Al presidente Manuel López Obrador, le ha funcionado muy bien como discurso político, el aborrecimiento que siente en contra de las mineras ubicadas en nuestro país. Le ha permitido ganar muchos adeptos, sobre todo de quienes desconocen el trabajo que realiza esta industria a favor del medio ambiente y de las comunidades en donde laboran, bueno, entre otros aspectos.
De hecho, cuando era candidato a este puesto de elección popular, arremetía constante y seriamente contra este sector productivo. Por ejemplo, en 2014, en gira por Guerrero, fue categórico al señalar que era necesario IMPEDIR que “invadan las empresas mineras extranjeras a saquear el estado, la gente se tiene que organizar para evitar que se lleven el oro, la plata, el cobre, los minerales de la entidad, porque no dejan beneficios, destruyen el territorio, contaminan, pagan salarios injustos a los trabajadores y no pagan impuestos”.
La penúltima (de otras tantas anteriores) del presidente fue el 19 de mayo de este año, otra vez utilizando como marco “la mañanera”, y como alfil a la secretaria del medio ambiente, María Luisa Albores, para “informar” de una serie de anomalías en las que incurre la minería en México.
La titular de SEMARNAT acusó al sector de abusar en la extracción de minerales, en poseer demasiadas concesiones, de hacer mal uso de agua, de afectar al medio ambiente y de contaminar los afluentes de los ríos.
La última del gobierno de la Carta Transformación fue, también mediante SEMARNAT, la negativa a la autorización de la Manifestación del Impacto Ambiental (MIA) al proyecto San José II de la Minera Cuzcatlán, filial de la canadiense Fortuna Silver Mines, supuestamente por violar leyes ambientales en la construcción de 81 obras irregulares.
Al respecto la minera de inmediato informó a la población de su informidad por la disposición de la SEMARNAT y presentó, a esta instancia de gobierno, un recurso de revisión exponiendo las razones por las que considera que la MIA San José II debe ser evaluada en una segunda oportunidad.
La empresa dio a conocer que anualmente beneficia, con más de 600 millones de pesos a su área de influencia, a través de salarios bien remunerados, contratación de servicios, prestaciones sociales y convenios con las comunidades en diferentes rubros como: educación, cultura, salud (incluyendo COVID-19), nutrición, proyectos productivos e infraestructura social, apoyo al medio ambiente y el cuidado del agua.
En este caso, y en la “información” sesgada que dio presidencia el 19 de mayo, se argumenta que la industria minera no respeta o protege el medio ambiente.
La Cámara Minera de México y Minera Cuzcatlán, han dado a conocer pruebas de los beneficios que aportan a las comunidades en donde trabajan y de los implementos tecnológicos que hacen para mejorar la producción sin dañar a la población y a sus trabajadores.
A todo esto, la respuesta del presidente es dar con el mazo del desprecio y del golpe por la espalda, mediante la SEMARNAT, a los industriales mineros que generan casi 380 mil empleos directos y 2.6 millones de indirectos.