Ciudad de México, 13 de diciembre, 2022.- El Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones (IDET) manifestó preocupación por la decisión que adoptó el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) el 9 de diciembre, al desechar un procedimiento de sanción en contra de Telmex.
La sanción se debe al incumplimiento de una obligación que el IFT impuso en su momento en su calidad de Agente Económico Preponderante en Telecomunicaciones (AEP-T), por la que al 30 de septiembre de 2017 debía haber puesto a disposición de esa autoridad, y de concesionarios solicitantes, 60% de la información relativa a su infraestructura de postes y pozos, misma que debía reportar en el Sistema Electrónico de Gestión (SEG, tratándose de una obligación que está prevista en la Resolución Bienal aprobada en 2017.
Lo anterior, señaló el IDET, se trata de una conducta exactamente igual que la llevada a cabo por Telnor, concesionaria filial de ese grupo de interés económico, que derivó en la imposición de una sanción por mil 312 millones de pesos, en enero de 2020. Pero en el caso de Telmex se estima que la misma habría superado fácilmente un monto de 20 mil millones de pesos.
El IDET indicó que, de confirmarse el sentido de la decisión expresamente inconsistente con la correspondiente a un incumplimiento idéntico por otra empresa del mismo grupo, se estará frente a un escenario infundado y adverso para los objetivos que planteó la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones, radiodifusión y competencia económica de 2013.
Además, destacó que la resolución que habría adoptado el Pleno del IFT provocará un daño irreversible a la construcción de un ambiente de competencia efectiva en el país que, según el IDET, requiere para su consolidación no sólo de reglas claras, sino también de una autoridad cuyas decisiones sean efectivas, para lo cual resulta necesario que estén dotadas de credibilidad, sean previsibles y consistentes.
Añadió que en el caso del sector telecomunicaciones de nuestro país, la falta de credibilidad en las decisiones regulatorias y su efectividad, necesariamente se traducirán en un deterioro de las condiciones de competencia efectiva, ambiente en el que sigue prevaleciendo el poder de mercado del AEP y su influencia.
El IDET puntualizó que absolver a quien abiertamente ha incumplido las obligaciones que la propia autoridad le impuso con plazos y umbrales de cumplimiento claramente definidos, provoca falta de certeza sobre todos los participantes en el sector telecomunicaciones de México.
Además, que la incertidumbre se traduce en niveles de inversión por debajo de los que se consideran óptimos en condiciones de competencia.
Por todo esto, el IDET reiteró su preocupación, tanto por la forma en que el Pleno de IFT habría resuelto el expediente relativo al incumplimiento de una obligación específica impuesta al AEP-T, así como por los nocivos efectos sobre las condiciones de certidumbre para el sector telecomunicaciones, los cuales, a la fecha, no han podido terminar de construirse debido a una falta de determinación en el órgano regulador autónomo para aplicar las sanciones que prevé el marco legal por el incumplimiento de obligaciones impuestas por la propia autoridad o por el Congreso de la Unión.
En este sentido, no debe pasar desapercibido que el IFT fue creado específicamente para mejorar las condiciones de competencia en el sector telecomunicaciones de nuestro país en beneficio de los usuarios.
Renunciar a cumplir plenamente su mandato para crear condiciones de competencia y velar por que éstas se mantengan en el largo plazo, resulta desalentador y pernicioso para la industria, así como para los usuarios de los servicios de telecomunicaciones.
Ciudad de México, 13 de diciembre, 2022.- Ante la decisión que adoptó el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), el 9 de diciembre de desechar un procedimiento de sanción en contra de Telmex, el l Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones (IDET) manifestó preocupación y se mostró en contra de tal medida.
La sanción se debe al incumplimiento de una obligación que el IFT impusó en su momento en su calidad de Agente Económico Preponderante en Telecomunicaciones (AEP-T), por la que al 30 de septiembre de 2017 debía haber puesto a disposición de esa autoridad, y de concesionarios solicitantes, 60% de la información relativa a su infraestructura de postes y pozos, misma que debía reportar en el Sistema Electrónico de Gestión (SEG). Tratándose de una obligación que está prevista en la Resolución Bienal aprobada en 2017.
Lo anterior, señaló el IDET, se trata de una conducta exactamente igual que la llevada a cabo por Telnor, concesionaria filial de ese grupo de interés económico, que derivó en la imposición de una sanción por mil 312 millones de pesos, en enero de 2020. Pero en el caso de Telmex se estima que la misma habría superado fácilmente un monto de 20 mil millones de pesos.
El IDET, indicó que de confirmarse el sentido de la decisión expresamente inconsistente con la correspondiente a un incumplimiento idéntico por otra empresa del mismo grupo, se estará frente a un escenario infundado y adverso para los objetivos que planteó la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones, radiodifusión y competencia económica de 2013.
Además, destacó que la resolución que habría adoptado el Pleno del IFT provocará un daño irreversible a la construcción de un ambiente de competencia efectiva en el país, que según el IDET, requiere para su consolidación no sólo de reglas claras, sino también de una autoridad cuyas decisiones sean efectivas, para lo cual resulta necesario que estén dotadas de credibilidad, sean previsibles y consistentes.
Añadió que en el caso del sector telecomunicaciones de nuestro país, la falta de credibilidad en las decisiones regulatorias y su efectividad, necesariamente se traducirán en un deterioro de las condiciones de competencia efectiva, ambiente en el que sigue prevaleciendo el poder de mercado del AEP y su influencia.
También, el IDET puntualizó que absolver a quien abiertamente ha incumplido las obligaciones que la propia autoridad le impuso con plazos y umbrales de cumplimiento claramente definidos, provoca falta de certeza sobre todos los participantes en el sector telecomunicaciones de México. Además que la incertidumbre se traduce en niveles de inversión por debajo de los que se consideran óptimos en condiciones de competencia.
Por todo esto, el IDET reiteró su preocupación, tanto por la forma en que el Pleno de IFT habría resuelto el expediente relativo al incumplimiento de una obligación específica impuesta al AEP-T, así como por los nocivos efectos sobre las condiciones de certidumbre para el sector telecomunicaciones, los cuales, a la fecha, no han podido terminar de construirse debido a una falta de determinación en el órgano regulador autónomo para aplicar las sanciones que prevé el marco legal por el incumplimiento de obligaciones impuestas por la propia autoridad o por el Congreso de la Unión.
En este sentido, no debe pasar desapercibido que el IFT fue creado específicamente para mejorar sustancialmente las condiciones de competencia en el sector telecomunicaciones de nuestro país en beneficio de los usuarios.
Renunciar a cumplir plenamente su mandato para crear condiciones de competencia y velar por que éstas se mantengan en el largo plazo, resulta desalentador y pernicioso para la industria, así como para los usuarios de los servicios de telecomunicaciones.
Negocios
Negocios
Energía
Negocios
Negocios
Opinión