El hallazgo de los cuerpos de los trabajadores de la minera canadiense Vizsla Silver Group en un predio de El Verde, municipio la Concordia, Sinaloa, no es solo una tragedia humana, es el acta de defunción de la estrategia de seguridad en una de las zonas más ricas -y paradójicamente más desprotegidas- del país.
Mientras la Fiscalía General de la República emite comunicados técnicos sobre la identificación de los restos humanos, el gobierno de Sinaloa, a cargo de Rubén Rocha Moya, parece observar la tragedia desde una barrera de indolencia. ¿Cómo es posible que un grupo de diez ingenieros y técnicos -hombres de ciencia y trabajo- hayan sido privados de su libertad, el 23 de enero, sin que las alarmas estatales lograran evitar el desenlace fatal?
La respuesta es tan amarga como el cianuro: las unidades mineras en México se han convertido en “territorios de nadie” o, peor aún, en feudos donde el crimen organizado dicta la nómina de la vida y la muerte.
En reiteradas ocasiones, la Cámara Minera de México ha advertido que la inseguridad le cuesta al sector hasta un 10% de su facturación anual. Pero el costo que hoy nos ocupa no se mide en dólares, sino en nombres: Antonio de la 0 Valdez de 36 años de edad, originario de Chihuahua, quien fungía como supervisor de medio ambiente; Ignacio Aurelio Salazar Flores de 40 años, de Zacatecas, geólogo; el también geólogo José Manuel Castañeda Hernández de 43 años, de Taxco, Guerrero y José Ángel Hernández Vélez, de 38 años, ingeniero industrial procedente de Zacatecas. Ellos ya fueron identificados y forman parte del grupo de 10 personas que fueron secuestrados.
La AIMMGM ha alzado la voz con una exigencia que suena a grito en el desierto: garantías para trabajar. No es una petición de privilegios, es la exigencia básica de cualquier sociedad civilizada. Sin embargo, en Sinaloa, el despliegue de 1,600 elementos de la Defensa parece haber llegado, una vez más, para hacer labor de peritaje y no de rescate. El esquema de seguridad reactivo es, en esencia, un esquema de rendición.
La impunidad es el lubricante que permite que estos hechos se repitan. Si las autoridades federal y estatal no llevan esta investigación más allá del “hallazgo de indicios”, el mensaje para la inversión extranjera y para los profesionistas mexicanos será claro: Sinaloa es una zona de exclusión para la ley.
Balance final
No basta con lamentar. No basta con desplegar tropas cuando el daño es irreversible. Si el Gobierno de Sinaloa y la Federación no pueden garantizar la integridad de una unidad minera -puntos fijos, localizables y estratégicos-, ¿qué esperanza le queda al ciudadano de a pie?
Vizsla Silver Corp., se dice “devastada”, la comunidad minera está de luto, y el Estado mexicano sigue debiendo la única moneda que importa: la seguridad. Sin ella, no hay inversión que valga, ni plata que brille lo suficiente para tapar la sangre de diez mineros que solo hacían su trabajo.
La tragedia en Concordia no puede diluirse en la burocracia de los peritajes. El Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, tiene una deuda que ya no se salda con retórica ni con condolencias en redes sociales. No basta con ser un espectador de la intervención federal; la seguridad pública es una facultad concurrente que el gobierno estatal ha dejado de ejercer en las regiones serranas, entregando el territorio por omisión.
El sector minero -motor económico del estado- y las familias de los ingenieros, geólogos, mineros, entre otros, necesitan una estrategia de inteligencia que impida que comandos armados pueda sitiar un proyecto minero durante semanas sin que las autoridades se enteren o intervengan.
Si el gobierno estatal de Sinaloa no es capaz de garantizar la vida de quienes producen y generan empleos, entonces su gestión está en quiebra moral. La justicia para las víctimas de Vizsla Silver Group empieza por reconocer que el Estado ha fallado.
Cualquier otra respuesta que no incluya detenidos y un plan real de protección a las unidades mineras, será solo otro párrafo de impunidad en la historia del sexenio de Rocha Moya. La plata de Concordia hoy está manchada de una sangre que la historia le cobrará a su administración.