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Necesario crear “Sistema Profesional de Carrera Penitenciaria” en cárceles mexicanas

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Por: José Carlos Lozano Sánchez*

En el año 2011, México transitó hacia un nuevo paradigma constitucional, siendo los derechos humanos el eje rector en el ejercicio de las funciones de gobierno. De esta forma, el sistema penitenciario, como componente esencial de la maquinaria del Estado, desplegó sus capacidades institucionales con el propósito de salvaguardar los derechos de las personas privadas de su libertad, y lograr un proceso satisfactorio de reinserción al núcleo social.

Pero esta reivindicación del sistema debe comprenderse desde una perspectiva histórica, ya que, en el pasado, había sido concebido como un medio destinado a reprimir a los infractores de la ley; el mayor referente de esta percepción es el Palacio de Lecumberri, cuyas celdas edificadas a la manera del panóptico de Jeremy Bentham, testificaron los más crueles castigos aplicados a los reclusos, quienes no tenían otro destino que la muerte.

Al paso del tiempo, se erradicaron estas condiciones inhumanas para incorporar a los internos en un régimen basado en el trabajo, aunque a la fecha, se adoptó la creencia de que las prisiones son una “universidad del crimen”, pues la convivencia generada les permite perfeccionar sus técnicas delictivas, para aplicarlas una vez obtenida su libertad.

Actualmente, nuestro sistema penitenciario ha dedicado una incansable labor para procurar que quienes compurgan una pena, convivan en un ambiente de respeto e integración con sus compañeros, a través de la disciplina, las actividades deportivas y la capacitación para el trabajo, recuperen la confianza hacia sí mismos, manejen el estrés y la ansiedad ocasionadas por el encierro, desarrollando talentos creativos que los inspiren a erigir un nuevo plan de vida.

No obstante, el camino que debe recorrerse para cumplir con este objetivo, presenta múltiples obstáculos, tal y como se advierte en el “Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria”, elaborado anualmente por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que expone las condiciones de los internos en los distintos centros de todo el país.

En el análisis del 2020, fue alarmante encontrar que únicamente seis entidades de la República cumplieron los parámetros para garantizar una estancia digna a la población penitenciaria, en tanto que 20 estados, presentaron diversas áreas de oportunidad para mejorar el desempeño de sus funciones, y seis estados obtuvieron calificaciones negativas por incumplir los estándares mínimos considerados para brindar un trato decoroso en reclusión.

Si bien, cada establecimiento tiene sus particularidades, la gran mayoría, comparten deficiencias que atentan contra la integridad, no sólo de las personas privadas de la libertad, sino del personal que labora para estos centros. Es decir, son comunes ciertas prácticas, como el acceso a sustancias ilegales, alcohol, armas y dispositivos móviles, que lejos de favorecer un proceso de reinserción, promueven la comisión de delitos; es notoria la sobrepoblación al interior de las prisiones, evidenciando la inhabitabilidad y el riesgo para las personas privadas de la libertad; así mismo, el diagnóstico de referencia detectó un total de cien suicidios ocurridos en prisiones estatales, a causa de la falta de personal en psicología para atender la salud mental de las personas privadas de la libertad.

Es cierto que visibilizar estas condiciones, permitirá la implementación de estrategias encaminadas a erradicar los vicios señalados, no obstante, a consideración de quien escribe, esta problemática encuentra su origen en un común denominador: la falta de capacitación del personal penitenciario (en áreas técnicas, de vigilancia y administrativas) y la ausencia de condiciones laborales objetivas.

Son diversas las razones que sostienen esta hipótesis, por ejemplo, ante el exceso de población de personas privadas de la libertad, los elementos de custodia optan por concentrar una cantidad importante de reclusos en celdas más cercanas a ellos para tener un mayor control, sin valorar que se genera una mezcla de éstos, ya que son determinados como de alta y baja seguridad.

En esa misma línea, el personal de vigilancia carece de habilidades de mediación de conflicto, pues tan sólo en el 2020, la CNDH registró un total de 926 enfrentamientos, que van desde riñas, hasta amotinamientos entre grupos que se disputan el control de los centros. La vorágine de esta situación se agudiza si tomamos en cuenta que el tráfico de drogas al interior de las cárceles, ha incrementado la violencia a la que están expuestos los custodios, sin que cuenten con una preparación para neutralizar dichos ataques; todo lo contrario, en no pocas ocasiones son víctimas de grupos criminales, y en total complicidad con algunos directores, limitan sus tareas de supervisión.

En otro aspecto, el personal penitenciario, atraviesa por circunstancias laborales complejas, empezando por una baja percepción salarial, jornadas extensas de trabajo, escasos días de descanso, falta de capacitación para el manejo del personal bajo su custodia, nulas oportunidades de crecimiento laboral, tratos arbitrarios de sus superiores y prestaciones de seguridad social limitadas.

Se debe dimensionar que el personal penitenciario cumple con una tarea difícil, pues son responsables de supervisar a quienes perdieron el bien más preciado en la vida como lo es la libertad, aunque no tengan a su alcance las herramientas más elementales.

Por este motivo es que las “Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos” en sus numerales 74 y 75, resaltan la necesidad de que el personal en todos los niveles, posea una formación íntegra en su esfera de valores, con un sólido espíritu de vocación y una preparación profesional acorde con las circunstancias; se le dará capacitación constante y acorde con su nivel de responsabilidad, mejorando el desempeño de sus actividades; y debido al nivel de compromiso adquirido, será elemental que tengan un empleo bien pagado, con todas las prestaciones de ley, cuya estabilidad laboral dependerá de la eficiencia demostrada.

Etas directrices nos reflejan que el funcionamiento de las prisiones será directamente proporcional al respeto de las garantías laborales para el personal penitenciario, y por consiguiente, si no son respetados los derechos mínimos de estos servidores públicos, es probable que fenómenos como la corrupción, el autogobierno y la violencia se apoderen de las instituciones carcelarias.

Es momento de plantear la siguiente pregunta… A 10 años de las reformas en materia de derechos humanos ¿El sistema penitenciario generó verdaderas condiciones para lograr una auténtica reinserción social? El mejor parámetro lo encontramos en el “Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales” del 2020, el cual reporta que durante el 2019, ingresaron un total de 112, 811 personas a los centros penitenciarios, de los cuales, una cifra de 14,435 fueron reincidentes, y un total de 9,574 registraron un reingreso a prisión.

Estas estadísticas demuestran que un total de 24,009 personas no lograron construir un nuevo plan de vida, lo cual refleja que los programas de reinserción social no han cumplido con la efectividad esperada.

Por lo tanto, si la aspiración es mejorar la calidad de los servicios que brindan las instituciones penitenciarias, para que toda persona que cumplió una pena privativa de libertad pueda labrarse un nuevo porvenir, es fundamental el establecimiento de un “Sistema Profesional de Carrera Penitenciaria” que renueve los procesos de selección y capacitación del personal, generando un cambio de conciencia en la prestación del servicio.

Sin embargo, esta propuesta implicará un gran compromiso coordinado en el ámbito estatal y federal, no sólo para impulsar las leyes sobre la materia que definirán las bases de este nuevo sistema, sino también para destinar los recursos económicos que resulten necesarios.

Este sistema, debe ceñirse a los principios de honradez, legalidad, transparencia y rectitud; contar con un “Comité de Selección” dependiente de un “Subsistema de Ingreso”, encargado de publicar las convocatorias que contendrán los requisitos y el perfil necesario para cubrir un cargo específico, siendo indispensable que los aspirantes cuenten, por lo menos, con nivel licenciatura; como parte de esta etapa de ingreso, se encargará de aplicar las evaluaciones de conocimientos, psicométricas y de control de confianza, para elegir a los mejores elementos.

Igualmente, se requerirá un “Subsistema de Desarrollo Profesional”, cuya función consistirá en estructurar un plan escalafonario basado en el mérito y las competencias, para brindarle la oportunidad a los servidores públicos de aspirar a un mayor nivel jerárquico en la estructura administrativa.

Asimismo, debe instaurarse un “Subsistema de Certificación”, cuya misión será desarrollar los programas de capacitación para todo el personal, a través de cursos, talleres, especializaciones, seminarios y diplomados de actualización, con los que se potenciarán las capacidades técnicas en los servidores públicos penitenciarios.

Finalmente, el “Subsistema de Evaluación de Desempeño” calificará anualmente el cumplimiento de los objetivos, metas y resultados obtenidos por el personal penitenciario, y este indicador servirá como parámetro para determinar los probables ascensos en los centros penitenciarios, la estabilidad en el empleo, pero también notificará a los funcionarios acerca de las áreas de oportunidad que deberán mejorar para su desarrollo profesional.

Este subsistema tendrá la facultad para implementar exámenes de control de confianza, y así tener la certeza de que los funcionarios públicos se conducirán durante el desempeño de sus labores con probidad y rectitud.

Pero es muy importante que este sistema cuente con la supervisión permanente de un órgano interno de control, instancia que sancionará el incumplimiento de los principios básicos en el servicio penitenciario en perjuicio de las personas privadas de su libertad, y dará seguimiento a las acciones cometidas por los servidores públicos que puedan ser constitutivas de delito; pero eso no es todo, ya que se necesitará que en todos los establecimientos penitenciarios exista un área de quejas, para que los familiares y personas que durante su visita, sufran alguna deficiencia en la atención que se les brinda, puedan formular sus demandas y el órgano interno realice las investigaciones correspondientes, sancionando a los funcionarios responsables.

Este esquema descrito que favorecerá la calidad en el servicio público, respetará en todo momento los derechos laborales de los trabajadores, generando sueldos justos, jornadas equitativas, días de descanso, periodos vacacionales y prestaciones de seguridad social objetivas, con las cuales se asegurará la estabilidad de su empleo, desalentando cualquier práctica que atente contra su espíritu de vocación.

Al respecto, debe reconocerse el gran avance alcanzado por el gobierno del estado de Querétaro, que, a principios de agosto de este año, destinó una importante inversión para inaugurar el Instituto del Servicio Profesional de Carrera Penitenciaria de la entidad, cuya meta trazada es potencializar las habilidades integrales del personal penitenciario, a través de un esquema como el que se describe.

No podemos negar que México tiene una deuda histórica con la población penitenciaria, que cómo resultado de las malas decisiones del pasado, hoy están compurgando una pena en prisión; corresponde a las autoridades penitenciarias, en los distintos niveles de gobierno, estar a la altura de las circunstancias, y más allá de brindar un servicio de calidad, es necesario que brinden un acompañamiento y un apoyo solidario, moral y humano para los internos.

Todo ello es posible, sentando las bases de un sistema profesionalizante bien delineado en el que todos quienes formen parte de esta noble labor tengan al fin las competencias y habilidades, que les permitan desempeñarse con toda plenitud, abonando a un cambio no sólo en la vida de las personas privadas de la libertad, sino en nuestro propio tejido social.

Es el momento de redignificar las instituciones penitenciarias, y dotar de plena vigencia los derechos de su personal y de los internos, para que al paso del tiempo podamos decir con satisfacción que en México si existe una auténtica y verdadera reinserción social.*Estudia la Maestría en Ciencias Penales, en la Facultad de Derecho de la Barra Nacional de Abogados.

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Mal uso de redes sociales, principal amenaza del mundo

*** Miguel Ángel Romero Ramírez

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Cuando usamos una red social habría que empezar por asumir que la conversación ya está siendo moderada y filtrada. Es decir, el corporativo privado sobre el cual fincamos de forma errónea nuestra libertad de expresión –llámese Facebook, X, Instagram o TikTok– representa en sí mismo un espacio regulado por algoritmos diseñados por los dueños del negocio.

Sin tener aún total claridad sobre las consecuencias de ello, el mal uso de estas plataformas es visto hoy día como la principal amenaza para la humanidad, de acuerdo con el World Economic Forum.

La pregunta más sensata para estos momentos es: ¿quién modera a los moderadores?, toda vez que la supervivencia de las sociedades pasa por transparentar, revisar y afinar los mecanismos y los lineamientos éticos sobre los cuales las big techs como Google, X, Meta y TikTok desarrollan y aplican los algoritmos que definen lo que miles de millones de personas puedan ver y discutir desde sus smartphones.

¿Puede el poder civil inmiscuirse en los asuntos de un negocio privado? Los expertos y las autoridades sostienen que sí por los alcances y consecuencias.

Cuando Google, hace más de dos décadas, afinaba su buscador y este arrojaba resultados claramente racistas o xenófobos el argumento de sus entonces desarrolladores era que la plataforma simplemente respondía a lo que sus usuarios pedían.

En otras palabras, Google no era racista sino, más bien, el motor de la plataforma se entrenaba con los millones de búsquedas que realizaban personas racistas. La herramienta era entonces un simple reflejo de la sociedad

Sin embargo, con el paso del tiempo, las plataformas (no solo Google) han evolucionado e incorporado nuevas herramientas de “autocontrol”, las cuales, aunque poco transparentes, tienen –supuestamente– como objetivo regular este tipo de deformaciones sociales.

Pero entonces: ¿qué tipo de sociedad quieren moldear los nuevos algoritmos de las big techs? La lucha por conocer esa información se vuelve cada vez más estratégica para la supervivencia humana, que es trastocada en todos sus ámbitos por estos corporativos privados.

Por ejemplo, la plataforma X que lidera el visionario pero controversial empresario Elon Musk parte de un concepto totalmente distorsionado en lo que se refiere a la libertad de expresión. En su filosofía todos tienen el derecho de expresar lo que les venga en gana no importando sus implicaciones. Dicho de otra manera, los controles son totalmente laxos y la plataforma se ha vuelto una venta de oportunidad para el antisemitismo, supremacistas blancos, racistas, xenófobos y pronazis.

Desde su punto de vista, X es la panacea dentro del ecosistema digital porque ahí sí es posible ejercer a plenitud el derecho a la libertad de expresión; sin embargo, esa posibilidad termina cuando la plataforma misma es criticada.

A inicios de semana, Charles Breyer, juez federal de California, Estados Unidos, desestimó una demanda que X había interpuesto en contra del Centro para Contrarrestar el Odio Digital (CCDH, por sus siglas en inglés), luego de que dicho organismo publicó un informe en el que evidenció que X no actuaba en contra del 99% de sus cuentas premium que incitaban al odio.

En un comunicado, el director y fundador de la organización, Imran Ahmed, acusó el intento intimidatorio del hombre más rico del mundo y se pronunció por la protección del derecho de los ciudadanos por conocer las decisiones que las plataformas toman a puerta cerrada y que impactan en la democracia, los derechos y las libertades civiles fundamentales.

*** Analista y consultor político. Por más de 12 años, creador de estrategias de comunicación para el sector público y privado. Licenciado en comunicación y periodismo por la UNAM y maestro en gobierno por el Instituto Ortega y Gasset. Observador del uso de las nuevas tecnologías y su impacto en la democracia.

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Fake news, principal protagonista en elecciones de México y el mundo

***Miguel Ángel Romero Ramírez

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Ciudadanos de 64 países del mundo acudirán a las urnas este 2024. En términos poblacionales se estima que la mitad de la humanidad está llamada a renovar a sus gobernantes. El diagnóstico, de momento, es poco alentador: la crisis democrática es el común denominador. Los individuos construyen sociedades cada vez más endebles.

México tiene su cita el próximo 2 de junio, fecha en la que, al igual que en otras latitudes, la recomposición y distribución del poder tienen en los algoritmos de las plataformas digitales, no solo un factor novedoso, sino también al de mayor incidencia.

La advertencia ha cobrado relevancia. Recientemente el World Economic Forum catalogó a la desinformación como el principal riesgo actual para el orden mundial, por encima de las catástrofes naturales que tanta destrucción y muerte han provocado derivado del calentamiento global.

“El informe sugiere que la difusión de información errónea y desinformación en todo el mundo podría dar lugar a disturbios civiles, pero también llevar a medidas de censura por los gobiernos, aumento de la propaganda doméstica y controles sobre la libre circulación de información”.

En ese sentido, México puede configurarse como caso de estudio prototipo. Su sociedad, como en el resto del mundo, ha construido su derecho a la libertad de expresión sobre plataformas privadas como YouTube, X, Facebook, Tiktok o Instagram.

Tanto el gobierno, en este caso representado por Andrés Manuel López Obrador, como sus opositores, el Ejército, así como la sociedad civil organizada y poderes fácticos como son la Iglesia, el narcotráfico y los empresarios, discuten y buscan incidir en la vida pública a partir de estos nuevos canales de comunicación en medio de una guerrilla digital totalmente dispar.

La pregunta sobre cómo funcionan dichas plataformas digitales en medio del proceso electoral es relevante. Lo es para los 64 países en el mundo que van a elecciones. El análisis no puede quedarse solo en una aritmética de consultor electoral que prioriza convertir los millones datos y los likes que arrojan dichas redes sociales en votos. Sino más bien, revisar cómo el individuo inmerso en una aldea global que le permite conectarlo con el resto del mundo, a su vez, lo limita, bloquea y le impide construir o encontrar similitudes con aquellos con los que por cercanía física debe construir sociedad.

Al respecto, distintos análisis y estudios han confirmado que parte del modelo de negocio de las big tech: YouTube, Google, X, Tiktok, Meta (Facebook, Instagram, Whatsapp) radica en la polarización y en la creación de burbujas distorsionan la realidad del usuario. A mayor tiempo que un usuario esté dentro de las aplicaciones mayor es el rendimiento en términos comerciales, pues se incrementa la posibilidad de exposición a la publicidad.

Para lograrlo, los algoritmos están diseñados para engancharnos y, está comprobado, que para ello hay dos formas muy útiles que escarban en lo más primitivo del ser humano. La reconfirmación de nuestras ideas, por un lado, y el miedo, por el otro. Es decir, las plataformas priorizan que veas el contenido que reconfirma tus valores e ideología, con usuarios muy similares a ti, pero también identifica las temáticas que pudieran generarte miedo y te llamen a interactuar o desprestigiar.

En medio de un proceso electoral, los usuarios atrapados en las plataformas digitales serán presa de la desinformación con contenidos que le validan sus principios y creencias, mientras que también padecerán interactuar con sus miedos y fobias; entre los preferidos están los migrantes, las teorías conspirativas, el crimen organizado, así como todas las personas que se encuentren del otro lado del espectro ideológico partidista.

El debate de fondo sobre la influencia de las plataformas digitales en el mundo es novedoso pero se debe fortalecer con nuevos enfoques y encuadres en los que de inicio se reconozca el error de ejercer la libertad de expresión sobre corporativos privados y, en segundo nivel, cómo las distintas plataformas digitales diseñan los algoritmos que terminarán por definir los términos del debate de los asuntos públicos y cómo ello impacta en la reconfiguración de las sociedades que tienen como una de sus necesidades redistribuir el poder entrar los gobernantes.

***Analista y consultor político. Por más de 12 años, creador de estrategias de comunicación para el sector público y privado. Licenciado en comunicación y periodismo por la UNAM y maestro en gobierno por el Instituto Ortega y Gasset. Observador del uso de las nuevas tecnologías y su impacto en la democracia.

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Meméxico lindo y…

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Días antes de conmemorarse el Día Internacional de la Mujer, el aplaudidor de López Obrador, Epigmenio Ibarra, cometió violencia política de género en contra de la candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, a quien llamó “esperpento” en un programa de radio matutino a cargo del periodista Ciro Gómez Leyva.

“Me parece que es un esperpento, que es una mezcla grotesca, es un personaje de la realidad deformada”, dijo en su colaboración que tiene todos los miércoles en el programa de radio Por la Mañana.

La reacción de todas las mujeres mexicanas no se hizo esperar vía redes sociales, calificando al productor de misógino y machista, además de que le recordaron su deuda con el erario por 150 millones de pesos, mismos que quiere saldar con adulaciones a su amigo íntimo López Obrador y a su protectora Claudia Sheinbaum.

Pero veamos cual es la verdadera realidad de las mujeres mexicanas, quienes no sólo sufren violencia verbal, sino física.

De acuerdo con el informe publicado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública de enero a diciembre del año pasado, 2 mil 581 mujeres fueron víctimas de homicidio doloso, a las que se suman 848 presuntas víctimas de feminicidio, más los 827 presuntos delitos de feminicidio, lo que sumado nos da la alarmante cifra de 3 mil 429 mujeres víctimas de muertes violentas.

La administración del presidente López Obrador es la más peligrosa para las mujeres, pues las cifras de este aciago sexenio nos arrojan la siguiente información: 14 mil 65 mujeres víctimas de homicidio doloso; más 4 mil 882 presuntas víctimas de feminicidio; más 4 mil 746 presuntos delitos de feminicidio, lo que nos da una sumatoria de 18 mil 947 mujeres víctimas de muertes violentas.

Con estas perturbadoras cifras que se puede esperar de un personaje que forma parte de este gobierno y cuya única agudeza es su servilismo ciego a quien lo ha protegido en los últimos años. El insulto de Epigmenio Ibarra es sólo una muestra de lo que el lópezobradorismo, Morena y sus seguidores piensan de las mujeres, no importa que sean sus afines u opositoras.

El gobierno de Morena sí es un peligro para las mujeres, pues no sólo las ha abandonado en el tema de brindarles seguridad, sino que también les ha frustrado su desarrollo profesional y económico al eliminar programas tan eficientes como las Escuelas de Tiempo Completo y las Estancias Infantiles.

El próximo 2 de junio, las mujeres de todo México tendrán la oportunidad de hacerse escuchar por medio de su voto, ellas y sólo ellas decidirán si los verdaderos esperpentos continúan humillándolas o si su voto produce un cambio que les garantice algo primordial: su derecho a vivir una vida digna y sin violencia.

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Foto: Freepik

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