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Opinión

El Rincón del Giróvago Intervencionismo y capitalismo en política exterior de E.E U.U

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Por. J. Alejandro Gamboa***

Según diversos estudios, Estados Unidos ha intervenido en más de 393 ocasiones en otros países desde 1776, con más de 200 de esas intervenciones ocurriendo después de 1945, y 114 en la era posterior a la Guerra Fría (Toft, 2023). Estas acciones han estado motivadas por intereses económicos y geopolíticos, a menudo disfrazados de promoción de la democracia y la libertad.

Durante el siglo XX, Estados Unidos consolidó su papel como potencia hegemónica, interviniendo en América Latina, Asia y Medio Oriente. La Doctrina Monroe y su corolario, la política del Gran Garrote, justificaron intervenciones en países como Nicaragua, Haití y la República Dominicana. Estas acciones buscaban proteger intereses económicos y estratégicos, como el control del Canal de Panamá y la expansión de empresas estadounidenses.

Como sabemos, en Irán, la CIA orquestó el derrocamiento del primer ministro Mohammad Mossadegh en 1953, luego de que nacionalizara la industria petrolera. Este golpe restauró al Shah en el poder, asegurando los intereses petroleros occidentales.

En América Latina, la intervención en Guatemala en 1954 derrocó al presidente Jacobo Árbenz, quien había implementado reformas agrarias que afectaban a la compañía United Fruit. Este patrón continuó en Chile en 1973, con el apoyo al golpe de Estado contra Salvador Allende, y en Nicaragua, apoyando a los contras contra el gobierno sandinista (Serra, 2023).

El siglo XXI ha sido testigo de intervenciones más sofisticadas o complejas, pero igualmente motivadas por intereses económicos y geopolíticos.

La invasión de Irak en 2003, justificada por la supuesta existencia de armas de destrucción masiva, resultó en una guerra prolongada y la desestabilización de la región. Este conflicto también estuvo motivado por intereses estratégicos y económicos, particularmente relacionados con el petróleo.

En Afganistán, la intervención iniciada en 2001 se prolongó por dos décadas, con resultados terribles en términos de estabilidad y desarrollo. La retirada dejó al país en manos del Talibán, evidenciando el fracaso de la estrategia estadounidense.

Además, Estados Unidos ha intervenido en Libia y Siria, apoyando a grupos rebeldes y realizando bombardeos aéreos, contribuyendo a la fragmentación y el caos en estas naciones; generando crisis humanitarias y flujos masivos de refugiados.

Detrás de estas intervenciones siempre hallamos un común denominador: la lógica del capitalismo global. Estados Unidos ha construido un “imperio informal” que busca abrir mercados y asegurar condiciones favorables para el capital, más que controlar territorios directamente—hasta ahora (Panitch & Gindin, 2012).

Este enfoque ha llevado a la imposición de políticas neoliberales en países intervenidos, beneficiando a corporaciones multinacionales y debilitando las economías locales. La propaganda de la democracia ha sido, en muchos casos, un pretexto para implementar reformas estructurales que favorecen al capital transnacional.

Un ejemplo más reciente. En su segundo mandato iniciado en enero de 2025, Donald Trump ha intensificado una política exterior agresiva hacia México, marcando un nuevo capítulo en el intervencionismo estadounidense.

Una de las medidas más controvertidas ha sido la designación de varios cárteles mexicanos como “organizaciones terroristas extranjeras”, incluyendo al Cártel de Sinaloa y al Cártel Jalisco Nueva Generación. Esta clasificación, formalizada mediante la Orden Ejecutiva 14157, otorga al gobierno estadounidense amplias facultades para actuar unilateralmente bajo la premisa de combatir el terrorismo (Wikipedia, 2025).

Este cambio de paradigma ha generado preocupación en México, ya que abre la puerta a posibles intervenciones militares en territorio nacional. Aunque la presidenta Claudia Sheinbaum ha rechazado públicamente la posibilidad de permitir tropas estadounidenses en México, las declaraciones de Trump y su equipo han mantenido la amenaza latente.

El presidente estadounidense ha afirmado que “no le va a gustar a México” las acciones que tomará para combatir a los cárteles, sugiriendo operaciones unilaterales si considera que el gobierno mexicano no actúa con suficiente contundencia (El País, 2025).

Además, Trump ha reinstaurado políticas migratorias restrictivas, como el programa “Quédate en México”, que obliga a los solicitantes de asilo a esperar en territorio mexicano mientras se resuelve su situación en Estados Unidos. También ha declarado una emergencia nacional en la frontera sur, permitiendo el despliegue de militares y la construcción de nuevas barreras físicas (El País, 2025).

Estas acciones han sido acompañadas de presiones económicas, como la imposición de aranceles del 25% a productos mexicanos, con el argumento de que México no ha hecho lo suficiente para detener el flujo de drogas y migrantes hacia Estados Unidos. La respuesta del gobierno mexicano ha sido enviar notas diplomáticas de protesta y buscar mecanismos de diálogo, aunque la tensión en la relación bilateral persiste (El País, 2025).

La estrategia de Trump refleja una visión unilateral y coercitiva de la política exterior, donde se privilegia la imposición sobre la cooperación. La designación de los cárteles como terroristas y las medidas migratorias y comerciales adoptadas no solo afectan la soberanía de México, sino que también sientan un precedente peligroso para las relaciones internacionales en la región.

Esta retórica de “seguridad nacional” esconde una dimensión más profunda: el interés por los recursos estratégicos del territorio mexicano. Las regiones con mayor presencia de crimen organizado —Sonora, Sinaloa, Michoacán, Guerrero y Chiapas— coinciden, no por casualidad, con zonas ricas en minerales como litio, oro y tierras raras, además de recursos forestales y acuíferos.

La empresa estadounidense Lithium Americas ya ha mostrado interés en los yacimientos de litio en Sonora, y las recientes reformas de Trump buscan garantizar a sus corporaciones acceso a esos insumos vitales para la transición energética y la industria militar de EUA. (Telesur, 2024).

Lo que se presenta como lucha contra el narco es, en el fondo, una estrategia para garantizar seguridad energética y tecnológica, asegurando el control de materias primas críticas. Esto no es nuevo: desde la invasión de Panamá para controlar el canal, hasta la intervención en Irak por el petróleo, la historia estadounidense revela que los conflictos casi siempre se justifican con principios éticos, pero se ejecutan por intereses materiales (Panitch & Gindin, 2012).

México, con su ubicación geoestratégica y su riqueza natural, se convierte así en el nuevo escenario de una disputa silenciosa, donde el discurso sobre el crimen organizado camufla una política extractivista y expansionista.

***Alejandro Gamboa C. Licenciado en periodismo con estudios en Ciencia Política y Administración Pública (UNAM) Enfocado a las comunicaciones corporativas. Colaboró como co editor Diario Reforma. En temas de Ciencia y Comunicación en Milenio y otros medios digitales. Cuenta con 15 años dedicado a las Relaciones Públicas. Ha colaborado en la fundación de la Agencia Umbrella RP. Ha realizado trabajos como corrector de estilo, creador de contenidos y algunas colaboraciones como profesor en escuelas locales.

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Fuera de balance / Empresas por la resiliencia operativa

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Por Ángel Pérez Sánchez

El error más común de la alta dirección empresarial es ver la gestión ambiental como un costo administrativo. La realidad, respaldada por datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y el Banco Mundial, indica que el cambio climático ya no es un fenómeno meteorológico, sino un riesgo sistémico de mercado.

En ese sentido, la llegada de la ISO 14001:2026 marca el fin de la era del “cumplimiento por compromiso” para inaugurar la era de la resiliencia operativa. En el contexto actual de relocalización de cadenas de suministro (nearshoring), la trazabilidad ambiental ha dejado de ser un “plus” para convertirse en un filtro de exclusión.

En sectores de alta precisión como el automotriz o el aeroespacial, no tener la certificación ISO 14001:2026 equivale a tener un pasaporte vencido: simplemente no puedes cruzar la frontera de las cadenas globales de valor. Los inversionistas y reguladores ya no preguntan si tienes un plan ambiental, sino cómo este garantiza que no perderás contratos por sanciones o interrupciones climáticas.

La nueva norma no pide que las empresas “sean buenas con el planeta”, pero sí exige que analicen cómo el entorno externo puede colapsar su continuidad operativa. Cuando Lillian Peregrina, directora comercial en Mexico & LATAM de BSI, afirma que la inversión se amortiza en menos de 18 meses, se refiere en concreto a la eficiencia en agua, energía y materias primas como optimización directa del flujo de caja.

Como bien señala Andrés Ibarra, gerente de desarrollo de negocios de BSI en México, el verdadero reto para las organizaciones en México y Latinoamérica es cerrar la brecha entre el discurso corporativo y la operación diaria.

Si el operador de la planta no entiende que su eficiencia es la que garantiza la permanencia de la empresa en mercados exigentes, la certificación es solo un maquillaje costoso.

Para Peregrina e Ibarra postergar la adopción de la norma ISO 14001:2026 no es ahorrar dinero, es acumular una deuda de riesgo que, tarde o temprano, los mercados, los seguros y los bancos cobrarán con intereses impagables.

Iniciativa privada invierte en Sinaloa

El grupo TransitionIndustries, anunció una de las inversiones industriales más relevantes en la historia reciente del país: 3,300 millones de dólares, mediante el proyecto Pacífico Mexinol que contribuirá a posicionar a México como un actor estratégico en la nueva industria química de bajo carbono y en la transición energética global.

El proyecto, ubicado en Topolobampo, Sinaloa, contempla la construcción de la planta de metanol con emisiones ultra bajas más grande del mundo en su tipo, bajo un modelo orientado a emisiones netas cercanas a cero (Net Zero), mediante el uso de tecnologías de captura de carbono, energías limpias e hidrógeno verde.

Déjeme decirle que el metanol es un insumo clave para múltiples cadenas industriales, utilizado en la producción de materiales, combustibles y productos químicos de uso cotidiano. En su versión de bajas emisiones, como la que producirá en Sinaloa, se convierte además en un componente relevante para avanzar hacia procesos industriales y energéticos más limpios.

Se espera que Pacífico Mexinol inicie operaciones para el 2030, con una producción de 1.8 millones de toneladas anuales de metanol azul y 350 mil toneladas de metanol verde, lo que fortalecerá la competitividad industrial de México y su integración en cadenas globales de valor.

Durante su etapa de construcción, el proyecto generará alrededor de 6,000 empleos, así como más de 400 empleos permanentes en operación, impulsando el desarrollo económico regional, la formación de talento especializado y el fortalecimiento de proveedores locales.

Considera además el uso exclusivo de agua residual tratada, buscando evitar la presión sobre fuentes de agua potable, y cuenta con más de 200 medidas de mitigación ambiental.

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Gas natural: del dogma a la realidad

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México mantiene una contradicción en su política energética: mientras el discurso apuesta por la soberanía, la realidad profundiza la dependencia del extranjero. Importamos gas licuado de petróleo, combustibles automotrices y gas natural. El caso de este último energético es quizá el ejemplo más evidente. México vive atado a las importaciones, especialmente de Estados Unidos y esa dependencia se acentuó durante el sexenio del nacionalista Andrés Manuel López Obrador.

En 2025, México importó en promedio de 6 mil 600 millones de pies cúbicos diarios de gas natural, equivalentes, de acuerdo con cifras de la Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA) y el Sistema de Información Energética (SIE).  Esto equivale a aproximadamente 68 mil millones de metros cúbicos anuales, un volumen histórico que confirma una tendencia creciente desde 2018.

El volumen del gas proviene del extranjero (principalmente de Texas) y que utiliza México, especialmente para la industria y para la generación de energía eléctrica equivale al 76% del consumo total nacional.  Esto significa que tres de cada cuatro moléculas que consumimos no se extraen del subsuelo mexicano, aunque ahí está el gas natural: enterrado.

El balance del sexenio anterior es claro: las importaciones crecieron de manera sostenida, con un incremento promedio anual cercano al 5%, y un aumento acumulado de más de 30% respecto a 2018. Este fenómeno no fue casual. Respondió, por un lado, a la caída relativa de la producción nacional de gas y, por otro, a una política energética que, en los hechos, relegó el desarrollo de recursos no convencionales, particularmente el gas de lutitas.

La negativa al fracking durante el sexenio pasado -más ideológica que técnica- dejó sepultado uno de los mayores potenciales energéticos del país. México cuenta con recursos prospectivos de hasta 141.5 billones de pies cúbicos de gas natural en yacimientos no convencionales, ubicados principalmente en tres cuencas: Burgos, Sabinas-Burro Picachos y Tampico-Misantla que abarcan parte de los estados de Coahuila, Tamaulipas, Nuevo León, Veracruz, Puebla, Hidalgo y San Luis Potosí.

De estas, la Cuenca de Burgos, en el noreste del país, es considerada la más importante por su extensión, infraestructura existente y cercanía con los desarrollos shale de Estados Unidos. Es, en términos geológicos y económicos, la gran reserva estratégica de gas natural de México.

Por eso, el giro del actual gobierno encabezado por Claudia Sheinbaum para volver a permitir extraer el gas natural alojado en las rocas mediante el fracking o fracturamiento hidráulico bajo nuevos estándares técnicos y ambientales no sólo resulta relevante, sino necesario, ya que marca el abandono de una narrativa que durante años frenó el aprovechamiento del gas natural y provocó el aumento en las importaciones.

La decisión significa reconocer que el gas natural no es el enemigo de la transición energética, sino su aliado. En un sistema eléctrico donde más del 60% de la generación depende de este combustible, su disponibilidad es indispensable para garantizar estabilidad, respaldo a energías renovables y competitividad industrial. 

El gas natural es el combustible de transición ya que genera menos emisiones contaminantes que el carbón o el combustóleo; es más económico que otras opciones energéticas y es esencial para sostener el crecimiento económico mientras se avanza hacia un sistema más limpio.

Apostar por su producción nacional no significa renunciar a la transición energética, sino hacerla viable porque seguir dependiendo del gas importado representa riesgos como la vulnerabilidad ante eventos climáticos, tensiones geopolíticas que derivan en la volatilidad y, casi siempre, en aumento de precios, como se evidenció durante la crisis energética de Texas, en 2021.

Reevaluar el fracking significa dejar atrás el oscurantismo ideológico para adoptar una política energética informada y orientada al bienestar nacional. Ahora el reto es atraer y garantizar inversiones público-privadas; una regulación estricta y una supervisión clara de las prácticas para disminuir el daño al medio ambiente.

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Fuera de Balance / Inversión privada, motor que no debe detenerse

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Por Ángel Pérez Sánchez

La inversión privada se mantiene como el pilar más sólido para garantizar la estabilidad y el crecimiento de México. Más allá de los indicadores macroeconómicos, es el flujo de capitales, nacionales y extranjeros, lo que traduce las proyecciones en empleos reales, infraestructura y competitividad. Cuando una empresa destina sus recursos económicos en territorio mexicano, no solo apuesta por un mercado consumidor, sino por la capacidad técnica de su gente y la posición estratégica del país en las cadenas de valor globales.

Esta semana, tres anuncios de sectores tan diversos como el de consumo masivo, la belleza y la manufactura pesada, confirman que, pese a los retos, la brújula de los negocios sigue apuntando hacia la consolidación en suelo azteca.

Nestlé apuesta en el Edoméx

La firma suiza Nestlé destinará una inversión de 455 millones de dólares. Lo interesante de este movimiento es su dualidad: 275 millones se destinan a modernizar sus cinco plantas ya existentes (desde el alimento para mascotas en Cuautitlán hasta los snacks saludables en Tultitlán), mientras que 180 millones dan vida a un nuevo Centro de Distribución (CEDIS) en Zumpango.

Con una capacidad de 90 mil posiciones de pallets, este CEDIS no es solo un almacén; es una declaración de eficiencia. Según Fausto Costa, presidente ejecutivo de la compañía, la hoja de ruta incluye automatización y mejoras en eficiencia hídrica y energética. Para una entidad que alberga a casi 3,000 colaboradores directos de la firma, esta inyección de capital asegura que la manufactura mexiquense siga siendo el corazón operativo de Nestlé en la región.

Natura y la conquista del “retail”

Por otra parte, en el sector de venta directa, Natura está rompiendo el molde tradicional. La compañía anunció la apertura de 10 nuevas tiendas y 10 franquicias para este 2026, buscando alcanzar 34 puntos de venta físicos. El objetivo es claro: capitalizar un mercado de belleza que en México supera los 14,000 millones de dólares anuales.

Francisco Demesa, director general de Natura y Avon, ha sido enfático: México es el mercado de habla hispana con mejores oportunidades en Latinoamérica. El giro hacia las franquicias es estratégico, pues permite fomentar el emprendimiento local manteniendo los estándares de una marca global. Es, en esencia, la evolución de la venta por catálogo hacia una experiencia omnicanal donde el consumidor decide dónde y cómo interactuar con la marca.

Die Casting: El silencio estratégico de la manufactura

El sector industrial se prepara para una cita clave en el Bajío. Los próximos 15 y 16 de abril, la Die Casting Expo México 2026 aterrizará en el Centro de Congresos de Querétaro. La fundición a presión es, quizás, uno de los héroes anónimos de nuestra economía; sin ella, las industrias automotriz y aeroespacial simplemente se detendrían.

México se ha consolidado como un centro de manufactura avanzada, y la región del Bajío —Guanajuato, Querétaro, San Luis Potosí y Aguascalientes— es el epicentro de este ecosistema. El evento no solo será una vitrina de maquinaria y aleaciones, sino un termómetro para medir cómo la automatización y la ingeniería de precisión están respondiendo a la creciente demanda de componentes especializados en Norteamérica.

En el balance final…

Desde el café que consumimos hasta las piezas de alta precisión de un motor, la inversión privada está presente. Que estas empresas sigan expandiendo sus líneas de producción y abriendo puntos de venta es la mejor señal de que México, con su infraestructura y talento, sigue siendo un destino indispensable para el capital global.

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