Ciudad de México, 23 de mayo, 2022.- La “Alerta Sanitaria Máxima” emitida por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), y, extrañamente, junto con la Secretaría de Gobernación (SEGOB), en contra de los vaporizadores constituye una medida mentirosa y perversa porque apalea la lucha para combatir el consumo de tabaco en México.
Juan José Cirión Lee, presidente de la organización México y el Mundo Vapeando, lamentó que mientras autoridades de países como Reino Unido, Nueva Zelanda y Francia ya están en la etapa de utilizar a los vaporizadores en sus políticas públicas para combatir el tabaquismo, el gobierno mexicano sigue estancado en dogmas y desinformación, quitándole una oportunidad real y comprobada a todos aquellos que desean abandonar el tabaquismo.
En este sentido, el activista y Maestro en Derecho Civil sostuvo que la alerta emitida representa un desatino total, pues aborda un tema de salud con fines políticos, utiliza información parcial, fomenta el “terrorismo judicial y administrativo” en contra de los proveedores formales de los dispositivos, alentará el mercado negro y, sobre todo, confunde a la población porque desde el 19 de octubre de 2021 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ya declaró inconstitucional prohibir la venta de dichos artículos.
“La alerta es una medida arbitraria y mentirosa, porque soslaya el fallo de la Suprema Corte que ya avaló la venta de vaporizadores, lo que, por un lado, confunde a la población y, por otro, dará elementos a las autoridades sanitarias del país para ejecutar un terrorismo judicial y administrativo en contra de comerciantes formales: A pesar de que las autoridades saben que perderán ante los tribunales, en el ínter podrán decomisar los productos a los comercios, lo que provocará un sensible desabasto, orillando a los consumidores (y sobre todo a quienes desean dejar de fumar), a buscar los dispositivos y sustancias en el mercado negro, con los altos riesgos que eso conlleva”, comentó.
El 19 de octubre de 2021 la SCJN determinó que es inconstitucional la prohibición para distribuir y comercializar vaporizadores, con lo que homologó su criterio, pues había una contradicción de tesis entre la Primera y Segunda Salas.
Así, a partir de dicha jurisprudencia que se volvió obligatoria para todos los jueces federales, cualquier persona que presente un amparo alegado cualquier acto de la autoridad que le prohíba vender los dispositivos, le van a conceder el amparo.
Sin embargo, con todo y el fallo de la SCJN, la COFEPRIS y la SEGOB anunciaron ayer que se “fortalecen las acciones de vigilancia, incrementando el número de visitas de verificación y aseguramiento de dispositivos”.
Juan José Cirión Lee agregó que resulta de suma preocupación que un tema de índole de salud sea pervertido por fines políticos, pues resulta profundamente “extraño” que a la Alerta Sanitaria se haya sumado la SEGOB, cuando no es área de sus atribuciones y cuyo titular es Adán Augusto López.
De igual manera, el activista evidenció que el gobierno mexicano insiste en utilizar información parcial y a modo, pues refirió que dentro de la alerta de ayer las autoridades sostuvieron que “un estudio realizado y compartido a la autoridad sanitaria por el Centro de Prevención y Control de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés) mostró la presencia de acetato de vitamina E en más de 35 muestras de personas fallecidas que consumían dispositivos de vapeo como cigarros electrónicos”.
Sin embargo, el dirigente de México y el Mundo Vapeando aseguró que tanto a la COFEPRIS como a la SEGOB se les olvidó revisar (o alevosamente la omitieron), la última información disponible de los CDC, en donde se establece que las lesiones pulmonares ocurridas en el otoño de 2019 en la Unión Americana surgieron debido al vapeo de sustancias ilegales y obtenidas en el mercado negro y no por la práctica del vapeo, pues incluso la institución “recomendó no agregar acetato de vitamina E a ningún producto de cigarrillos electrónicos o vapeo”.
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