* En vez de gastar 528 mdp en la consulta, deberían destinarlos a comprar medicinas para niños con cáncer
Ciudad de México, 23 de junio, 2021.- La consulta popular convocada por el presidente de la República, que se realizará el próximo primero de agosto, es una deformación de una valiosa figura de democracia directa pues es completamente innecesaria y no responde a la necesidad de un pronunciamiento popular que ya está fijado en la Constitución y en el ánimo ciudadano, sino a un aspaviento manipulador para fortalecer el proyecto autocrático de Manuel López Obrador, considera la organización civil, Futuro 21.
Además opina que, el gobierno federal, en vez de gastar 528 millones de pesos en una consulta amañada podría destinarlos a comprar medicinas para los niños con cáncer que, por negligencia de las autoridades no existen en México.
Explica que el propósito de la consulta es poner a consideración de la ciudadanía una pregunta que redactó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para enmendar por improcedente la redacción original que se propuso desde la presidencia. He aquí la pregunta que se quiere someter a consulta:
“¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”.
Futuro 21 indica que la vaguedad de la pregunta banaliza el ejercicio democrático de consulta popular y al mismo cuestiona: ¿Por qué es una consulta innecesaria?
Y responde: Como lo implica la pregunta misma la Constitución y las leyes no solamente garantizan, sino que obligan a que toda decisión tomada por funcionarios, ya sea en el pasado o en el presente, sea investigada y esclarecida en el caso de que existan dudas o sospechas fundadas en evidencia acerca de su ilegalidad y de que hayan perjudicado a particulares o a la sociedad en general.
Cualquier acción de autoridad o funcionario que se haya dado en contra de la legalidad y en perjuicio de la nación puede y debe ser investigada por la autoridad respectiva.
Aclara que si realmente existiera disposición y proceder contra ello y contra otros funcionarios de los que se tenga prueba, bastaría con proceder conforme a las disposiciones del Título Cuarto Constitucional que en sus artículos 108 a 114 establece las responsabilidades de los servidores públicos y de particulares que incurran en hechos de corrupción. Igualmente, las leyes que se derivan de la Constitución proporcionan las herramientas que permiten con toda amplitud el combate a la corrupción y a la impunidad.
Indica que el presidente consulta en vez de actuar porque se hace cómplice de la impunidad al omitir las acciones a que su encargo le obliga.
“El tiempo lo dirá, pero seguramente veremos cómo la inacción se mantiene con independencia de lo que se conteste a esta consulta que no es, por las razones expuestas, más que una farsa más que distorsiona el sentido de las consultas populares, desfigura la verdadera voluntad de los mexicanos de que las autoridades actúen desde ya contra la corrupción y la impunidad y para evadir sus responsabilidades”, precisa Futuro 21 en un comunicado público emitido.
En ese sentido, hace un llamado a la ciudadanía para que exijamos al presidente de la República y a la FGR que, en el caso de que cuenten ambas instituciones con información y evidencias de delitos cometidos por funcionarios en el ejercicio de sus facultades, actúen en consecuencia, al margen de consultas absurdas.
Futuro 21 demandó al presidente López Obrador que deje de solapar la corrupción y haga uso de sus responsabilidades y facultades para presentar las denuncias correspondientes ante la autoridad competente. Lo mismo en el caso de exfuncionarios, de funcionarios y de delincuentes integrantes del crimen organizado.