Por Clara Alondra Sánchez Estrada*
En la actualidad existen mecanismos que ayudan a contribuir en la disminución de los índices de criminalidad y reincidencia delictiva en México mediante la consolidación de los programas y procesos de prevención, readaptación y reinserción social de las personas privadas de su libertad.
Por ello la actuación del sistema penitenciario con un enfoque a la reinserción social y cuyos temas relativos implican serán de vital importancia para el cumplimiento de estos mecanismos, por una parte la coadyuvancia del Instituto de Reinserción Social y por otra la Ley Nacional de Ejecución Penal.
De acuerdo con la Ley Nacional de Ejecución Penal (DOF 10-06-2016.) entendemos por Sistema Penitenciario: Al conjunto de normas jurídicas y de instituciones del Estado que tiene por objeto la supervisión de la prisión preventiva y la ejecución de sanciones penales, así como de las medidas de seguridad derivadas de una sentencia, el cual está organizado sobre la base del respeto de los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción de la persona sentenciada a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir;
Se entiende por Sistema de Reinserción: Al conjunto de derechos del sentenciado privado de su libertad, que se materializan a través de un programa estratégico individualizado que se regirá sobre la base del trabajo, la capacitación laboral, la educación, el deporte y la salud, así como de un entorno de condiciones fácticas y jurídicas, respetuoso de los Derechos Humanos en el cumplimiento de la pena o medida de seguridad impuesta, a fin de procurar que al salir del Centro Penitenciario conviva armónicamente en sociedad y no vuelva a delinquir.
Derivado de los conceptos podemos comprender la problemática que existe y persiste en nuestro país, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) egresaron 108,481 personas durante el 2019 de los centros penitenciarios estatales, de los cuales, 92,458 fueron hombres y 16,023 mujeres. La entidad federativa que más egresos tuvo fue el Estado de México con 15,748 seguida de Baja California con 13,360.
Por otro lado, respecto de los egresos de adolescentes de centros de tratamiento o internamiento, el número fue de 2,069. La entidad federativa con más egresos de adolescentes fue Ciudad de México con 420, seguida de Nuevo León con 256 y de Sonora con 201 (INEGI, 2019).
Es decir, el total de personas egresadas de centros penitenciarios estatales durante el año 2018, considerando hombres, mujeres y adolescentes fue de 104,060 (INEGI, 2019). ¿Pero a cuántos de ellos en realidad se les brindan suficientes elementos para tener un buen proceso de reinserción en la sociedad?, ¿Existen diseños de estrategias efectivas de reinserción social que garanticen que la población reclusa pueda reincorporarse a su comunidad de manera productiva?, ¿Realmente el sistema penitenciario está llevando a cabo la reinserción social?
Es por ello que existen actividades en las que se involucran a los internos y convenios con empresas o instituciones para conformar bolsas de trabajo para la población egresada, a pesar de esto no todos los reclusos realizan alguna actividad y no todos los centros penitenciarios estatales cuentan con estas vinculaciones institucionales o recursos para dar empleo, albergue o asesoría a los liberados.
Al respecto organismos como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así como por leyes vigentes nacionales han propuesto modelos de sistema penitenciario donde involucran a diversos actores en una política que busca solucionar el problema público de la situación de las personas (hombres, mujeres y adolescentes) que estuvieron en centros de readaptación, de tratamiento o de reinserción social.
Con base en esto, existe un análisis de apoyo para que las personas liberadas de prisión se les brinden oportunidades, y justo es en la Ciudad de México donde se encuentra el Instituto de Reinserción Social que “trabaja con un conjunto de elementos articulados para apoyar a las personas liberadas en el proceso de reinserción a la sociedad” (Gobierno de la Ciudad de México, 2019).
El Instituto de Reinserción Social tiene cinco objetivos principales:
- Consolidar el proceso de reinserción social en la población egresada de centros penitenciarios.
- Generar oportunidades para convivencia pacífica.
- Contribuir a la prevención y disminución de reincidencia delictiva.
- Procurar que los liberados tengan un futuro digno.
- Hasta, ofrecer servicios postpenales (laborales, educativos, sociales, etc.)
El Instituto también cuenta con diversos servicios:
- Laboral. Capacitación para autoempleo, canalización para obtener microcrédito, vinculación laboral, entre otros.
- Educativo. Preparatoria abierta, se orienta para concluir estudios de nivel medio superior, se ofrecen talleres y pláticas educativas, entre otras actividades.
- Médico y Psicológico. Se ofrecen servicios como revisión médica, diagnóstico psicológico inicial, grupos de terapia grupal y familiar, canalizaciones a distintas clínicas.
- Apoyos Sociales. Se apoyan a personas liberadas en cuanto a información sobre albergues, canalización a comedores públicos, donación de ropa, apoyo a personas que requieran transporte público.
- Gestión y Asesoría Jurídica. Se brinda asesoría jurídica para concluir trámites y poner en orden sus documentos.
- Biblioteca. Se prestan libros a personas usuarias por un mes.
- Talleres. Van desde resolución de conflictos, inteligencia emocional, manejo de emociones, pintura. (Gobierno de la Ciudad de México, 2019).
La reinserción social es obligación del Estado en cuanto a garantizar a los individuos privados de su libertad, los mecanismos que les permitan reintegrarse a la sociedad mediante el trabajo, la capacitación, la educación, la salud y el deporte…
Por lo tanto, se debe proporcionar en el caso de los adolescentes y/o adultos jóvenes responsables de la comisión de alguna conducta antisocial y proclive a ésta, los elementos formativos y disciplinarios, habilidades sociales y laborales que los conduzcan a un mejor desenvolvimiento en su vida individual, familiar y social.
Por lo que los sistemas penitenciarios deben de ofrecer a los internos, seguridad jurídica, legalidad, vida digna y ética social, con el propósito de que las personas sancionadas con reclusión y puestas en libertad, tengan una sana reinserción social y eviten la reincidencia de actos ilícitos, es decir apostando por la no repetición del delito y por la posibilidad de que los excarcelados tengan una oportunidad de desarrollar un proyecto de vida integral.
No se debe perder de vista que las víctimas y ofendidos son el centro de atención y a quienes se les restaurará el daño causado.
*Alumna de la Maestría en Ciencias Penales y Criminalística de la Facultad de Derecho de la Barra Nacional de Abogados.