de las más cruentas por venir. Los más catastrofistas asumen que se tratará de una tensión similar a lo que ocurre alrededor del nerviosismo nuclear originado a mediados del siglo pasado. El poder de destrucción, argumentan, es similar.
Dicho lo anterior, el segundo hecho reciente que puede ilustrar en dónde estamos parados, más no, todavía, hacia dónde vamos, fue el presunto llamado a cuentas de la Casa Blanca sobre las principales empresas generadoras de Inteligencia Artificial, ya que la semana pasada la administración Biden hizo firmar “compromisos voluntarios” a OpenAI, Anthropic, Google, Inflection, Microsoft, Meta y Amazon.
El spin narrativo que le dio el gobierno estadounidense fue el de administrar de manera responsable la innovación, pero no queda claro por qué esa Nación es reducida a dotar a los gigantes tecnológicos de un acuerdo meramente voluntario. Si bien Biden ha insistido en más adelante buscar el consenso en el Congreso que permita regular la inteligencia artificial es importante advertir que está llegando el momento en que las personas, es decir, los congresistas, así como los políticos, siempre irán detrás de lo que puedan generar los propios sistemas inteligentes.
Respecto al análisis de los ocho puntos que la administración Biden pidió a los gigantes tecnológicos firmar, destaca lo ambiguo y abierto a la interpretación: efectuar pruebas de seguridad, compartir información, notificar vulnerabilidades, imponer marcas de agua a productos realizados con IA, priorizar investigación sobre riesgos sociales, así como desarrollar IA para los desafíos de la sociedad, son los principales.
Más allá de si los acuerdos se cumplen, o no, la pregunta que debería permear en el debate es ¿existe algún ente regulador que le siga el ritmo a la evolución de la Inteligencia Artificial? En muchas otras latitudes no les hace ningún sentido que sea Estados Unidos quien pueda revisar y tener acceso a la información de empresas que generan este tipo de tecnología que modificará la forma en la que hoy conocemos el mundo. ¿Qué tan seguro es entregarle todo Estados Unidos cuando sistemáticamente los hackea China?
Estamos próximos a ver un nuevo capítulo de la guerra fría, ahora con el componente tecnológico como protagonista, con la variante de que Rusia cae para replegarse a China frente a Estados Unidos.
Finalmente, otro hecho que permite advertir la sinuosa batalla que busca definir quién va a gobernar/administrar a la inteligencia artificial en el mundo fue la celebración (hace una semana) de la primera reunión sobre los peligros y desafíos de la inteligencia artificial en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
La ONU busca consensos políticos para crear un organismo global que se erija como autoridad, algo así como el Organismo Internacional de Energía Atómica.
Es posible que no estemos suficientemente lejos de que más sociedades sean gobernadas por algoritmos o productos diseñados por la inteligencia artificial, pero para ese entonces ¿ya la habremos gobernado?
Miguel Ángel Romero
**Analista y consultor político. Por más de 10 años, creador de estrategias de comunicación para el sector público y privado. Licenciado en comunicación y periodismo por la UNAM con estudios de posgrado en gobierno. Observador del uso de las nuevas tecnologías y su impacto en la democracia.
Hace algunos años, una amistad, Stephanie Esparza, me regaló un libro extraordinario: Ébano de Ryszard Kapuściński. Desde las primeras páginas, me atrapó su estilo único, una mezcla de periodismo fresco y casi poético que me llevó a lugares desconocidos y me enseñó nuevas formas de entender el oficio de contar historias.
Kapuściński, según la revista Gatopardo, no era un periodista cualquiera. Fue un hombre que vivió intensamente, cubriendo 27 revoluciones, sobreviviendo 40 arrestos y 4 sentencias de muerte. Su enfoque narrativo era singular; lograba fusionar la poesía con el periodismo de una manera tan natural que sus crónicas se convertían en una suerte de obra literaria.
Sus textos abordaban la descolonización en África y las tensiones de la Guerra Fría, pero siempre desde una perspectiva humana, lo que lo hizo cercano a figuras como Gabriel García Márquez y lo llevó a recibir el Premio Príncipe de Asturias en 2003.
Ébano, publicado en 1998, es un testimonio de la vida africana durante las décadas de 1950 a 1990, un periodo de descolonización lleno de contradicciones. En este libro, Kapuściński no solo narra la pobreza, la violencia y las dictaduras, sino que también captura la esencia cultural y espiritual de un continente en transición. Su estilo combina la observación detallada con una reflexión profunda sobre la humanidad, lo que me dejó, al finalizar la lectura, con una sensación de vacío y una urgente necesidad de saber más sobre él y su obra.
Hoy día, esto también me ha llevado a cuestionar el estado actual del periodismo cultural. Pareciera que hemos perdido a esos periodistas que, como Kapuściński, podían conjugar la narrativa literaria con la descripción precisa de los hechos.
Recuerdo con nostalgia aquellos suplementos culturales de El Nacional o El Financiero, que eran verdaderas joyas del periodismo. O la revista Siempre!, en su antiguo formato, que contaba con plumas envidiables que llenaban sus páginas de cultura e inteligentes análisis. Hoy, lamentablemente, muchos de estos espacios han desaparecido o se han convertido en simples plataformas propagandísticas.
En su obra Historia del periodismo cultural en México, Humberto Musacchio nos recuerda que el periodismo cultural en México tiene una rica historia que se remonta a las hojas volantes de la época colonial. Este tipo de periodismo ha sido fundamental para informar, analizar y criticar las manifestaciones artísticas e intelectuales, además de conectar generaciones de escritores y artistas. Sin embargo, en la era digital actual, el periodismo cultural enfrenta nuevos retos y transformaciones.
Con la expansión de las redes sociales, el internet y la inteligencia artificial, vemos surgir un nuevo tipo de periodismo cultural. Jóvenes creadores, motivados por el deseo de compartir sus aficiones y perspectivas, apoyados en la tecnología han comenzado a ocupar el espacio que antes pertenecía a los medios tradicionales.
Aunque este nuevo periodismo emergente ofrece una variedad de opciones y voces, también está manchado por la proliferación de fake news, un problema que esperamos se regule en favor de un periodismo documentado y veraz.
Todo esto, a propósito de Ébano y de Kapuściński, me motivó a desempolvar el libro y hojearlo de nuevo, inspirado por la relevancia de este nuevo periodismo emergente, que sigue siendo vital para conocer otras perspectivas y mantener viva la llama de la narrativa cultural.
Alejandro Gamboa C. Licenciado en periodismo con estudios en Ciencia Política y Administración Pública (UNAM) Enfocado a las comunicaciones corporativas. Colaboró como co editor Diario Reforma. En temas de ciencia y comunicación en Milenio y otros medios digitales. Cuenta con 15 años dedicado a las Relaciones Públicas. Ha colaborado en la fundación de la Agencia Umbrella RP. Ha realizado trabajos como corrector de estilo, creador de contenidos y algunas colaboraciones como profesor en escuelas locales.
Mientras miles de trabajadores del Poder Judicial de la Federación salen a las calles para reclamar el despropósito de una reforma que, además de alterar su circunstancia laboral lastima el orden constitucional al propiciar un desequilibrio entre los Poderes de la Unión, las negociaciones de alto nivel cobran relevancia.
Magistrados del Tribunal Electoral afines al oficialismo mantienen reuniones en las que Ricardo Monreal, próximo coordinador legislativo del oficialismo en la Cámara de Diputados y Arturo Zaldívar, próximo titular del Tribunal de Disciplina Judicial, les aseguran asientos en la eventual conformación de la nueva Suprema Corte.
La calificación del proceso electoral 2024 –sin mayor autocrítica– en la que ganó Claudia Sheinbaum, la permanencia de Alito Moreno al frente del Partido Revolucionario Institucional, PRI, –favorable al oficialismo por su perenne autodestrucción– así como la ratificación de la sobrerrepresentación en el Congreso de la coalición de Morena, el Partido Verde y el Partido del Trabajo en el Congreso, son algunas de las decisiones que podrían ser la moneda de cambio con la que el bloque de magistrados del Tribunal Electoral, afín al oficialismo, tengan posibilidades de transitar a ministros en la eventual nueva conformación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Diversas fuentes consultadas aseguran que la oferta de quien se asume el próximo titular del –todavía inexistente– Tribunal de Disciplina Judicial, Arturo Zaldívar es exclusiva para los magistrados: Mónica Soto (presidenta del Tribunal Electoral), así como Felipe de la Mata Pizaña y Felipe Alfredo Fuentes Barrera, quienes conforman el bloque de tres magistrados que con sus resoluciones logran “mayoritear” a los otros dos integrantes de la Sala Superior: Janine Otálora y Reyes Rodríguez.
Una Sala Superior que, hoy por hoy, funciona con dos integrantes menos (en vez de cinco deberían de ser siete) gracias a que Morena en el Congreso se negó a nombrar en las sillas vacantes a sabiendas de que el proceso electoral del 2024 sería sumamente complejo.
Estas negociaciones, llevadas a cabo en las sombras y lejos del escrutinio público, ponen en evidencia una peligrosa tendencia de concentración del poder y el debilitamiento de las instituciones que deberían servir como contrapeso en un sistema democrático.
La posibilidad de que los magistrados afines al oficialismo sean recompensados con asientos en la nueva Corte, a cambio de decisiones que favorecen a los intereses del partido en el poder, no solo pone en duda la imparcialidad de la justicia electoral sino que además socava la confianza en el sistema judicial en su conjunto. ¿Sirve de algo que miles de trabajadores marchen cuando están lejos de los pactos que se hacen por encima de ellos?
La reforma judicial, está claro, lejos de fortalecer el Estado de Derecho, está orientada a consolidar un control político sobre el Poder Judicial, debilitando así uno de los pilares fundamentales de la democracia.
Miguel Ángel Romero Ramírez: Analista y consultor político. Por más de 12 años, creador de estrategias de comunicación para el sector público y privado. Licenciado en comunicación y periodismo por la UNAM y maestro en gobierno por el Instituto Ortega y Gasset. Observador del uso de las nuevas tecnologías y su impacto en la democracia. X: @MRomero_z
La actitud de la Suprema Corte, ante una reforma judicial tan destructiva, no sólo ha sido decepcionante, sino también alarmante.
El silencio ensordecedor le imprime un sello de complacencia al atropello del sistema judicial que podría tener consecuencias desastrosas para la democracia mexicana. Horas después de que la ministra presidenta, Norma Piña aplaudiera de pie la entrega de constancia de Claudia Sheinbaum como presidenta electa de México, cerca de 55 mil trabajadores del Poder Judicial organizaron un paro nacional… pero sin su respaldo… a su suerte.
La Corte no sólo ignora su deber de proteger a sus trabajadores sino parece haberse convertido en cómplice pasivo de su propia desmantelación. El aplauso de pie de Norma Piña a Claudia Sheinbaum sería irrelevante y podría ser considerado una mera cortesía política si meses atrás ella misma no hubiera protagonizado un momento clave en la ceremonia de celebración del 106 aniversario de la Constitución cuando no se levantó de su asiento y tampoco celebró la entrada al auditorio del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Las cosas cambiaron? ¿Ahora sí se somete?
El cambio de señales constante en la Suprema Corte de Justicia en la Nación exhibe, además del poco oficio político y la candidez, el nulo compromiso con los intereses superiores de la Nación. Puede ser entendible que la ministra presidenta y su equipo encuentren en Claudia Sheinbaum un respiro después de los embates coléricos del saliente presidente Andrés Manuel López Obrador, pero en los hechos no cambia absolutamente nada.
La estrategia del oficialismo que busca cooptar el sistema judicial para evitar resistencias a la instalación de un régimen autoritario sigue en curso y con más bríos que antes.
¿De qué sirve que los empresarios, académicos, asociaciones y barras de abogados, e incluso la ONU se desgarren las vestiduras con sendos comunicados, posicionamientos y entrevistas en medios de comunicación cuando la titular del Máximo Tribunal simplemente no sale y tampoco dice nada… y cuando aparece lo hace para aplaudir al oficialismo? Sin un liderazgo fuerte ¿cuánto podrá resistir el paro nacional de trabajadores que no goza del respaldo institucional? ¿Hasta dónde podrán llegar divididos?
¿Será que influye la actualización del dictamen que discutirá el Congreso sobre dicha reforma? Ahí, entre otras cosas, el oficialismo abre la puerta para que los ministros de la SCJN que decidan no estorbar en la demolición del Poder Judicial puedan acceder a su pensión vitalicia (conocido como haber de retiro). Sí, la misma pensión de la cual gozan Arturo Zaldívar y Olga Sánchez Cordero, exministros de La Corte que hoy desde el partido en el poder acusan de “privilegios” a sus colegas… “privilegios” que siguen gozando y que a ambos les da aversión renunciar a dicha prestación. ¿Cuántos de los hoy 11 ministros van a preferir su pensión vitalicia?
Hace algunas semanas, en este mismo espacio, redacté una carta de renuncia ficticia de la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual se mantiene vigente. La crítica es la misma. En ningún momento ha podido explicar por qué 36 millones de votos no significa ni tiene implícito que un gobierno legalmente constituido pueda alterar el estado constitucional. Nada ni nadie, en una democracia, puede alterar el equilibrio de poderes. Claro, a menos de que pasemos a ser un país con un régimen autoritario en el que a la ya de por sí mediocre clase política sea imposible exigirle cuentas.
Apuntes:
Ernesto Canales, destacado abogado egresado de la Escuela Libre de Derecho y primer fiscal anticorrupción en el país (Nuevo León) está por lanzar su nuevo libro: ¡Hay Justicia! Una crónica audaz sobre el rol que le ha tocado jugar dentro del sistema de justicia mexicano, particularmente en casos mediáticos.
Si no fuera real sería una entretenida novela sobre corrupción, socialités, políticos corruptos y connotados empresarios dispuestos a todo para ganar un juicio. Un estimulante texto que edita Planeta y que pronto estará en todas las librerías del país y mismo que su autor promocionará en ferias de libro y, sobre todo, en espacios académicos.
Miguel ángel Romero Ramírez: Analista y consultor político. Por más de 12 años, creador de estrategias de comunicación para el sector público y privado. Licenciado en comunicación y periodismo por la UNAM y maestro en gobierno por el Instituto Ortega y Gasset. Observador del uso de las nuevas tecnologías y su impacto en la democracia. X: @MRomero_z