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Necesario crear “Sistema Profesional de Carrera Penitenciaria” en cárceles mexicanas

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Por: José Carlos Lozano Sánchez*

En el año 2011, México transitó hacia un nuevo paradigma constitucional, siendo los derechos humanos el eje rector en el ejercicio de las funciones de gobierno. De esta forma, el sistema penitenciario, como componente esencial de la maquinaria del Estado, desplegó sus capacidades institucionales con el propósito de salvaguardar los derechos de las personas privadas de su libertad, y lograr un proceso satisfactorio de reinserción al núcleo social.

Pero esta reivindicación del sistema debe comprenderse desde una perspectiva histórica, ya que, en el pasado, había sido concebido como un medio destinado a reprimir a los infractores de la ley; el mayor referente de esta percepción es el Palacio de Lecumberri, cuyas celdas edificadas a la manera del panóptico de Jeremy Bentham, testificaron los más crueles castigos aplicados a los reclusos, quienes no tenían otro destino que la muerte.

Al paso del tiempo, se erradicaron estas condiciones inhumanas para incorporar a los internos en un régimen basado en el trabajo, aunque a la fecha, se adoptó la creencia de que las prisiones son una “universidad del crimen”, pues la convivencia generada les permite perfeccionar sus técnicas delictivas, para aplicarlas una vez obtenida su libertad.

Actualmente, nuestro sistema penitenciario ha dedicado una incansable labor para procurar que quienes compurgan una pena, convivan en un ambiente de respeto e integración con sus compañeros, a través de la disciplina, las actividades deportivas y la capacitación para el trabajo, recuperen la confianza hacia sí mismos, manejen el estrés y la ansiedad ocasionadas por el encierro, desarrollando talentos creativos que los inspiren a erigir un nuevo plan de vida.

No obstante, el camino que debe recorrerse para cumplir con este objetivo, presenta múltiples obstáculos, tal y como se advierte en el “Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria”, elaborado anualmente por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que expone las condiciones de los internos en los distintos centros de todo el país.

En el análisis del 2020, fue alarmante encontrar que únicamente seis entidades de la República cumplieron los parámetros para garantizar una estancia digna a la población penitenciaria, en tanto que 20 estados, presentaron diversas áreas de oportunidad para mejorar el desempeño de sus funciones, y seis estados obtuvieron calificaciones negativas por incumplir los estándares mínimos considerados para brindar un trato decoroso en reclusión.

Si bien, cada establecimiento tiene sus particularidades, la gran mayoría, comparten deficiencias que atentan contra la integridad, no sólo de las personas privadas de la libertad, sino del personal que labora para estos centros. Es decir, son comunes ciertas prácticas, como el acceso a sustancias ilegales, alcohol, armas y dispositivos móviles, que lejos de favorecer un proceso de reinserción, promueven la comisión de delitos; es notoria la sobrepoblación al interior de las prisiones, evidenciando la inhabitabilidad y el riesgo para las personas privadas de la libertad; así mismo, el diagnóstico de referencia detectó un total de cien suicidios ocurridos en prisiones estatales, a causa de la falta de personal en psicología para atender la salud mental de las personas privadas de la libertad.

Es cierto que visibilizar estas condiciones, permitirá la implementación de estrategias encaminadas a erradicar los vicios señalados, no obstante, a consideración de quien escribe, esta problemática encuentra su origen en un común denominador: la falta de capacitación del personal penitenciario (en áreas técnicas, de vigilancia y administrativas) y la ausencia de condiciones laborales objetivas.

Son diversas las razones que sostienen esta hipótesis, por ejemplo, ante el exceso de población de personas privadas de la libertad, los elementos de custodia optan por concentrar una cantidad importante de reclusos en celdas más cercanas a ellos para tener un mayor control, sin valorar que se genera una mezcla de éstos, ya que son determinados como de alta y baja seguridad.

En esa misma línea, el personal de vigilancia carece de habilidades de mediación de conflicto, pues tan sólo en el 2020, la CNDH registró un total de 926 enfrentamientos, que van desde riñas, hasta amotinamientos entre grupos que se disputan el control de los centros. La vorágine de esta situación se agudiza si tomamos en cuenta que el tráfico de drogas al interior de las cárceles, ha incrementado la violencia a la que están expuestos los custodios, sin que cuenten con una preparación para neutralizar dichos ataques; todo lo contrario, en no pocas ocasiones son víctimas de grupos criminales, y en total complicidad con algunos directores, limitan sus tareas de supervisión.

En otro aspecto, el personal penitenciario, atraviesa por circunstancias laborales complejas, empezando por una baja percepción salarial, jornadas extensas de trabajo, escasos días de descanso, falta de capacitación para el manejo del personal bajo su custodia, nulas oportunidades de crecimiento laboral, tratos arbitrarios de sus superiores y prestaciones de seguridad social limitadas.

Se debe dimensionar que el personal penitenciario cumple con una tarea difícil, pues son responsables de supervisar a quienes perdieron el bien más preciado en la vida como lo es la libertad, aunque no tengan a su alcance las herramientas más elementales.

Por este motivo es que las “Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos” en sus numerales 74 y 75, resaltan la necesidad de que el personal en todos los niveles, posea una formación íntegra en su esfera de valores, con un sólido espíritu de vocación y una preparación profesional acorde con las circunstancias; se le dará capacitación constante y acorde con su nivel de responsabilidad, mejorando el desempeño de sus actividades; y debido al nivel de compromiso adquirido, será elemental que tengan un empleo bien pagado, con todas las prestaciones de ley, cuya estabilidad laboral dependerá de la eficiencia demostrada.

Etas directrices nos reflejan que el funcionamiento de las prisiones será directamente proporcional al respeto de las garantías laborales para el personal penitenciario, y por consiguiente, si no son respetados los derechos mínimos de estos servidores públicos, es probable que fenómenos como la corrupción, el autogobierno y la violencia se apoderen de las instituciones carcelarias.

Es momento de plantear la siguiente pregunta… A 10 años de las reformas en materia de derechos humanos ¿El sistema penitenciario generó verdaderas condiciones para lograr una auténtica reinserción social? El mejor parámetro lo encontramos en el “Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales” del 2020, el cual reporta que durante el 2019, ingresaron un total de 112, 811 personas a los centros penitenciarios, de los cuales, una cifra de 14,435 fueron reincidentes, y un total de 9,574 registraron un reingreso a prisión.

Estas estadísticas demuestran que un total de 24,009 personas no lograron construir un nuevo plan de vida, lo cual refleja que los programas de reinserción social no han cumplido con la efectividad esperada.

Por lo tanto, si la aspiración es mejorar la calidad de los servicios que brindan las instituciones penitenciarias, para que toda persona que cumplió una pena privativa de libertad pueda labrarse un nuevo porvenir, es fundamental el establecimiento de un “Sistema Profesional de Carrera Penitenciaria” que renueve los procesos de selección y capacitación del personal, generando un cambio de conciencia en la prestación del servicio.

Sin embargo, esta propuesta implicará un gran compromiso coordinado en el ámbito estatal y federal, no sólo para impulsar las leyes sobre la materia que definirán las bases de este nuevo sistema, sino también para destinar los recursos económicos que resulten necesarios.

Este sistema, debe ceñirse a los principios de honradez, legalidad, transparencia y rectitud; contar con un “Comité de Selección” dependiente de un “Subsistema de Ingreso”, encargado de publicar las convocatorias que contendrán los requisitos y el perfil necesario para cubrir un cargo específico, siendo indispensable que los aspirantes cuenten, por lo menos, con nivel licenciatura; como parte de esta etapa de ingreso, se encargará de aplicar las evaluaciones de conocimientos, psicométricas y de control de confianza, para elegir a los mejores elementos.

Igualmente, se requerirá un “Subsistema de Desarrollo Profesional”, cuya función consistirá en estructurar un plan escalafonario basado en el mérito y las competencias, para brindarle la oportunidad a los servidores públicos de aspirar a un mayor nivel jerárquico en la estructura administrativa.

Asimismo, debe instaurarse un “Subsistema de Certificación”, cuya misión será desarrollar los programas de capacitación para todo el personal, a través de cursos, talleres, especializaciones, seminarios y diplomados de actualización, con los que se potenciarán las capacidades técnicas en los servidores públicos penitenciarios.

Finalmente, el “Subsistema de Evaluación de Desempeño” calificará anualmente el cumplimiento de los objetivos, metas y resultados obtenidos por el personal penitenciario, y este indicador servirá como parámetro para determinar los probables ascensos en los centros penitenciarios, la estabilidad en el empleo, pero también notificará a los funcionarios acerca de las áreas de oportunidad que deberán mejorar para su desarrollo profesional.

Este subsistema tendrá la facultad para implementar exámenes de control de confianza, y así tener la certeza de que los funcionarios públicos se conducirán durante el desempeño de sus labores con probidad y rectitud.

Pero es muy importante que este sistema cuente con la supervisión permanente de un órgano interno de control, instancia que sancionará el incumplimiento de los principios básicos en el servicio penitenciario en perjuicio de las personas privadas de su libertad, y dará seguimiento a las acciones cometidas por los servidores públicos que puedan ser constitutivas de delito; pero eso no es todo, ya que se necesitará que en todos los establecimientos penitenciarios exista un área de quejas, para que los familiares y personas que durante su visita, sufran alguna deficiencia en la atención que se les brinda, puedan formular sus demandas y el órgano interno realice las investigaciones correspondientes, sancionando a los funcionarios responsables.

Este esquema descrito que favorecerá la calidad en el servicio público, respetará en todo momento los derechos laborales de los trabajadores, generando sueldos justos, jornadas equitativas, días de descanso, periodos vacacionales y prestaciones de seguridad social objetivas, con las cuales se asegurará la estabilidad de su empleo, desalentando cualquier práctica que atente contra su espíritu de vocación.

Al respecto, debe reconocerse el gran avance alcanzado por el gobierno del estado de Querétaro, que, a principios de agosto de este año, destinó una importante inversión para inaugurar el Instituto del Servicio Profesional de Carrera Penitenciaria de la entidad, cuya meta trazada es potencializar las habilidades integrales del personal penitenciario, a través de un esquema como el que se describe.

No podemos negar que México tiene una deuda histórica con la población penitenciaria, que cómo resultado de las malas decisiones del pasado, hoy están compurgando una pena en prisión; corresponde a las autoridades penitenciarias, en los distintos niveles de gobierno, estar a la altura de las circunstancias, y más allá de brindar un servicio de calidad, es necesario que brinden un acompañamiento y un apoyo solidario, moral y humano para los internos.

Todo ello es posible, sentando las bases de un sistema profesionalizante bien delineado en el que todos quienes formen parte de esta noble labor tengan al fin las competencias y habilidades, que les permitan desempeñarse con toda plenitud, abonando a un cambio no sólo en la vida de las personas privadas de la libertad, sino en nuestro propio tejido social.

Es el momento de redignificar las instituciones penitenciarias, y dotar de plena vigencia los derechos de su personal y de los internos, para que al paso del tiempo podamos decir con satisfacción que en México si existe una auténtica y verdadera reinserción social.*Estudia la Maestría en Ciencias Penales, en la Facultad de Derecho de la Barra Nacional de Abogados.

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¿Y la autosuficiencia energética, apá?

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La producción de petróleo ha disminuido alrededor de dos millones de barriles diarios en 20 años, según datos de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH).

Mientras que de 2002 a 2006, la producción de petróleo se mantenía en casi 3.4 millones de barriles diarios, en el periodo de gobierno actual, se mantiene en un promedio de 1.5 millones de barriles diarios.

El declive de producción comenzó en 2006, después de concluir el periodo presidencial de Vicente Fox. Desde ese entonces, la producción inició su caída hasta llegar al gobierno actual.

Es una realidad que la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador no ha sido responsable de la disminución de la producción; pero de lo que sí es responsable es de asegurar y reiterar que México alcanzará la soberanía y autosuficiencia energética en 2024, sin un fundamento sólido que lo avale.

Durante su cuarto informe de gobierno aseveró que la rehabilitación de seis refinerías, la construcción de dos plantas coquizadoras y la compra de la refinería Deer Park, en Houston, Texas, ayudará a lograr este objetivo.

Destacó que durante su gobierno se invirtieron 24 mil millones de dólares en el sector de hidrocarburos y 9 mil 200 millones de dólares en el sector eléctrico, no obstante, olvidó mencionar sobre la disminución en la producción de petróleo, ya que para él no es conveniente decir que la producción al principio de su gobierno (diciembre 2018) oscilaba en 1.7 millones de barriles diarios y en la actualidad ha disminuido hasta 1.5.

Octavio Romero Oropeza, indicó que la compra de Deer Park, ayudará a que México produzca dos millones de barriles diarios de crudo, así como a refinar el 100% del crudo mexicano cuando concluya la administración federal, sin embargo, esta producción sólo es una posible proyección, además que producir 2 millones de barriles diarios no asegura la autosuficiencia, ni soberanía energética.

De echo la autosuficiencia energética se refiere a reducir el consumo de energía y a aumentar la generación de energía local renovable, cosa que en la que el gobierno de México no se enfoca, pues el principal mandatario continua en la falsa nostalgia de riqueza con base en los hidrocarburos, mientras que países europeos se enfocan en la innovación en la producción de energía limpia, en la descarbonización y en la reducción de huella de carbono.

Sobre esto, México Evalúa –centro de análisis de políticas– realizó una investigación que presento en un informe titulado “La paradoja energética: motivos para abandonarla”, onde se destaca que México podría satisfacer más de 100 veces las necesidades eléctricas totales del país en 2024, a través de energías renovables y no, como lo espera el presidente, a base de los derivados del petróleo.

México Evalúa, aseguró que no será viable alcanzar los objetivos de soberanía energética en la ruta actual del gobierno debido al rechazo a la inversión privada, a la integración regional y a la falta de integración de energía renovable.

El informe destaca que, si se proyecta la producción nacional a partir de una capacidad de refinación al 80%, más la producción de la nueva refinería Olmeca y las importaciones de Deer Park, el país seguiría necesitando importar aproximadamente el 20% de la demanda de combustibles en 2024.

Además, señala que el Tratado México, Estados Unidos, Canadá (T-MEC), puede ofrecer una oportunidad para que México satisfaga sus necesidades eléctricas con inversiones adecuadas de empresas extranjeras; de hecho, también destaca que la integración de energías renovables ayudaría con la integración energética en Norteamérica, para lograr una reducción del 80% de las emisiones de carbono en el sector eléctrico para el 2050.

Lamentablemente el presidente continúa cerrándose a la inversión privada, hasta el punto de que Estados Unidos y Canadá solicitaron una consulta sobre el T-MEC en el sector energético que resolverá en los próximos días.

Por otro lado, pese a los millones invertidos en el sector energético la dependencia de las importaciones de algunos combustibles se ha incrementado, debido a que la plataforma de producción de crudo se encuentra prácticamente sin cambios; de acuerdo con datos de la Secretaría de Energía al cierre de 2021 México importó 10.8% más gas natural seco que en 2018, y 4.1% más que en 2020.

Por lo anterior México evalúa indicó que lo mejor sería transitar a un modelo energético global a través de una política de integración energética en Norteamérica en la cual se desarrollen proyectos de reducción de emisiones a la atmósfera, con una armonía regulatoria suministro confiable, y a precios asequibles de energéticos para la población.

Entonces el objetivo del gobierno no debería llegar a una soberanía y autosuficiencia energética, pues en las condiciones actuales esto queda en una utopía difícil de alcanzar, sobre todo si se cree que la respuesta se encuentra en las producciones de petróleo; si no por el contrario generar sinergias aprovechando el T-MEC, con empresas privadas; así como invertir en la producción tecnológica de nuevas formas de generar energía limpia, no refinadoras y coquizadoras que sigan centrando la idea de energía únicamente en los hidrocarburos.

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Presos de la celda COVID

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Por: Andrea Leal Cajero*

La pandemia a la que nos hemos enfrentado desde hace más de dos años, ha causado un impacto social que ha golpeado rotundamente al sector penitenciario, dejando la secuela más grave e incurable en la vida y salud de los presos en las cárceles mexicanas.

La COVID-19 ha venido a revelar una vez más las condiciones insalubres en las que se encuentran las cárceles y lo que se vive detrás de las rejas y del sistema penitenciario de nuestro país y del mundo.

Esta vez se hace un enfoque en las prisiones mexicanas, donde el SARS-CoV-2 ha causado un daño físico y sobre todo emocional irreversible en la vida de los presos. Se conoce que las personas privadas de su libertad padecen miserables condiciones de aseo y deja una profunda indignación por la situación de vida de estos seres humanos que han sido olvidados por el gobierno, alejándolos de poder gozar y ejercer sus derechos humanos en prisión.

Es bien conocido que el sistema penitenciario se encuentra en la precariedad y que dentro de las cárceles mexicanas se tiene un riesgo latente para la pronta propagación del virus, viéndose así afectada la población de más de 225,000 personas, de las cuales no se cuenta con una cifra actual fehaciente que nos pueda arrojar con certeza el número de casos infectados dentro de los centros penitenciaros y de las muertes que ha cobrado este virus.

Cabe mencionar que se ha generado una crisis carcelaria, es por ello que  para contrarrestar esta enfermedad, se debe atender a las necesidades de los reos así como garantizar la atención médica, suministros de medicamentos y de información esencial que llegue a los internos para conocer la manera de enfrentar al virus dentro de las celdas. Es importante facilitarles insumos necesarios que les garanticen tener una adecuada higiene y alimentación tomando en cuenta las precauciones sanitarias que los mantengan a salvo.

La Organización Mundial De la Salud y la Organización de las Naciones Unidas han hecho un llamado a los gobiernos para que emitan acciones de prevención y de atención a los casos COVID dentro de las prisiones, toda vez que este sector se ha visto golpeado de manera desproporcionada por la pandemia, siendo afectados en diversas áreas de su vida como lo es la salud física, emocional, familiar, entre otros. La situación de las cárceles se ha vuelto más intensa de lo habitual, la restricción de visitas, el escaso contacto por periodos prolongados con sus familiares, el hacinamiento, la situación procesal de los internos, la falta de insumos, condiciones insalubres, la restricción de actividades recreativas, el alojamiento de personas infectadas, la falta de información y sobre todo la carente atención medica ha dejado a los internos en un estado vulnerable que debe ser atendido por las autoridades nacionales.

Los centros de reclusión deben de atender las necesidades de los internos, otorgarles la facilidad de video – llamadas con sus familiares, con la finalidad de impedir que la población se amotine, darles platicas de medidas sanitarias, dotarles de agua potable, habilitar espacios para evitar la sobrepoblación en las celdas, tratar de que pasen el mayor tiempo posible fuera de las celdas y no dejar que hagan reuniones de más de 10 internos.

Se les debe aplicar las vacunas y los refuerzos, atender a los reos infectados con atención médica inmediata, hacer un enfoque en los presos que padecen de enfermedades crónico degenerativas para que se les mantenga asilados de la demás población y considerar un arraigo domiciliario, con esto  atender mediante pre liberaciones a personas que estén prontas a cumplir con sus sentencias y estudiar casos de internos que puedan obtener su libertad para evitar el hacinamiento en las cárceles y con esto lograr que la población privada de su libertad tenga oportunidad de salvaguardar su vida.

Con estas propuestas se pretende también tratar la salud mental de los internos la cual es de suma importancia para una reinserción social, el que estén en contacto con sus familias garantiza una estabilidad emocional, permitirles el acceso a sus visitas con todas las medidas sanitarias necesarias aún y cuando el semáforo epidemiológico cambie constantemente de acuerdo al índice de casos infectados en el país.

Se debe usar un calendario de visitas por módulos cuando el semáforo este en rojo o bien planear horarios de video llamadas si es que el riesgo de infección es alarmante, pero que COVId por los menos quincenalmente para que tengan la seguridad de que se encuentran sin incidencia del virus. Estas medidas convertirían a esta situación social en una situación menos lesiva dentro de las cárceles mexicanas.

Para que todo esto funcione las autoridades nacionales deben de prestar la suficiente atención a los presos durante la pandemia aún y cuando la mayoría de la población en general ya cuenta con la vacunación, se debe de hacer énfasis en robustecer las medidas sanitarias para el ingreso de las familias y abogados a los penales, toda vez que las prisiones son un foco de infección latente por los factores que se ha venido mencionando, ya que la población carcelaria registra a menudo una incidencia de enfermedades transmisibles y no trasmisibles que ponen en riesgo a la población en general.

No basta con que autoridades internacionales emitan opiniones o recomendaciones si los estados no ejercen las acciones y medidas necesarias. Se debe actuar y garantizar los Derechos Humanos de las personas privadas de su libertad apegándose a los cinco ejes de la reinserción social sin perder de vista que los presos también son seres humanos.

*Alumna de la Maestría en Ciencias Penales y Criminalística de la Facultad de Derecho de la Barra Nacional de Abogados

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Coca-Cola multiplica “amor” e inversión

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La Industria Mexicana de Coca-Cola (IMCC) tiene claro que la mejor manera de llegar a las personas, es a través de un mensaje simple y que las pequeñas acciones transforman vidas, lo que se traduce en desarrollo económico e inversión.

Esta industria que nació en 1926 y que hoy agrupa a ocho grandes embotelladores, junto con Jugos del Valle-Santa Clara y la planta de reciclaje Petstar e IMER, busca ser un agente de cambio a través de la iniciativa “El amor multiplica”.

¿Cuáles son los objetivos? Impulsar el talento femenino, el desarrollo de las comunidades, el uso responsable del agua y el reciclaje.

Las tareas planteadas no parecen sencillas, pero vamos punto por punto:

Talento femenino. IMCC ha planteado la importancia de que las mujeres emprendedoras, pilares en la economía nacional, tengan las herramientas necesarias para hacer crecer su negocio.

Una de estas herramientas es la capacitación y a la fecha suman más de 180 mil mujeres que han aprendido sobre administración, el manejo de su negocio y más.

También, la Industria Mexicana de Coca-Cola destinó en 2021 una inversión de 5 mil millones de pesos en el mantenimiento y la mejora de tiendas, de las cuales seis de cada 10 son operadas por mujeres.

Comunidades. Las problemáticas que estos grupos enfrentan se debaten en conversaciones y diálogos promovidos por IMCC para poner en la mesa sus principales necesidades en la búsqueda de posibles soluciones.

A inicios de julio de este año se celebró el primero de cuatro foros cuyas sedes son lugares abiertos al público y tienen como finalidad invitar a realizar acciones que beneficien su entorno y su país.

A la par de estos foros, se develó el primer mural comunitario de la muralista Dulce V. Ríos, y vecinos del pueblo de Xoco, en la alcaldía Benito Juárez, en Ciudad de México, con lo cual se dio inicio a una serie de 10 obras artísticas que se realizarán por todo el país.

Agua. Para generar consciencia sobre un mayor cuidado del agua, IMCC es consciente de que la mejor manera de enseñar es con el ejemplo, por lo que hoy devuelve 100% del líquido vital que utiliz en la elaboración de sus productos. 

Con el objetivo de llevar agua limpia a las comunidades a través de la construcción de cuatro humedales que benefician al Estado de México, Baja California, Jalisco y Quintana Roo, el año pasado, se destinaron 170 millones de pesos. 

Reciclaje. La simple acción de recoger una botella de plástico o una lata de aluminio de la cual se disfrutó su contenido es sin duda el comienzo de la cultura de reutilizar. 

El resultado de esta labor, es que los embotelladores que integran a IMCC: Arca Continental, Bebidas Refrescantes de Nogales, Bepensa, Coca-Cola FEMSA, Corporación del Fuerte, Corporación RICA, Embotelladora de Colima y Embotelladora del Nayar, procesan 85 mil toneladas de PET o Polietileno Tereftalato al año.

Este año la cadena de acopio, reciclaje y retornables en el país comprometió una inversión de 175 millones de pesos.

Sin duda las pequeñas acciones sí cuentan y se multiplican. 

Ecoce protagonistas del reciclaje en México 

Ecoce, al frente de Carlos Sanchez, y sus asociados, han trabajado durante 20 años con gobiernos y organizaciones civiles, en rubros como la educación ambiental, el acopio, así como el manejo de envases y empaques en México.

Estas acciones permiten el desarrollo de la industria del reciclado, considerada actualmente como la más grande de América Latina.

La historia inició hace dos décadas, cuando un grupo de empresarios de la industria de bebidas y alimentos, preocupados por la problemática ambiental, notó que en México no existía una Ley de Residuos ni reglamentos o normas para manejarlos, por lo que conformaron Ecología y Compromiso Empresarial o Ecoce.

Entre los logros obtenidos a lo largo de estos años están más de 79 mil toneladas de materiales reciclables, principalmente de PET, PEAD, aluminio, hojalata, empaques flexibles metalizados y no metalizados, vidrio y cartón.   

Lo anterior se traduce en el ahorro de 62 millones de kilogramos de materia prima, así como el ahorro de agua para llenar 12 albercas olímpicas y una reducción de 305 camiones de basura en rellenos sanitarios.

Es de destacar que el organismo lidera los programas Eco Reto, Acopio Institucional y Acopio Móvil, así como diferentes jornadas de limpieza. 

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