Ciudad de México, 14 de abril, 2023.- La Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México considera urgente que el Congreso de la Unión organice un parlamento abierto para que todos los involucrados de la industria minero – metalúrgica participen, analicen y discutan la iniciativa para reformar la Ley Minera y otras disposiciones legales, antes de someterla a votación.
El 24 de marzo el Ejecutivo Federal presentó una iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de las Leyes Minera; de Aguas Nacionales; del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, en materia de concesiones para minería y agua, la cual podría ser discutida en comisiones la próxima semana para su posterior votación en el Pleno de la Cámara de Diputados.
En ese sentido, la AIMMGM considera que antes de ser discutida y, en su caso aprobada, en las Comisiones Unidas de Energía y Economía Comercio y Competitividad de la Cámara de Diputados, se deben escuchar y tomar en cuenta las voces de las poblaciones beneficiadas por las mineras en 24 estados del país y de los expertos que todos los días practicamos la minería sostenible en México.
Urgimos a los legisladores a convocar a un parlamento abierto para discutir la iniciativa que afectará a la minería y al menos a 70 sectores que dependen de los insumos que provee esta industria.
Asimismo, es lamentable que los motivos para modificar la ley estén sustentados en información errónea e inexacta, por lo que es necesario abrir un espacio para que los involucrados con esta industria esencial presenten los argumentos técnicos, ambientales, sociales y económicos para evitar la contracción de este sector que contribuye con el 2.5% del Producto Interno Bruto y con el desarrollo de México.
Antes de votar la iniciativa, los legisladores deben considerar que los programas de exploración minera se frenarían al igual que el futuro de la minería mexicana.
Los empleos directos e indirectos en la minería, que actualmente superan los 3.5 millones, estarían en riesgo junto con el sueño y futuro de miles de estudiantes de Ciencias de la Tierra que están preparándose o que ya egresaron y que buscan oportunidades de desarrollo.
Los cambios positivos que contiene la iniciativa se ven disminuidos, elevando la incertidumbre para la inversión minera en México, con el consecuente impacto negativo para el crecimiento económico y el desarrollo nacional.
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