Triunfo Jurídico contra el Glifosato

El glifosato, introducido por Monsanto en 1974, es el herbicida más utilizado en el mundo. Desde 1996, su uso ha crecido con la expansión de cultivos genéticamente modificados (GM) como maíz, algodón y soya, que toleran este químico. En México, se aplica en la agricultura industrial en cantidades que varían entre 1.5 y 4.3 kg/ha.

Preocupaciones sobre la seguridad alimentaria y el impacto del glifosato han aumentado debido a estudios que señalan sus posibles efectos adversos en la salud y el medio ambiente. En 2015, la Organización Mundial de la Salud (OMS) clasificó al glifosato como “probable carcinógeno para humanos” (Grupo 2A) tras revisar cerca de mil estudios científicos que evidencian su genotoxicidad y capacidad para inducir estrés oxidativo. Esta clasificación fue respaldada por el Departamento de Salud de Estados Unidos en 2019 y la quinta edición de la Antología toxicológica del glifosato en 2020.

En México, la exposición al glifosato es común tanto en zonas rurales como urbanas. Un caso notable es el de la comunidad El Mentidero en Autlán, Jalisco, donde un análisis de orina de niños mostró que 100% tenía rastros de glifosato. Además, estudios han detectado glifosato en fluidos humanos (leche materna, sangre y orina) de agricultores y sus familias, así como en productos alimenticios y de higiene.

El uso intensivo de glifosato y la expansión de los cultivos GM también plantean riesgos ecológicos, ya que el ácido aminometilfosfónico (AMPA) es persistente en el ambiente y tiene efectos negativos tanto en la salud humana como en la biodiversidad. Además, la actividad quelante del glifosato puede afectar la disponibilidad de nutrientes esenciales en las plantas y los organismos que dependen de ellas.

A pesar de estas preocupaciones, en México se otorgaron numerosas autorizaciones para el uso de organismos genéticamente modificados (OGM). Entre 1995 y 2018, se emitieron 181 autorizaciones, principalmente para cultivos de maíz, algodón y soya. Aunque desde 2013 están suspendidos los permisos para la liberación al ambiente de maíz GM, las autorizaciones para consumo y utilización confinada siguen vigentes, permitiendo la importación y procesamiento de maíz GM para alimentos de consumo humano y animal.

En un comunicado reciente, el Gobierno de México y el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt) celebraron el cierre de uno de los juicios más relevantes en la lucha contra el uso de glifosato y maíz transgénico en el país.

La transnacional Monsanto Company desistió de su demanda contra el decreto presidencial de 2020, que busca eliminar gradualmente el uso de glifosato y el maíz transgénico para consumo humano. Este logro, descrito por Conahcyt como una victoria a favor de la vida, la salud, la naturaleza, la riqueza biocultural y la soberanía alimentaria, desató una avalancha de demandas de amparo presentadas por diversas empresas del sector agropecuario, con más de 30 juicios intentando declarar la inconstitucionalidad del decreto.

Sin embargo, la mayoría de estos juicios concluyeron sin favorecer a las empresas, permitiendo que el decreto se mantuviera en vigor hasta su reemplazo por uno nuevo en 2023, que reafirma las restricciones establecidas previamente.

En respuesta a las acciones legales de las empresas, Conahcyt presentó numerosos recursos legales, acompañados por peritajes de expertos en la materia. Esta defensa jurídica culminó el 25 de abril de 2023, cuando Monsanto desistió del juicio, una decisión ratificada el 24 de junio del mismo año.

Aunque este caso específico se ha cerrado, persisten litigios tanto contra el decreto de 2020 como contra el decreto de 2023, actualmente en vigor. En este juicio, Conahcyt ha presentado cerca de 450 pruebas documentales que respaldan los argumentos científicos y jurídicos a favor de las medidas restrictivas sobre el glifosato y el maíz transgénico. En este contexto, la jueza Elizabeth Trejo Galán negó a Monsanto la suspensión provisional del decreto de 2023.

El comunicado publicado por Conahcyt subraya que Monsanto ha tenido que pagar cientos de miles de millones de dólares en daños punitivos y arreglos en más de 100 mil juicios en Estados Unidos, donde el glifosato ha sido vinculado con el desarrollo de cáncer. Además, destaca que durante el periodo neoliberal, Monsanto tuvo una fuerte influencia en la creación de la Ley de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados (LBOGM), conocida popularmente como la “Ley Monsanto”, lo que permitió a la empresa obtener la mayoría de los permisos para la liberación al ambiente y la comercialización de OGM.

El gobierno mexicano y Conahcyt empujan investigaciones para detectar la presencia de transgenes y glifosato en granos, semillas y harina de maíz. Estas investigaciones buscan para identificar posibles rutas de dispersión y tomar acciones concretas que garanticen el derecho del pueblo mexicano a una alimentación saludable.

Referencias: Conahcyt. Seguridad Alimentaria y el Uso de Glifosato en México: https://conahcyt.mx/wp-content/uploads/documentos/glifosato/Dossier_formato_glifosato.pdf

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Foto: Internet

Las lluvias no terminan, ni terminarán. De hecho, apenas inician en toda la República mexicana. Si bien es cierto que las lluvias se convierten en una bendición para los agricultores, principalmente, para otros sectores de la sociedad representan un problema.

Las personas que tienen sus viviendas en laderas de ríos, barrancas, al pie de montañas son las que más resultan afectadas y en algunas ocasiones llegan hasta perder sus muebles e inmuebles.

En los estados de Tamaulipas, Veracruz, Nuevo León y San Luis Potosí y algunas zonas de la península de Yucatán, hubo afectaciones serias por la llegada de la tormenta tropical Alberto. El gobierno federal dispuso de la Guardia Nacional y del plan Plan GN-A para apoyar a quienes resultaron afectados por las torrenciales lluvias.

En el caso de Nuevo León, el gobierno de Samuel García, emitió una declaratoria de emergencia por los daños que causó la tormenta tropical Alberto en la entidad con el propósito de acceder a los fondos federales y destinarlos a realizar reparaciones en infraestructura de comunidades de 31 municipios.

El fenómeno meteorológico generó lluvias torrenciales e inundaciones que ocasionaron perjuicios en los sectores de vivienda, educación, de salud, hidráulico, urbano y carretero.

Por esa razón, los funcionarios de la administración del buen Sammy es que se tuvieron que poner chingones para atender a la población que lo requirió.

Una de estos funcionarios fue la secretaria de Igualdad e Inclusión Martha Herrera, quien en todo momento mostró gran capacidad de coordinación para articular esfuerzos desde el gobierno y el sector privado y dar respuestas eficientes a la demanda de atención de las personas que resultaron afectadas por la tormenta.

En todo momento, ha permanecido pendiente de las necesidades de la población y de ofrecer ayuda humanitaria, por tierra y aire, a los municipios golpeados por este meteoro.

Nos comentan que desde el inicio de las primeras lluvias que golpearon al estado, el equipo que coordina Herrera ha podido desplegar, pese a las condiciones adversas que se presentan en los municipios del sur y en decenas de colonias de la zona metropolitana de Monterrey, más 45 toneladas de ayuda, entre alimentos, agua, colchas y colchonetas, que han beneficiado a 23 mil personas de más de 17 municipios de esta entidad. 

Debemos reconocer a Martitha el esfuerzo que ha desplegado en coordinación con varias dependencias, como Protección Civil, para hacer posible un puente aéreo que desde Montemorelos ha podido trasladar ayuda a rancherías y comunidades incomunicadas de la zona sur, caracterizadas por sus altas zonas montañosas, así como la mano izquierda que ha mostrado al reunirse con alcaldes de diferente signo partidista, como en el Santiago, para coordinar esfuerzos en beneficio de la gente.

Eso aquí y allá, habla bien de la gestión de Herrera, que está trabajando sin distingo de signos partidistas, a diferencia de otros estados, como Guerrero o, recientemente, Quintana Roo en donde, ante la tragedia, las autoridades brillan por su ausencia y optan por aplicar la política del avestruz, escondiendo la cabeza, creyendo que así se solucionarán los problemas y la gente olvidará que está sumida en la desgracia.

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¿Es suficiente la legitimidad que le otorgan al oficialismo 35.9 millones de votos para destruir al Poder Judicial? Es una de las principales preguntas que se hacen legisladores, académicos, estudiantes y ciertos grupos económicos dentro y fuera del país. La pregunta, sin embargo, tiene implícita una falacia: si en un grupo de 10 personas 6 de ellas deciden que las otras 4 tienen que salir a robar, matar o violar ¿se trata de un hecho correcto solo porque la mayoría lo ordenó? Absolutamente no.

Aunque el ejemplo es simplista, busca ayudar a ilustrar el espejismo con el que, el todavía presidente Andrés Manuel López Obrador y su sucesora Claudia Sheinbaum, buscan embaucar a los millones de mexicanos con una reforma que como único fin tiene la venganza y la concentración del poder.

La venganza: por las resoluciones del Poder Judicial que han dejado al descubierto las ilegalidades en distintos rubros, entre ellos, los megaproyectos. Mientras que la concentración de poder para crear y reformar leyes a modo que los favorezcan no importando si lastiman a los ciudadanos o si violan el andamiaje del derecho internacional.

No es que no haya corrupción en el Poder Judicial y tampoco es que no se le pueda tocar, pues, al igual que el Ejecutivo y el Legislativo, son unidades que deben estar abiertas a ajustes en pro de mejorar su funcionamiento dentro del Estado, más no en su detrimento. Pero, como en otras ocasiones, AMLO se aprovecha de un diagnóstico certero para destruir y reconfigurar la función institucional y asegurar su propia conveniencia. Tal como lo dicta el manual de líderes populistas que pide usar las instituciones para acceder al poder y después destruirlas para perpetuarse en él.

Ejemplos reales que ayudan a sustentar dicho modus operandi hay cientos, entre ellos: un sistema de salud precario que con AMLO terminó empeorando y que de ninguna manera es similar el de Dinamarca; una estrategia de seguridad que provee más muertos que cuando había “guerra contra el narco”; una política migratoria que persigue, encarcela, extorsiona y mata a los migrantes; una política de género que deja a madres sin guarderías; una política de autosuficiencia alimentaria que resultó en un desfalcó –vía Segalmex– tres veces mayor a la Estafa Maestra, una política energética con una CFE inoperante, rebasada y obsoleta con apagones en todo el país, o una estrategia anticorrupción con los hijos del mandatario señalados de darle contratos al mejor amigo de la familia… y que sigue sin investigarse.

Entonces, ¿cómo conciliar al oficialismo que cuenta con apoyo de 35.9 millones de votos con la defensa y custodia de la democracia expresada en un equilibrio de poderes? es un cuestionamiento necesario. De inicio habría que dejar claras las intenciones. AMLO y Sheinbaum son seducidos por la concentración del poder, aunque eso sea una trampa para la protección de su legado el cual se fincará en pilares cada vez más frágiles según vayan dinamitando el estado constitucional que garantiza el equilibrio y control entre los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

Y es que la legitimidad, además de tener en los votos de la ciudadanía un elemento clave, también depende de otros factores que no pueden excluirse; entre ellos, la rendición de cuentas y la transparencia; el respeto a los derechos humanos; el estado de derecho y la justicia. Si alguno de estos factores no está presente la legitimidad simplemente no aparece.

Así lo advierte Norberto Bobbio, quien fuera brillante pensador, político y filósofo italiano. En ese sentido ¿Pueden AMLO y Sheinbaum asumir que tienen legitimidad suficiente para emprender la destrucción del Poder Judicial? Definitivamente no. Por supuesto que podrán intentar construir una percepción de que los sufragios obtenidos son suficientes, pero la historia hará lo propio a partir de los resultados obtenidos.

No es tan complicado comprender por qué usan la narrativa de la mayoría para imponerse. Es la misma que permite que en un grupo de 10 personas, 6 de ellas se ponen de acuerdo para obligar a los otros 4 a cometer actos indeseables. Se equivocan cuando buscan hacer prevalecer la ley de la selva que se rige por la fuerza y la mayoría, porque bajo ese régimen –no toman en cuenta–  es muy fácil pasar de ser cazador a ser presa.

¿Sirve de algo un tren Maya que viola la ley? ¿una guardia nacional militarizada que viola la ley? ¿una refinería de Dos Bocas que viola la ley cuando se rehúsa a transparentar los recursos? ¿un sistema que mantiene la figura de prisión preventiva –violando los derechos humanos– y que sin sentencia los señala como criminales?  ¿la votación popular de jueces cuando el problema es el ministerio público? ¿la reducción de la representación ciudadana en el Congreso? Así, de esta manera, lo que construyan no servirá de mucho. Podrá ser legal cuando modifiquen la constitución, pero no necesariamente legítimo… y eso no cambiará: será cada vez más notorio y poco a poco de interés común.

*** Miguel Ángel Romero Ramírez

Analista y consultor político. Por más de 12 años, creador de estrategias de comunicación para el sector público y privado. Licenciado en comunicación y periodismo por la UNAM y maestro en gobierno por el Instituto Ortega y Gasset. Observador del uso de las nuevas tecnologías y su impacto en la democracia.

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