Ciudad de México, 08 de agosto, 2022.- Senadores pidieron a la Secretaría de Educación Pública (SEP) brindar un informe sobre los recursos que recibió del Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros, mejor conocido como Fondo minero, y que deberían ser destinados a escuelas y comunidades.
En un documento compartido por el Senado, se recordó que en 2013, el Estado mexicano decidió crear el Fondo Minero, el cual tenía como principal objetivo impulsar el desarrollo en los lugares donde se explotan los recursos naturales, para revertir las condiciones de pobreza en estos municipios.
Asimismo, a inicios de 2014, se aplicó a empresas mineras el pago de los derechos: Especial, Adicional y Extraordinario, y para finales de 2021 el Diario Oficial de la Federación publicó un decreto por el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos.
De esta manera se establecieron reformas en los ingresos de los derechos sobre minería. Del total de la recaudación obtenida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 85% pasaría la Secretaría de Educación Pública y a la Secretaría de Salud.
Del 80% de dicho recaudo, el 5% para funciones encomendadas; 5% a la Secretaría de Economía, para la realización de acciones de fortalecimiento del sector minero, así como de mejora a los sistemas de registro y control de la actividad minera; y 10% al Gobierno Federal, mismos que se destinarán a programas de infraestructura aprobados.
Los senadores Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, Miguel Ángel Lucero Olivas y Joel Padilla Peña, integrantes del Partido Verde Ecologista de México, consideraron que es importante atender las necesidades de infraestructura que presentan las escuelas públicas del país, en específico las que tienen mayor grado de deterioro, así como las necesidades básicas los estudiantes para el próximo ciclo escolar a comenzar en septiembre del presente año.
Ya que, según sus datos, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), 48 mil 667 instituciones educativas requerían reparaciones de infraestructura. Más de 31 mil planteles ni siquiera tenían agua potable, pese a las medidas higiénicas para evitar el contagio; y otras 24 mil 588 escuelas requieren rehabilitación en su sistema hidráulico, 26 mil reparaciones de su cisterna y 21 mil la conexión de drenaje.
Los senadores señalan también que el impuesto especial se sigue cobrando a las empresas mineras, por lo que ante la desaparición del Fondo Minero es necesario conocer cuál es el monto de recursos que se han recaudado y la manera en la que la Secretaría de Educación Pública aprovecha tales recursos.