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Opinión

Alan Turing y los afectados por Otis en México

****Miguel Ángel Romero Ramírez

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Mientras el presidente Andrés Manuel López Obrador transfiere la culpa a Protección Civil por emitir una errónea declaratoria de emergencia para 47 municipios de Guerrero tras el paso del huracán Otis, en Reino Unido, se reunieron los líderes de 29 países –incluidos Brasil y Chile de Latinoamérica– así como los dueños de las poderosas big tech, para analizar los potenciales beneficios y amenazas de la inteligencia artificial.

La reunión se llevó a cabo en Bletchley Park, al norte de Londres, histórico sitio considerado como uno de los lugares de nacimiento de la informática y lugar desde el cual el brillante matemático Alan Turing logró descifrar códigos secretos nazis, especialmente el famoso “Código Enigma”, salvando millones de vidas y contribuyendo a finalizar la Segunda Guerra Mundial tras el derrocamiento de Hitler.

El mensaje es poderoso en la declaración de Bletchley: la humanidad busca descifrar qué hacer, ahora, con la inteligencia artificial ante el potencial destructor que representa. El debate lo protagonizaron Elon Musk, la Presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, la vicepresidenta de EU, Kamala Harris, así como el viceministro de tecnología de China, Wu Zhaohui, el primer ministro del Reino Unido, Rishi Sunak y el rey Carlos III.

La ausencia de México en el debate es sintomática: si no puede reunir información confiable que permita establecer parámetros para atender los estragos de un desastre natural –como el huracán Otis– mucho menos tendrá espacio para incorporarse a una discusión en donde es precisamente el uso y administración de los datos la piedra angular.

Me explico. Los algoritmos, que permiten la realización de tareas automatizadas, tienen como principal insumo los datos. ¿Será posible imaginar sistemas computacionales procesando “otros datos”? Si bien la premisa es ridícula es semejante a lo que ocurre con la toma de decisiones en el gobierno actual, por ejemplo, la corrección de declaratoria de emergencia que dejará a la población de 45 municipios sin recursos federales. Solo la población de Acapulco y Coyuya de Benítez serán atendidos.

Y es que una de las aristas que preocupan a la clase política global en lo que se refiere al uso de la inteligencia artificial es justo la pérdida de control sobre determinadas decisiones de política pública. Para sociedades avanzadas está dejando de ser novedoso que el algoritmo decida, a partir de datos sólidos, quién sí y quién no, necesita un servicio de salud gratuito, una beca estudiantil, una subvención para vivienda.

¿Podría aplicarse para prevenir desastres naturales y para la atención de los mismos? La respuesta contundente para ambos escenarios es sí.

Es decir, en muchas latitudes las decisiones electoreras disfrazadas de política pública no tienen cabida. La arena política empieza a perder atractivo como un espacio para enriquecerse de manera rápida y fácil pues las personas involucradas terminan por ser solo administradores y supervisores de sistemas de toma de decisiones. ¿A quién le debe agradecer el “pueblo bueno” los servicios o recursos que reciben? En algunas naciones con democracias más sólidas ya no más a la figura patriarcal que cuida de su gobernados como si fueran animalitos desvalidos… sino a un algoritmo que lo elige en función de miles de factores.

No solo se trata de sociedades de Europa del Norte, en donde Estonia es la vanguardia, sino en nuestra región, Chile, por ejemplo, encabeza el Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial, seguido de Brasil y Uruguay, con nuestro país en el quinto lugar por debajo de Argentina.

En un país en donde reinan los “otros datos” puede ser muy normal que 45 municipios desaparezcan de una declaratoria de emergencia sin mayor explicación, también parece natural la ausencia en la cumbre de seguridad de la IA en Bletchley Park. Para muchos políticos, definitivamente, no existe el incentivo de usar una herramienta que les reste control y poder.

Sin embargo, cada vez más, la humanidad se responde así misma de manera afirmativa la pregunta que hizo Alan Turing respecto a si las máquinas pueden pensar. El universo de posibilidades, tanto buenas como malas, es infinito y uno de los principales consensos es que nadie podrá escapar de la inteligencia artificial aún cuando no sea partícipe del debate para administrarla. El camino hacia el nuevo paradigma causa zozobra entre los líderes globales y México comete un error estratégico al no ser parte de la discusión.

****Miguel Ángel Romero Ramírez

Analista y consultor político. Por más de 10 años, creador de estrategias de comunicación para el sector público y privado. Licenciado en comunicación y periodismo por la UNAM con estudios de posgrado en gobierno. Observador del uso de las nuevas tecnologías y su impacto en la democracia. X: @MRomero_z

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Opinión

Dos Bocas, barril sin fondo en uso de recursos públicos

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Después de dos años de haber sido inaugurada, la refinería Dos Bocas (oficialmente, Refinería Olmeca) empezó a producir gasolina y diésel. Sin más información que el presunto procesamiento de 73 mil barriles diarios de diésel y 40 mil barriles de gasolina, es un alivio que la refinería sí refine porque ha tenido tantos problemas para entrar en operación que hasta su capacidad de producir combustibles se había puesto en duda.

La planta ubicada en Tabasco fue diseñada para producir 170,000 barriles diarios de gasolina y 120,000 barriles de diésel; fue inaugurada en julio de 2022 sin producir un solo barril de combustibles, pero sí ha sido un barril sin fondo en el uso de recursos públicos.

Hasta el momento, la producción no alcanza ni siquiera la mitad de la capacidad prevista, pero debemos confiar en que los problemas técnicos y operativos que ha presentado la magna obra sean solventados en algún momento.

Esa obra insignia del presidente Andrés Manuel López Obrador costaría -en un inicio- 8 mil millones de dólares y terminará con una inversión de 16 mil millones de dólares, es decir lo doble de lo previsto Desde su planeación, la séptima refinería de México ha generado controversias porque hay quienes piensan que se trata de un gasto innecesario porque lo inn son los autos eléctricos, pero al menos hasta el 2050 persistirá la demanda de petrolíferos.

El proyecto buscaba reducir la dependencia energética y alcanzar la autosuficiencia en la producción de combustibles del país; sin embargo, el deterioro del resto de las refinerías y el aplazamiento de esta nueva han ocasionado que las compras de gasolinas y diésel representen casi el 60% y más del 50%, respectivamente.

En mayo de 2019, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que sería Petróleos Mexicanos la responsable de la construcción de la refinería, bajo la administración de la Secretaría de Energía al mando de Rocío Nahle. Su construcción llevaría tres años.

Con dos años de retraso, es de esperarse que la Refinería Olmeca ahora sí opere a toda su capacidad para demostrar que es un proyecto rentable, porque se han invertido recursos públicos derivados de impuestos.

Los petrolíferos que produzca contribuirían a reducir las compras en el extranjero para abastecer el mercado nacional y, al reducir las compras en el extranjero se generan ahorros significativos para el presupuesto público, mejorando y fortaleciendo la economía nacional.

Además, la operación de la refinería impulsa el desarrollo económico de la región sureste del país, generando empleos directos e indirectos y atrayendo inversiones en infraestructura y servicios.

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El Rincón del Giróvago

***Alejandro Gamboa C.

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Triunfo Jurídico contra el Glifosato

El glifosato, introducido por Monsanto en 1974, es el herbicida más utilizado en el mundo. Desde 1996, su uso ha crecido con la expansión de cultivos genéticamente modificados (GM) como maíz, algodón y soya, que toleran este químico. En México, se aplica en la agricultura industrial en cantidades que varían entre 1.5 y 4.3 kg/ha.

Preocupaciones sobre la seguridad alimentaria y el impacto del glifosato han aumentado debido a estudios que señalan sus posibles efectos adversos en la salud y el medio ambiente. En 2015, la Organización Mundial de la Salud (OMS) clasificó al glifosato como “probable carcinógeno para humanos” (Grupo 2A) tras revisar cerca de mil estudios científicos que evidencian su genotoxicidad y capacidad para inducir estrés oxidativo. Esta clasificación fue respaldada por el Departamento de Salud de Estados Unidos en 2019 y la quinta edición de la Antología toxicológica del glifosato en 2020.

En México, la exposición al glifosato es común tanto en zonas rurales como urbanas. Un caso notable es el de la comunidad El Mentidero en Autlán, Jalisco, donde un análisis de orina de niños mostró que 100% tenía rastros de glifosato. Además, estudios han detectado glifosato en fluidos humanos (leche materna, sangre y orina) de agricultores y sus familias, así como en productos alimenticios y de higiene.

El uso intensivo de glifosato y la expansión de los cultivos GM también plantean riesgos ecológicos, ya que el ácido aminometilfosfónico (AMPA) es persistente en el ambiente y tiene efectos negativos tanto en la salud humana como en la biodiversidad. Además, la actividad quelante del glifosato puede afectar la disponibilidad de nutrientes esenciales en las plantas y los organismos que dependen de ellas.

A pesar de estas preocupaciones, en México se otorgaron numerosas autorizaciones para el uso de organismos genéticamente modificados (OGM). Entre 1995 y 2018, se emitieron 181 autorizaciones, principalmente para cultivos de maíz, algodón y soya. Aunque desde 2013 están suspendidos los permisos para la liberación al ambiente de maíz GM, las autorizaciones para consumo y utilización confinada siguen vigentes, permitiendo la importación y procesamiento de maíz GM para alimentos de consumo humano y animal.

En un comunicado reciente, el Gobierno de México y el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt) celebraron el cierre de uno de los juicios más relevantes en la lucha contra el uso de glifosato y maíz transgénico en el país.

La transnacional Monsanto Company desistió de su demanda contra el decreto presidencial de 2020, que busca eliminar gradualmente el uso de glifosato y el maíz transgénico para consumo humano. Este logro, descrito por Conahcyt como una victoria a favor de la vida, la salud, la naturaleza, la riqueza biocultural y la soberanía alimentaria, desató una avalancha de demandas de amparo presentadas por diversas empresas del sector agropecuario, con más de 30 juicios intentando declarar la inconstitucionalidad del decreto.

Sin embargo, la mayoría de estos juicios concluyeron sin favorecer a las empresas, permitiendo que el decreto se mantuviera en vigor hasta su reemplazo por uno nuevo en 2023, que reafirma las restricciones establecidas previamente.

En respuesta a las acciones legales de las empresas, Conahcyt presentó numerosos recursos legales, acompañados por peritajes de expertos en la materia. Esta defensa jurídica culminó el 25 de abril de 2023, cuando Monsanto desistió del juicio, una decisión ratificada el 24 de junio del mismo año.

Aunque este caso específico se ha cerrado, persisten litigios tanto contra el decreto de 2020 como contra el decreto de 2023, actualmente en vigor. En este juicio, Conahcyt ha presentado cerca de 450 pruebas documentales que respaldan los argumentos científicos y jurídicos a favor de las medidas restrictivas sobre el glifosato y el maíz transgénico. En este contexto, la jueza Elizabeth Trejo Galán negó a Monsanto la suspensión provisional del decreto de 2023.

El comunicado publicado por Conahcyt subraya que Monsanto ha tenido que pagar cientos de miles de millones de dólares en daños punitivos y arreglos en más de 100 mil juicios en Estados Unidos, donde el glifosato ha sido vinculado con el desarrollo de cáncer. Además, destaca que durante el periodo neoliberal, Monsanto tuvo una fuerte influencia en la creación de la Ley de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados (LBOGM), conocida popularmente como la “Ley Monsanto”, lo que permitió a la empresa obtener la mayoría de los permisos para la liberación al ambiente y la comercialización de OGM.

El gobierno mexicano y Conahcyt empujan investigaciones para detectar la presencia de transgenes y glifosato en granos, semillas y harina de maíz. Estas investigaciones buscan para identificar posibles rutas de dispersión y tomar acciones concretas que garanticen el derecho del pueblo mexicano a una alimentación saludable.

Referencias: Conahcyt. Seguridad Alimentaria y el Uso de Glifosato en México: https://conahcyt.mx/wp-content/uploads/documentos/glifosato/Dossier_formato_glifosato.pdf

***Alejandro Gamboa C.
Licenciado en periodismo con estudios en Ciencia Política y Administración Pública (UNAM) Enfocado a las comunicaciones corporativas.
Colaboró como co editor Diario Reforma. En temas de ciencia y comunicación en Milenio y otros medios digitales. Cuenta con 15 años dedicado a las Relaciones Públicas. Ha colaborado en la fundación de la Agencia Umbrella RP. Ha realizado trabajos como corrector de estilo, creador de contenidos y algunas colaboraciones como profesor en escuelas locales.

https://www.linkedin.com/in/relacionesp%C3%BAblicasumbrella/

Foto: Internet

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Nuevo León y la estrategia para atender a damnificados

Puro cuento

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Las lluvias no terminan, ni terminarán. De hecho, apenas inician en toda la República mexicana. Si bien es cierto que las lluvias se convierten en una bendición para los agricultores, principalmente, para otros sectores de la sociedad representan un problema.

Las personas que tienen sus viviendas en laderas de ríos, barrancas, al pie de montañas son las que más resultan afectadas y en algunas ocasiones llegan hasta perder sus muebles e inmuebles.

En los estados de Tamaulipas, Veracruz, Nuevo León y San Luis Potosí y algunas zonas de la península de Yucatán, hubo afectaciones serias por la llegada de la tormenta tropical Alberto. El gobierno federal dispuso de la Guardia Nacional y del plan Plan GN-A para apoyar a quienes resultaron afectados por las torrenciales lluvias.

En el caso de Nuevo León, el gobierno de Samuel García, emitió una declaratoria de emergencia por los daños que causó la tormenta tropical Alberto en la entidad con el propósito de acceder a los fondos federales y destinarlos a realizar reparaciones en infraestructura de comunidades de 31 municipios.

El fenómeno meteorológico generó lluvias torrenciales e inundaciones que ocasionaron perjuicios en los sectores de vivienda, educación, de salud, hidráulico, urbano y carretero.

Por esa razón, los funcionarios de la administración del buen Sammy es que se tuvieron que poner chingones para atender a la población que lo requirió.

Una de estos funcionarios fue la secretaria de Igualdad e Inclusión Martha Herrera, quien en todo momento mostró gran capacidad de coordinación para articular esfuerzos desde el gobierno y el sector privado y dar respuestas eficientes a la demanda de atención de las personas que resultaron afectadas por la tormenta.

En todo momento, ha permanecido pendiente de las necesidades de la población y de ofrecer ayuda humanitaria, por tierra y aire, a los municipios golpeados por este meteoro.

Nos comentan que desde el inicio de las primeras lluvias que golpearon al estado, el equipo que coordina Herrera ha podido desplegar, pese a las condiciones adversas que se presentan en los municipios del sur y en decenas de colonias de la zona metropolitana de Monterrey, más 45 toneladas de ayuda, entre alimentos, agua, colchas y colchonetas, que han beneficiado a 23 mil personas de más de 17 municipios de esta entidad. 

Debemos reconocer a Martitha el esfuerzo que ha desplegado en coordinación con varias dependencias, como Protección Civil, para hacer posible un puente aéreo que desde Montemorelos ha podido trasladar ayuda a rancherías y comunidades incomunicadas de la zona sur, caracterizadas por sus altas zonas montañosas, así como la mano izquierda que ha mostrado al reunirse con alcaldes de diferente signo partidista, como en el Santiago, para coordinar esfuerzos en beneficio de la gente.

Eso aquí y allá, habla bien de la gestión de Herrera, que está trabajando sin distingo de signos partidistas, a diferencia de otros estados, como Guerrero o, recientemente, Quintana Roo en donde, ante la tragedia, las autoridades brillan por su ausencia y optan por aplicar la política del avestruz, escondiendo la cabeza, creyendo que así se solucionarán los problemas y la gente olvidará que está sumida en la desgracia.

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