Por ***Miguel Ángel Romero Ramírez

En los últimos años, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), ha consolidado un nivel de respaldo popular sin precedentes. En parte, gracias a su política redistributiva del presupuesto público que ha generado lealtades entre los millones de mexicanos que han visto, por primera vez, un beneficio tangible a la decisión de votar por uno u otro partido, y, también, como resultado de una narrativa polarizante fundada en el resentimiento y la venganza.

Desde un punto de vista económico, este fenómeno se puede explicar bajo la visión de Thomas Piketty, quien lo entiende como el resultado de décadas de desigualdad derivado de la concentración de riqueza en manos de las élites. Las clases más desfavorecidas, afectadas por la falta de acceso a servicios básicos y oportunidades económicas, ven en las políticas de AMLO una posibilidad real de cambio. Los programas sociales y el aumento al salario mínimo representan un alivio tangible y una forma de redistribución del poder económico.

La lección aprendida de la administración que culmina es que al ciudadano común le importa poco si vive o no en una democracia o en un sistema autoritario, siempre y cuando pueda resolver su día a día. Bajo esa premisa, la mayoría de la población –esa que por décadas se ha sentido excluida– termina por favorecer a un líder como AMLO para concederle el poder absoluto, aunque eso implique la destrucción de un sistema democrático… del cual nunca se han sentido favorecidos.

Por otro lado, desde el punto de vista narrativo, López Obrador propone una falsa encrucijada: la justicia social sólo es posible a partir de la erosión del andamiaje democrático. Se trata de una estrategia de manual de los líderes populistas, quienes se aprovechan de diagnósticos certeros, como es la desigualdad, para posicionarse y, luego, usando las reglas democráticas, acceder al poder para después dinamitar el puente institucional por el que cruzaron con la finalidad de que nadie más desafíe su permanencia.

La reforma al Poder Judicial se constituye como un ejemplo emblemático de cómo el Poder Ejecutivo, en manos de un líder populista, puede manipular el descontento social para consolidar su control. En lugar de fortalecer la independencia de las instituciones, AMLO ha presentado estas reformas como una lucha necesaria para liberar al pueblo de una élite que, según su discurso, ha perpetuado la corrupción y la desigualdad. Sin embargo, este argumento oculta el hecho de que, al centralizar el poder y debilitar los contrapesos democráticos, se está mermando la capacidad de las instituciones para proteger los derechos individuales y garantizar la justicia imparcial.

Mientras Francis Fukuyama lo explica teóricamente el referirse a dicha estrategia como la política del resentimiento, López Obrador lo lleva a la práctica de una manera magistral cuando presenta a los sectores marginados como los únicos que pueden legítimamente demandar justicia. Sin embargo, en ese proceso, cualquier otra voz que no apoye al líder es identificada, peligrosamente, como traidora al “pueblo”. La violencia y asesinato de periodistas es una expresión de ello. La competencia política con candidatos asesinados, otra.

En el mediano plazo, la consecuencia de dicha dinámica es un debilitamiento profundo de las normas democráticas y una crisis de identidad política. Las instituciones están dejando de ser vistas como guardianes del bien común y se perciben, en cambio, como herramientas de opresión que deben ser derrocadas.

El enfoque de AMLO refuerza un ciclo peligroso de expectativas sociales desmedidas, que Claudia Sheinbaum heredará. Ella ha mandado señales preocupantes cuando parece que insistirá en seguir el camino que le ha marcado su líder.

Cuando sea cada vez más evidente que no es posible corregir todas las injusticias acumuladas durante décadas mediante medidas extraordinarias que solo generan la ilusión de un cambio profundo y división de la sociedad, sólo habrá espacio para más inestabilidad, radicalización e incertidumbre.

***Analista y consultor político. Por más de 12 años, creador de estrategias de comunicación para el sector público y privado. Licenciado en comunicación y periodismo por la UNAM y maestro en gobierno por el Instituto Ortega y Gasset. Observador del uso de las nuevas tecnologías y su impacto en la democracia.

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La iniciativa del gobierno federal que plantea desaparecer órganos autónomos -aprobada el 23 de agosto en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados- representa una oportunidad de solución a problemas, pero constituye también un retroceso y riesgos que no deben pasar desapercibidos.

La absorción o eliminación de organismos como la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) forma parte de un paquete de siete instituciones que podrían desaparecer. Con ello, se eliminan gastos y burocracia, pero se incurrirá en el autocontrol, autocomplacencia y falta de transparencia, porque tratan temas que requieren neutralidad y autonomía.

La CRE y la CNH que podrían ser absorbidas con la Secretaría de Energía (SENER) regulan y supervisan la industria energética y han desempeñado un papel crucial en el desarrollo del sector, así que su eliminación ha generado, como en la mayoría de las iniciativas constitucionales que impulsa el ejecutivo, un acalorado debate

La CRE es responsable de regular los mercados de electricidad, gas natural y otros hidrocarburos, su existencia es clave para asegurar una competencia justa, mientras que CNH supervisa la exploración y producción de petróleo y gas, gestionando licitaciones y contratos para maximizar los beneficios de los recursos energéticos del país.

El gobierno busca integrar a estos órganos dentro de la SENER, argumentando que esta centralización mejorará la coordinación y reducirá costos. Según las autoridades, este cambio permitirá una gestión más eficiente y alineada con las políticas energéticas nacionales.

La coordinación centralizada permitiría la toma de decisiones más rápidas y coherentes con la estrategia energética del gobierno, eliminando la duplicidad de funciones y mejorando la ejecución de políticas, considera.

Petróleos Mexicanos (Pemex), que se auto regulaba hasta que crearon la CNH, podría consolidar su posición en el mercado y competir de manera más efectiva. Y sin la Comisión Federal de Competencia Económica que también está en riesgo de desaparecer, la dominancia en el mercado con tintes de monopolio estaría asegurada para la CFE y Pemex.

A esas consideradas virtudes de la reforma, le contrapone la pérdida de independencia regulatoria ya que las decisiones tendrían un sesgo gubernamental, comprometiendo la imparcialidad; se limitaría la competencia, afectando aún más el desarrollo de energías renovables y reduciendo las opciones para los consumidores.

Como otras medidas, dicha iniciativa desalentaría la inversión privada nacional y extranjera. debido a la incertidumbre sobre la continuidad de las políticas actuales y la transparencia en la gestión de contratos.

Sin embargo, no se debe pasar por alto que la CRE otorgó permisos de manera masiva que derivó en un crecimiento desordenado del sector petrolífero y empresas entraron al mercado con proyectos que no siempre cumplían con los estándares necesarios o que carecían de la infraestructura adecuada.

Este descontrol generó riesgos importantes para la estabilidad del mercado energético y, en algunos casos, para la seguridad y calidad de combustibles. De hecho, el otorgamiento masivo de permisos sin una supervisión rigurosa es uno de los argumentos utilizados por el gobierno para justificar la reforma.

Para asegurar que el sector energético siga funcionando de manera eficiente tras la desaparición de estos órganos autónomos, el gobierno ha propuesto crear comités formados por expertos para mantener cierto grado de independencia técnica y asegurar que las decisiones se basen en criterios objetivos.

Pero del dicho al hecho… Tenemos leyes, normas y reglamentos, en mucho papel. Falta transparencia, legalidad y estado de derecho, pero estas iniciativas poco abonan en esas necesidades para el desarrollo sostenible del sector energético.

@earzate2003

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***Por Miguel Ángel Romero Ramírez

Para que el régimen de la autodenominada Cuarta Transformación avance con su objetivo de cooptar todos los espacios posibles y eliminar a cada uno de los contrapesos que le estorban, es necesario que existan hombres y mujeres que, al tiempo que encabezan instituciones, también traicionen los principios y valores por los cuales fueron designados.

A días de que inicie el mandato de Claudia Sheinbaum como presidenta, lo que estamos presenciando es una serie de fallos y decisiones institucionales que buscan legitimar actos que desafían y contravienen abiertamente un sistema democrático.

La calificación de una elección histórica sin mayor crítica a la influencia del crimen organizado, el aval de una ilegal sobrerrepresentación en el Congreso por parte del partido Morena y sus aliados (PT y Verde), la anulación del triunfo de la oposición en la alcaldía Cuauhtémoc, así como la reforma al Poder Judicial que está por votarse en el Congreso de la Unión, son sólo algunos botones de muestra que ilustran la forma en cómo el propio andamiaje institucional es orillado a autoboicotearse en medio de conveniencias, miedo y ambición.

No es tan complicado ponerle nombre y apellido a servidores públicos que, incrustados en las instituciones, han priorizado sus beneficios personales antes que los valores que juraron defender. Por ejemplo, la calificación de una elección en la que el 81% del territorio nacional está ocupado por el crimen organizado y un proceso en el que las balas terminaron de reconfigurar el poder, destaca la presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, una sonorense que, además de tener una extensa red familiar en el servicio público estatal, es muy cercana a Alfonso Durazo, presidente del Consejo Nacional de Morena y, en sus tiempos libres, gobernador de Sonora.

En ese mismo paquete entran tres de los cinco magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dicho bloque pro 4T lo conforman la presidenta Mónica Soto, así como Felipe de la Mata y Felipe Fuentes, quienes “ratificaron” el acuerdo de subrepresentación ilegal de Morena en el Congreso que impulsaron en el INE los consejeros Norma de la Cruz, Carla Humphrey, Rita Bell López, Dania Ravel, Uuc-kib Espadas, Arturo Castillo y Jorge Montaño.

La operación por parte del régimen –AMLO/Sheinbaum– para distorsionar la función reguladora de las instituciones apunta, según varias fuentes, a Ricardo Monreal, Arturo Zaldívar y Salvador Nava Gomar, quienes a partir de expedientes (en las fiscalías y la Unidad de Inteligencia Financiera) y promesas de nuevos cargos apuestan por la siempre útil y fiel degradación moral y pequeñez de los individuos que, siendo electos para resguardar valores como la independencia e imparcialidad, priorizan sus beneficios inmediatos y se entregan, por temor o conveniencia, a los brazos de sus nuevos amos.

En esos mismos términos avanzan las reformas constitucionales que buscan impulsar el régimen en el Congreso de la Unión. Nadie niega la necesidad de una reforma al Poder Judicial, que tiene problemas de corrupción y nepotismo, tal vez no peores a los que sufre el Poder Ejecutivo con Andrés Manuel López Obrador a la cabeza. Sin embargo, la reforma necesaria nada tiene que ver con el complot entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo para someter al Poder Judicial por la simple y sencilla razón de que cumple su función de contrapeso.

Que la reforma pueda, eventualmente, convertirse en constitucional no significa que termine por ser legítima, porque la naturaleza y función primordial del Poder Judicial de independencia e imparcialidad habrán desaparecido y eso, aquí y en cualquier sociedad democrática del mundo, significa una ruptura del orden constitucional que como principio tiene la división y el control entre los tres Poderes de la Unión.

La temporada de fraudes que serán institucionalizados, algunos, por la vía del Congreso con distintas reformas sienta un precedente histórico de regresión democrática en México. En el papel, muchas reformas se alistan para lucir constitucionales cuando en los hechos sean una flagrante violación a los principios más elementales.

Nunca nadie hubiera imaginado que un gobierno que se asume de izquierda esté promoviendo la militarización de la seguridad pública con una reforma que cambia la naturaleza de la Guardia Nacional.

Tampoco era concebible que, si vivimos supuestamente en una sociedad progresista y democrática, se eliminen los órganos autónomos con la falsa idea del ahorro, cuando los indicios de corrupción han multiplicado los costos de proyectos como la refinería de Dos Bocas y Tren Maya. La intención final es que nadie cuestione al gobierno.

En todos y cada uno de los casos, estamos por ver cómo individuos que son legisladores, magistrados, ministros y titulares de distintas dependencias intentan validar e institucionalizar leyes, sentencias y fallos que en los hechos son un fraude al sistema democrático y al orden constitucional. Habrá que señalarlos por el autoboicot y la subordinación al poder traicionando los principios que juraron defender.

Apuntes

¿A nadie le parece insultante que el presidente interino del Tribunal Electoral de la CDMX (padrino de Caty Monreal) Armando Ambriz haya anulado el triunfo de la oposición en la alcaldía Cuauhtémoc?

De inicio, el compadre de Monreal con investidura de magistrado debió de haberse excusado de participar en dicha resolución por sus vínculos con la poderosa familia zacatecana. Más allá de la relevancia de esa demarcación, el uso de la endeble figura de “familismo” por parte de “servidor público” para echar por la borda la preferencia electoral de los ciudadanos, termina por representar un fraude y una broma de mal gusto… institucionalizada.

*** Miguel Ángel Romero Ramírez: Analista y consultor político. Por más de 12 años, creador de estrategias de comunicación para el sector público y privado. Licenciado en comunicación y periodismo por la UNAM y maestro en gobierno por el Instituto Ortega y Gasset. Observador del uso de las nuevas tecnologías y su impacto en la democracia.

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