La iniciativa del gobierno federal que plantea desaparecer órganos autónomos -aprobada el 23 de agosto en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados- representa una oportunidad de solución a problemas, pero constituye también un retroceso y riesgos que no deben pasar desapercibidos.

La absorción o eliminación de organismos como la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) forma parte de un paquete de siete instituciones que podrían desaparecer. Con ello, se eliminan gastos y burocracia, pero se incurrirá en el autocontrol, autocomplacencia y falta de transparencia, porque tratan temas que requieren neutralidad y autonomía.

La CRE y la CNH que podrían ser absorbidas con la Secretaría de Energía (SENER) regulan y supervisan la industria energética y han desempeñado un papel crucial en el desarrollo del sector, así que su eliminación ha generado, como en la mayoría de las iniciativas constitucionales que impulsa el ejecutivo, un acalorado debate

La CRE es responsable de regular los mercados de electricidad, gas natural y otros hidrocarburos, su existencia es clave para asegurar una competencia justa, mientras que CNH supervisa la exploración y producción de petróleo y gas, gestionando licitaciones y contratos para maximizar los beneficios de los recursos energéticos del país.

El gobierno busca integrar a estos órganos dentro de la SENER, argumentando que esta centralización mejorará la coordinación y reducirá costos. Según las autoridades, este cambio permitirá una gestión más eficiente y alineada con las políticas energéticas nacionales.

La coordinación centralizada permitiría la toma de decisiones más rápidas y coherentes con la estrategia energética del gobierno, eliminando la duplicidad de funciones y mejorando la ejecución de políticas, considera.

Petróleos Mexicanos (Pemex), que se auto regulaba hasta que crearon la CNH, podría consolidar su posición en el mercado y competir de manera más efectiva. Y sin la Comisión Federal de Competencia Económica que también está en riesgo de desaparecer, la dominancia en el mercado con tintes de monopolio estaría asegurada para la CFE y Pemex.

A esas consideradas virtudes de la reforma, le contrapone la pérdida de independencia regulatoria ya que las decisiones tendrían un sesgo gubernamental, comprometiendo la imparcialidad; se limitaría la competencia, afectando aún más el desarrollo de energías renovables y reduciendo las opciones para los consumidores.

Como otras medidas, dicha iniciativa desalentaría la inversión privada nacional y extranjera. debido a la incertidumbre sobre la continuidad de las políticas actuales y la transparencia en la gestión de contratos.

Sin embargo, no se debe pasar por alto que la CRE otorgó permisos de manera masiva que derivó en un crecimiento desordenado del sector petrolífero y empresas entraron al mercado con proyectos que no siempre cumplían con los estándares necesarios o que carecían de la infraestructura adecuada.

Este descontrol generó riesgos importantes para la estabilidad del mercado energético y, en algunos casos, para la seguridad y calidad de combustibles. De hecho, el otorgamiento masivo de permisos sin una supervisión rigurosa es uno de los argumentos utilizados por el gobierno para justificar la reforma.

Para asegurar que el sector energético siga funcionando de manera eficiente tras la desaparición de estos órganos autónomos, el gobierno ha propuesto crear comités formados por expertos para mantener cierto grado de independencia técnica y asegurar que las decisiones se basen en criterios objetivos.

Pero del dicho al hecho… Tenemos leyes, normas y reglamentos, en mucho papel. Falta transparencia, legalidad y estado de derecho, pero estas iniciativas poco abonan en esas necesidades para el desarrollo sostenible del sector energético.

@earzate2003

Síguenos en nuestras redes sociales.

www.facebook.com/ArzateNoticias 

www.twitter.com/ArzateNoticias

***Por Miguel Ángel Romero Ramírez

Para que el régimen de la autodenominada Cuarta Transformación avance con su objetivo de cooptar todos los espacios posibles y eliminar a cada uno de los contrapesos que le estorban, es necesario que existan hombres y mujeres que, al tiempo que encabezan instituciones, también traicionen los principios y valores por los cuales fueron designados.

A días de que inicie el mandato de Claudia Sheinbaum como presidenta, lo que estamos presenciando es una serie de fallos y decisiones institucionales que buscan legitimar actos que desafían y contravienen abiertamente un sistema democrático.

La calificación de una elección histórica sin mayor crítica a la influencia del crimen organizado, el aval de una ilegal sobrerrepresentación en el Congreso por parte del partido Morena y sus aliados (PT y Verde), la anulación del triunfo de la oposición en la alcaldía Cuauhtémoc, así como la reforma al Poder Judicial que está por votarse en el Congreso de la Unión, son sólo algunos botones de muestra que ilustran la forma en cómo el propio andamiaje institucional es orillado a autoboicotearse en medio de conveniencias, miedo y ambición.

No es tan complicado ponerle nombre y apellido a servidores públicos que, incrustados en las instituciones, han priorizado sus beneficios personales antes que los valores que juraron defender. Por ejemplo, la calificación de una elección en la que el 81% del territorio nacional está ocupado por el crimen organizado y un proceso en el que las balas terminaron de reconfigurar el poder, destaca la presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, una sonorense que, además de tener una extensa red familiar en el servicio público estatal, es muy cercana a Alfonso Durazo, presidente del Consejo Nacional de Morena y, en sus tiempos libres, gobernador de Sonora.

En ese mismo paquete entran tres de los cinco magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dicho bloque pro 4T lo conforman la presidenta Mónica Soto, así como Felipe de la Mata y Felipe Fuentes, quienes “ratificaron” el acuerdo de subrepresentación ilegal de Morena en el Congreso que impulsaron en el INE los consejeros Norma de la Cruz, Carla Humphrey, Rita Bell López, Dania Ravel, Uuc-kib Espadas, Arturo Castillo y Jorge Montaño.

La operación por parte del régimen –AMLO/Sheinbaum– para distorsionar la función reguladora de las instituciones apunta, según varias fuentes, a Ricardo Monreal, Arturo Zaldívar y Salvador Nava Gomar, quienes a partir de expedientes (en las fiscalías y la Unidad de Inteligencia Financiera) y promesas de nuevos cargos apuestan por la siempre útil y fiel degradación moral y pequeñez de los individuos que, siendo electos para resguardar valores como la independencia e imparcialidad, priorizan sus beneficios inmediatos y se entregan, por temor o conveniencia, a los brazos de sus nuevos amos.

En esos mismos términos avanzan las reformas constitucionales que buscan impulsar el régimen en el Congreso de la Unión. Nadie niega la necesidad de una reforma al Poder Judicial, que tiene problemas de corrupción y nepotismo, tal vez no peores a los que sufre el Poder Ejecutivo con Andrés Manuel López Obrador a la cabeza. Sin embargo, la reforma necesaria nada tiene que ver con el complot entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo para someter al Poder Judicial por la simple y sencilla razón de que cumple su función de contrapeso.

Que la reforma pueda, eventualmente, convertirse en constitucional no significa que termine por ser legítima, porque la naturaleza y función primordial del Poder Judicial de independencia e imparcialidad habrán desaparecido y eso, aquí y en cualquier sociedad democrática del mundo, significa una ruptura del orden constitucional que como principio tiene la división y el control entre los tres Poderes de la Unión.

La temporada de fraudes que serán institucionalizados, algunos, por la vía del Congreso con distintas reformas sienta un precedente histórico de regresión democrática en México. En el papel, muchas reformas se alistan para lucir constitucionales cuando en los hechos sean una flagrante violación a los principios más elementales.

Nunca nadie hubiera imaginado que un gobierno que se asume de izquierda esté promoviendo la militarización de la seguridad pública con una reforma que cambia la naturaleza de la Guardia Nacional.

Tampoco era concebible que, si vivimos supuestamente en una sociedad progresista y democrática, se eliminen los órganos autónomos con la falsa idea del ahorro, cuando los indicios de corrupción han multiplicado los costos de proyectos como la refinería de Dos Bocas y Tren Maya. La intención final es que nadie cuestione al gobierno.

En todos y cada uno de los casos, estamos por ver cómo individuos que son legisladores, magistrados, ministros y titulares de distintas dependencias intentan validar e institucionalizar leyes, sentencias y fallos que en los hechos son un fraude al sistema democrático y al orden constitucional. Habrá que señalarlos por el autoboicot y la subordinación al poder traicionando los principios que juraron defender.

Apuntes

¿A nadie le parece insultante que el presidente interino del Tribunal Electoral de la CDMX (padrino de Caty Monreal) Armando Ambriz haya anulado el triunfo de la oposición en la alcaldía Cuauhtémoc?

De inicio, el compadre de Monreal con investidura de magistrado debió de haberse excusado de participar en dicha resolución por sus vínculos con la poderosa familia zacatecana. Más allá de la relevancia de esa demarcación, el uso de la endeble figura de “familismo” por parte de “servidor público” para echar por la borda la preferencia electoral de los ciudadanos, termina por representar un fraude y una broma de mal gusto… institucionalizada.

*** Miguel Ángel Romero Ramírez: Analista y consultor político. Por más de 12 años, creador de estrategias de comunicación para el sector público y privado. Licenciado en comunicación y periodismo por la UNAM y maestro en gobierno por el Instituto Ortega y Gasset. Observador del uso de las nuevas tecnologías y su impacto en la democracia.

X: @MRomero_z

Síguenos en nuestras redes sociales.

www.facebook.com/ArzateNoticias 

www.twitter.com/ArzateNoticias

Mientras miles de trabajadores del Poder Judicial de la Federación salen a las calles para reclamar el despropósito de una reforma que, además de alterar su circunstancia laboral lastima el orden constitucional al propiciar un desequilibrio entre los Poderes de la Unión, las negociaciones de alto nivel cobran relevancia.

Magistrados del Tribunal Electoral afines al oficialismo mantienen reuniones en las que Ricardo Monreal, próximo coordinador legislativo del oficialismo en la Cámara de Diputados y Arturo Zaldívar, próximo titular del Tribunal de Disciplina Judicial, les aseguran asientos en la eventual conformación de la nueva Suprema Corte.

La calificación del proceso electoral 2024 –sin mayor autocrítica– en la que ganó Claudia Sheinbaum, la permanencia de Alito Moreno al frente del Partido Revolucionario Institucional, PRI, –favorable al oficialismo por su perenne autodestrucción– así como la ratificación de la sobrerrepresentación en el Congreso de la coalición de Morena, el Partido Verde y el Partido del Trabajo en el Congreso, son algunas de las decisiones que podrían ser la moneda de cambio con la que el bloque de magistrados del Tribunal Electoral, afín al oficialismo, tengan posibilidades de transitar a ministros en la eventual nueva conformación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Diversas fuentes consultadas aseguran que la oferta de quien se asume el próximo titular del –todavía inexistente– Tribunal de Disciplina Judicial, Arturo Zaldívar es exclusiva para los magistrados: Mónica Soto (presidenta del Tribunal Electoral), así como Felipe de la Mata Pizaña y Felipe Alfredo Fuentes Barrera, quienes conforman el bloque de tres magistrados que con sus resoluciones logran “mayoritear” a los otros dos integrantes de la Sala Superior: Janine Otálora y Reyes Rodríguez.

Una Sala Superior que, hoy por hoy, funciona con dos integrantes menos (en vez de cinco deberían de ser siete) gracias a que Morena en el Congreso se negó a nombrar en las sillas vacantes a sabiendas de que el proceso electoral del 2024 sería sumamente complejo.

Estas negociaciones, llevadas a cabo en las sombras y lejos del escrutinio público, ponen en evidencia una peligrosa tendencia de concentración del poder y el debilitamiento de las instituciones que deberían servir como contrapeso en un sistema democrático.

La posibilidad de que los magistrados afines al oficialismo sean recompensados con asientos en la nueva Corte, a cambio de decisiones que favorecen a los intereses del partido en el poder, no solo pone en duda la imparcialidad de la justicia electoral sino que además socava la confianza en el sistema judicial en su conjunto. ¿Sirve de algo que miles de trabajadores marchen cuando están lejos de los pactos que se hacen por encima de ellos?

La reforma judicial, está claro, lejos de fortalecer el Estado de Derecho, está orientada a consolidar un control político sobre el Poder Judicial, debilitando así uno de los pilares fundamentales de la democracia.

Síguenos en nuestras redes sociales.

www.facebook.com/ArzateNoticias 

www.twitter.com/ArzateNoticias