Por Ángel Pérez
Aunque todavía no existe fecha para que México, Canadá y Estados Unidos se sienten en la mesa de negociaciones para la revisión del T-MEC, que se supone serán en el primer semestre de 2026, es importante destacar que la revisión se erige no como una simple coyuntura, sino como una urgente necesidad para expiar las graves omisiones que continúan socavando el desarrollo nacional.
Uno de estos descuidos en la renegociación es la inexplicable ausencia de un capítulo dedicado a la minería y la escalofriante inseguridad que paraliza al sector. Lejos de ser detalles menores, estos aspectos revelan una alarmante falta de visión estratégica en la concepción original del tratado y proyectan sombras ominosas sobre la viabilidad de la inversión y el bienestar en las regiones mineras de México.
Minería ignorada olímpicamente en el T-MEC
Resulta inaceptable que un sector de la magnitud económica y social de la minería haya sido ignorado olímpicamente en el T-MEC. Los especialistas de la industria destacan que la situación no solo subraya una flagrante deficiencia, sino que también expone una preocupante ceguera por parte de los negociadores iniciales.
¿Cómo puede un tratado de libre comercio aspirar a una integración económica profunda mientras desatiende de forma tan flagrante las particularidades y los desafíos de un sector tan esencial en el desarrollo del país?
La ausencia de un marco regulatorio específico dentro del T-MEC crea un peligroso vacío legal que inevitablemente será explotado por intereses particulares, generando asimetrías profundamente perjudiciales para México y sus recursos.
Pero si la omisión del sector minero en el tratado es censurable, la catastrófica problemática de la inseguridad en las zonas de operación minera resulta sencillamente intolerable.
Existen datos, no oficiales, por cierto, de la repugnante variedad de delitos que abarcan desde la extorsión despiadada hasta el homicidio brutal, que dibujan un escenario de absoluta anarquía donde las empresas se ven forzadas a desviar una porción grande de sus presupuestos hacia labores de autoprotección, despojando así recursos vitales que deberían destinarse al desarrollo y la creación de empleo.
Que México ostente el vergonzoso cuarto lugar como el país más peligroso de América Latina para la actividad minera, según el Instituto Fraser de Canadá, no es una mera estadística alarmante, sino un síntoma inequívoco de la incapacidad manifiesta del Estado mexicano para imponer el imperio de la ley en estas regiones abandonadas.
Minería, ¿siniestro imán para la delincuencia organizada?
El argumento simplista y falaz de que las operaciones mineras se desarrollan en zonas remotas no puede servir como patética excusa para la inacción gubernamental. Si bien es cierto que la lejanía geográfica puede plantear desafíos logísticos, también lo es que la presencia de la actividad minera debería ser un poderoso catalizador para el progreso social y económico, y no un siniestro imán para la delincuencia organizada.
La rampante falta de seguridad infla los costos operativos de las empresas, genera pérdidas devastadoras, y también mina profundamente la confianza de los inversionistas y perpetúa un ciclo vicioso de violencia y marginación en las comunidades locales, dejándolas a merced de grupos criminales.
La reciente estrategia del gobierno federal, centrada en la investigación y la inteligencia para combatir el crimen organizado, suena superficialmente prometedora. Sin embargo, la amarga historia reciente nos obliga a mantener un escepticismo firmemente arraigado. Las buenas intenciones son insuficientes y huecas; se exigen resultados tangibles y una coordinación real y efectiva entre los distintos niveles de gobierno para revertir urgentemente esta tendencia escalofriante.
En este contexto de crisis y abandono, la revisión del T-MEC en 2026 no puede limitarse a insignificantes retoques estéticos. Es imperativo e ineludible que se incorpore un capítulo específico sobre minería que establezca estándares rigurosos en materia ambiental, laboral y, crucialmente, de seguridad, y que fomente una colaboración trilateral genuina y efectiva para abordar los desafíos compartidos.
Asimismo, la inadmisible inseguridad en las zonas mineras debe erigirse como un tema central e inexcusable en las mesas de negociación, demandando compromisos concretos y verificables por parte de los tres países para fortalecer la seguridad y garantizar un entorno verdaderamente propicio para la inversión sostenible y el desarrollo equitativo.
En definitiva, el T-MEC aún tiene la remota oportunidad de enmendar un error fundamental y transformarse en un instrumento que realmente impulse el desarrollo integral de la región.
Ignorar la grave problemática de la minería y la desoladora inseguridad sería una negligencia imperdonable, con consecuencias catastróficas para la economía mexicana y el bienestar de sus ciudadanos.