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Opinión

Inclusión, sin diálogo en foros de Reforma Eléctrica

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Los foros del Parlamento Abierto de la Reforma Energética que organizó la Cámara de Diputados, concluidos el mes pasado, se convirtieron en un espacio de inclusión, pero no de diálogo, así que no esperemos que las posturas encuentren áreas de coincidencia.

La principal barrera para este “ejercicio democrático”, que inició el 17 de enero y concluyó el 28 de febrero, es que los participantes están mezclando posturas técnicas, políticas e ideológicas para la discusión de un tema complejo que cambiaría la política pública para el crecimiento o freno de la industria eléctrica, primordialmente con impacto directo en la inversión y el bolsillo de los consumidores.

Las personas interesadas, administradoras, directoras, representantes y ejecutivas de alta dirección de empresas relacionadas con el sector energético y la industria eléctrica, así como organizaciones académicas, entidades públicas y personas expertas convocadas por la Cámara de Diputados para participar en los foros de Parlamento Abierto, tuvieron que presentar, como parte de los requisitos, su postura a favor o en contra.

Con ese requisito de inicio podemos entender por qué los foros servirán de poco y lo más probable es que, conociendo al Ejecutivo Federal, la iniciativa muestre leves cambios porque se trata de un ejercicio ideológico desde el momento en que la llamaron la contrarreforma energética, para echar atrás los cambios promovidos por el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto en 2013.

El esquema de autoabastecimiento, promovido desde la reforma eléctrica de 1992 por el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari es el más criticado y preponderante en la iniciativa de ley que impulsa Morena en el Congreso de la Unión. Y efectivamente, los medios de comunicación siempre denunciamos que ese tipo de permiso estaba generando un mercado paralelo que afectaba las finanzas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y adelgazaba su base de clientes de alto consumo.

En contraste, para los consumidores industriales y comerciales beneficiarios del esquema, los contratos de autoabastecimiento representaron ahorros económicos y acceso a electricidad derivada de ciclos combinados -que usan gas natural que contamina menos el ambiente- o de plantas eólicas y solares, por ejemplo.

Una alternativa es la negociación de los contratos, porque éstos se convirtieron en una camisa de fuerza para la CFE, pero por otro lado es necesario dar certidumbre a las inversiones realizadas y evitar que la confianza en las inversiones se deteriore porque en los términos actuales de la iniciativa esos contratos serían cancelados.

Devolver soberanía energética y regresar al estatus monopólico de la CFE no son suficientes argumentos para ejecutar cambios para los que tal vez no está preparada la empresa, como no lo estuvieron en su momento tanto la empresa eléctrica como Petróleos mexicanos para enfrentar la competencia y la apertura del mercado derivado de la reforma energética de 2013.

Impulsar y aprobar cambios legales que no resulten contraproducentes para las Empresas Productivas del Estado, para la iniciativa privada o para los consumidores finales, tendría que ser el fin último de los legisladores. Ojalá fueran capaces de delinear una política energética, y particularmente eléctrica, capaz de hacer confluir esos tres sectores de una manera equilibrada y justa.

Los usuarios no necesitamos discursos de nacionalistas trasnochados y tampoco posturas de privados que sólo ven por sus intereses económicos. Queremos electricidad de calidad y suficiente, con la menor huella de carbono posible y tarifas alineadas a nuestra capacidad económica. Confiemos que los foros del Parlamento Abierto alcancen para eso, aunque lo dudo.

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Presos de la celda COVID

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Por: Andrea Leal Cajero*

La pandemia a la que nos hemos enfrentado desde hace más de dos años, ha causado un impacto social que ha golpeado rotundamente al sector penitenciario, dejando la secuela más grave e incurable en la vida y salud de los presos en las cárceles mexicanas.

La COVID-19 ha venido a revelar una vez más las condiciones insalubres en las que se encuentran las cárceles y lo que se vive detrás de las rejas y del sistema penitenciario de nuestro país y del mundo.

Esta vez se hace un enfoque en las prisiones mexicanas, donde el SARS-CoV-2 ha causado un daño físico y sobre todo emocional irreversible en la vida de los presos. Se conoce que las personas privadas de su libertad padecen miserables condiciones de aseo y deja una profunda indignación por la situación de vida de estos seres humanos que han sido olvidados por el gobierno, alejándolos de poder gozar y ejercer sus derechos humanos en prisión.

Es bien conocido que el sistema penitenciario se encuentra en la precariedad y que dentro de las cárceles mexicanas se tiene un riesgo latente para la pronta propagación del virus, viéndose así afectada la población de más de 225,000 personas, de las cuales no se cuenta con una cifra actual fehaciente que nos pueda arrojar con certeza el número de casos infectados dentro de los centros penitenciaros y de las muertes que ha cobrado este virus.

Cabe mencionar que se ha generado una crisis carcelaria, es por ello que  para contrarrestar esta enfermedad, se debe atender a las necesidades de los reos así como garantizar la atención médica, suministros de medicamentos y de información esencial que llegue a los internos para conocer la manera de enfrentar al virus dentro de las celdas. Es importante facilitarles insumos necesarios que les garanticen tener una adecuada higiene y alimentación tomando en cuenta las precauciones sanitarias que los mantengan a salvo.

La Organización Mundial De la Salud y la Organización de las Naciones Unidas han hecho un llamado a los gobiernos para que emitan acciones de prevención y de atención a los casos COVID dentro de las prisiones, toda vez que este sector se ha visto golpeado de manera desproporcionada por la pandemia, siendo afectados en diversas áreas de su vida como lo es la salud física, emocional, familiar, entre otros. La situación de las cárceles se ha vuelto más intensa de lo habitual, la restricción de visitas, el escaso contacto por periodos prolongados con sus familiares, el hacinamiento, la situación procesal de los internos, la falta de insumos, condiciones insalubres, la restricción de actividades recreativas, el alojamiento de personas infectadas, la falta de información y sobre todo la carente atención medica ha dejado a los internos en un estado vulnerable que debe ser atendido por las autoridades nacionales.

Los centros de reclusión deben de atender las necesidades de los internos, otorgarles la facilidad de video – llamadas con sus familiares, con la finalidad de impedir que la población se amotine, darles platicas de medidas sanitarias, dotarles de agua potable, habilitar espacios para evitar la sobrepoblación en las celdas, tratar de que pasen el mayor tiempo posible fuera de las celdas y no dejar que hagan reuniones de más de 10 internos.

Se les debe aplicar las vacunas y los refuerzos, atender a los reos infectados con atención médica inmediata, hacer un enfoque en los presos que padecen de enfermedades crónico degenerativas para que se les mantenga asilados de la demás población y considerar un arraigo domiciliario, con esto  atender mediante pre liberaciones a personas que estén prontas a cumplir con sus sentencias y estudiar casos de internos que puedan obtener su libertad para evitar el hacinamiento en las cárceles y con esto lograr que la población privada de su libertad tenga oportunidad de salvaguardar su vida.

Con estas propuestas se pretende también tratar la salud mental de los internos la cual es de suma importancia para una reinserción social, el que estén en contacto con sus familias garantiza una estabilidad emocional, permitirles el acceso a sus visitas con todas las medidas sanitarias necesarias aún y cuando el semáforo epidemiológico cambie constantemente de acuerdo al índice de casos infectados en el país.

Se debe usar un calendario de visitas por módulos cuando el semáforo este en rojo o bien planear horarios de video llamadas si es que el riesgo de infección es alarmante, pero que COVId por los menos quincenalmente para que tengan la seguridad de que se encuentran sin incidencia del virus. Estas medidas convertirían a esta situación social en una situación menos lesiva dentro de las cárceles mexicanas.

Para que todo esto funcione las autoridades nacionales deben de prestar la suficiente atención a los presos durante la pandemia aún y cuando la mayoría de la población en general ya cuenta con la vacunación, se debe de hacer énfasis en robustecer las medidas sanitarias para el ingreso de las familias y abogados a los penales, toda vez que las prisiones son un foco de infección latente por los factores que se ha venido mencionando, ya que la población carcelaria registra a menudo una incidencia de enfermedades transmisibles y no trasmisibles que ponen en riesgo a la población en general.

No basta con que autoridades internacionales emitan opiniones o recomendaciones si los estados no ejercen las acciones y medidas necesarias. Se debe actuar y garantizar los Derechos Humanos de las personas privadas de su libertad apegándose a los cinco ejes de la reinserción social sin perder de vista que los presos también son seres humanos.

*Alumna de la Maestría en Ciencias Penales y Criminalística de la Facultad de Derecho de la Barra Nacional de Abogados

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Opinión

Coca-Cola multiplica “amor” e inversión

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La Industria Mexicana de Coca-Cola (IMCC) tiene claro que la mejor manera de llegar a las personas, es a través de un mensaje simple y que las pequeñas acciones transforman vidas, lo que se traduce en desarrollo económico e inversión.

Esta industria que nació en 1926 y que hoy agrupa a ocho grandes embotelladores, junto con Jugos del Valle-Santa Clara y la planta de reciclaje Petstar e IMER, busca ser un agente de cambio a través de la iniciativa “El amor multiplica”.

¿Cuáles son los objetivos? Impulsar el talento femenino, el desarrollo de las comunidades, el uso responsable del agua y el reciclaje.

Las tareas planteadas no parecen sencillas, pero vamos punto por punto:

Talento femenino. IMCC ha planteado la importancia de que las mujeres emprendedoras, pilares en la economía nacional, tengan las herramientas necesarias para hacer crecer su negocio.

Una de estas herramientas es la capacitación y a la fecha suman más de 180 mil mujeres que han aprendido sobre administración, el manejo de su negocio y más.

También, la Industria Mexicana de Coca-Cola destinó en 2021 una inversión de 5 mil millones de pesos en el mantenimiento y la mejora de tiendas, de las cuales seis de cada 10 son operadas por mujeres.

Comunidades. Las problemáticas que estos grupos enfrentan se debaten en conversaciones y diálogos promovidos por IMCC para poner en la mesa sus principales necesidades en la búsqueda de posibles soluciones.

A inicios de julio de este año se celebró el primero de cuatro foros cuyas sedes son lugares abiertos al público y tienen como finalidad invitar a realizar acciones que beneficien su entorno y su país.

A la par de estos foros, se develó el primer mural comunitario de la muralista Dulce V. Ríos, y vecinos del pueblo de Xoco, en la alcaldía Benito Juárez, en Ciudad de México, con lo cual se dio inicio a una serie de 10 obras artísticas que se realizarán por todo el país.

Agua. Para generar consciencia sobre un mayor cuidado del agua, IMCC es consciente de que la mejor manera de enseñar es con el ejemplo, por lo que hoy devuelve 100% del líquido vital que utiliz en la elaboración de sus productos. 

Con el objetivo de llevar agua limpia a las comunidades a través de la construcción de cuatro humedales que benefician al Estado de México, Baja California, Jalisco y Quintana Roo, el año pasado, se destinaron 170 millones de pesos. 

Reciclaje. La simple acción de recoger una botella de plástico o una lata de aluminio de la cual se disfrutó su contenido es sin duda el comienzo de la cultura de reutilizar. 

El resultado de esta labor, es que los embotelladores que integran a IMCC: Arca Continental, Bebidas Refrescantes de Nogales, Bepensa, Coca-Cola FEMSA, Corporación del Fuerte, Corporación RICA, Embotelladora de Colima y Embotelladora del Nayar, procesan 85 mil toneladas de PET o Polietileno Tereftalato al año.

Este año la cadena de acopio, reciclaje y retornables en el país comprometió una inversión de 175 millones de pesos.

Sin duda las pequeñas acciones sí cuentan y se multiplican. 

Ecoce protagonistas del reciclaje en México 

Ecoce, al frente de Carlos Sanchez, y sus asociados, han trabajado durante 20 años con gobiernos y organizaciones civiles, en rubros como la educación ambiental, el acopio, así como el manejo de envases y empaques en México.

Estas acciones permiten el desarrollo de la industria del reciclado, considerada actualmente como la más grande de América Latina.

La historia inició hace dos décadas, cuando un grupo de empresarios de la industria de bebidas y alimentos, preocupados por la problemática ambiental, notó que en México no existía una Ley de Residuos ni reglamentos o normas para manejarlos, por lo que conformaron Ecología y Compromiso Empresarial o Ecoce.

Entre los logros obtenidos a lo largo de estos años están más de 79 mil toneladas de materiales reciclables, principalmente de PET, PEAD, aluminio, hojalata, empaques flexibles metalizados y no metalizados, vidrio y cartón.   

Lo anterior se traduce en el ahorro de 62 millones de kilogramos de materia prima, así como el ahorro de agua para llenar 12 albercas olímpicas y una reducción de 305 camiones de basura en rellenos sanitarios.

Es de destacar que el organismo lidera los programas Eco Reto, Acopio Institucional y Acopio Móvil, así como diferentes jornadas de limpieza. 

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Opinión

Exigen justicia para víctimas de ataques con sustancias corrosivas

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Desafortunadamente, en lo que va del presente año, en México se siguen acumulando los casos de ataques a mujeres con ácido sulfúrico o ácido clorhídrico u otras substancias corrosivas, cáusticas, irritantes, tóxicas e inflamables.

Es importante mencionar que sobre este tipo de agresiones no se tiene el registro de la cifra oficial del número de mujeres víctimas ya que existen muchos casos que no se denuncian y, por lo mismo, no se hacen públicos.

A través de los diferentes medios de comunicación, nos hemos enterado de algunos casos de ataques con ácido, por ejemplo: en Estado de México, tres; en Aguascalientes, dos; en Hidalgo, Quintana Roo, Oaxaca, Guanajuato, Jalisco, Puebla, Querétaro y Yucatán, solamente uno en cada entidad.

Un dato importante que se tiene de estos acontecimientos, es el que la edad promedio de las víctimas se ubica entre 20 y 30 años; además de que, en la mayoría de ellos, los agresores fueron su pareja o expareja y, por si algo faltara, la mayoría de los casos están en la impunidad y sin reparación integral del daño.

Para que estos ataques no se queden en la cifra oscura o en la impunidad, algunas de las víctimas han contado sus historias para visibilizar todo lo que han enfrentado, desde la carencia en la atención médica, falta de apoyo, hasta la re-victimización y falta de justicia, ya que sus agresores siguen libres o sin sentencia.

En Huixquilucan, Estado de México, se realizó un mural que visibiliza y nombra a algunas de las mujeres atacadas con ácido en México, además se muestra los rostros del dolor y la rabia de algunas de ellas, como es el caso de Carmen Sánchez, Esmeralda Millán, Elena Ríos y Ana Saldaña, ya que, como lo mencioné, desafortunadamente aún existe impunidad. Este mural fue creado por los artistas Pedro Peña Reyes, Trom y Miguel Sant, con el apoyo de Alejandro León del Consejo de Organizaciones de la Sociedad Civil del Estado de México.

Ante esta situación, algunas legisladoras se han pronunciado por la defensa de las víctimas de estos ataques, por lo que se envió al Congreso una iniciativa que está dirigida a todas las personas expuestas a múltiples y diversos riesgos de sufrir un ataque con substancias corrosivas y por quienes nadie hace efectiva y eficiente justicia.

Dicha iniciativa busca elevar de 15 a 25 años de prisión y multa de 500 a 5 mil veces el valor diario de la UMA, a quien provoque dolosamente una lesión que deje en la víctima cicatriz perpetuamente notable en la cara o en cualquier parte de su cuerpo.

Asimismo, cabe resaltar que la iniciativa tiene como prioridad robustecer el Código Penal Federal, en materia de sanciones contra victimarios de mujeres agredidas con sustancias corrosivas, como ácido o alcohol, además de duplicar las penas señaladas cuando la agresión se cometa por razones de género, con premeditación, alevosía y ventaja.

Con esta reforma al Código Penal Federal, se busca establecer una herramienta jurídica para que los juzgadores tengan en sus manos la capacidad fundada de imponer sanciones más severas a los responsables de estos actos.

La reforma consiste en adicionar al artículo 294 del Código Penal Federal, que se incremente la pena de prisión si las lesiones corporales son causadas con ácido o cualquier otra sustancia corrosiva, dejando un daño físico, motriz, psicológico o económico.

Ahora bien, vale la pena hacernos dos preguntas, ¿Es necesario aumentar las penas para castigar a los responsables de cometer agresiones contra la mujer con sustancias corrosivas? ¿Con aumentar la pena de prisión se eliminará o por lo menos se reducirán las agresiones de este tipo?

Mi respuesta es que, si es necesario aumentar las penas, ya que con ello se puede inhibir a cualquier persona para que no incurra en dicha acción contra la mujer, sin embargo, para la segunda pregunta, mi respuesta es que no se eliminará, pero sí puede disminuir, ya que el privar de la libertad a una persona por mucho tiempo no garantiza que dejará de hacerlo, sin embargo, se puede considerar una forma de que otras personas no lo hagan y eso tiene como consecuencia la reducción de casos.

También considero que no solamente se tiene que llevar a cabo una reforma penal, es muy importante establecer estrategias y líneas de acción que instrumente el Estado en materia de prevención, atención, sanción y erradicación de cualquier tipo de violencia contra las mujeres, para garantizar a las victimas el derecho, efectivo y real al acceso a una vida libre de violencia que favorezca su desarrollo y bienestar.

Por ello, es incuestionable la necesidad de tener las políticas públicas del Estado debidamente articuladas y sistematizadas, esto solo es posible a través de un programa que aporte la metodología adecuada, con la firme posibilidad de no solamente disminuir la violencia, sino erradicarla para que, cualquier mujer, se sienta debidamente segura en su casa, en la calle, en el trabajo o donde quiera que se encuentre.

 “Cada mujer dañada, agredida, asesinada, es el testimonio mudo e indefenso de lo peor que encierra el ser humano: del triunfo de la fuerza bruta, ciega, salvaje, enferma, sobre cualquier sentimiento, sobre cualquier pensamiento, sobre todo lo que nos hace dignos. Gritemos basta” (David del Puerto).

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