Ciudad de México, 19 de junio, 2022.- El Gobierno Federal investiga al juez Juan Pablo Gómez Fierro por impedir que la empresa española Iberdrola pagara una multa de 9 mil 145 millones de pesos, informó el presidente Manuel López Obrador durante su conferencia mañanera del lunes pasado.
El día de hoy reafirmó que las investigaciones continúan, “Nosotros lo estamos investigando sobre el caso de Iberdrola. Estamos revisando cómo fue que concede un amparo para que Iberdrola no pague una multa de 10 mil millones de pesos porque esté no fue un proceso consideramos cuidado”, señaló el presidente.
Además, indicó que existe la posibilidad de que el juez presentara documentos falsos para frenar la multa por lo que el gobierno ya se encuentra investigando.
“Si terminamos de descubrir que se falsificaron documentos o que se usaron documentos extemporáneos vamos a proceder legalmente y eso es lo que tenemos que hacer en todos los casos cero impunidad.”, recalcó.
“Eso es lo que tenemos que hacer en todos los casos, cero impunidad y no porque es un juez o magistrado o ministro, o es el presidente, no se va a poder denunciar si se está afectando al interés general o se está haciendo o cometiendo una injusticia”, afirmó.
Juan Pablo Gómez Fierro es conocido por haber otorgado amparos contra la reforma a la ley eléctrica, desde entonces ha estado en el radar de López Obrador quien incluso pidió al ministro presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, que lo investigara, pese a la autonomía de poderes.
Iberdrola es una empresa española que tiene su sede en Bilbao, en el País Vasco, España. Es un grupo empresarial dedicado a la producción, distribución y comercialización de energía a base de gas y renovables (hidroeléctrica, eolica y fotovoltaica).
La multa a Iberdrola
El miércoles pasado el juez Gómez Fierro otorgó una suspensión definitiva a la multa de 9 mil 145 millones de pesos que le fue impuesta a Iberdrola, la segunda multa más grande en la historia del país, sólo por debajo de la de Telcel en 2011 que fue de 11 mil 800 millones de pesos.
El litigio inicia de una denuncia de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la empresa paraestatal, contra una planta de ciclo combinado de la multinacional Iberdola en Monterrey que trabajaba bajo una sociedad de autoabastecimiento suministrando energía a comercios y fabricas que eran asociadas.
El autoabastecimiento se creó en los años 90 0para facilitar el acceso al sector privado a energía más barata. No obstante, la actual Ley del Sector Eléctrico sólo contempla la posibilidad de vender electricidad a la CFE, y esto únicamente cuando existan excedentes o haya una situación de emergencia.
La Comisión Reguladora de Energía solicitó facturas al Servicio de Administración Tributaria y descubrió que Iberdrola recibía pagos por suministrar electricidad a sus socios por lo que la CRE impuso la multa a finales de mayo.
Tres semanas después, Iberdrola respondió con la presentación de un amparo ante los tribunales con la resolución de la reciente cancelación de la multa por parte del Juez.
Sin embargo, el órgano regulador de energía aún podrá impugnar, por lo que el asunto continuará su curso en tribunales. Sumando a esto, la investigación del Gobierno Federal ante el juez aumentan las inconsistencias presentadas dentro del caso.