El siglo XXI ha sido testigo de una paradoja histórica: mientras la narrativa del progreso democrático sugería el fortalecimiento de los Estados como garantes del bienestar colectivo, las plataformas tecnológicas y sus algoritmos han emergido como el verdadero andamiaje del poder en la era digital. Este desplazamiento no es accidental, ni mucho menos neutral.
Las denominadas big techs no solo han transformado la economía y la forma en la que interactúanos, sino que también han comenzado a ocupar espacios que por diseño correspondían solo al Estado, redefiniendo la realidad de los ciudadanos -o más apropiadamente, hoy en día de los “usuarios”.
La supremacía del algoritmo no es simplemente un fenómeno tecnológico, sino político al redefinir el poder. En el entorno algorítmico, las corporaciones privadas no actúan como actores económicos subordinados a la regulación estatal, sino como las nuevas instituciones de facto que moldean percepciones, comportamientos y decisiones. Definen las nuevas reglas y valores. El algoritmo, diseñado con intereses comerciales, establece qué información recibe cada individuo, qué problemas se consideran prioritarios y cómo se estructura el debate público. En este esquema, el usuario no es un ciudadano activo en una democracia deliberativa, sino un actor pasivo que consume narrativas personalizadas y diseñadas para optimizar el tiempo de atención y maximizar las ganancias.
El regreso de figuras como Donald Trump a la Casa Blanca no se entiende sin esta dinámica. Su éxito político ilustra cómo el populismo se sincroniza y hace match perfecto con las plataformas digitales. Mientras los algoritmos privilegian el contenido polarizante, las figuras populistas se convierten en los principales beneficiarios de este modelo. Trump no solo utiliza las plataformas como herramientas de comunicación, sino que encarna el tipo de figura que estas privilegian: controversial, disruptiva y capaz de generar ciclos interminables de atención y conflicto.
El peligro aquí es que la supremacía del algoritmo reemplace progresivamente al Estado como el principal andamiaje institucional. En lugar de gobiernos que representan el interés colectivo, las corporaciones tecnológicas, guiadas por la lógica del mercado, se convierten en los árbitros de la realidad. Este nuevo modelo de gobernanza no se construye sobre la soberanía popular o la deliberación democrática, sino sobre métricas comerciales y decisiones tomadas por un reducido grupo de ejecutivos y programadores en Silicon Valley.
La privatización de la esfera pública es la manifestación más clara de este proceso. Plataformas como Facebook, X, Amazon, Instagram, YouTube, Google y TikTok no son solo intermediarios; son los nuevos foros en donde se desarrolla la vida política, económica y social. Sin embargo, a diferencia de los Estados, estas corporaciones no están sujetas al escrutinio público ni a las obligaciones democráticas. No rinden cuentas ante los ciudadanos, sino ante accionistas e inversionistas. En este contexto, el Estado se achica no solo en términos económicos, sino en su capacidad de regular, arbitrar y definir el bien común.
El riesgo es doble: por un lado, los Estados se ven debilitados, reducidos a espectadores impotentes frente al poder de las corporaciones tecnológicas. Por otro, las plataformas se consolidan como estructuras de poder sin contrapesos, moldeando no solo la economía, sino también la cultura y la política. La instalación de este nuevo andamiaje institucional implica que las decisiones clave para la sociedad -como qué información es válida, qué comportamientos son aceptables y quiénes son los “enemigos”- se tomen fuera del ámbito público, en salas de juntas privadas y a través de líneas de código y modelos algorítmicos que sólo los dueños conocen.
Este sistema no solo amenaza la soberanía estatal, sino también los principios básicos de la democracia. La deliberación colectiva es sustituida por la manipulación algorítmica; la diversidad de voces, por cámaras de eco polarizantes. La política se transforma en un espectáculo diseñado para maximizar clics, mientras las decisiones que realmente afectan la vida de los ciudadanos se toman en un espacio inaccesible y opaco.
El achicamiento del Estado, entonces, no es solo una cuestión de tamaño o presupuesto. Es un fenómeno más profundo, donde las instituciones públicas están perdiendo su capacidad de intervenir en las dinámicas que realmente estructuran la sociedad. Ante este panorama una de las varias pregunta d a resolver no es si el Estado debe reducirse o ampliarse, sino cómo puede recuperar su papel frente a las plataformas que ya han asumido funciones que van desde la mediación del discurso público hasta la definición de la realidad.
La respuesta parece estar cuesta arriba pues, en términos de percepción, las mayorías poblacionales en distintas partes del mundo, no sólo en Estados Unidos, parecen haber concluido que el Estado como modelo ha fracasado en resolver sus necesidades. No garantiza su seguridad que es el principio fundacional y tampoco mejora su vida a partir de la redistribución de la riqueza o el capital. Tampoco lo hará el modelo que está por instalarse, pero la lógica es que por lo menos es indispensable romper los viejos paradigmas y dar paso a “algo” nuevo.
*** Miguel Ángel Romero: Analista y consultor político. Por más de 12 años, creador de estrategias de comunicación para el sector público y privado. Licenciado en comunicación y periodismo por la UNAM y maestro en gobierno por el Instituto Ortega y Gasset. Observador del uso de las nuevas tecnologías y su impacto en la democracia. X: @MRomero_z
El error más común de la alta dirección empresarial es ver la gestión ambiental como un costo administrativo. La realidad, respaldada por datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y el Banco Mundial, indica que el cambio climático ya no es un fenómeno meteorológico, sino un riesgo sistémico de mercado.
En ese sentido, la llegada de la ISO 14001:2026 marca el fin de la era del “cumplimiento por compromiso” para inaugurar la era de la resiliencia operativa. En el contexto actual de relocalización de cadenas de suministro (nearshoring), la trazabilidad ambiental ha dejado de ser un “plus” para convertirse en un filtro de exclusión.
En sectores de alta precisión como el automotriz o el aeroespacial, no tener la certificación ISO 14001:2026 equivale a tener un pasaporte vencido: simplemente no puedes cruzar la frontera de las cadenas globales de valor. Los inversionistas y reguladores ya no preguntan si tienes un plan ambiental, sino cómo este garantiza que no perderás contratos por sanciones o interrupciones climáticas.
La nueva norma no pide que las empresas “sean buenas con el planeta”, pero sí exige que analicen cómo el entorno externo puede colapsar su continuidad operativa. Cuando Lillian Peregrina, directora comercial en Mexico & LATAM de BSI, afirma que la inversión se amortiza en menos de 18 meses, se refiere en concreto a la eficiencia en agua, energía y materias primas como optimización directa del flujo de caja.
Como bien señala Andrés Ibarra, gerente de desarrollo de negocios de BSI en México, el verdadero reto para las organizaciones en México y Latinoamérica es cerrar la brecha entre el discurso corporativo y la operación diaria.
Si el operador de la planta no entiende que su eficiencia es la que garantiza la permanencia de la empresa en mercados exigentes, la certificación es solo un maquillaje costoso.
Para Peregrina e Ibarra postergar la adopción de la norma ISO 14001:2026 no es ahorrar dinero, es acumular una deuda de riesgo que, tarde o temprano, los mercados, los seguros y los bancos cobrarán con intereses impagables.
Iniciativa privada invierte en Sinaloa
El grupo TransitionIndustries, anunció una de las inversiones industriales más relevantes en la historia reciente del país: 3,300 millones de dólares, mediante el proyecto Pacífico Mexinol que contribuirá a posicionar a México como un actor estratégico en la nueva industria química de bajo carbono y en la transición energética global.
El proyecto, ubicado en Topolobampo, Sinaloa, contempla la construcción de la planta de metanol con emisiones ultra bajas más grande del mundo en su tipo, bajo un modelo orientado a emisiones netas cercanas a cero (Net Zero), mediante el uso de tecnologías de captura de carbono, energías limpias e hidrógeno verde.
Déjeme decirle que el metanol es un insumo clave para múltiples cadenas industriales, utilizado en la producción de materiales, combustibles y productos químicos de uso cotidiano. En su versión de bajas emisiones, como la que producirá en Sinaloa, se convierte además en un componente relevante para avanzar hacia procesos industriales y energéticos más limpios.
Se espera que Pacífico Mexinol inicie operaciones para el 2030, con una producción de 1.8 millones de toneladas anuales de metanol azul y 350 mil toneladas de metanol verde, lo que fortalecerá la competitividad industrial de México y su integración en cadenas globales de valor.
Durante su etapa de construcción, el proyecto generará alrededor de 6,000 empleos, así como más de 400 empleos permanentes en operación, impulsando el desarrollo económico regional, la formación de talento especializado y el fortalecimiento de proveedores locales.
Considera además el uso exclusivo de agua residual tratada, buscando evitar la presión sobre fuentes de agua potable, y cuenta con más de 200 medidas de mitigación ambiental.
México mantiene una contradicción en su política energética: mientras el discurso apuesta por la soberanía, la realidad profundiza la dependencia del extranjero. Importamos gas licuado de petróleo, combustibles automotrices y gas natural. El caso de este último energético es quizá el ejemplo más evidente. México vive atado a las importaciones, especialmente de Estados Unidos y esa dependencia se acentuó durante el sexenio del nacionalista Andrés Manuel López Obrador.
En 2025, México importó en promedio de 6 mil 600 millones de pies cúbicos diarios de gas natural, equivalentes, de acuerdo con cifras de la Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA) y el Sistema de Información Energética (SIE). Esto equivale a aproximadamente 68 mil millones de metros cúbicos anuales, un volumen histórico que confirma una tendencia creciente desde 2018.
El volumen del gas proviene del extranjero (principalmente de Texas) y que utiliza México, especialmente para la industria y para la generación de energía eléctrica equivale al 76% del consumo total nacional. Esto significa que tres de cada cuatro moléculas que consumimos no se extraen del subsuelo mexicano, aunque ahí está el gas natural: enterrado.
El balance del sexenio anterior es claro: las importaciones crecieron de manera sostenida, con un incremento promedio anual cercano al 5%, y un aumento acumulado de más de 30% respecto a 2018. Este fenómeno no fue casual. Respondió, por un lado, a la caída relativa de la producción nacional de gas y, por otro, a una política energética que, en los hechos, relegó el desarrollo de recursos no convencionales, particularmente el gas de lutitas.
La negativa al fracking durante el sexenio pasado -más ideológica que técnica- dejó sepultado uno de los mayores potenciales energéticos del país. México cuenta con recursos prospectivos de hasta 141.5 billones de pies cúbicos de gas natural en yacimientos no convencionales, ubicados principalmente en tres cuencas: Burgos, Sabinas-Burro Picachos y Tampico-Misantla que abarcan parte de los estados de Coahuila, Tamaulipas, Nuevo León, Veracruz, Puebla, Hidalgo y San Luis Potosí.
De estas, la Cuenca de Burgos, en el noreste del país, es considerada la más importante por su extensión, infraestructura existente y cercanía con los desarrollos shale de Estados Unidos. Es, en términos geológicos y económicos, la gran reserva estratégica de gas natural de México.
Por eso, el giro del actual gobierno encabezado por Claudia Sheinbaum para volver a permitir extraer el gas natural alojado en las rocas mediante el fracking o fracturamiento hidráulico bajo nuevos estándares técnicos y ambientales no sólo resulta relevante, sino necesario, ya que marca el abandono de una narrativa que durante años frenó el aprovechamiento del gas natural y provocó el aumento en las importaciones.
La decisión significa reconocer que el gas natural no es el enemigo de la transición energética, sino su aliado. En un sistema eléctrico donde más del 60% de la generación depende de este combustible, su disponibilidad es indispensable para garantizar estabilidad, respaldo a energías renovables y competitividad industrial.
El gas natural es el combustible de transición ya que genera menos emisiones contaminantes que el carbón o el combustóleo; es más económico que otras opciones energéticas y es esencial para sostener el crecimiento económico mientras se avanza hacia un sistema más limpio.
Apostar por su producción nacional no significa renunciar a la transición energética, sino hacerla viable porque seguir dependiendo del gas importado representa riesgos como la vulnerabilidad ante eventos climáticos, tensiones geopolíticas que derivan en la volatilidad y, casi siempre, en aumento de precios, como se evidenció durante la crisis energética de Texas, en 2021.
Reevaluar el fracking significa dejar atrás el oscurantismo ideológico para adoptar una política energética informada y orientada al bienestar nacional. Ahora el reto es atraer y garantizar inversiones público-privadas; una regulación estricta y una supervisión clara de las prácticas para disminuir el daño al medio ambiente.
La inversión privada se mantiene como el pilar más sólido para garantizar la estabilidad y el crecimiento de México. Más allá de los indicadores macroeconómicos, es el flujo de capitales, nacionales y extranjeros, lo que traduce las proyecciones en empleos reales, infraestructura y competitividad. Cuando una empresa destina sus recursos económicos en territorio mexicano, no solo apuesta por un mercado consumidor, sino por la capacidad técnica de su gente y la posición estratégica del país en las cadenas de valor globales.
Esta semana, tres anuncios de sectores tan diversos como el de consumo masivo, la belleza y la manufactura pesada, confirman que, pese a los retos, la brújula de los negocios sigue apuntando hacia la consolidación en suelo azteca.
Nestlé apuesta en el Edoméx
La firma suiza Nestlé destinará una inversión de 455 millones de dólares. Lo interesante de este movimiento es su dualidad: 275 millones se destinan a modernizar sus cinco plantas ya existentes (desde el alimento para mascotas en Cuautitlán hasta los snacks saludables en Tultitlán), mientras que 180 millones dan vida a un nuevo Centro de Distribución (CEDIS) en Zumpango.
Con una capacidad de 90 mil posiciones de pallets, este CEDIS no es solo un almacén; es una declaración de eficiencia. Según Fausto Costa, presidente ejecutivo de la compañía, la hoja de ruta incluye automatización y mejoras en eficiencia hídrica y energética. Para una entidad que alberga a casi 3,000 colaboradores directos de la firma, esta inyección de capital asegura que la manufactura mexiquense siga siendo el corazón operativo de Nestlé en la región.
Natura y la conquista del “retail”
Por otra parte, en el sector de venta directa, Natura está rompiendo el molde tradicional. La compañía anunció la apertura de 10 nuevas tiendas y 10 franquicias para este 2026, buscando alcanzar 34 puntos de venta físicos. El objetivo es claro: capitalizar un mercado de belleza que en México supera los 14,000 millones de dólares anuales.
Francisco Demesa, director general de Natura y Avon, ha sido enfático: México es el mercado de habla hispana con mejores oportunidades en Latinoamérica. El giro hacia las franquicias es estratégico, pues permite fomentar el emprendimiento local manteniendo los estándares de una marca global. Es, en esencia, la evolución de la venta por catálogo hacia una experiencia omnicanal donde el consumidor decide dónde y cómo interactuar con la marca.
Die Casting: El silencio estratégico de la manufactura
El sector industrial se prepara para una cita clave en el Bajío. Los próximos 15 y 16 de abril, la Die Casting Expo México 2026 aterrizará en el Centro de Congresos de Querétaro. La fundición a presión es, quizás, uno de los héroes anónimos de nuestra economía; sin ella, las industrias automotriz y aeroespacial simplemente se detendrían.
México se ha consolidado como un centro de manufactura avanzada, y la región del Bajío —Guanajuato, Querétaro, San Luis Potosí y Aguascalientes— es el epicentro de este ecosistema. El evento no solo será una vitrina de maquinaria y aleaciones, sino un termómetro para medir cómo la automatización y la ingeniería de precisión están respondiendo a la creciente demanda de componentes especializados en Norteamérica.
En el balance final…
Desde el café que consumimos hasta las piezas de alta precisión de un motor, la inversión privada está presente. Que estas empresas sigan expandiendo sus líneas de producción y abriendo puntos de venta es la mejor señal de que México, con su infraestructura y talento, sigue siendo un destino indispensable para el capital global.