Opinión
El Rincón del Giróvago ¿Normalizar el autoritarismo?
***Por. J. Alejandro Gamboa C.
A partir de un Tik Tok, donde vi a una chica cuyos contenidos no me agradan tanto, se tocó el tema del poder y el trabajo de una autora que en mis años de la facultad de Políticas leí con gusto. Se abordó el concepto “banalidad del mal”, que no recordaba o simplemente no estudié con atención.
Lo retomo ahora para reivindicarme, ya que esta vez sí me pareció inspirador el contenido de esta persona, a partir de un cierto deseo de autoritarismo fascista que ronda en el mundo y que interesa a algunos poderosos que ocurra.
Desde que Hannah Arendt formuló el concepto de “banalidad del mal” en un análisis sobre el juicio de Adolf Eichmann, la idea de que los sistemas autoritarios pueden consolidarse gracias a la indiferencia de los ciudadanos ha sido objeto de amplio estudio.
Arendt advirtió que el mal no siempre se manifiesta en figuras “demoníacas” y carismáticas, sino en individuos comunes que simplemente cumplen órdenes sin cuestionarlas. Hoy, esa lección es más relevante que nunca, pues la apatía ante el deterioro democrático y el autoritarismo está cobrando fuerza en diversas naciones.
En efecto, en los últimos años países con una tradición democrática han experimentado señales preocupantes de erosión institucional. La pasividad de sus ciudadanos ante estos cambios recuerda los análisis de Arendt sobre la normalización de la opresión.
En Argentina, el ascenso de figuras como Javier Milei han polarizado a la sociedad y puesto en jaque el papel de las instituciones tradicionales. Su discurso de demolición del Estado y el ataque a los medios críticos ha encontrado el respaldo en un sector de la población que, hastiado de la corrupción y el clientelismo, acepta medidas extremas como solución.
La resignación ante estas prácticas es un signo claro de la banalización del “mal”: las decisiones autoritarias se justifican como el “mal menor” frente a un enemigo mayor, sea el llamado socialismo, el kirchnerismo o el establishment político.
España no está exenta de estos fenómenos. El auge de partidos como Vox ha normalizado discursos que antes eran impensables en el debate público. La criminalización de movimientos sociales, la estigmatización de la migración y el ataque a organismos de derechos humanos, todos son síntomas de una ciudadanía que comienza a aceptar narrativas autoritarias sin resistencia.
Como señalaría Arendt, este tipo de discursos, cuando no encuentran oposición suficiente, se asientan en el imaginario colectivo y terminan por transformar la realidad política.
Italia, con el gobierno de Giorgia Meloni, representa otro caso donde el autoritarismo se filtra bajo la justificación de preservar la identidad nacional y la soberanía. Sus políticas restrictivas contra la migración y su relación con movimientos de extrema derecha son indicativos de un país que se desliza progresivamente hacia la aceptación de medidas antidemocráticas.
Aquí, la indiferencia de una parte de la sociedad ante estos cambios ya sea por cansancio o desinterés, encarna la advertencia de Arendt sobre la “banalidad del mal”.
Estados Unidos también ha mostrado signos preocupantes. El fenómeno de Donald Trump y el asalto al Capitolio en 2021 fueron pruebas de cómo una parte de la población puede aceptar la erosión de las normas democráticas en nombre de una causa superior. La retórica de fraude electoral, la deslegitimación de la prensa y la polarización extrema han contribuido a una crisis institucional que aún persiste.
La normalización del discurso violento y conspirativo en segmentos del electorado norteamericano es una manifestación clara de cómo el llamado mal se vuelve cotidiano.
¿Y México?
El caso de México es singular, pues el discurso autoritario no proviene del gobierno en turno, sino de ciertos sectores opositores que anhelan un régimen más restrictivo y alineado con las prácticas del pasado.
Aunque la democracia al estilo mexicano ha abierto espacios a sectores históricamente marginados, la reacción de algunos grupos se ha inclinado hacia la descalificación absoluta del actual gobierno, al punto de promover una narrativa que, sin pruebas, lo vincula con el crimen organizado.
Este fenómeno es impulsado por campañas en redes sociales que califican al gobierno como un “narcoestado” sin evidencia concreta, generando un clima de desinformación y polarización extrema.
Detrás de esta estrategia se encuentran actores políticos ligados al ex presidente Felipe Calderón, cuyo gobierno militarizó la seguridad pública y exacerbó la violencia en el país. En este sector, la nostalgia por un Estado represivo y la justificación del autoritarismo como herramienta de control son señales claras de una inclinación hacia el fascismo.
La llamada banalidad del mal por nuestra autora se refleja en la normalización de la violencia en estados como Tamaulipas y Guanajuato, donde el crimen organizado ha impuesto por momentos su propio orden, mientras la clase política local ha sido cómplice o incapaz de frenar la crisis.
En estas regiones, la ciudadanía se ha visto atrapada entre el miedo y la indiferencia, permitiendo que la violencia extrema sea vista como parte del paisaje cotidiano. Arendt advertía que el peor enemigo de la democracia no es solo la opresión directa, sino la aceptación pasiva de la injusticia.
El peligro de la apatía…
Si algo nos enseñó Hannah Arendt es que el mayor aliado del autoritarismo es la indiferencia de quienes permiten su avance. La resignación ante la degradación de las instituciones, la aceptación de discursos autoritarios y la justificación de medidas represivas en nombre de la estabilidad son síntomas claros de un proceso de banalización del mal.
Hoy, Argentina, España, Italia, Estados Unidos y México enfrentan desafíos que no solo dependen de la acción de los gobernantes, sino de la reacción —o falta de ella— de sus ciudadanos. Arendt nos dejó una advertencia clara: cuando la gente deja de pensar y cuestionar, el mal deja de ser una excepción y se convierte en rutina.
Gráfico: Internet
***Alejandro Gamboa C. Licenciado en periodismo con estudios en Ciencia Política y Administración Pública (UNAM) Enfocado a las comunicaciones corporativas. Colaboró como co editor Diario Reforma. En temas de ciencia y comunicación en Milenio y otros medios digitales. Cuenta con 15 años dedicado a las Relaciones Públicas. Ha colaborado en la fundación de la Agencia Umbrella RP. Ha realizado trabajos como corrector de estilo, creador de contenidos y algunas colaboraciones como profesor en escuelas locales.
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***Por Miguel Ángel Romero
México vive en una paradoja amarga. El supuesto gobierno de izquierda, que históricamente debería fomentar y nutrir una indignación crítica capaz de transformar su sociedad, es ahora quien la contiene, controla y desactiva. La democracia pierde fuerza cuando una sociedad calla, no por indiferencia, sino por miedo a traicionar al gobierno que finalmente reconoció sus heridas y visibilizó a quienes históricamente se sienten agraviados.
En un país que acumula tragedias como cicatrices abiertas, desde Ayotzinapa hasta Teuchitlán, la indignación ha cambiado en la última década. Esto no es casualidad. Es resultado directo de la política del resentimiento que Andrés Manuel López Obrador estableció como base de su gobierno y que Claudia Sheinbaum ha heredado y promovido fielmente.
Francis Fukuyama, en su libro “La política del resentimiento”, advierte claramente sobre esta trampa. Explica cómo los líderes populistas aprovechan las heridas abiertas de un pueblo históricamente agraviado para exigir lealtad absoluta. No hay espacio para rendición de cuentas porque las críticas se transforman en ataques. Los señalamientos de ineficacia desaparecen porque todos aquellos que consideran un logro la llegada del nuevo régimen se vuelven laxos con los errores y las fallas que antes reprochaban.
El reciente descubrimiento del campo de exterminio en Teuchitlán, Jalisco, es un ejemplo brutal y doloroso. Una noticia que debió, por su gravedad, haber encendido una respuesta pública contundente y masiva apenas produjo un par de marchas y pronunciamientos que se están diluyendo. La respuesta sin tracción, no es fruto del desinterés ni de la insensibilidad colectiva, sino de un miedo profundo de una mayoría que se inhibe con la posibilidad de debilitar al gobierno que tanto anhelaba; gobierno que gana espacio para traicionarlos de manera sistemática. ¿Quién se atreve a cuestionar a quienes que por fin los visibilizó? Es una de las preguntas trampa.
Ayotzinapa, aquel episodio sombrío ocurrido en 2014, muestra también claramente este cambio. Cuando desaparecieron los 43 estudiantes bajo el gobierno de Enrique Peña Nieto, la indignación fue inmediata, absoluta e imparable. Ahora, incluso cuando el actual régimen ha fallado reiteradamente en ofrecer respuestas claras sobre la tragedia, el enojo público se desvanece rápidamente. Quienes en su momento fueron activistas y periodistas incansables hoy encuentran razones para justificar y tolerar las limitaciones, silencios oficiales y posturas lamentables como la del presidente del Senado.
Este fenómeno no ocurre por accidente, sino que es deliberadamente inducido por una narrativa política que presenta cada crítica como una amenaza existencial. López Obrador, y ahora Sheinbaum, han creado un vínculo afectivo con el pueblo, basado en la gratitud y en el resentimiento hacia las élites. Así, cualquier cuestionamiento al gobierno parece dirigido contra la esencia misma del movimiento que los llevó al poder.
Aquí reside la astucia más oscura del populismo, utiliza la indignación original como moneda política: el reconocimiento y la visibilidad que otorga el gobierno a los históricamente agraviados se intercambia por silencio y obediencia. La lógica emocional sustituye cualquier análisis racional, dejando a la democracia en peligro y a la sociedad vulnerable frente a abusos, errores y negligencias. Una simple y llana estrategia política. El “pueblo bueno” no quiere ser tildado de traidor o ingrato.
La indignación en México no ha muerto, pero está atrapada en un dilema moral y político complejo. Recuperar la capacidad de exigir justicia, cuestionar y criticar sin miedo, no es solo un acto necesario de valentía política, sino un deber democrático fundamental.
México necesita romper con urgencia este engaño emocional que mantiene rehén a su democracia. Mientras esto no ocurra, tragedias como Ayotzinapa o Teuchitlán seguirán acumulándose como simples notas al margen en una historia donde la indignación selectiva debilita cada vez más la esencia misma del cambio social y político que México necesita desesperadamente.
*** Miguel Ángel Romero: Analista y consultor político. Por más de 12 años, creador de estrategias de comunicación para el sector público y privado. Licenciado en comunicación y periodismo por la UNAM y maestro en gobierno por el Instituto Ortega y Gasset. Observador del uso de las nuevas tecnologías y su impacto en la democracia.
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*** Miguel Ángel Romero
El estado mexicano de Jalisco encarna hoy un dramático contraste que expone, con crudeza y horror, la dualidad de la naturaleza humana y, por supuesto, la ineficiencia del Estado mexicano. Dos realidades, diametralmente opuestas y aparentemente inconexas, conviven a escasos kilómetros, demostrando tanto lo más alto como lo más bajo del potencial humano.
Por un lado, Jalisco ha sido recientemente el foco de atención internacional debido al macabro hallazgo en un rancho ubicado en el municipio de Teuchitlán. Allí, el colectivo Guerreros Buscadores expuso al mundo la existencia de campos de entrenamiento para sicarios, hornos crematorios clandestinos y numerosos fragmentos óseos calcinados, acompañados de centenares de objetos personales que dan cuenta del exterminio en la región. Desde zapatos y prendas hasta identificaciones, fotografías y desgarradoras cartas de despedida.
La indignación creció cuando se conoció que el lugar había sido cateado previamente, en septiembre de 2024, sin resultados significativos debido a la magnitud del terreno, según autoridades locales. Este descuido institucional dejó a la sociedad con más preguntas que respuestas, aumentando la desconfianza en las autoridades encargadas de salvaguardar la seguridad de la población.
Jalisco enfrenta una devastadora crisis de desaparecidos: más de 15 mil personas mantienen ese estatus, colocándolo a la cabeza de los estados mexicanos en esta sombría estadística. Las denuncias de los colectivos apuntan a la existencia de redes criminales que engañan a personas vulnerables con falsas ofertas de trabajo, convirtiéndolas luego en víctimas de explotación, secuestro o incluso ejecución. Esta espiral de violencia es frecuentemente asociada al Cártel Jalisco Nueva Generación, agravando la percepción internacional que acusa al gobierno mexicano de tener vínculos con el narcotráfico, una etiqueta que se esfuerza por negar constantemente.
La Casa Blanca, tras la reasunción de Donald Trump, ha sido enfática en acusar al gobierno mexicano de tener una alianza intolerable con los cárteles de la droga y poner en peligro la seguridad nacional y la salud pública de Estados Unidos.
Sin embargo, en paralelo a esta oscura realidad, y a tan sólo 1 hora (59 kilómetros), emerge en Guadalajara, capital del estado, una narrativa completamente diferente: el ascenso tecnológico. Esta ciudad, reconocida como el “Silicon Valley mexicano”, ganó recientemente una competencia internacional contra otros 19 países para albergar una planta de producción de superchips avanzados, operada por la multinacional taiwanesa Foxconn, en colaboración con la gigante tecnológica NVIDIA.
La futura planta, fruto de más de tres años de arduas negociaciones, representa una apuesta extraordinaria en materia de innovación tecnológica. Allí se ensamblarán los revolucionarios chips GB200 Blackwell, componentes clave para la inteligencia artificial de próxima generación. Con una arquitectura hasta 30 veces más rápida que sus predecesores, estos chips potenciarán herramientas esenciales como los modelos GPT de OpenAI, y jugarán un papel crítico en la aceleración de aplicaciones científicas, procesamiento masivo de datos y creación de simulaciones avanzadas.
Young Liu, presidente de Foxconn, ha destacado la importancia estratégica del proyecto, afirmando que esta nueva instalación mexicana será capaz de ensamblar hasta 240 mil servidores por año. Esta capacidad récord no solo consolida la presencia de la empresa taiwanesa en América Latina, sino que también reduce significativamente su dependencia del mercado asiático, en sintonía con el nearshoring, en donde la entidad se erige como uno de las preferidas para la relocalización.
Estos desarrollos han sido celebrados por autoridades locales y nacionales, quienes subrayan que México es el principal socio comercial de Estados Unidos. Tal éxito en atraer inversiones tecnológicas muestra un rostro optimista y dinámico del país, muy distante de la violenta realidad que ocurre en otras partes del estado.
La paradoja de Jalisco reside precisamente en esta sorprendente proximidad entre dos mundos aparentemente irreconciliables. Por un lado, la brutalidad indescriptible del crimen organizado, capaz de sumir en la desesperación y el horror a miles de familias con la anuencia y complacencia del Estado mexicano; en el otro, el dinamismo innovador de la industria tecnológica, prometiendo un futuro brillante de prosperidad y avance. Este choque brutal de narrativas pone a prueba no solo la imagen internacional de México, sino también la capacidad del país para reconciliar sus profundas contradicciones internas.
El desafío que enfrenta Jalisco es simbólico de un dilema más amplio y extenso que atraviesa el país entero: decidir si la realidad de la violencia y la impunidad se continúa ignorando, o si prevalecerá la promesa y la esperanza del desarrollo tecnológico y la innovación. La coexistencia de ambas pone en riesgo a la segunda.
Y es que para muchos Jalisco es el ejemplo exacto de lo que ocurre en el 80% del país, en donde el control del crimen organizado está por encima de las autoridades o, en el peor de los casos, no existe diferencia entre unos y otros. Lugares en donde no importa el nivel de inversión o asentamiento de empresas tecnológicas con miras al futuro, porque simplemente son espacios y territorios en los que la migración forzada por el crimen, la extorsión y los homicidios son el común denominador. ¿Hasta qué punto pueden convivir las masacres con el desarrollo?
La normalización del desastre parece una “habilidad” adquirida por el ser humano, profundamente carente de sentido de preservación.
*** Miguel Ángel Romero: Analista y consultor político. Por más de 12 años, creador de estrategias de comunicación para el sector público y privado. Licenciado en comunicación y periodismo por la UNAM y maestro en gobierno por el Instituto Ortega y Gasset. Observador del uso de las nuevas tecnologías y su impacto en la democracia.
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