Las empresas demandantes alegaban que entre 2016 y 2018 intentaron implementar un proyecto de taxímetros digitales en la capital, el cual —según su versión— fracasó por supuestos actos del Gobierno de la Ciudad de México. Incluso reclamaron que las autoridades buscaron apropiarse de la tecnología. Con base en ello, exigían más de 2,100 millones de dólares en compensación.

El 26 de marzo de 2026, el tribunal del CIADI emitió el laudo final y concluyó que no existían pruebas que demostraran las acusaciones. En palabras del fallo: “En la medida en que no existen pruebas de que México haya ‘destruido’ la inversión de las Demandantes… Más bien, dicho fracaso fue el resultado de sus propias acciones”.

Además de rechazar las reclamaciones, el tribunal determinó que las empresas deberán cubrir los gastos y costos asociados al arbitraje a favor del Estado mexicano.

La defensa estuvo a cargo de la Secretaría de Economía, a través de la Dirección General de Consultoría Jurídica de Comercio Internacional, con el apoyo de las firmas Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP y Tereposky & DeRose. También participaron la Secretaría de Movilidad y el Gobierno de la Ciudad de México.

Este resultado representa un logro significativo para México en la protección de sus intereses internacionales. El laudo se encuentra en proceso de revisión y será publicado próximamente en la página oficial del CIADI.