Monterrey, NL., 10 de abril, 2024.- Debido a que la minería a cielo abierto aporta más del 60% del valor de la producción minera metalúrgica nacional, prohibirla sería catastrófico para la propia industria, para la economía del país y para más de 3 millones de personas que dependen de esta actividad, afirmó la directora general de la Cámara Minera de México, Karen Flores Arredondo.

Al participar en el “Foro Estatal: maíz trasgénico, fracking, minería y agua”, organizado por la Comisión de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria, de la Cámara de Diputados en la sede de la Universidad Autónoma de la Universidad de Nuevo León (UANL), estableció que el tipo de minado de la minería a cielo abierto es un proceso en el cual se incluyen las canteras,  la sal, el litio, y otros minerales que conforman el cemento y los materiales de construcción que también se verían afectados, “y México sufriría un déficit difícil de revertir”, alertó.

Abundó que prohibir la minería a cielo abierto afectaría al menos a 70 industrias, a más de 200 mil empleos directos, a un millón de empleos indirectos, a cerca de 20 mil estudiantes de carreras en Ciencias de la Tierra, a más de 40 mil millones de pesos en impuestos que genera a favor del gobierno y a 14 mil millones de pesos en ingresos.

Planteó que si se impulsa la minería mexicana y se aprovecha para beneficio de todos, “podemos crecer en extracción de 2.4% a 3%, generar más de 500 mil empleos directos, crear inversiones superiores a los 28 mil millones de dólares y, al mismo tiempo, beneficiar a los habitantes de las comunidades mineras”.

En ese punto estableció que, de acuerdo a un estudio de la Universidad Nacional Autónoma de México, 91% de las comunidades mineras tienen el mayor índice de calidad de vida porque cuentan con excelente servicios en salud, educación, infraestructura, entre otros.

En materia de aportación de impuestos a la hacienda pública, Karen Flores precisó que la minería contribuye de manera importante: en los últimos siete años aportó 300 mil millones e pesos en impuestos que al año representaron más de 72 mil millones de pesos.

“La minería, a diferencia de otras industrias, no sólo aporta el Impuesto Sobre la Renta (ISR), sino que paga otros derechos: 7% sobre las utilidades; .5% para los mineros que producen oro y plata. De manera adicional, la minería genera una derrama económica en más de 696 comunidades ubicadas en el país que asciende a más de 249 mil millones de pesos y en donde se generan empleos y negocios alternos a esta industria”, apuntó.

En la mesa de análisis, en donde se consideraron los puntos de vista y opiniones de expertos al Proyecto de Decreto por el que se Reforman Diversas Disposiciones de la Constitución en Materia de Derecho a la Alimentación, Medio Ambiente Sano y Derecho al Agua, emitida por el Ejecutivo el 5 de febrero, y moderada por la diputada Luz Adriana Candelario, también participó el investigador de la Facultad de Ciencias de la Tierra, Luis Alva Niño, quien coincidió en la necesidad de impulsar, alentar y proteger a la minería mexicana con el apoyo de los tres órdenes de gobierno.

Dijo que si la pretensión del gobierno federal es cerrar las zonas mineras, ya sea por declararlas áreas protegidas o prohibidas, lo único que va a ocasionar “es dejarlas como tierra de nadie para que queden en manos de gente que vive el margen de la ley”.

Además, refirió  se están considerando la extracción del litio, recuerden que ese minera se obtiene en minería a cielo abierto, “entones nos estamos disparando al pie”, agregó.

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