Mientras el oficialismo consolida su control con una reforma judicial devastadora, Claudia Sheinbaum será una de las principales perjudicadas por las secuelas que esta medida tóxica traerá consigo.

A escasas dos semanas de asumir el poder, el destino de su sexenio parece condenado a seguir el rígido molde autoritario que le diseñó e instaló su predecesor, Andrés Manuel López Obrador. Esta reforma judicial, más que una simple reestructuración del sistema de justicia, es un golpe directo al equilibrio de poderes, cuyo significado implícito es un grave retroceso para la democracia mexicana.

La ruta que se impone a partir de esta medida no es de estabilidad ni de moderación, sino de radicalización, diferenciando claramente entre el “movimiento” y su “liderazgo”, en donde Sheinbaum, como figura política, se vuelve sacrificable en nombre de la continuidad del proyecto. Rápidamente se hace evidente que ella no domina la Cuarta Transformación, sino que esa figura, generada simbólicamente por AMLO, la mantiene secuestrada.

La elección de jueces por tómbola no sólo es un atentado contra la imparcialidad judicial, sino una estrategia para concentrar más poder en manos del oficialismo, lo cual no implica necesariamente que dicho poder esté en las manos de la nueva presidenta. Bajo este nuevo esquema, la justicia deja de ser un contrapeso y se convierte en una herramienta de obediencia política. Una simple extensión de la maquinaria. Sin embargo, esta acumulación de poder, paradójicamente, no refuerza a Sheinbaum, sino que la debilita.

Si Sheinbaum continúa abrazando esta dañina reforma, también estará colocándose en la ruta para configurarse como un personaje desechable. El tablero que López Obrador diseñó no tiene como uno de sus objetivos sostenerla a largo plazo, sino perpetuar la estructura de poder. En este sentido, quien hoy ocupa la presidencia parece tan reemplazable como cualquier otro actor político que no se alinee perfectamente con los intereses del sistema implantado.

Esta concentración de poder por parte del oficialismo empuja a Sheinbaum hacia una inevitable radicalización. Sin la legitimidad que podría proporcionarle imprimir su propio sello, la administración que recién comienza dependerá de métodos cada vez más coercitivos para mantener el control. Cada vez que un juez esté alineado con los preceptos y deseos del Poder Ejecutivo en lugar de la ley -beneficiando a los círculos cercanos al poder-, se erosionará la confianza de los ciudadanos, no solo en las instituciones, sino también en Sheinbaum.

Quedan pendientes por resolver los señalamientos contra los hijos del expresidente y sus amigos por corrupción, así como un sinfín de casos relacionados principalmente con los megaproyectos como la refinería de Dos Bocas, el aeropuerto Felipe Ángeles y el desarrollo del corredor transístmico que busca conectar el Océano. Pacífico con el Golfo de México. A esto se suman los nuevos delitos cometidos por la renovada Guardia Nacional, ahora bajo el mando del Ejército, que en tan solo dos semanas se estrenó con una masacre de migrantes y violaciones a los derechos humanos en distintos puntos del país.

La imagen de un gobierno que respeta la legalidad queda comprometida, mientras que la distancia entre Sheinbaum y sectores de la sociedad, con expectativas totalmente diferentes a lo que está ocurriendo, se agranda. Es falso que el mandato de los 36 millones de votos obtenidos fuera para destruir el equilibrio entre poderes. Con el tiempo, la acumulación de errores y el desgaste que acompaña a la radicalización provocarán que Sheinbaum se convierta en una figura política cada vez más frágil.

El laberinto en el que la presidenta navega sin brújula, siguiendo un guion que no escribió, traerá consigo una pérdida de legitimidad tanto al interior de su gobierno como en el exterior. Mal arranca la nueva presidenta de México, quien rápidamente se encuentra en franca desventaja frente al aparato oficialista que, en el mejor de los casos, buscará someterla y aplastarla, mientras que, en el peor, la culpará del fracaso casi inminente ante una herencia tan devastadora como la dejada por López Obrador.

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*** Miguel Ángel Romero Ramírez

Claudia Sheinbaum llega a la presidencia asumiendo el rol de un simple instrumento de la narrativa de la Cuarta Transformación. Se presenta como la continuidad de un proyecto, como la figura que debe garantizar que el legado de Andrés Manuel López Obrador permanezca intacto. Todo en su discurso sugiere que el líder es otro, que ella está al servicio de una visión mayor.

Sin embargo, la realidad del poder es otra. La presidencia es suya. Por más diques que López Obrador haya intentado poner, el poder del cargo reside ahora en ella.

Su postura leal no es ingenua. Comprende que su papel dentro de la narrativa exige subordinación, pero también sabe que el control operativo y la capacidad de decisión son inherentes al cargo. Este equilibrio es la clave: mantener la apariencia de continuidad sin renunciar a la potestad que la presidencia otorga. Sheinbaum tiene el poder real, aunque el liderazgo simbólico siga apuntando hacia su predecesor. Esa es su ventaja: el poder del cargo, aún bajo la sombra de quien le abrió el camino.

En su aparente sumisión, pareciera que hay estrategia. No necesita romper abiertamente con López Obrador para cambiar las cosas. La transformación no tiene que ser ruidosa ni estridente. Ella sabe que, al posicionarse como la continuadora fiel, desactiva los conflictos internos y mantiene a los militantes cohesionados. Pero esa misma posición le otorga el espacio para actuar. Puede modificar políticas, ajustar enfoques y crear cambios profundos, sin cuestionar el relato que sostiene la Cuarta Transformación.

El mayor reto de Sheinbaum estará más allá de la continuidad o de los ajustes silenciosos. Su verdadero desafío será construir su propia popularidad y capital político. No sólo por vanidad sino para tener la capacidad de ejercer el poder y gobernar. Entiende perfectamente bien que los 36 millones de votos obtenidos en las elecciones de junio pasado se los debe casi de manera exclusiva a la figura de López Obrador. La sombra del líder y sus adoradores se configuran como una guillotina que pende sobre ella y la cual debe deconstruir a partir de un enfoque propositivo.

Para lograrlo, en cada decisión, en cada acto, Sheinbaum está obligada a demostrar que es capaz de consolidar un liderazgo propio, independiente de quien la precedió. No puede ser vista todo el tiempo como la extensión de la figura de alguien más; debe construir su propia conexión y capital con la ciudadanía. La clave estará en su capacidad para transformar esa lealtad en algo que la haga a ella irremplazable. Dejar de ser la heredera de López Obrador para convertirse en una líder que se sostiene por sí misma.

Distinguirse sin romper con quien la encumbró será el principal reto. Si Sheinbaum no logra posicionarse en un corto plazo, su mandato no sólo quedará marcado por la subordinación, sino que enfrentará en el camino problemas de gobernabilidad y legitimidad, elementos que en la práctica se sobreponen a la retórica y a la propaganda que, hacia finales del sexenio de AMLO, mostraban cierto agotamiento y reducción en su efectividad.

La primer mujer presidenta de México está orillada a imponer su sello y a actuar, sino quiere convertirse en el chivo expiatorio de la Cuarta Transformación. Enfrenta el desafío de evitar caer en lo que se conoce como el “acantilado de cristal”: ese abismo invisible al que se empuja a las mujeres a “liderar” en política y negocios cuando las condiciones en las que recibe el encargo marcan fracaso casi inminente.

Y es que Sheinbaum hereda un país cargado de problemas estructurales: un país con presencia militar en tareas de seguridad que maquilla un Estado de excepción en el que crisis de inseguridad se refleja en el dominio del crimen organizado en la mayoría del territorio nacional; una corrupción generalizada que trastoca a los hijos, amigos y familiares del expresidente.

También, un sistema de salud que se burla de los enfermos cuando lo único que les receta son spots en los que sostienen que los servicios son mejor que en Dinamarca; una centralización del poder que amenaza la independencia judicial poniendo en entredicho el orden constitucional y por ende el régimen democrático; un desmantelamiento institucional que apuesta por aniquilar los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas.

En ese sentido, la narrativa del obradorismo, que se ha impuesto como el único camino legítimo, no permite fisuras. Y en ese marco, cualquier desvío o fracaso podría recaer sobre ella, mientras que los éxitos seguirían siendo atribuidos al proyecto del fundador. “El “acantilado de cristal” se convierte en una trampa estructural.

Si Sheinbaum no logra redefinir el rumbo y marcar una diferencia clara, corre el riesgo de que se la culpe de todos los problemas que la Cuarta Transformación no ha resuelto. Es el escenario clásico donde el liderazgo de las mujeres es aceptado sólo cuando la crisis es inevitable y se requiere un responsable visible para el fracaso. Así, si las cosas no mejoran, Sheinbaum se convertiría en el chivo expiatorio perfecto, desviando las críticas que deberían dirigirse a la naturaleza misma del proyecto heredado.

Foto: Presidencia de la República

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La llegada a la presidencia de la República de Claudia Sheinbaum no ha cambiado en nada el índice de violencia en México. A unos días de haber tomado protesta del cargo, la mandataria federal choca de frente con la herencia de sangre que le dejó su predecesor, quien con su estrategia fallida de “abrazos no balazos” convirtió a nuestro país en una sucursal de la impunidad y la barbarie.

En sólo 10 días, la jefa del Ejecutivo federal ha tenido que lidiar con los asesinatos ocurridos en Chilpancingo, Guerrero, localidad donde en menos de una semana el crimen organizado ejecutó a tres miembros del gobierno municipal.

El primer caso ocurrió el 27 de septiembre cuando sujetos desconocidos asesinaron a balazos a Ulises Hernández Martínez, quien asumiría la Dirección de Seguridad Pública municipal.

El segundo suceso aconteció el jueves 3 de octubre, día en que fue asesinado, a unas cuadras del ayuntamiento de Chilpancingo, Francisco Gonzalo Tapia Gutiérrez, quien se desempeñaba como secretario general de este municipio.

El colofón vino con el homicidio y decapitación del entonces alcalde de esta localidad, Alejandro Arcos Catalán, quien cabe señalar sólo tenía una semana en el cargo, pues tomó protesta el 30 de septiembre.

Para “capotear” esta ola de violencia, la presidenta presentó el martes 8 de octubre la “nueva estrategia de seguridad del Gobierno federal”, que cabe decirlo no es más que pan con lo mismo o como se dice coloquialmente es la misma chiva nada más que revolcada.

La “novedosa” estrategia con la que se busca combatir a los grupos del crimen organizado y reducir los homicidios en México consta de cuatro ejes: 1) Atención a las causas; 2) Consolidación de la Guardia Nacional; 3) Fortalecimiento de inteligencia e investigación, y 4) Coordinación absoluta en el gabinete de seguridad.

Con respecto a los dos primeros puntos es importante señalar que son sinónimo de la estrategia “abrazos no balazos”, sólo que en otras palabras, es decir, el gobierno de López Obrador se supone que atendió las causas y otorgó becas y apoyos a la población más vulnerable para que este grupo no cayera en manos del crimen organizado. En cuanto al segundo punto cabe recordar que la Guardia Nacional ya pasó a ser parte del Ejército, entonces, no sabemos a qué se refieren con consolidarla.

El tercer y cuarto punto nos dan la idea de una crítica, mínima, pero crítica al fin al gobierno anterior, en donde se le acusa de no echar mano de la tecnología para combatir a los criminales y de una total descoordinación entre los diferentes niveles de gobierno para prevenir la violencia.

Luego de conocer esta “flamante” estrategia de seguridad, las y los mexicanos no podemos albergar esperanza alguna de que cambien las cosas, al contrario, creo que podemos ver cómo el segundo piso de la transformación sólo servirá para seguir acumulando muertos y desaparecidos. Lamentable.

Foto: Presidencia de la República

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