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Opinión

Morir con la esperanza del reembolso de la salud

***Miguel Ángel Romero Ramírez

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No sólo una pandemia global terminó por exhibir la ineficacia del sistema de salud pública mexicano, sino también ha habido durante la administración de AMLO acciones, omisiones y negligencias que como principal consecuencia tienen la afectación en la calidad de vida de miles de mexicanos y, en algunos casos, hasta la muerte.

Bajo ese contexto, es relevante la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto a que las personas podrán requerir el reembolso de lo gastado en medicamentos cuando el Estado mexicano no se los otorgue:

“La vulneración al derecho a la salud se actualiza desde el momento en que el medicamento no es suministrado al paciente de forma oportuna. El artículo 4º constitucional establece que el derecho a la protección de la salud comprende como servicio básico la atención médica. Ante enfermedades que implican el suministro de medicamentos de forma periódica, el Estado tiene el deber de garantizar este derecho oportunamente, pues de ello dependen la vida, la integridad y la seguridad de las personas”, se puede leer en su comunicado de prensa del pasado 21 de diciembre.

La determinación del Máximo Tribunal sienta un precedente relevante pues establece consecuencias claras a la inacción y a los pretextos perennes del gobierno. Los datos pueden ilustrar el tamaño de la fallida política pública.

Por un lado, México es uno de los países que menos recursos destina al rubro de salud con 5.5% del PIB, colocándose en el lugar 44 de 48 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. El promedio entre las naciones medidas es 9.2% pero Estados Unidos destina el 16.6%, Alemania el 12.7%, Francia 12.1%, Japón 11.5%, Austria, 11.4%… mientras que el país referente por el actual gobierno, que es Dinamarca, asigna 9.5%.

Además, la sociedad mexicana está dentro de las más vulnerables pues solo 7 de cada 10 tienen cobertura, cuando el promedio de la OCDE es el 98%. A esto hay que sumar que los mexicanos gastan cerca del 40% de sus ingresos en este rubro. Es decir, el llamado “gasto de bolsillo” ha aumentado exponencialmente. Al mexicano definitivamente le saldría más barato y le convendría más tener un sistema de salud “promedio” en términos de la OCDE que recibir becas o ayudas que no alcanzan en medio de la enfermedad.

Nadie recrimina los esfuerzos para combatir la corrupción en materia de salud pero a meses de que cierre la administración de AMLO se ha corroborado que el desmantelamiento de los mecanismos para las adjudicaciones solo trajo consigo desabasto sin tocar el entramado de licitaciones amañadas que terminan por traducirse en el robo multimillonario de recursos. Es más, la evidencia periodística ha exhibido una sofisticada red de tráfico de influencias en donde uno de los hijos del presidente parece estar involucrado, junto a gobernadoras (es) y funcionarios públicos, para beneficiarse de los negocios alrededor de la salud.

Más allá de las narrativas, los números suelen ser clarificantes y también estremecedores. No hay datos claros sobre cuántas personas han sido impactadas de manera negativa en su calidad de vida por el desabasto de medicamentos, sin embargo, los padres de menores con cáncer acusan la muerte de 3 mil niños por la falta de suministro de medicamentos.

Otro botón de muestra que ilustra el fracaso es el exceso de mortalidad por Covid-19, con 862 mil 679 personas, siendo México uno de las naciones más afectadas en todo el mundo.

Ante este panorama, es un avance que la institucionalidad en el país, representada en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, establezca que las personas enfermas puedan pedir el reembolso por los medicamentos que el Estado mexicano no le brindó, sin embargo, habría que decir que no todos pueden hacerlo de forma inmediata, o no todos cuentan con una red de apoyo que les permita financiar su supervivencia.

Muchas personas no tienen mayor escapatoria que seguir enfermando. Otros más mueren interponiendo recursos jurídicos.

***Miguel Ángel Romero Ramírez

Analista y consultor político. Por más de 12 años, creador de estrategias de comunicación para el sector público y privado. Licenciado en comunicación y periodismo por la UNAM y maestro en gobierno por el Instituto Ortega y Gasset. Observador del uso de las nuevas tecnologías y su impacto en la democracia.

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Opinión

Nuevo León y la estrategia para atender a damnificados

Puro cuento

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Las lluvias no terminan, ni terminarán. De hecho, apenas inician en toda la República mexicana. Si bien es cierto que las lluvias se convierten en una bendición para los agricultores, principalmente, para otros sectores de la sociedad representan un problema.

Las personas que tienen sus viviendas en laderas de ríos, barrancas, al pie de montañas son las que más resultan afectadas y en algunas ocasiones llegan hasta perder sus muebles e inmuebles.

En los estados de Tamaulipas, Veracruz, Nuevo León y San Luis Potosí y algunas zonas de la península de Yucatán, hubo afectaciones serias por la llegada de la tormenta tropical Alberto. El gobierno federal dispuso de la Guardia Nacional y del plan Plan GN-A para apoyar a quienes resultaron afectados por las torrenciales lluvias.

En el caso de Nuevo León, el gobierno de Samuel García, emitió una declaratoria de emergencia por los daños que causó la tormenta tropical Alberto en la entidad con el propósito de acceder a los fondos federales y destinarlos a realizar reparaciones en infraestructura de comunidades de 31 municipios.

El fenómeno meteorológico generó lluvias torrenciales e inundaciones que ocasionaron perjuicios en los sectores de vivienda, educación, de salud, hidráulico, urbano y carretero.

Por esa razón, los funcionarios de la administración del buen Sammy es que se tuvieron que poner chingones para atender a la población que lo requirió.

Una de estos funcionarios fue la secretaria de Igualdad e Inclusión Martha Herrera, quien en todo momento mostró gran capacidad de coordinación para articular esfuerzos desde el gobierno y el sector privado y dar respuestas eficientes a la demanda de atención de las personas que resultaron afectadas por la tormenta.

En todo momento, ha permanecido pendiente de las necesidades de la población y de ofrecer ayuda humanitaria, por tierra y aire, a los municipios golpeados por este meteoro.

Nos comentan que desde el inicio de las primeras lluvias que golpearon al estado, el equipo que coordina Herrera ha podido desplegar, pese a las condiciones adversas que se presentan en los municipios del sur y en decenas de colonias de la zona metropolitana de Monterrey, más 45 toneladas de ayuda, entre alimentos, agua, colchas y colchonetas, que han beneficiado a 23 mil personas de más de 17 municipios de esta entidad. 

Debemos reconocer a Martitha el esfuerzo que ha desplegado en coordinación con varias dependencias, como Protección Civil, para hacer posible un puente aéreo que desde Montemorelos ha podido trasladar ayuda a rancherías y comunidades incomunicadas de la zona sur, caracterizadas por sus altas zonas montañosas, así como la mano izquierda que ha mostrado al reunirse con alcaldes de diferente signo partidista, como en el Santiago, para coordinar esfuerzos en beneficio de la gente.

Eso aquí y allá, habla bien de la gestión de Herrera, que está trabajando sin distingo de signos partidistas, a diferencia de otros estados, como Guerrero o, recientemente, Quintana Roo en donde, ante la tragedia, las autoridades brillan por su ausencia y optan por aplicar la política del avestruz, escondiendo la cabeza, creyendo que así se solucionarán los problemas y la gente olvidará que está sumida en la desgracia.

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 La seductora trampa del poder absoluto

*** Miguel Ángel Romero Ramírez

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¿Es suficiente la legitimidad que le otorgan al oficialismo 35.9 millones de votos para destruir al Poder Judicial? Es una de las principales preguntas que se hacen legisladores, académicos, estudiantes y ciertos grupos económicos dentro y fuera del país. La pregunta, sin embargo, tiene implícita una falacia: si en un grupo de 10 personas 6 de ellas deciden que las otras 4 tienen que salir a robar, matar o violar ¿se trata de un hecho correcto solo porque la mayoría lo ordenó? Absolutamente no.

Aunque el ejemplo es simplista, busca ayudar a ilustrar el espejismo con el que, el todavía presidente Andrés Manuel López Obrador y su sucesora Claudia Sheinbaum, buscan embaucar a los millones de mexicanos con una reforma que como único fin tiene la venganza y la concentración del poder.

La venganza: por las resoluciones del Poder Judicial que han dejado al descubierto las ilegalidades en distintos rubros, entre ellos, los megaproyectos. Mientras que la concentración de poder para crear y reformar leyes a modo que los favorezcan no importando si lastiman a los ciudadanos o si violan el andamiaje del derecho internacional.

No es que no haya corrupción en el Poder Judicial y tampoco es que no se le pueda tocar, pues, al igual que el Ejecutivo y el Legislativo, son unidades que deben estar abiertas a ajustes en pro de mejorar su funcionamiento dentro del Estado, más no en su detrimento. Pero, como en otras ocasiones, AMLO se aprovecha de un diagnóstico certero para destruir y reconfigurar la función institucional y asegurar su propia conveniencia. Tal como lo dicta el manual de líderes populistas que pide usar las instituciones para acceder al poder y después destruirlas para perpetuarse en él.

Ejemplos reales que ayudan a sustentar dicho modus operandi hay cientos, entre ellos: un sistema de salud precario que con AMLO terminó empeorando y que de ninguna manera es similar el de Dinamarca; una estrategia de seguridad que provee más muertos que cuando había “guerra contra el narco”; una política migratoria que persigue, encarcela, extorsiona y mata a los migrantes; una política de género que deja a madres sin guarderías; una política de autosuficiencia alimentaria que resultó en un desfalcó –vía Segalmex– tres veces mayor a la Estafa Maestra, una política energética con una CFE inoperante, rebasada y obsoleta con apagones en todo el país, o una estrategia anticorrupción con los hijos del mandatario señalados de darle contratos al mejor amigo de la familia… y que sigue sin investigarse.

Entonces, ¿cómo conciliar al oficialismo que cuenta con apoyo de 35.9 millones de votos con la defensa y custodia de la democracia expresada en un equilibrio de poderes? es un cuestionamiento necesario. De inicio habría que dejar claras las intenciones. AMLO y Sheinbaum son seducidos por la concentración del poder, aunque eso sea una trampa para la protección de su legado el cual se fincará en pilares cada vez más frágiles según vayan dinamitando el estado constitucional que garantiza el equilibrio y control entre los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

Y es que la legitimidad, además de tener en los votos de la ciudadanía un elemento clave, también depende de otros factores que no pueden excluirse; entre ellos, la rendición de cuentas y la transparencia; el respeto a los derechos humanos; el estado de derecho y la justicia. Si alguno de estos factores no está presente la legitimidad simplemente no aparece.

Así lo advierte Norberto Bobbio, quien fuera brillante pensador, político y filósofo italiano. En ese sentido ¿Pueden AMLO y Sheinbaum asumir que tienen legitimidad suficiente para emprender la destrucción del Poder Judicial? Definitivamente no. Por supuesto que podrán intentar construir una percepción de que los sufragios obtenidos son suficientes, pero la historia hará lo propio a partir de los resultados obtenidos.

No es tan complicado comprender por qué usan la narrativa de la mayoría para imponerse. Es la misma que permite que en un grupo de 10 personas, 6 de ellas se ponen de acuerdo para obligar a los otros 4 a cometer actos indeseables. Se equivocan cuando buscan hacer prevalecer la ley de la selva que se rige por la fuerza y la mayoría, porque bajo ese régimen –no toman en cuenta–  es muy fácil pasar de ser cazador a ser presa.

¿Sirve de algo un tren Maya que viola la ley? ¿una guardia nacional militarizada que viola la ley? ¿una refinería de Dos Bocas que viola la ley cuando se rehúsa a transparentar los recursos? ¿un sistema que mantiene la figura de prisión preventiva –violando los derechos humanos– y que sin sentencia los señala como criminales?  ¿la votación popular de jueces cuando el problema es el ministerio público? ¿la reducción de la representación ciudadana en el Congreso? Así, de esta manera, lo que construyan no servirá de mucho. Podrá ser legal cuando modifiquen la constitución, pero no necesariamente legítimo… y eso no cambiará: será cada vez más notorio y poco a poco de interés común.

*** Miguel Ángel Romero Ramírez

Analista y consultor político. Por más de 12 años, creador de estrategias de comunicación para el sector público y privado. Licenciado en comunicación y periodismo por la UNAM y maestro en gobierno por el Instituto Ortega y Gasset. Observador del uso de las nuevas tecnologías y su impacto en la democracia.

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China, potencia científica y tecnológica

Por: J. Alejandro Gamboa Castillo

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Recién leí un texto muy interesante sobre China de Adalberto Noyola Robles, investigador de la UNAM en Ingeniería Ambiental, a propósito de cómo el país asiático es uno de los objetivos estratégicos de una campaña mediática permanente en occidente, principalmente por Estados Unidos, por obvias razones.

Me permito hacer un resumen de lo más básico de dicho artículo y a continuación, anoto algunas observaciones que abundan a la discusión del papel de china desde el punto de vista geoestratégico. Al final, puedes leer el texto competo del autor en el enlace.

China ha experimentado una notable transformación en las últimas décadas, pasando de ser un país agrícola para convertirse en una potencia tecnológica y científica global. Este avance ha sido impulsado por diversas estrategias y políticas, así como por la superación de desafíos y controversias en el camino.

Para nuestro autor, el punto de inflexión comenzó con las reformas económicas de Deng Xiaoping en 1978, conocidas como la política de “Reforma y Apertura”. Estas reformas buscaban integrar a China en el mercado internacional. Posteriormente, la adopción de una nueva constitución en 1982, la adhesión a los acuerdos de Bretton-Woods en 1987 y la entrada en la Organización Mundial del Comercio (OMC) en 2001, fueron pasos cruciales para cimentar el crecimiento económico y tecnológico de China.

Uno de los pilares del ascenso de China ha sido la inversión masiva en investigación y desarrollo (I+D). Desde el año 2000, China ha mostrado un crecimiento sostenido en este rubro, superando a Japón en 2013 y situándose como el segundo país con mayor inversión en I+D, solo por detrás de Estados Unidos. En 2020, China destinó el 2.40% de su PIB a I+D, reflejando un fuerte compromiso con el avance científico y tecnológico. De 2000 a 2021, los investigadores en China publicaron más de 3.8 millones de artículos científicos, comparado con los modestos 1,281 artículos publicados entre 1900 y 1978.

Desde la política de Reforma y Apertura de 1978, China ha alcanzado varios hitos importantes en ciencia y tecnología:

Transferencia de tecnología: La entrada de empresas extranjeras bajo condiciones de transferencia tecnológica ha sido clave para el avance de China.

Programa 863: Lanzado en 1986, este programa ha sido crucial para el desarrollo tecnológico de China en áreas como la tecnología de la información, la biotecnología y la aeronáutica.

Programa “Hecho en China 2025”: Iniciado en 2015, este programa busca transformar la economía china mediante la innovación en diez sectores clave.

Compañías de tecnología: Empresas como Huawei, Tencent y Alibaba han invertido fuertemente en I+D.

Trenes de alta velocidad: Desde 2007, China ha construido la red más grande del mundo.

Industria aeroespacial: China se ha convertido en el tercer país en enviar un astronauta al espacio y ha llevado a cabo misiones espaciales exitosas.

Inteligencia Artificial y Red 5G: China ha realizado importantes avances en inteligencia artificial y ha expresado su intención de liderar la tecnología 5G.

A pesar de los impresionantes logros, la política de ciencia y tecnología de China ha enfrentado críticas, especialmente en lo que respecta a la transferencia de tecnología y la protección industrial. Empresas extranjeras han denunciado prácticas de “piratería” y copia sin permiso de productos y marcas registradas. Sin embargo, el gobierno chino ha tomado medidas para mejorar la protección de la propiedad industrial, aplicando de manera más estricta la Ley de Patentes y la Ley de Propiedad Industrial.

En 2022, China registró más de 1.5 millones de solicitudes de patentes, con 90% de ellas presentadas por inventores chinos. China también ha desplazado a Estados Unidos como el mayor usuario del sistema del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) de la Organización Mundial de la Propiedad Industrial (OMPI). Huawei fue la empresa que más solicitudes de patente presentó a nivel mundial en 2021.

El desarrollo de China como potencia científica y tecnológica es el resultado de décadas de planificación estratégica, inversión en I+D y una colaboración efectiva entre el gobierno, la academia y la industria. Aunque enfrenta desafíos y críticas, los logros de China en ciencia y tecnología son innegables. El país continúa invirtiendo en nuevas tecnologías y áreas clave para mantener su liderazgo en el mercado global y reducir su dependencia de tecnologías extranjeras.

Limitaciones y áreas de debate sobre el crecimiento tecnológico de China

1. Falta de perspectiva crítica

Aunque se mencionan críticas sobre la transferencia de tecnología y la protección industrial, el análisis no profundiza en estas preocupaciones.

Un análisis más crítico sobre la “piratería” y la copia sin permiso, y su impacto en las relaciones internacionales y la percepción global de China, sería valioso.

2. Evaluación de sostenibilidad

El texto destaca los logros pasados y presentes de China, pero no evalúa la sostenibilidad a largo plazo de su crecimiento tecnológico.

Es necesario analizar si China puede mantener su ritmo de innovación frente a desafíos demográficos, económicos y geopolíticos.

3. Impacto social y ambiental

La protección ambiental y el cambio climático se mencionan, pero falta un análisis de cómo los avances tecnológicos afectan el medio ambiente y la sociedad.

Es relevante discutir los efectos de la rápida industrialización y urbanización en la calidad del aire, el uso de recursos y la salud pública.

4. Perspectiva comparativa

El texto compara a China con otros países en términos de I+D, pero no profundiza en cómo sus políticas difieren de otros líderes tecnológicos.

Analizar las diferencias con países como Corea del Sur, Alemania y Japón proporcionaría una visión más matizada.

5. Innovación local vs. global

Se destacan las innovaciones de empresas chinas, pero no se discute suficientemente cómo estas innovaciones son adoptadas en mercados globales.

Abordar la resistencia en mercados extranjeros, especialmente en el caso de Huawei, debido a preocupaciones de seguridad y geopolítica: estratégico.

El análisis del autor es informativo y detallado, ofreciendo una visión clara de los factores que han impulsado su desarrollo. Sin embargo, sería beneficioso incluir una perspectiva crítica más profunda. Evaluar la sostenibilidad a largo plazo del modelo de crecimiento tecnológico chino y discutir los impactos sociales y ambientales de su rápido desarrollo proporcionaría una visión más equilibrada y matizada del fenómeno.

Basado en el texto de: Adalberto Noyola Roble: https://www.iingen.unam.mx/es-mx/AlmacenDigital/Gaceta/Gacetamayojunio2023/Paginas/Surgimiento_de_China_como_potencia_cientifica_y_tecnologica.aspx

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