Por: José Carlos Lozano Sánchez*
En el año 2011, México transitó hacia un nuevo paradigma constitucional, siendo los derechos humanos el eje rector en el ejercicio de las funciones de gobierno. De esta forma, el sistema penitenciario, como componente esencial de la maquinaria del Estado, desplegó sus capacidades institucionales con el propósito de salvaguardar los derechos de las personas privadas de su libertad, y lograr un proceso satisfactorio de reinserción al núcleo social.
Pero esta reivindicación del sistema debe comprenderse desde una perspectiva histórica, ya que, en el pasado, había sido concebido como un medio destinado a reprimir a los infractores de la ley; el mayor referente de esta percepción es el Palacio de Lecumberri, cuyas celdas edificadas a la manera del panóptico de Jeremy Bentham, testificaron los más crueles castigos aplicados a los reclusos, quienes no tenían otro destino que la muerte.
Al paso del tiempo, se erradicaron estas condiciones inhumanas para incorporar a los internos en un régimen basado en el trabajo, aunque a la fecha, se adoptó la creencia de que las prisiones son una “universidad del crimen”, pues la convivencia generada les permite perfeccionar sus técnicas delictivas, para aplicarlas una vez obtenida su libertad.
Actualmente, nuestro sistema penitenciario ha dedicado una incansable labor para procurar que quienes compurgan una pena, convivan en un ambiente de respeto e integración con sus compañeros, a través de la disciplina, las actividades deportivas y la capacitación para el trabajo, recuperen la confianza hacia sí mismos, manejen el estrés y la ansiedad ocasionadas por el encierro, desarrollando talentos creativos que los inspiren a erigir un nuevo plan de vida.
No obstante, el camino que debe recorrerse para cumplir con este objetivo, presenta múltiples obstáculos, tal y como se advierte en el “Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria”, elaborado anualmente por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que expone las condiciones de los internos en los distintos centros de todo el país.
En el análisis del 2020, fue alarmante encontrar que únicamente seis entidades de la República cumplieron los parámetros para garantizar una estancia digna a la población penitenciaria, en tanto que 20 estados, presentaron diversas áreas de oportunidad para mejorar el desempeño de sus funciones, y seis estados obtuvieron calificaciones negativas por incumplir los estándares mínimos considerados para brindar un trato decoroso en reclusión.
Si bien, cada establecimiento tiene sus particularidades, la gran mayoría, comparten deficiencias que atentan contra la integridad, no sólo de las personas privadas de la libertad, sino del personal que labora para estos centros. Es decir, son comunes ciertas prácticas, como el acceso a sustancias ilegales, alcohol, armas y dispositivos móviles, que lejos de favorecer un proceso de reinserción, promueven la comisión de delitos; es notoria la sobrepoblación al interior de las prisiones, evidenciando la inhabitabilidad y el riesgo para las personas privadas de la libertad; así mismo, el diagnóstico de referencia detectó un total de cien suicidios ocurridos en prisiones estatales, a causa de la falta de personal en psicología para atender la salud mental de las personas privadas de la libertad.
Es cierto que visibilizar estas condiciones, permitirá la implementación de estrategias encaminadas a erradicar los vicios señalados, no obstante, a consideración de quien escribe, esta problemática encuentra su origen en un común denominador: la falta de capacitación del personal penitenciario (en áreas técnicas, de vigilancia y administrativas) y la ausencia de condiciones laborales objetivas.
Son diversas las razones que sostienen esta hipótesis, por ejemplo, ante el exceso de población de personas privadas de la libertad, los elementos de custodia optan por concentrar una cantidad importante de reclusos en celdas más cercanas a ellos para tener un mayor control, sin valorar que se genera una mezcla de éstos, ya que son determinados como de alta y baja seguridad.
En esa misma línea, el personal de vigilancia carece de habilidades de mediación de conflicto, pues tan sólo en el 2020, la CNDH registró un total de 926 enfrentamientos, que van desde riñas, hasta amotinamientos entre grupos que se disputan el control de los centros. La vorágine de esta situación se agudiza si tomamos en cuenta que el tráfico de drogas al interior de las cárceles, ha incrementado la violencia a la que están expuestos los custodios, sin que cuenten con una preparación para neutralizar dichos ataques; todo lo contrario, en no pocas ocasiones son víctimas de grupos criminales, y en total complicidad con algunos directores, limitan sus tareas de supervisión.
En otro aspecto, el personal penitenciario, atraviesa por circunstancias laborales complejas, empezando por una baja percepción salarial, jornadas extensas de trabajo, escasos días de descanso, falta de capacitación para el manejo del personal bajo su custodia, nulas oportunidades de crecimiento laboral, tratos arbitrarios de sus superiores y prestaciones de seguridad social limitadas.
Se debe dimensionar que el personal penitenciario cumple con una tarea difícil, pues son responsables de supervisar a quienes perdieron el bien más preciado en la vida como lo es la libertad, aunque no tengan a su alcance las herramientas más elementales.
Por este motivo es que las “Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos” en sus numerales 74 y 75, resaltan la necesidad de que el personal en todos los niveles, posea una formación íntegra en su esfera de valores, con un sólido espíritu de vocación y una preparación profesional acorde con las circunstancias; se le dará capacitación constante y acorde con su nivel de responsabilidad, mejorando el desempeño de sus actividades; y debido al nivel de compromiso adquirido, será elemental que tengan un empleo bien pagado, con todas las prestaciones de ley, cuya estabilidad laboral dependerá de la eficiencia demostrada.
Etas directrices nos reflejan que el funcionamiento de las prisiones será directamente proporcional al respeto de las garantías laborales para el personal penitenciario, y por consiguiente, si no son respetados los derechos mínimos de estos servidores públicos, es probable que fenómenos como la corrupción, el autogobierno y la violencia se apoderen de las instituciones carcelarias.
Es momento de plantear la siguiente pregunta… A 10 años de las reformas en materia de derechos humanos ¿El sistema penitenciario generó verdaderas condiciones para lograr una auténtica reinserción social? El mejor parámetro lo encontramos en el “Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales” del 2020, el cual reporta que durante el 2019, ingresaron un total de 112, 811 personas a los centros penitenciarios, de los cuales, una cifra de 14,435 fueron reincidentes, y un total de 9,574 registraron un reingreso a prisión.
Estas estadísticas demuestran que un total de 24,009 personas no lograron construir un nuevo plan de vida, lo cual refleja que los programas de reinserción social no han cumplido con la efectividad esperada.
Por lo tanto, si la aspiración es mejorar la calidad de los servicios que brindan las instituciones penitenciarias, para que toda persona que cumplió una pena privativa de libertad pueda labrarse un nuevo porvenir, es fundamental el establecimiento de un “Sistema Profesional de Carrera Penitenciaria” que renueve los procesos de selección y capacitación del personal, generando un cambio de conciencia en la prestación del servicio.
Sin embargo, esta propuesta implicará un gran compromiso coordinado en el ámbito estatal y federal, no sólo para impulsar las leyes sobre la materia que definirán las bases de este nuevo sistema, sino también para destinar los recursos económicos que resulten necesarios.
Este sistema, debe ceñirse a los principios de honradez, legalidad, transparencia y rectitud; contar con un “Comité de Selección” dependiente de un “Subsistema de Ingreso”, encargado de publicar las convocatorias que contendrán los requisitos y el perfil necesario para cubrir un cargo específico, siendo indispensable que los aspirantes cuenten, por lo menos, con nivel licenciatura; como parte de esta etapa de ingreso, se encargará de aplicar las evaluaciones de conocimientos, psicométricas y de control de confianza, para elegir a los mejores elementos.
Igualmente, se requerirá un “Subsistema de Desarrollo Profesional”, cuya función consistirá en estructurar un plan escalafonario basado en el mérito y las competencias, para brindarle la oportunidad a los servidores públicos de aspirar a un mayor nivel jerárquico en la estructura administrativa.
Asimismo, debe instaurarse un “Subsistema de Certificación”, cuya misión será desarrollar los programas de capacitación para todo el personal, a través de cursos, talleres, especializaciones, seminarios y diplomados de actualización, con los que se potenciarán las capacidades técnicas en los servidores públicos penitenciarios.
Finalmente, el “Subsistema de Evaluación de Desempeño” calificará anualmente el cumplimiento de los objetivos, metas y resultados obtenidos por el personal penitenciario, y este indicador servirá como parámetro para determinar los probables ascensos en los centros penitenciarios, la estabilidad en el empleo, pero también notificará a los funcionarios acerca de las áreas de oportunidad que deberán mejorar para su desarrollo profesional.
Este subsistema tendrá la facultad para implementar exámenes de control de confianza, y así tener la certeza de que los funcionarios públicos se conducirán durante el desempeño de sus labores con probidad y rectitud.
Pero es muy importante que este sistema cuente con la supervisión permanente de un órgano interno de control, instancia que sancionará el incumplimiento de los principios básicos en el servicio penitenciario en perjuicio de las personas privadas de su libertad, y dará seguimiento a las acciones cometidas por los servidores públicos que puedan ser constitutivas de delito; pero eso no es todo, ya que se necesitará que en todos los establecimientos penitenciarios exista un área de quejas, para que los familiares y personas que durante su visita, sufran alguna deficiencia en la atención que se les brinda, puedan formular sus demandas y el órgano interno realice las investigaciones correspondientes, sancionando a los funcionarios responsables.
Este esquema descrito que favorecerá la calidad en el servicio público, respetará en todo momento los derechos laborales de los trabajadores, generando sueldos justos, jornadas equitativas, días de descanso, periodos vacacionales y prestaciones de seguridad social objetivas, con las cuales se asegurará la estabilidad de su empleo, desalentando cualquier práctica que atente contra su espíritu de vocación.
Al respecto, debe reconocerse el gran avance alcanzado por el gobierno del estado de Querétaro, que, a principios de agosto de este año, destinó una importante inversión para inaugurar el Instituto del Servicio Profesional de Carrera Penitenciaria de la entidad, cuya meta trazada es potencializar las habilidades integrales del personal penitenciario, a través de un esquema como el que se describe.
No podemos negar que México tiene una deuda histórica con la población penitenciaria, que cómo resultado de las malas decisiones del pasado, hoy están compurgando una pena en prisión; corresponde a las autoridades penitenciarias, en los distintos niveles de gobierno, estar a la altura de las circunstancias, y más allá de brindar un servicio de calidad, es necesario que brinden un acompañamiento y un apoyo solidario, moral y humano para los internos.
Todo ello es posible, sentando las bases de un sistema profesionalizante bien delineado en el que todos quienes formen parte de esta noble labor tengan al fin las competencias y habilidades, que les permitan desempeñarse con toda plenitud, abonando a un cambio no sólo en la vida de las personas privadas de la libertad, sino en nuestro propio tejido social.
Es el momento de redignificar las instituciones penitenciarias, y dotar de plena vigencia los derechos de su personal y de los internos, para que al paso del tiempo podamos decir con satisfacción que en México si existe una auténtica y verdadera reinserción social.*Estudia la Maestría en Ciencias Penales, en la Facultad de Derecho de la Barra Nacional de Abogados.
